Vivimos en un país y un departamento con una oligarquía de espaldas a sus comunidades, volcado hacia los intereses de las voraces transnacionales, siguiendo al pie de la letra las orientaciones neoliberales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, mientras empobrece cada día más al pueblo. No han terminado de apagarse los ecos del paro […]
Vivimos en un país y un departamento con una oligarquía de espaldas a sus comunidades, volcado hacia los intereses de las voraces transnacionales, siguiendo al pie de la letra las orientaciones neoliberales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, mientras empobrece cada día más al pueblo.
No han terminado de apagarse los ecos del paro cafetero, que tuvo en el Cauca una de las expresiones más combativas y beligerantes; donde participamos indígenas, campesinos, afros, sectores urbanos y populares. La solidaridad esta vez, no fue solo de comunicados o palmaditas en el hombro, las organizaciones sociales-populares y las comunidades de todo el departamento, nos sumamos en respaldo práctico a un paro que desbordó hasta sus dirigentes y que nos sorprendió
gratamente a todos.
El capitalismo mundial en crisis permanente desde hace 500 años, vive hoy una de las más grandes hecatombes desde su aparición, de la cual pretende salir, arrasando con las mínimas condiciones de subsistencia de la población empobrecida. Las conquistas sociales que ganaron los trabajadores de todo el mundo a principios del siglo XX, hoy están
siendo desmontadas y reducidas a su mínima expresión por el capitalismo senil.
Las políticas neoliberales que se impusieron en el Cauca como en todo el país y Latinoamérica, están privatizando absolutamente todo. Somos uno de los departamentos con más títulos mineros, amenazando nuestros recursos naturales y medio ambiente.
A nivel del Cauca rural, pobreza y miseria campean, de la mano de la represión organizada y orquestada desde el Estado. Nuestras comunidades se han visto obligadas históricamente a recurrir a los cultivos «proscritos», para no morirse de hambre. La política Estatal de «sustitución de cultivos» ofende nuestra inteligencia cuando pretende que compitamos en el libre mercado capitalista -que no es libre porque está controlado por las transnacionales- con los
supermercados de grandes superficies, Éxito, Carrefour, Olímpica, con Alpina, Cartón de Colombia, etc., sin recursos, ni tierras fértiles, sometidos al monopolio multinacional de abonos y fertilizantes; con una banca transnacionalizada que bloquea cualquier acceso a verdaderos créditos de fomento y sin posibilidad real de utilizar la energía eléctrica por sus altísimos costos cuando de producir se trata. Son todas estas razones y muchas otras, las que explican los elevados y
vergonzosos índices de pobreza e indigencia de nuestra región.
El pueblo caucano ha respondido a todas estas injusticias con la movilización y la construcción de política popular, para enfrentar y derrotar estas «políticas públicas» antidemocráticas y hambreadoras.
Desde las veredas y municipios, las comunidades vienen organizándose para impedir que la formalización jurídica e institucional termine privatizando sus acueductos comunitarios, bajo la férula del Plan departamental de aguas y la Superintendencia de servicios públicos. Tampoco se está permitiendo la construcción de una sola hidroeléctrica en nuestro departamento, hasta tanto nos devuelvan las que hoy están en manos privadas, empobreciendo al Cauca.
LA RESISTENCIA CIVIL COMO POLITICA POPULAR
La privatización de los servicios públicos puso en grave peligro la sobrevivencia de los sectores populares en este departamento. Es el caso de la distribución de energía eléctrica entregada por el pasado Gobierno de Uribe a la trasnacional PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE para que se enriqueciera. Esta privatización niega cualquier
posibilidad de sobrevivencia y progreso de la economía popular. Muchos de nuestros campesinos en pleno macizo colombiano cocinan con leña a pesar de disponer de redes de energía eléctrica, poniendo en riesgo y deterioro la conservación ambiental de la principal estrella hidrográfica del país; tampoco pueden acceder al gas en cilindros
porque sus costos en el sector rural son prohibitivos. La política popular de la RESISTENCIA CIVIL AL PAGO DE LA ENERGIA, ha permitido ir accediendo al derecho a la electricidad para las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy no solo no están pagando las altísimas tarifas y facturas sino que además están haciendo uso de la energía eléctrica para cocinar y producir, protegiendo el medio ambiente y potenciando la economía popular.
La trasnacional PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE ha desarrollado una campaña agresiva de cambio de medidores de disco por electrónicos,instalación de red trenzada antirrobo de energía, etc., para impedir que los usuarios se reconecten y para aumentar sus ganancias mediante visitas «técnicas» que le permiten hacer cobros millonarios
denominados «energía dejada de facturar».
