El candidato demócrata John Kerry, junto a 22 senadores, entre ellos John Edwards, pidió al presidente colombiano Alvaro Uribe cortar los lazos entre FF.AA. y paramilitares, según publicó el pasado 28 el diario colombiano El Tiempo. Kerry y Edwards, fórmula demócrata a la Vicepresidencia, firmaron una carta suscrita por senadores entre los cuales figuran Edward […]
El candidato demócrata John Kerry, junto a 22 senadores, entre ellos John Edwards, pidió al presidente colombiano Alvaro Uribe cortar los lazos entre FF.AA. y paramilitares, según publicó el pasado 28 el diario colombiano El Tiempo.
Kerry y Edwards, fórmula demócrata a la Vicepresidencia, firmaron una carta suscrita por senadores entre los cuales figuran Edward Kennedy y Patrick Leahy, la cual fue enviada el pasado lunes al presidente colombiano.
En ella, se critica el aumento de las violaciones a los derechos humanos, «tales como asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas directamente a las fuerzas de seguridad colombianas».
Los demócratas le dicen a Uribe que «un pleno acatamiento de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayudará a establecer ‘la seguridad democrática’ para todos los colombianos con los cuales usted está comprometido».
Los senadores agregan que la más urgente de las recomendaciones de la ONU «es la que se refiere a cortar los lazos entre el Ejército y las fuerzas paramilitares envueltas en abusos, suspendiendo, investigando y persiguiendo vigorosamente a los oficiales envueltos en ese tipo de colaboración».
La comunicación recuerda que el informe de las Naciones Unidas publicado en marzo del 2004 sobre Colombia «menciona la falta de compromiso» con esa meta y habla de «operaciones paramilitares con inexcusable conocimiento de las fuerzas de seguridad, revelando contactos entre autoridades civiles y comandantes paramilitares… la falta de acción por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto a la existencia de bases paramilitares cerca de instalaciones militares, e incluso el suministro de información a grupos paramilitares por parte de los miembros de la policía, mostrándoles posibles blancos».
La carta estaba escrita desde hacía más de un mes pero no había sido enviada al presidente Uribe, pues quienes la redactaron querían recolectar la mayor cantidad de firmas posibles.
Entre ellas, las de los senadores John Kerry y John Edwards, fórmula de los demócratas para las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Aunque Kerry imprimó su firma hace varias semanas, solo en los últimos días se consiguió que Edwards hiciera lo mismo.
Los promotores de la carta, fueron los senadores Chris Dodd y Russell Feingold. Dodd, en particular, ha respaldado los recursos financieros que bajo el Plan Colombia viene autorizando E.U. desde hace cuatro años. Pero acciones recientes del gobierno colombiano, entre ellas las declaraciones contra la ONG Amnistía Internacional y lo que consideran falta de progreso para cumplir con las recomendaciones de la ONU, lo llevaron a impulsar la misiva.
Las ONG en Derechos Humanos de EE.UU. cumplieron un enorme papel en el trabajo de recolección de firmas. A través de cartas y cadenas de correos electrónicos empujaron a cientos de estadounidenses para que estos, a su vez, enviaran misivas a sus senadores exigiendo la firma de la comunicación para el presidente colombiano.
Lo más significativo de la carta, a parte de la obvia preocupación expresada por los senadores, es que es una ventana a lo que podría suceder con las relaciones bilaterales E.U.-Colombia si el tándem dupla Kerry-Edwards llega a la presidencia.
Aunque ambos han respaldado al gobierno colombiano a través de sus votos en el Senado, es evidenteque el tema de los derechos humanos es un elemento importate de su agenda.
Kerry, en particular, ha representado en el Senado a uno de los estados más liberales del país -Massachussets- cuna de muchos de los movimientos pro derechos humanos y civiles que existen en E.U. Y tendrá que rendir cuenta ante este electorado.
De allí que temas como la presunta relación de miembros de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo, los asesinatos de sindicalistas, o proyectos como el de la alternatividad penal o las facultades judiciales para el Ejército podrían ser vistos bajo una luz diferente.
No quiere decir que la ayuda para combatir el narcotráfico y el terrorismo se esfumaría si llegan a la presidencia, pero sí que dependería en buena parte del desempeño de Colombia en estos frentes. Algo muy parecido a lo que ya se está viendo en las relaciones con el nuevo gobierno español desde que salió del poder José María Aznar.
Hasta ahora, solo la Unión Europea había presionado públicamente a Colombia por el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU en derechos humanos.
