Mientras el continente vuelca sus ojos al juego de sus selecciones, apuestan con grandes partidos y se sorprenden de los renovados estadios chilenos, el clima político del país no baja. Cada vez más focos de conflictos se le abren al gobierno y organizaciones sociales optan por manifestarse en conjunto. Por su parte, los estudiantes universitarios […]
Mientras el continente vuelca sus ojos al juego de sus selecciones, apuestan con grandes partidos y se sorprenden de los renovados estadios chilenos, el clima político del país no baja. Cada vez más focos de conflictos se le abren al gobierno y organizaciones sociales optan por manifestarse en conjunto. Por su parte, los estudiantes universitarios convocaron a paro nacional indefinido a partir del 25 de junio.
La mañana del 18 de junio comenzó agitada en todo Chile. La fiebre de la Copa América hace rato que tiene a todos pendientes de la selección y más ese día, en que la estrella de «La Roja» Arturo Vidal amanecía detenido producto de haber chocado su Ferrari nuevo a 160 kilómetros por hora, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre. Y mientras parecía que la única noticia del día era la preocupación nacional por el futuro del crack de Juventus, las calles de las principales ciudades del país amanecían con barricadas y cortes de tránsitos.
Toda la atención del continente está puesta en Chile. Sánchez, Neymar, Messi, Falcao. Estrellas del fútbol mundial que compiten en la Copa América. Pero pasa algo también en el país: un estado de movilización creciente, producto del descontento de la población ante las tibias reformas del gobierno de Bachelet y su cada vez más clara complicidad con el empresariado. Hay tantos conflictos abiertos, que lo del jueves pasado no era una simple convocatoria. Fue el primer paro multisectorial del año. Es tiempo de enumerar lo que pasa en Chile.
Educación
Los profesores llevan tres semanas en paro, en rechazo al proyecto de Carrera Docente que envió el gobierno al Congreso. El 98% de los profesores manifestó estar en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, porque consolida la lógica individualista-mercantilista, pues proponen crear una nueva estructura salarial en base a la competencia individual entre profesores, incentivando la competencia y no los procesos de construcción en comunidad. Además, no se hace cargo de la división 50/50 propuesta por los docentes (50% horas de clase, 50% horas no lectivas), no disminuye la cantidad de alumnos por curso (45 en promedio actualmente) ni entrega condiciones laborales mínimas a los profesores, que muchas veces en el sector particular subvencionado (esa invención chilena de colegios privados pero co-financiados por el Estado, que hoy reúne a la mayor cantidad de alumnos) se ven enfrentados a despidos arbitrarios pero legales, por «necesidades de la empresa».
Mientras, los estudiantes no se quedan atrás. En apoyo a los profesores y en rechazo a la anunciada gratuidad universitaria del gobierno, que incluye solo hasta el 60% más pobre. Cabe recalcar que en Chile, la desigualdad se dispara recién por sobre el 90% de la población. Es decir, una familia clase media que está entre el 20 o 15% más rico, igual se tiene que endeudar para enviar a sus hijos a la educación superior. Además, el proyecto que anunció el gobierno solo incluye a las universidades del Consejo de Rectores, que agrupa a las estatales y las privadas tradicionales, dejando fuera de la política a la gran cantidad de estudiantes que estudian en las privadas.
Los estudiantes movilizados apuestan a una gratuidad universal que vaya de la mano de una nueva institucionalidad para la educación superior y que los recursos no engrosen el mercado educativo existente. Hoy cerca de 16 universidades en el país se encuentran en proceso de movilización, que incluye paro indefinido y toma de los establecimientos en algunos casos.
Reforma laboral
La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma laboral, el cuarto pilar de reformas según el gobierno, después de la tributaria, educacional y constitucional.
Y al igual que la tributaria y educacional, se aprueba pese al rechazo tajante de los movimientos sociales. En una declaración, distintos sindicatos estratégicos y federaciones de trabajadores (Unión Portuaria, Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros) rechazaron tajantemente la propuesta del Ejecutivo por considerar que consolida el Plan Laboral de la dictadura.
Fue en 1979 cuando José Piñera creó el Plan Laboral y desde entonces se ha mantenido como una gran traba que impide la organización de los trabajadores. El proyecto del gobierno de Bachelet, no toca aspectos fundamentales como la negociación por rama (se mantiene la negociación colectiva dentro de la empresa) y además, pese a que dice terminar con el reemplazo en huelga, mantiene la figura de «servicios mínimos», que permite el reemplazo por función aunque no por puesto de trabajo.
El gobierno, pese al reclamo de sindicatos y algunos parlamentarios, opta nuevamente por negociar en los términos del empresariado, que amenaza con caída de la economía si se aprueba la reforma.
Mientras, continúa la huelga de los trabajadores de uno de los operadores del Transantiago, el sistema de transporte público de la capital. Los operadores son, empresas privadas que cuentan con el apoyo del Estado para garantizar sus ganancias, mientras los chilenos pueden llegar a gastar el 30% de su sueldo en el transporte público (un pasaje equivale a cerca de 13 pesos argentinos) y estas siguen obteniendo ganancias millonarias.
Un ejemplo que grafica la situación: hace unas semanas los trabajadores en huelga paralizaron el funcionamiento del metro de Santiago, lo que provocó la respuesta de la Intendencia, que se querelló contra 12 manifestantes pidiendo la aplicación la Ley de Seguridad del Estado por considerar que alteraban el orden público. Mientras los trabajadores están en riesgo de pasar 3 años en prisión por la querella, Chile ve cómo la Fiscalía deja al descubierto a las empresas que durante años han evadido impuestos y robado dinero. Pero los dueños de Penta, por ejemplo, solo pasaron 30 días en prisión.
Ley de Pesca
Durante el partido Chile-Bolivia del pasado viernes, no faltó el canto nacionalista de «el que no salta no tiene mar». En rigor, nadie debería haber saltado, porque el mar chileno pertenece a 7 familias que controlan el 70% de la capacidad pesquera del país.
Hoy, tras el creciente destape de corrupción que se vive en Chile desde mediados del año pasado, sabemos que el senador UDI Jaime Orpis recibió financiamiento ilegal por parte de Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, durante la tramitación de la ley de pesca o «Ley Longueira», aprobada en 2012.
La justicia se dispone a investigar el pago de sobornos a los parlamentarios que aprobaron dicha ley, mientras pescadores artesanales (principales perjudicados de la ley) y movimientos sociales le piden a la presidenta Bachelet derogar la ley Longueira.
A estas situaciones se suma la convocatoria en contra del sistema de pensiones chilenos, al AFP, entidades privadas con ganancias millonarias cada año y que entregan pensiones miserables a la población.
Pero entre tanta manifestación, el velo de la Copa América parece esconderlo todo. La presidenta Bachelet anuncia que Chile «es un país de políticos comprometidos y empresarios esforzados», mientras continúa la investigación sobre aportes ilegales que habría recibido en su pre campaña. Además, lleva ya más de dos semanas sin ministro secretario general de la presidencia, luego de que Jorge Insunza tuviera que renunciar tras descubrirse que mientras era presidenta de la comisión de Minería de la Cámara, asesoraba a empresas mineras.