Las comunidades se han venido organizando desde el año 2010 bajo la COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE LA RESISTENCIA CIVIL DE LA ENERGÍA Y EL AGUA. Impulsando la política popular de acceso al servicio de
electricidad a como dé lugar y oponiéndose a la desconexión de los usuarios.
En desarrollo de estas actividades organizativas el municipio de Popayán realizó la II ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA CIVIL en el mes de febrero con la participación de 55 barrios y veredas de Popayán y a nivel departamental el pasado 20 de marzo, con la asistencia de delegados de más de 19 municipios y resguardos indígenas, donde se determinó entre otras, exigir la salida inmediata de la trasnacional y rechazar la construcción de nuevas hidroeléctricas en el Cauca.
LAS COMUNIDADES RESISTEN EN POPAYÁN
Popayán cuna histórica de la burguesía y oligarquía criollas, ostenta las primeras cifras de desempleo y miseria del país, donde se continua con la implementación de las ya obsoletas políticas de privatización, es hoy escenario del movimiento de la RESISTENCIA CIVIL. La lucha se desarrolla en los barrios populares, que se resisten a las medidas de
la Energética de Occidente, oponiéndose al cambio de medidores, la instalación de la red trenzada y el corte del servicio, bajo la orientación política de la Asociación Comunitaria por el Derecho a los Servicios Públicos.
La terquedad por parte del Estado Colombiano y los gobiernos de turno que continúan negándose a reconocer el derecho al mínimo vital de agua, establecido en las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, ha llevado a que la RESISTENCIA CIVIL se extienda también al servicio del agua y contra la Empresa de Acueducto de Popayán, fortín
politiquero de los dinosáuricos gamonales. En esta empresa confluyen además otros conflictos sociales como el de las basuras, entregadas en concesión a 15 años por el alcalde Navia, en el año 2011. Como excusa se argumentó en su momento la necesidad de adquirir y adecuar un sitio para la disposición final de las basuras, ante la supuesta incapacidad financiera del Municipio.
El 29 de mayo de 2012, la población de la zona de influencia no aguantó más la contaminación y cerró la entrada al botadero de basuras; el 12 de octubre, ante el incumplimiento de los compromisos del gobierno Municipal, nuevamente se bloqueó el acceso a SERVIASEO. Esta vez la comunidad, ante el hostigamiento del ESMAD de la policía, actuó consecuentemente y después de tres días de enfrentamientos firmó un acuerdo para sellar definitivamente este foco de
contaminación, el próximo 6 de abril.
Los barrios populares de Popayán van aprendiendo que solamente mediante la lucha organizada y la movilización comunitaria, se conquistan los derechos y que es urgente derrotar en las calles, las políticas neoliberales de privatización, que como en el caso del ASEO hacen parte de una especie de cartel de las basuras a nivel nacional, generando gigantescas utilidades que se traducen en altísimas facturas imposibles de pagar.
Están por iniciarse el próximo 1° de abril, las obras del PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD de Popayán , desarrollo del programa «ciudades amables» del Banco Mundial y ya se anuncian los primeros enfrentamientos con los habitantes de los barrios populares del llamado centro histórico.
De manera inconsulta y antidemocrática, se trata de imponer este plan Maestro para cumplir con las exigencias de los inversionistas, del turismo y la oligarquía inmobiliaria; la misma burguesía que tiene el metro cuadrado por las nubes y que impide en la práctica cualquier posibilidad de construir vivienda popular.
La consecuencia inmediata de dicho plan, es la quiebra generalizada de los negocios del rebusque, durante el año de ejecución de estas obras: tiendas, salones de belleza, talleres de motos, panaderías, plaza de mercado, ferreterías, etc., es decir la economía popular. Además, las familias antiguas que aun resisten al alto costo de los servicios públicos, al impagable impuesto predial y a la nueva estratificación, gracias al arriendo de una parte de sus viviendas como medio de sostenimiento, se verán obligadas a resistir o vender finalmente con el consecuente desplazamiento urbano.
Ante esta emergencia social la tarea de los movimientos y organizaciones sociales y político-populares es continuar construyendo política popular al lado de las comunidades, entendiendo que la lucha sectaria y mezquina no es la salida. Debemos integrar nuestras propuestas y luchas; es responsabilidad del movimiento social concebir las políticas populares más universales posibles; solo así construiremos la más grande organización, acorde con el reto que significa alcanzar una sociedad justa, democrática y con justicia social.
(*) Hugo Oviedo es miembro de la Asociación Comunitaria de Servicios Públicos de Popayán
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.