El Chile actual y la «democracia»: Una perspectiva crítica

Después de la muerte del ex-dictador A. Pinochet, a los 91 años y sin que haya sido condenado por sus múltiples crímenes, varios comentaristas pronosticaron el fin definitivo de la eterna transición democrática chilena. Meses antes, la elección de la candidata de la » Concertación de partidos por la democracia «, Michelle Bachelet, como presidenta de la República de Chile, fue objeto de la atención de la prensa mundial, quien veía en esta noticia la apertura de un nuevo ciclo en la vida política chilena. El presente análisis -del cual una primera versión fue escrita en francés antes de la muerte de Pinochet (http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2021)- pretende reinscribir el Chile del gobierno Bachelet en el contexto de una sociedad que sigue profundamente modelada por la dictadura. Por otra parte, después de diez meses a la cabeza del Ejecutivo, este gobierno puede ser sometido a una primera evaluación crítica. Finalmente, mostraremos que la multiplicación de las movilizaciones colectivas, desde la elección presidencial podría constituir un factor esencial para la comprensión de las evoluciones recientes del Chile actual y esto en contradicción con la política neoliberal de la Concertación.

Introducción

El 11 de marzo de 2006, la socialista Michelle Bachelet prestaba juramento delante del Congreso (en Valparaíso), como nueva presidenta de la República de Chile. Sucediendo a Ricardo Lagos, es la primera Presidenta de la historia de Chile y la tercera mujer que ha sido elegida en este cargo en un país de América Latina. De regreso a Santiago, M. Bachelet quiso repetir su voluntad de encarnar la unidad nacional, » después de las divisiones del pasado «, particularmente las de los años de plomo de la dictadura del General Pinochet (1973-90).

Elegida en segunda vuelta con 53,5% de los votos, se impuso al candidato de la coalición de derecha, el multimillonario liberal y dirigente de » Renovación Nacional » (RN), Sebastián Piñera. Además de Piñera, Michelle Bachelet se distanció de los dos candidatos restantes de la contienda electoral. Comenzando por Joaquín Lavin, candidato de la UDI (Unión Democrática Independiente), católico ultra-conservador que apoyó al régimen militar y desde tiempo considerado como líder «natural» de la derecha, como lo había sido en ocasión de las elecciones presidenciales de 1999. Pero Lavin perdió su apuesta: La UDI con un 23,2% de los votos, finalmente tuvo que apoyar al favorito de RN, en el seno de «la Alianza para Chile» [1]. En la primera vuelta se encontraba además Thomas Hirsch, comprometido detrás de la bandera de «Juntos Podemos más», coalición de varias organizaciones de la izquierda extraparlamentaria dirigida por el Partido comunista chileno (PC) y el Partido Humanista (PH) [2].

La llegada a la dirección del gobierno de M. Bachelet hizo correr mucha tinta en todo el mundo. En un país reputado como conservador, ese voto masivo en favor de una mujer divorciada, agnóstica y miembro del PS dio mucho para reflexionar. Numerosos editorialistas creyeron descubrir allí una verdadera ruptura, a más de 30 años del bombardeo de la Moneda. Pero ¿qué ha ocurrido realmente? ¿Será que esta elección es un signo de que la «transición chilena» ha llegado a su «fin»? ¿A este respecto, una reflexión en términos de transición democrática será realmente el mejor medio para comprender el Chile de Michelle Bachelet? Con el fin de intentar responder a estas preguntas, nos proponemos reinsertar en su continuidad histórica las últimas elecciones, analizando al mismo tiempo algunos elementos de cambio que parecen atravesar la sociedad chilena.

