La Universidad de Michigan fue una de las que suspendió la venta de Coca-Cola a sus 50.000 alumnos este primero de enero, ocasionando a la multinacional pérdidas estimadas en más 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). Sin embargo, esa cifra podrá multiplicarse en los próximos días porque «por lo menos, unas 1.000 universidades […]
«Hay procesos en marcha en universidades y centros educativos de Estados Unidos, Canadá, Italia, Irlanda y el Reino Unido que deben decidirse en estos días, pues es a principios de año cuando se renuevan o no los contratos de suministro de alimentos y bebidas. Sólo en el Reino Unido, el proceso del veto al consumo de Coca-Cola está en marcha en 536 universidades. Además, esperamos que se nos unan otras organizaciones sociales en los próximos meses», subraya Páez.
Según el diario The Atlanta Journal-Constitution, por lo menos nueve universidades norteamericanas han suspendido sus contratos con Coca-Cola a causa de la situación en Colombia.
La multinacional está acusada de emplear a paramilitares como sicarios
Bajo el lema Porque amo la vida no tomo Coca-Cola, el sindicato colombiano inició hace dos años la campaña internacional contra el consumo de la bebida no alcohólica más consumida en el mundo. Además, la central tiene abiertos cuatro juicios contra la multinacional en Estados Unidos, en los que la acusa de haber empleado a grupos paramilitares de ultraderecha para asesinar, entre 1992 y 2002, a nueve sindicalistas que trabajaban para la firma en Colombia, y de perseguir e intimidar a otros empleados.
Páez explica que el sindicato pretende que la comunidad internacional presione para que se abra una investigación en la empresa que opera en Colombia a fin de establecer responsabilidades sobre los nueve asesinatos y sobre los secuestros, persecuciones e intimidaciones que han sufrido los trabajadores de Coca-Cola en Colombia por parte de grupos paramilitares presuntamente contratados por la firma. «No queremos que eso quede en la impunidad, especialmente ahora, con las negociaciones de paz entre el Gobierno y los paramilitares», dice.
Pesticidas en la India
La Universidad de Michigan suspendió la venta de Coca-Cola en sus tres campus por considerar que la multinacional permite los abusos contra los derechos humanos y la degradación medioambiental, según denunció en un comunicado en el que anunció su decisión, y tras recibir y evaluar quejas de la Organización de Estudiantes para la Igualdad Laboral y Económica (Students Organizing for Labor and Economic Equality). Esta organización estudiantil acusa a Coca-Cola de conspirar con grupos paramilitares en Colombia para atemorizar a los líderes sindicales y de vender bebidas en la India con elevados niveles de pesticidas.
La universidad afirmó inicialmente que renovaría los contratos con Coca-Cola de forma condicional, hasta que la empresa realizara una auditoría independiente e implementara un plan correctivo. Además, se ofreció, junto con otras universidades, para financiar la investigación, pero Coca-Cola le informó de que no estaba preparada para examinar sus prácticas comerciales y laborales en Colombia y la India, pues una demanda civil le impedía participar en la investigación.
El director de comunicaciones de Coca-Cola en Colombia, Pablo Largacha, atribuye la campaña del sindicato colombiano a una de las demandas que interpuso ante los tribunales norteamericanos en el 2001, en la que relacionó por primera vez a la empresa con el asesinato de uno de los nueve sindicalistas. Este crimen ocurrió en la planta de Carepa, en la zona bananera de Urabá (en el oeste de Colombia), hace casi 10 años.
Defensa empresarial
Además, Largacha afirma lamentar que las organizaciones de derechos humanos, laborales y medioambientales, en su mayoría vinculadas a las universidades, «estén tan mal informados sobre lo que sucede en Colombia» y resalta que la empresa tiene pruebas de que sus directivos no tienen relación con la muerte del sindicalista. «Hay un veredicto que dice que no hay indicio alguno de que la embotelladora de Carepa tuviera que ver con la muerte de estos líderes sindicales», asegura.
En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola, de las que 17 pertenecen a la firma Panamco Colombia S.A. y 3 son dirigidas por particulares. Los trabajadores de estas embotelladoras están afiliados al Sinaltrainal, un sindicato fundado en 1982 mediante la fusión de otros de compañías multinacionales de alimentos y bebidas.
Además de en Colombia, numerosos trabajadores de Coca-Cola en Guatemala también han denunciado atropellos. Según fuentes de los sindicatos, entre 1968 y 1980, seis de sus dirigentes fueron asesinados y otros cuatro desaparecieron sin dejar rastro.
Al respecto, Páez advierte: «En Colombia no dejaremos que los asesinatos ni los otros atropellos cometidos aquí queden en la impunidad».