La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y 192 afectados han presentado una demanda contra el Estado español ante el TEDH por el caso de los niños robados. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), junto con 192 de sus asociados, ha presentado esta semana una demanda contra el Estado español ante […]
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y 192 afectados han presentado una demanda contra el Estado español ante el TEDH por el caso de los niños robados.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), junto con 192 de sus asociados, ha presentado esta semana una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humano (TEDH) por el caso de los niños robados.
Anadir ha denunciado al Estado por incumplir varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, «por las irregularidades en las investigaciones y archivo masivo de denuncias por parte de la Justicia Española», han indicado en un comunicado. Según indica a Diagonal su abogado, Fernando de la Sotilla, «se han ido interponiendo muchas denuncias desde hace muchos años ante la Fiscalía y los juzgados españoles, y el 99% de las diligencias se han archivado».
Se calcula que unos 30.000 bebés podrían haber sido robados durante el franquismo en distintas maternidades a través de una trama organizada de médicos, monjas, curas y otros actores. Aunque el robo sistemático empezó en los años 50, la trama continuó actuando incluso hasta entrados los años 90, según se desprende de las denuncias de víctimas y familiares.
«Denunciamos falta de voluntad por parte del Estado, que no ha colaborado y no ha puesto todos sus medios al alcance» para tratar de hacer justicia a las víctimas, dice Sotilla. Por ello, la asociación acudió previamente a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, y fue esta misma comisión la que, ante los indicios de irregularidades y vulneración de derechos humanos en España, animó a los afectados a denunciar ante el TEDH, explican desde Anadir.
La denuncia se produce «ante la pasividad de la justicia española» y después de haber agotado todas las vías internas de denuncia ante los tribunales españoles.
Desde la asociación, que representa a unos 2.000 afectados por los robos de niños, indican que cualquier persona afectada puede ir sumándose a la demanda, de momento presentada por ellos y 192 de sus miembros.