La transición » pactada » de la era Pinochet y el capitalismo neoliberal

La «transiciología» y las reflexiones sobre la salida de regímenes autoritarios se han convertido a lo largo del tiempo en una disciplina de las ciencias políticas: Los «transiciólogos» se esfuerzan en describir las formas de pasaje de un régimen político autoritario a un régimen democrático representativo liberal [3]. En ese tema, América Latina es un laboratorio a cielo abierto, en el que varios países se lanzaron a procesos de «transición pactada»: bajo la presión de movimientos de oposición a la dictadura, una parte de las elites políticas civiles negociaron con la junta y las clases dominantes, una salida del régimen militar, llegando a formas híbridas, llamadas a veces – ¿de manera eufemística? – «democracia degradada» o «incierta» [4]. Son Costa Rica en 1948, Colombia en 1957 y Venezuela en 1958 los países que inauguran esa danza de transiciones desencantadas. A fines de los años setenta y durante los años ochenta, la extensión mundial de la hegemonía neoliberal reforzó estos procesos basados en una doble exclusión de los pueblos, socioeconómica y política: Procesos «en los que las transiciones «pactadas» y la adhesión a la ortodoxia neoliberal confirieron a las organizaciones políticas un carácter terriblemente excluyente: la agudización de las desigualdades y el aumento de la violencia hacen del ejercicio de la ciudadanía una ficción, mientras que el juego político se encuentra monopolizado por partidos vinculados entre ellos por pactos «[5].

Algunas décadas más tarde, la transición chilena se ubica plenamente en esta categoría, con la diferencia que en Chile, es la junta militar que se encargó de aplicar el modelo neoliberal y eso desde 1975. Sin pretender volver sobre todas las características del período, es necesario al menos subrayar el carácter «refundador» de la dictadura. El general Pinochet comprometió al país, con el apoyo de la oligarquía local y del capital transnacional, en un proyecto global, reorganizando profundamente la sociedad chilena [6]. Lo que será denominado mucho más tarde el «Consenso de Washington» (liberalización, desregulación, privatización, reducción de las atribuciones del Estado) se aplica de manera precoz en Chile, pero en un contexto de terrorismo de Estado [7]. Esta «contrarrevolución neoliberal», que modifica el modo de acumulación y las relaciones sociales, permite además una tasa de crecimiento e índices macroeconómicos muy satisfactorios a los ojos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (R. Agacino, 2006). La Constitución promulgada en 1980 -y vigente hasta ahora- apunta a institucionalizar ese proceso contrarrevolucionario integral y, sobretodo, prepara las condiciones para su supervivencia más allá del régimen militar. Es en ese marco que la futura «Concertación de los partidos políticos por la democracia» [8] es conducida a negociar la naturaleza de la transición con las fuerzas partidarias del régimen militar después de la victoria del «no» en ocasión del plebiscito de octubre de 1988. Basada en la exclusión de la izquierda radical (esencialmente el PC y el Movimiento de la izquierda Revolucionaria – MIR), esta «transacción democrática» permite la conformación de la «Concertación» que reúne adversarios políticos de ayer, entre otros el PS renovado y la vieja Democracia Cristiana golpista. Estas organizaciones se reagrupan para asumir la dirección del gobierno y canalizar la transición dentro del modelo neoliberal [9].

La Concertación ganó las primeras elecciones posdictatoriales (marzo 1990), después de haber negociado reformas constitucionales limitadas y haber renunciado a la convocatoria de una asamblea constituyente. Según el sociólogo Manuel Antonio Garretón (quien siempre ha sido abiertamente favorable a la Concertación), esta fecha cerraría la transición propiamente dicha para dar lugar a un régimen político en el que el Estado de derecho coexiste con varios poderes fácticos e instituciones heredadas de la dictadura (especialmente el sistema de elección) : el intelectual chileno avanza el concepto de un » régimen democrático con enclaves autoritarios heredados » o también de un » régimen autoritario con enclaves democráticos » (Garretón, 2006). Esta etapa abierta en 1990 estaba todavía vigente en el momento de la elección de M. Bachelet, pese a varias reformas durante los tres gobiernos sucesivos de la Concertación, que se afirma como la coalición más estable de la historia institucional chilena.

La elección de M. Bachelet: una ruptura… ¿simbólica?

