Por primera vez en Colombia un alto tribunal ha determinado que los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue un Genocidio Político, es decir producto de la existencia de un plan sistemático y centralizado que tenía la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y […]
Por primera vez en Colombia un alto tribunal ha determinado que los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue un Genocidio Político, es decir producto de la existencia de un plan sistemático y centralizado que tenía la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia política.
Esta decisión corresponde al inciso décimo de la parte resolutiva de la Sentencia del Magistrado Eduardo Castillo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, previa a la sentencia que dictará en contra de un paramilitar que confesó culpabilidad en cerca de cien asesinatos cometidos en la región del Urabá antioqueño en los que se incluyen el de una decena de dirigentes de la Unión Patriótica. Dice la Magistratura que de acuerdo con el análisis contextual y las pruebas presentadas por la Fiscalía los hechos cometidos contra militantes o simpatizantes de la UP, corresponden a un Genocidio Político y que en ellos se contó con la complicidad de elementos de las Fuerzas Militares y de policía.
La Unión Patriótica fue un movimiento político plural de carácter democrático que surgió de los acuerdos de paz firmados en 1985 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El objetivo era que a través de la UP los guerrilleros amnistiados transitaran a la lucha política legal, para lo que el estado colombiano ofreció total y plenas garantías. En medio del fervor y entusiasmo que generó el proceso de paz decenas de miles de colombianos de diferentes organizaciones políticas y sociales se vincularon a la UP. Junto a ellos y ellas trabajaron 25 ex integrantes de la guerrilla amnistiados e indultados por el gobierno y autorizados para realizar proselitismo político. En las elecciones de 1986 este fervor se materializó en un importante resultado electoral que le permitió a la UP tener bancada parlamentaria, decenas de Diputados regionales y alcaldes y varios centenares de concejales municipales. La región de Urabá, zona de masiva producción de banano para la exportación fue una de las regiones donde la UP se convirtió en la primera fuerza política. El éxito de la participación electoral de la UP concitó la violenta reacción de la extrema derecha y de inmediato se inicio el exterminio de esta nueva fuerza política. Más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes y concejales.
Ante la total impunidad por los crímenes contra la UP su Dirección Nacional decidió en 1993 llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo admitido en el año de 1997. En el año 2000 en el marco de la denominada búsqueda de una «solución amistosa» ante la CIDH se inició entre el estado colombiano y los representantes de las victimas un proceso para «propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral». En el 2006, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Unión Patriótica unilateralmente rompe este proceso ante la continuidad de las amenazas, atentados y crímenes contra los sobrevivientes y en razón también de las declaraciones insultantes contra la UP por parte del presidente Uribe Vélez que intentaban justificar el exterminio y que estimulaban su continuidad. El caso está pendiente de fallo de la Corte Americana.
El caso de la Unión Patriótica, sin ser el único hecho de exterminio en Colombia de un movimiento político o social, representa quizás el caso más aberrante y grave de persecución y exterminio a un grupo político en el mundo occidental. Las negociaciones de paz que se adelantan en la Habana tendrán que abordar en el momento adecuado el debate de la responsabilidad del estado colombiano en la destrucción de un movimiento que naciera de la paz y para la paz.
El pasado 25 de noviembre fue asesinado Onias Rodríguez. Hace 25 años fue concejal de la UP en el municipio de Curillo en el departamento del Meta donde fue amenazado de muerte y le asesinaron a un hijo. Fue obligado a desplazarse a Neiva donde se convirtió en dirigente comunitario y de la población desplazada. No es el único sobreviviente asesinado, amenazado o judicializado.
El Genocidio continúa.
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