Lo que está claro para todo el mundo es que moral y políticamente el Presidente de la República no puede tener en su patrimonio un canal de televisión, ya que en esa condición debe cumplir un rol decisivo en la política nacional de telecomunicaciones, lo que incluye entre otras cosas la designación de autoridades del […]
Lo que está claro para todo el mundo es que moral y políticamente el Presidente de la República no puede tener en su patrimonio un canal de televisión, ya que en esa condición debe cumplir un rol decisivo en la política nacional de telecomunicaciones, lo que incluye entre otras cosas la designación de autoridades del Consejo Nacional de Televisión y del directorio del canal estatal TVN. Después de haber dejado pasar el tiempo sin resolver su conflicto de intereses, la venta de Chilevisión a otro consorcio privado ha fracasado.
Los capitalistas del Fondo Linzor tenían que haber sabido que la propietaria de la señal es la Universidad de Chile y que ésta la entregó en 1993 en concesión al grupo venezolano Cisneros, el cual se la revendió a Piñera. Pero la concesiones tienen un plazo, y en este caso el vencimiento es en 2018. Cuando ya estaban a punto de firmar los compradores entraron en duda acerca de si la Universidad estaría dispuesta a prorrogar la concesión a un nuevo plazo más largo, o por el contrario, podría decidir no volver a concesionar la señal y usarla con fines propios. Dado lo avanzado de las negociaciones es presumible que alguien muy influyente habría asegurado que la Universidad sería convencida de otorgar la prórroga y hasta se les habría asegurado que en el contrato la Universidad ya habría dado su consentimiento.
Algo pasó entretanto. Los compradores no quedaron satisfechos. No había seguridad de tal prórroga. En tal caso el negocio no se justificaría por un plazo tan corto, para obtener las rentabilidades deseadas. Linzor decidió renunciar a la compra del canal. Con esto se le ha creado un problema mayúsculo a Piñera. Por un lado el problema político de no poder asumir en materia de telecomunicaciones. Por otro, la falta de compradores privados. Ningún otro comprador privado va a estar dispuesto a hacer un considerable inversión si no tiene asegurada la concesión por un plazo mucho mayor. En estas circunstancias lo que puede ocurrir es que los agentes del vendedor y del comprador realicen toda clase de presiones para que la Universidad de Chile amplíe desde ya por otro período, tal vez de 20 o más años, la concesión de la señal, lo cual sería un escándalo mayor y generaría toda clase de sospechas que afectarían a personalidades importantes del país.
La televisión, como medio comunicacional de enorme influencia en las mentes y en la opinión de los espectadores, no puede ser materia de un negocio privado, como lo es en EE.UU. donde sus efectos son comprobadamente perniciosos. Cuando la TV llegó a Chile y se tuvo que decidir cómo se gestionaría, vivíamos otro gobierno derechista, el de Jorge Alessandri. Hubo un amplio debate nacional en que participaron todas las fuerzas políticas, instituciones culturales, profesionales, especialistas de la comunicación y sectores populares. Alessandri, a pesar de las presiones de los grandes empresarios, optó con muy buenas razones y un amplio apoyo nacional por una televisión pública, sin fines de lucro. Se entregó el usufructo de las señales, que en ese tiempo eran sólo tres, a las universidades de Chile, Católica y Católica de Valparaíso.
Más tarde, por ley, en el gobierno de Frei Montalva, se creó Televisión Nacional como un canal estatal, bajo administración designada por el gobierno de turno. Bajo la Unidad Popular este modelo se mantuvo, tratándose de darle un mayor contenido cultural, pero la derecha facistoide utilizaron el canal de la UC, dirigido por el cura Hasbún, para ambientar el golpe de estado. La dictadura no innovó en este modelo, aunque convirtió al canal estatal en su alto parlante, degradándolo a tal punto, que su audiencia cayó a mínimos niveles, repudiado vigorosamente por la opinión pública. Al final, antes de abandonar el poder, después de su derrota en el Plebiscito, Pinochet permitió que uno de sus cómplices más incondicionales se apoderara de una nueva señal, la primera de carácter privado y comercial, la cual dió origen al actual Megavisión.
La televisión comercial, con todos sus vicios se ha adueñado en la práctica de la programación de los canales abiertos. El objetivo fundamental es la ganancia financiera, pero además se trata de imprimir en los telespectadores una visión acorde con los intereses privados de quienes la administran. Todo ello conduce a las peores aberraciones, como la exacerbación de la violencia, el ocultamiento de la verdad, la entretención insubstancial. Con el pretexto de sumar audiencias masivas y sin importar los distintos niveles culturales y valores de grandes grupos de espectadores, no sólo los canales privados- Megavisión, Chilevisión y la Red – se orientan por el famoso «people meter», sino que también lo hacía UCTV, (aunque ahora parece haber cambiado), y la TV estatal, de la cual la ciudadanía más culta esperaría otra actitud. Los gobiernos de la Concertación y sus primeros ideólogos, antiguos izquierdistas, abrazaron felices esta orientación mercantil. Llegaron a decir que la mejor comunicación para un gobierno era no tener medios de comunicación.
El carácter pecuniario de nuestra televisión ha conducido a que sean las más poderosas firmas publicitarias que compran los espacios a nombre de las grandes empresas y transnacionales, las que imponen pautas informativas, como por ejemplo la prohibición de mostrar en las pantallas sus conflictos internos con sus trabajadores. Salvo en las campañas presidenciales, cada cuatro años, los debates políticos y de interés nacional con participación plural de todas las corrientes en igualdad de condiciones, las controversias sobre temas de actualidad. las entrevistas u otros hechos importantes, generalmente se limitan estrictamente a la visión de los dos bloques políticos principales, excluyendo la representación de las diversas minorías.
El recientemente reelegido Rector de la Universidad de Chile, Victor Pérez, en la cuenta anual de su gestión en noviembre del 2009, manifestó que la Universidad debería volver a administrar su señal de televisión «por el bien de la cultura pública nacional». Lamentó esa pérdida, porque a la universidad se la sometió al autofinanciamiento, a las reglas del mercado. Y planteó que por medio de una reforma legal o una compra por parte del estado se podría devolver la red a la universidad. Debe saber que de persistir en esta actitud, contará con un gran respaldo nacional.
No es justo ni equitativo que a la U de Chile, la universidad número uno del país, la más plural y abierta de todas, se la haya condenado a desprenderse de este poderoso medio de divulgación cultural, así como de otros activos, como terrenos y edificios, mientras que su principal competidora, por muy respetable que sea en muchos de sus logros, recibe cuantiosos recursos privados y públicos, de los cuales disfruta un alumnado que proviene en su mayoría de los estratos más ricos de la sociedad. El Presidente de la República, cuyo patrimonio está entre los más cuantiosos del mundo, bien podría desprenderse de una parte menor del mismo sin afectar en nada su nivel de vida futura ni el bienestar de su familia, en aras de una solución justa que sería celebrada por todo el país, cual es devolver Chilevisión a su legítimo dueño, la Universidad, orgullo del país.