» Hoy es un día importante para Chile. De hoy en adelante, podemos decir que la transición chilena ha terminado. Chile tiene una constitución de acuerdo con su tradición histórica». Así se expresaba en julio de 2005, el Presidente en ejercicio R. Lagos después de la aprobación por parte del Congreso de varias enmiendas: reducción de seis a cuatro años del mandato presidencial; eliminación de las categorías de senador designado y de senador vitalicio; restitución al poder civil de la facultad de cambiar a los comandantes de las fuerzas armadas y de la gendarmería. Tales reformas entraron en vigor el 11 de marzo de 2006 en el momento de la envestidura de M. Bachelet. ¿Será que el debate sobre la «transición democrática» está cerrado definitivamente?

De hecho, si se busca una fecha que marque el fin de esta transición, uno podría darse cuenta que siempre parece terminar… ¡para siempre recomenzar! [10]. El presidente Aylwin (DC) en el momento de suceder a Pinochet había ya anunciado el fin de la transición, opinión que ha posteriormente reiterado en ocasión de los debates en torno de la comisión Rettig en materia de derechos humanos; Eduardo Freí (DC) al término de su mandato (2000) había también constatado el retorno de los militares a sus cuarteles y muchos observadores han visto en el arresto del General Pinochet en Londres la confirmación de tales pareceres [11]. Afirmaciones rápidamente desmentidas por la ausencia de juicio contra el ex dictador, el mantenimiento de la ley de amnistía de 1978 y el carácter parcial de la «mesa redonda» sobre las víctimas de la represión (1998). Algunos han interpretado el periodo de R. Lagos como la coronación definitiva de ese lento proceso. Además de las reformas institucionales, la Concertación destaca en su balance la reducción de la pobreza, de la que el porcentaje total pasaría de un 45,1% de la población en 1987, al 18,8% en 2003 según criterios internacionales (sobre 15,5 millones de habitantes). Insiste igualmente sobre el impacto positivo provocado por el informe Valech (Comisión sobre la tortura y la prisión política). Recordemos que esos avances parciales, reales en términos de verdad oficial pero no de justicia, son el fruto de décadas de movilizaciones de las familias de los detenidos-desaparecidos. Pese a todo, el gobierno de Lagos mantuvo fundamentalmente la táctica de la «justicia en la medida de lo posible»: Es decir una impunidad inmensa acompañada de dosis limitadas de verdad y de reparación calificada de «austera», en nombre de la «reconciliación nacional» (Castro, 2002). Lagos intentó incluso varias veces crear una ley de «punto final»: Fue precisamente el objetivo del proyecto de ley presentado en 2003, que debió ser abandonado bajo la presión de los organismos de Derechos Humanos. Hay que señalar que esta política del perdón institucionalizado a torturadores y responsables de terrorismo de Estado no es una exclusividad de la transición chilena, puesto que la encontramos bajo distintas formas en varios países del globo (Lefranc, 2002). Pero, como lo subraya Miguel Ruiz, es solamente recordando cual fue la gestión de la Concertación en tema de Verdad y Justicia que podemos entender porque Pinochet murió como un dictador que nunca fue condenado por sus crímenes: «Amparados en la «independencia» del Poder Judicial, los gobiernos de la Concertación seguían teniendo confianza en que los juicios por la violación de los Derechos Humanos no les crearían grandes dificultades tanto a ellos como a los militares involucrados en dichas violaciones, porque no habría castigo a los culpables o ese castigo sería solamente simbólico. Así se daría cumplimiento a los acuerdos de la Concertación con el Pinochetismo y la derecha, impuesto por Estados Unidos, que contemplaban no castigar a los criminales, en particular a Pinochet» [12]. Y si Bachelet se negó a participar y organizar un funeral nacional al viejo dictador, no olvidemos que la ministra de defensa de la Concertación participó en las exequias con honores al ex comandante en jefe del ejército Pinochet…

Globalmente si uno se empeña en hacer un balance crítico de la gestión concertacionista, puede hablar de una transición democrático-liberal atrofiada, apoyada en una profundización económica pero también social del modelo neoliberal, y obtenida por una administración civil elegida en un marco institucional heredado de la dictadura (Fazio, 2005). Sin embargo, cuando M. Bachelet lanzó su campaña electoral bajo la bandera de la Concertación, se benefició de encuestas de opinión favorables obtenidas gracias a un manejo hábil de los medios de comunicación oligopólicos, de una tasa de crecimiento macro-económico de 6% para 2005 y del consecutivo apoyo entusiasta de los empresarios nacionales y del capital financiero internacional. Recordemos que esta última condición (apoyo del capital local y global) es considerada como uno de los elementos claves para la mal-denominada «gobernabilidad democrática» post-Pinochet, teorizada por Edgardo Beoninger, principal ideólogo orgánico de la Concertación [13].