A continuación texto íntegro de la carta
«Estimado Presidente Uribe: Escribimos para resaltar la importancia de que Colombia progrese en la implementación de las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y que son publicadas en marzo de cada año.
Primero queremos agradecer a usted y a su gobierno por aceptar en Ginebra y nuevamente en Londres en julio de 2003 implementar esas recomendaciones. Apreciamos su dedicación para establecer un futuro seguro para los colombianos y entendemos las dificultades y complejos retos que usted enfrenta. Estamos motivados por la disminución en la tasa de homicidios, masacres, secuestros y desplazamiento forzado. Sin embargo, permanecemos profundamente preocupados por los continuos niveles de violencia dirigidos hacia la población civil. Existen reportes sobre el aumento de violaciones, tales como asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas directamente a las fuerzas de seguridad colombianas. Adicionalmente, las guerrillas continúan su indiscriminado uso de artefactos explosivos contra civiles mientras las fuerzas paramilitares llevan a cabo asesinatos y masacres pese a la existencia de un cese del fuego. Creemos que un pleno acatamiento de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayudará a establecer «la seguridad democrática» para todos los colombianos con los cuales usted está personalmente comprometido.
La más urgente de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es cortar los lazos entre el ejército y las fuerzas paramilitares envueltas en abusos, suspendiendo, investigando y persiguiendo vigorosamente a oficiales relacionados en este tipo de colaboraciones. El reporte de Las Naciones Unidas publicado en marzo del 2004 menciona la falta de compromiso con esta meta, incluyendo «operaciones paramilitares con inexcusable conocimiento de las fuerzas de seguridad, indebidos contactos entre autoridades civiles y comandantes paramilitares…la falta de acción por parte de las fuerzas de seguridad a pesar de la existencia de bases paramilitares cerca de instalaciones militares, e incluso el suministro de información a grupos paramilitares por los miembros de la policía, mostrándoles posibles blancos».
Como usted sabe, identificar esos abusos requiere una justicia efectiva e imparcial. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subraya problemas «relacionados con acceso a la justicia, independencia judicial e imparcialidad, garantías judiciales y presunción de la justicia.» Seguimos preocupados por el compromiso de la Procuraduría para investigar a oficiales de alto rango implicados en violaciones a los derechos humanos y sus nexos con grupos paramilitares. La ONU ha hecho un llamado por el fortalecimiento del programa de protección a testigos y victimas, el fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos y la creación de una unidad especializada en la investigación de los nexos entre Ejército y paramilitares. Mientras estamos atentos del compromiso de la Fiscalía General para establecer esta unidad, esperamos que usted incremente la atención de su gobierno hacia las otras recomendaciones relacionadas con la lucha contra la impunidad que aún se mantiene.
Las Naciones Unidas también resaltan importantes puntos acerca de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. El programa de protección de su gobierno a los derechos humanos y sindicalistas es importante. Sin embargo, es esencial el progreso en la investigación y persecución de las amenazas contra esos líderes. Dentro de los casos recientes está el asesinato, el primero de abril, del líder político y activista de derechos humanos Carlos Bernal, quien había sido incluido en el programa de protección, junto con su guardaespaldas; la irrupción, el 4 de mayo, de un hombre armado en la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; y el asesinato, en abril 15, de Carlos Alberto Chicaiza, un líder amenazado por hablar de sus derechos como sindicalista.
Finalmente, lideres de derechos humanos e iglesias, y sindicalistas también han sido blanco de búsquedas y detenciones, algunas veces basándose en información dudosa suministrada por informantes pagados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido al gobierno colombiano para actuar sobre la vieja petición de los grupos de derechos humanos para revisar anualmente los archivos de inteligencia militar con el ánimo de purgar la información dudosa, y establecer canales más sistemáticos de comunicación con los defensores de derechos humanos. También ha llamado al gobierno para «asegurar que no se hagan declaraciones públicas que puedan poner en peligro los derechos de gente involucrada en la defensa de los derechos humanos o en movimientos sindicalistas».
Gracias por su consideración Sinceramente, Russel Feingold, Christopher Dodd, Patty Murray, Patrick Leahy, Richard Durbin, Edward Kennedy, Barbara Boxer, John Kerry, Maria Cantwell, Tom Harkin, James Jefrords, Jef Bingaman, Barbara Mikulski, Frank Lautenberg, Herb Kohl, Mary Landrieu, Paul Sarbanes, Carl Levin, Jack Reed, Dianne Feinstein, Jon Corzine, Mark Dayton y John Edwards, senadores de los Estados Unidos».