El fin de semana pasado se realizó en Calama un inédito Congreso de municipalidades mineras. Un mes antes el Movimiento Ciudadano por Calama había enviado una carta a la Presidente Bachelet denunciando la postergación por décadas de las promesas incumplidas de los gobiernos. La carta fue respaldada por 50.000 firmas que incluían empresarios, funcionarios de […]
El fin de semana pasado se realizó en Calama un inédito Congreso de municipalidades mineras. Un mes antes el Movimiento Ciudadano por Calama había enviado una carta a la Presidente Bachelet denunciando la postergación por décadas de las promesas incumplidas de los gobiernos. La carta fue respaldada por 50.000 firmas que incluían empresarios, funcionarios de Codelco, representantes de iglesias, estudiantes, profesionales y otros sectores de la comuna. Al movimiento de Calama adhirieron los alcaldes y concejales de otras comunas de la Primera, Segunda y Tercera Región que sienten los mismos problemas. Es evidente también que los nortinos, al igual que en otras regiones del país, desconfían de las candidaturas de los dos bloques políticos dominantes y han concluido que sólo la acción enérgica y organizada de las fuerzas vivas de la sociedad puede lograr el respeto a sus reiteradas demandas. Por eso, el izamiento masivo de la bandera nacional con crespones negros reapareció en Calama como símbolo de protesta y rebeldía.
La sensación de abandono o de ayuda a goteras la perciben en Arica donde desde hace años el desempleo y la contaminación del plomo hace estragos. En Iquique, a pesar del auge, miles de jóvenes caen en la droga y el delito por falta de oportunidades de trabajo o estudio. En Tocopilla, a varios años del último terremoto, todavía cientos de familias viven en condiciones de emergencia. El aumento explosivo de la población en Calama o Antofagasta, sin planificación urbana, sin adecuados servicios públicos, eleva el costo de la vida, crea caos y congestionamiento.
En los poblados rurales de todas las regiones y en valles tan importantes como Copiapó, el agua de los ríos, lagunas, fuentes subterráneas o riachuelos está agotándose, mientras las compañías mineras se apropian de ellas o las contaminan con sus residuos tóxicos, impidiendo la agricultura y la ganadería. Las comunas mineras ven cómo sus recursos naturales se extraen en cantidades y a valores crecientes, enriqueciendo a los menos que ni viven en la zona, o a capitales extranjeros, que no dejan sino migajas para el común de sus habitantes. La gente ya no se conforma con el sistema de donaciones discriminatorias practicado por la Escondida y otras mineras, hechas con el propósito de ocultar o acallar las enormes dimensiones que alcanzan las ganancias de las transnacionales, las que se llevan fuera del país.
Por eso, el Congreso de los municipios mineros, con la participación de ediles y concejales de todos los partidos, acordó luchar, como solución de fondo, por la renacionalización del cobre y del agua. La recuperación total de nuestro cobre, como se sabe, ha sido levantada por la candidatura presidencial de Jorge Arrate y los partidos y corrientes que lo apoyan. El tema es tan sentido en todo el país que los medidores del rating durante el último debate televisivo, lo registraron notoriamente cuando Arrate lo defendió e instó a Frei y demás candidatos a que se pronunciaran, los que guardaron un sugestivo silencio. En cuanto al agua, sólo Piñera se opone porque la Derecha defiende el monopolio privado de las fuentes acuíferas que detentan las hidroeléctricas. Tanto Frei como Enríquez se han manifestado de acuerdo en renacionalizar el agua, por lo que sería uno de los puntos básicos del acuerdo de las tres fuerzas, propuesto por Arrate para impulsar en el próximo gobierno.
En el Congreso se planteó la transformación del llamado «impuesto específico a las mineras» por un verdadero royalty sobre las producciones extraídas del metal. Y como demanda inmediata, la restitución de la ley 11.828 que entregaba a las zonas productoras el 5% de las utilidades del cobre. El Congreso Minero comprometió la venida a Calama de un representante del gobierno, el cual fue recibido en medio de protestas y reclamos. El documento «Es tiempo de Calama» firmado por el Subsecretario del Interior Patricio Rosende a instancias del alcalde Esteban Velázquez (independiente ex PPD) y representantes de organizaciones ciudadanas, compromete al gobierno a invertir 500 millones de dólares entre 2010 y 2012 en obras urgentes como un nuevo hospital, además de compensaciones de Codelco por los perjuicios causados por el traslado de viviendas de Chuqui a Calama. El gobierno se comprometió a invertir 160 millones de dólares en el primer trimestre de 2010.