Paralelamente, la nueva presidenta logró encarnar un cambio cultural relativo, en primera medida porque es una mujer. Como subrayan los analistas de las elecciones, el voto femenino parece haber marcado la diferencia en las urnas, sin que la candidatura de M. Bachelet haya sido – y de ninguna forma- la de una feminista. La actual «primer dama» instrumentalizó con brío y inteligencia un deseo nacional de revitalización de las relaciones entre la política y los ciudadanos: «los representados clamaban por una renovación de la relación política, construida sobre una mayor identificación y proximidad con sus representantes: aspiraban a reconocerse en la candidata, a ver sus pedidos representados y a ser escuchados» [14]. También podemos ver en esta elección una ruptura simbólica. M. Bachelet ha sabido imponerse (incluso contra Soledad Alvear de la DC), sin ocultar su pasado militante, que desalenta a una parte del electorado conservador de la Concertación [15]. Médica, hija de un general asesinado después del golpe de Estado, fue presidenta de la Juventud Socialista durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Durante la dictadura, su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos le costó ser arrestada (en 1975) y torturada en el siniestro Centro de Detención de Villa Grimaldi. Por supuesto, los antecedentes mencionados están lejos de ser anodinos. Esta dimensión simbólica habría sido todavía más fuerte si se hubiese confirmado la acusación contra el general Pinochet, precisamente por los crímenes cometidos en Villa Grimaldi (acusación cerrada por la muerte del dictador). Otro punto importante es la visión institucional de M. Bachelet: Además del acento puesto en lo social, el otro eje de la campaña ha sido el de la reforma indispensable del sistema binomial, creado por la dictadura a fin de sobre representar la derecha e impedir el retorno al seno de las instituciones de la izquierda radical. Este sistema profundamente anti democrático ha sido mantenido concientemente y de manera funcional hasta la fecha por la Concertación, pese a todas las oportunidades de cambiarla. El voluntarismo reformador ha valido a la candidata concertacionista el apoyo del PC en la segunda vuelta de las elecciones, elemento no despreciable de su elección, tal como había ocurrido en la de Lagos en 1999. Queda por saber que tipo de escrutinio lo reemplazará y que saldrá de las negociaciones de cúpulas en curso entre las diversas fuerzas políticas del país. Lo más probable es que el resultado esté, una vez más, muy lejos del discurso democratizador mediático, cuando los partidos dominantes se orientan hacia una reforma a medias, que abriría una parte mínima del congreso a un escrutinio proporcional. Tal reforma utilizaría la llegada (minoritaria) del PC en el Parlamento como legitimación de una estructura institucional liberal-burguesa: o sea, reformar un poco para no cambiar nada… También, otros índices se manifestaron en ocasión de esta elección, mostrando evoluciones más estructurales en el campo político chileno (Agacino, 2006).

Entre esas tendencias remarcamos: – El PS se confirma como partido del gobierno y de gestión del sistema capitalista, poniendo en causa la existencia misma del PPD: La mayor parte de los dirigentes socialistas asumen públicamente su orientación «social-liberal» [16] – La DC está con una pérdida neta de posicionamiento político y ideológico como principal organización del país, restando -por el momento- como partido pivote del gobierno – La derecha, tanto su franja liberal como reaccionaria, busca, con más o menos de ganas, desprenderse de la imagen negativa del general Pinochet, acción que se incrementó por las última repercusiones del asunto de las cuentas del ex-dictador encontradas en el extranjero, pero que se freno bruscamente con el fallecimiento del tirano, semanas durante las cuales: en esta oportunidad, Chile apareció de nuevo dividido, donde sectores de la población y de las clases dominantes siguen mostrándose nostálgicos de la gesta autoritaria del régimen militar. Globalmente, la derecha permanece fraccionada, mientras que el voto de los sectores pudientes parece alternar entre la Concertación y la Alianza por Chile. – Finalmente, las tentativas de una parte de la izquierda extraparlamentaria de reinvertir en el campo institucional a través de la coalición «Juntos Podemos Mas» no han convencido masivamente a las clases populares, mientras numerosos militantes antiliberales y anticapitalistas critican una iniciativa destinada al fracaso, prefiriendo insistir sobre la necesaria reconstrucción del movimiento social y de una CUT bajo una orientación de independencia de clase.

El Chile de Bachelet: continuismo neoliberal y represión de las disidencias

¿Pero, estos elementos de evolución permiten por sí mismos describir un cambio de época? La respuesta es no. Basta solo recordar que, ministra de Salud, luego ministra de Defensa en el seno del gobierno de Ricardo Lagos, M. Bachelet es un «producto puro» de 15 años de Concertación. Pese a una campaña de comunicación millonaria sobre el «gobierno ciudadano», su programa y primeras medidas políticas fueron las del continuismo, en particular en materia económica. Por otro lado, M. Bachelet no ha pretendido encarnar ninguna ruptura. La composición del primer gabinete lo confirmó, ya que si bien la paridad hombres/mujeres es una novedad, numerosos puestos claves quedaron en manos de viejos caciques de la Concertación. Y al final de los diez primeros meses de gestión, es bien lo que parece dominar. Mientras la campaña electoral estuvo fuertemente centrada en el tema de las desigualdades sociales, y cuando las promesas de los candidatos se multiplicaron, el Estado que gestiona la Concertación es un Estado reducido, enano, sin fuerzas y voluntad política para encarar las reformas sociales más urgentes y controlar el apetito cada vez más voraz de las transnacionales. Pese a un presupuesto en alza (+ 8,9%) obtenido gracias al nivel extremadamente alto del precio del cobre en el mercado mundial, la política pública de M. Bachelet se queda en los límites de la asistencia puntual a favor de los mas desheredados (¿para evitar una explosión social?) y como sostén del «libre-mercado». Los primeros gestos de la política internacional del nuevo Ejecutivo han sido para reafirmar el anclaje de Chile como aliado estratégico de los Estados Unidos en América del Sur y a favor de un capitalismo desbocado, en el que Chile es tremendamente dependiente para la exportación de sus materias primas y recursos naturales (cobre, madera, pesca, etc.), recursos naturales que son saqueados sistemáticamente sin ninguna consideración ecológica [17].

Sin embargo los problemas no son menores comenzando por tres expedientes candentes: la quiebra total del sistema de jubilaciones por capitalización (cuya solución debía constituir una de las grandes acciones de esta presidencia) [18]; un sistema de salud que funciona a dos velocidades, dejando al borde del camino a los trabajadores más precarios; en fin, una educación municipalizada y transformada en un gran mercado por la Ley Orgánica sobre la Enseñanza (LOCE), instaurada por el general Pinochet justo antes de su partida. Frente a esto, el gobierno no se muestra ni siquiera listo para modificar significativamente el sistema impositivo del país o la escala salarial, por más que sean profundamente injustas. Lo mismo ocurre en materia de recursos minerales: pese a la discusión de eventuales royalties, el meollo de la legislación sobre la explotación del cobre será conservado, junto con la ley que legaliza -desde los tiempos de la dictadura- una verdadera alienación de este recurso no renovable en beneficio de las multinacionales y en detrimento de CODELCO (la Corporación del Cobre pública) [19]. Como lo hacía notar un reportaje del diario conservador francés Le Figaro: «Hacer frente a las 16 empresas que controlan un 80% de la economía chilena, rediseñando los impuestos y reforzando el derecho de los trabajadores queda excluido» por Bachelet. Y el proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno en diciembre pasado acaba de confirmar estos dichos. Es cierto, la reforma permitirá que las personas mayores de 65 años que no consiguieron durante su vida reunir fondos para una jubilación gocen de una pensión de 75 mil pesos, lo que se duplicaría en el caso de una pareja. Pero, así lo anota Paul Walder, «el proyecto de reforma, que es una importante transformación en las políticas públicas orientadas a los extremos sociales, es sin duda un subsidio a los más pobres, pero también es necesario constatar que es la validación del sistema de capitalización individual, al que ha dejado intacto. Al no tocarlo, al tomar el Estado la carga social del sistema, de los márgenes del mercado – de los cuales ha liberado a este negocio- lo que también hace es consolidar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como sistema único de previsión y como puntal financiero de la economía chilena» [20]. En tales condiciones, resulta legítimo dudar que el gobierno inicie importantes transformaciones estructurales en los próximos años…

En definitiva, al contrario, son algunas de las peores características del Estado chileno que están siempre en el primer plano del escenario político. Podemos citar entre otros, los varios casos de corrupción que afectan al conjunto de la clase política (como el caso «ChileDeporte», que siguió los otros casos conocidos en la época de Lagos). Pero sobre todo resulta remarcable el tema de la dimensión de la violencia policial y represiva. Comenzando por el Sur del país donde organismos de derechos humanos denuncian desde hace años la utilización permanente de la coerción del Estado, digna del período militar, contra las movilizaciones colectivas del pueblo mapuche, pese a las promesas de M. Bachelet de ponerle fin [21]. La represión es también cotidiana en contra del movimiento sindical y en contra de toda oposición al poder patronal, cuando el núcleo del derecho laboral aplicado en este país fue escrito… por la Dictadura. Agregamos a ello la actitud del gobierno frente a las manifestaciones masivas de la juventud y particularmente cuando los jóvenes se movilizaron para rechazar la LOCE. Ya que si bien se formó una «Comisión de Consulta» (Comisión Asesora de Educación) que estuvo destinada a canalizar los descontentos, la importancia de la acción represiva de los Carabineros demuestra claramente la negativa del gobierno de considerar que se trataba de un movimiento de fondo, legitimo, democrático que entró en resonancia con un malestar social ampliamente compartido.

¿Qué democracia para Chile? El desafío de reconstruir alternativas al neoliberalismo

Más de 15 años después del fin de las dictaduras en América del Sur, la reflexión de varios analistas políticos tiende a dejar de lado la problemática de la transición para centrarse en el estudio de la «calidad de la democracia». Pero, la primera pregunta no seria tal vez esta: ¿qué democracia para el Chile actual? (Del Pozo, 2000). Desde ese punto de vista, la reactivación del movimiento social chileno de los últimos meses es, sin ninguna duda, un hecho trascendente. Uno de los objetivos del golpe de Estado de 1973 fue justamente el de erradicar toda protesta social, especialmente la de uno de los movimientos obreros más estructurados del subcontinente. El modelo aplicado desde el golpe, condujo a la transformación del trabajador-ciudadano organizado en sujeto-individuo consumidor. Es allí donde se sitúa en parte el «mito» de la transición chilena, descrito con inspiración por el sociólogo chileno Tomas Moulian (Moulian, 1997). La metamorfosis de la cuestión social durante los últimos 30 años, productora de individualismos negativos (en el sentido del francés Manuel Castel) tiene un enorme peso en el Chile actual. El «milagro económico» de la era post Pinochet ha producido numerosas víctimas y es, más bien, un desastre social: de acuerdo con la ONU, los más de 5000 dólares del PIB per cápita ocultan a uno de los países con mayores desigualdades del planeta y el más desigual de toda América Latina. Así en el momento de hablar de «democracia» o de «democratización», la discusión debería tratar no sólo de las instituciones sino que también de los derechos sociales de la población y justamente de su capacidad de control sobre una economía hecha de sobre-explotación del trabajo (Winn, 2004). Actualmente la magnitud del trabajo informal o precario y las desigualdades son tales que, a fines del mes de octubre de 2006, el diario oficial La Nación publicó una encuesta volviendo a criticar las optimistas cifras oficiales: Los beneficios descomunales y históricos de los principales bancos del país fueron relacionados con el hecho de que » 60% de los chilenos son pobres o extremadamente pobres » [21]. La mayoría de los chilenos deben subsistir con menos de 190 dólares (100 000 pesos) por mes, mientras que según el informe de la ONU (2005) el salario mínimo que es de 120 000 pesos » es insuficiente para proporcionar condiciones de vida dignas » a los asalariados. Además, la franja del 20% de los más pobres de la población recibe solo el 3,3% de los ingresos totales del país, mientras que el 20% más rico recibe 62,6%.

Sin embargo la apatía y la resignación parecen retroceder. Una parte de la juventud está muy activa en el seno de varios colectivos y en las grandes periferias urbanas, y si forzosamente no votan (más de un millón de jóvenes se niegan a inscribirse en las listas electorales), igualmente ejercen sus derechos ciudadanos: derecho de expresión, a organizarse y a protestar. Es así que el país vivió varios meses en una » revolución de los pingüinos » -los estudiantes de los colegios son llamados así por sus uniformes- que desafió al gobierno y cuestionó directamente la herencia de la dictadura. La amplitud de esta dinámica, la profundidad de los debates y la radicalidad de las formas de acción colectiva han hecho temblar al conjunto del sistema político. Igualmente, ciertos signos hacen pensar que el movimiento obrero podría retomar su vitalidad, si -poco a poco- es capaz de unificar de manera transversal y también por rama, millones de trabajadores que se encuentran atomizados y precarizados: en 2006, entre múltiples conflictos de tamaño menor, los trabajadores subcontratados del Cobre protagonizaron movilizaciones importantes para conseguir reajustes salariales en el marco del aumento del precio del mineral y, en septiembre, votaron la huelga los asalariados de la salud a lo largo del país, en forma combativa, frente a un gobierno arrogante. La Lucha de los Sin Casa y de los Pobladores es también ejemplar de esta ebullición social que podría surgir de nuevo.

En fin, si el Chile de M. Bachelet es el del algún cambio, lo será por lo que se desarrolla en la base de la sociedad y por la lenta reconstitución molecular de su tejido de resistencia al capital: es precisamente de la reactivación colectiva de las luchas sociales impulsada por una generación que no conoció la dictadura, que podría surgir un proceso de democratización real. Tal desafío significará, por cierto, un largo camino donde las clases populares tendrán que reinventar formas de democracia directa, recuperar para si y de las manos de múltiples burocracias la dirección del movimiento obrero y construir alternativas socialistas al neoliberalismo que sepan sacar lecciones de la historia reciente y de sus derrotas. Como lo escribió Mario Amorós, pocos días después de la muerte del viejo Dictador: «La muerte venció a la justicia, pero no a la esperanza».

Bibliografía

– R. Agacino, Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet, ponencia presentada en el «Grupo de Trabajo Hegemonías y emancipaciones» de CLACSO, 30-31 enero de 2006, Caracas (ver: www.redem.buap.mx/acrobat/agacino17.pdf).

– A. García Castro, La mort lente des disparus au Chili sous la négociation civils-militaires (1973-2002), Maisonneuve & Larose, Paris, 2002.

– M. A. Garretón, «Reflexiones sobre la democratización política chilena» en Brasil y Chile. Una mirada hacia América Latina, Ril Editores, Santiago, 2006 (ver: www.manuelantoniogarreton.cl/).

– H. Fazio (y varios autores), Gobierno de Lagos: balance crítico, LOM, Santiago, 2005.

– S. Lefranc, Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002.

– T. Moulian, Chile Actual: Anatomía de un mito, LOM, Santiago, 1997.

– J. Del Pozo, Chili contemporain: quelle démocratie?, Nota bene, Montréal, 2000.

– P. Winn (ed.), Victims of the Chilean Miracle: workers and neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, Durham and London, Duke University Press, 2004.

Notas

[ 1 ] Para tener una visión de conjunto sobre las elecciones, ver las informaciones reunidas por Christelle Pierre y Patricio Scaff: www.observatorio2006.org/chile.htm .

[ 2 ] Obteniendo sólo el 5,4%, «Juntos Podemos» se dividió en cuanto a la actitud a adoptar en la segunda vuelta.

[ 3 ] M. Dobry (dir.), «Les transitions démocratiques. Regards sur l’état de la ‘transitologie'», Revue Française de Science Politique, Vol. 50, N°4-5, Paris, août-octobre 2000.

[ 4 ] G. O’Donnel, P. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1991 et O. Dabène, Amérique latine. La démocratie dégradée, Complexe, Paris, 1997.

[ 5 ] Revista Critique internationale, N°4, Paris, été 1999, p. 31.

[ 6 ] M. A. Garretón, The Chilean Political Process, Unwin and Hyman, USA, 1989.

[ 7 ] El Estado chileno reconoce actualmente de manera oficial a más de 3000 detenidos-desaparecidos y varias decenas de miles de personas detenidas y torturadas (www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion).

[ 8 ] La Concertación está formada por las siguientes organizaciones: el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Social Demócrata y el Parido Demócrata Cristiano.

[ 9 ] Alfred Riquelme Segovia, » La transition démocratique au Chili et la fin de la guerre froide «, Matériaux pour l’histoire de notre temps, Année 1999, Volume 54, Numéro 54, Paris, p. 22 – 25.

[ 10 ] Ver la introducción de Micheline de Sève en » Transitions croisées : Chili-Pologne «, Politique et Sociétés, Vol. 24, No 2-3, Montréal, 2005.

[ 11 ] B. Patino sitúa el fin de la transición chilena en marzo de 1994 (Pinochet s’en va…, IHEAL, Paris, 2000).

[ 12 ] Ver www.rebelion.org/noticia.php?id=45096.

[ 13 ] E. Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Andrés Bello, Santiago, 1997, pp. 368-370.

[ 14 ] » M. Bachelet, pour une autre politique ? «, La Chronique des Amériques, mars 2006, n°12, Université du Québec à Montréal (www.ameriques.uqam.ca).

[ 15 ] Para un estudio sociológico del electorado chileno: M. A. López and E. Rosado, The New Chilean Voter, workshop of the ECPR, April 2005, Spain.

[ 16 ] La última propuesta del senador socialista C. Ominami de flexibilizar aún más el código de trabajo, aunque ya el actual es considerado por la OIT como poco respetuoso con los trabajadores, es una señal muy clara sobre ese propósito.

[ 17 ] Después de firmar el TLC con los EEUU y la UE, Chile acaba de firmar una acuerdo de libre comercio con China (y pronto lo hará con Japón).

[ 18 ] De acuerdo con las proyecciones, la mitad de los 7 millones de titulares de cuentas ahorro-jubilación, manejados por las sociedades de administración de fondos de pensión (AFPS), cobrarán el día de su retiro una suma mensual inferior a la pensión mínima, de alrededor de 130 dólares – una suma insuficiente para vivir.

[ 19 ] Esto por un sistema de concesiones mineras otorgadas al capital extranjero y una fiscalidad (impuestos) entre las más débiles del mundo. Paralelamente, la ley obliga a CODELCO a reservar el 10% de los beneficios… a las fuerzas armadas (Fazio, 2005, pp. 29-42).

[ 20 ] Ver www.rebelion.org/noticia.php?id=44111.

[ 21 ] Ver el apartado «Mapuche» de la sección Chile de Rebelión: www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=1&id=152.

[22] La Nación, Santiago, 29 de octubre de 2006.

Franck Gaudichaud pertenece al colectivo de Rebelión. Es doctor en Ciencias Políticas y autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile – 1970-1973 (LOM, Santiago de Chile, 2004, www.lom.cl ) y Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur (Sepha Ed., Madrid, 2005, www.editorialsepha.com). Es asimismo miembro de la junta editorial de la revista francesa Dissidences (www.dissidences.net).

Guillermo F. Parodi es escritor, profesor universitario, miembro del Observatorio Internacional de la Deuda y de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.

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