Una vez más el Estado colombiano decide vulnerar una de las regiones más biodiversas del planeta con su política de aspersión área de herbicidas contra los cultivos de coca que han comenzado a aparecer en la región, y que según datos oficiales en el 2004 apenas alcanzaba los 200 hectáreas. Aunque sabemos aún muy poco […]
Una vez más el Estado colombiano decide vulnerar una de las regiones más biodiversas del planeta con su política de aspersión área de herbicidas contra los cultivos de coca que han comenzado a aparecer en la región, y que según datos oficiales en el 2004 apenas alcanzaba los 200 hectáreas. Aunque sabemos aún muy poco sobre la riqueza y enormes potencialidades del Chocó Biogeográfico, quienes estamos preocupados por comprender los complejos ecosistemas de la naturaleza no podemos más que reaccionar por la ignorancia de quienes aprueban y proclaman estrategias agresivas contra la sociedad y el medio ambiente, con la excusa de proporcionar seguridad y derrotar el narcoterrorismo
Esta es una política de intervención forzosa en territorios de comunidades negras y pueblos indígenas que viola compromisos internacionales suscritos por Colombia, como el Convenio 168 de la OIT, donde se obliga a los gobiernos a adelantar procesos de consulta previa sobre acciones que puedan afectar la integridad del entramado social y territorial de quienes allí habitan. La preocupación que la medida ha despertado entre la población chocoana es también la nuestra. Las organizaciones sociales, la comunidad científica, los ecologistas, los defensores de derechos humanos y los ciudadanos que firmamos esta declaración, rechazamos el inicio de las fumigaciones en el Choco Biogeográfico, a sabiendas de los impactos negativos que la «Guerra contra las Drogas» ocasiona sobre la democracia, los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente en los países productores donde ésta se aplica.
Un asunto es para nosotros completamente claro. Los más de veinte años de fumigaciones aéreas sobre el territorio colombiano, con el objetivo de erradicar los cultivos de uso ilícito y reducir así el comercio de drogas en los países del Norte, no han cumplido su propósito: mientras se asperja de agrotóxicos la selva húmeda tropical, el consumo de narcóticos prolifera con precios reducidos en las calles de los Estados Unidos, simplemente porque la calidad y los volúmenes de producción se han mantenido relativamente constantes a lo largo de los años. En tanto, los ecosistemas estratégicos se destruyen, con consecuencias irreversibles sobre la tradición y cultura de las comunidades ancestrales.
Tampoco perdemos de vista los intereses geoestratégicos y económicos que se mueven detrás de la estrategia «Tolerancia cero contra las drogas», ni el negocio multimillonario que para numerosos actores lícitos e ilícitos representa el involucrarse en actividades de narcotráfico, dentro del cual la siembra de plantas de coca, cannabis y amapola es el primer y más débil eslabón de la cadena. No nos llamamos a engaños. La cruzada represiva contra las drogas, alimenta la injusticia social y compromete el futuro de varias generaciones cuando se invierten porcentajes significativos del Producto Interno Bruto (PIB) en la financiación de batallones antinarcóticos y en la compra de helicópteros, radares, avionetas y todo tipo de armamento, mientras los índices de miseria involucran a más y más familias colombianas.
«Esto es precisamente lo que se anuncia para el Chocó y lo que, quienes firmamos esta carta, no queremos que suceda»
Para ningún colombiano es un secreto que el Chocó Biogeográfico cuenta con más de 5 millones de hectáreas de bosques húmedos, que constituyen no sólo una extraordinaria reserva de biodiversidad sino el espacio de vida de numerosas etnias indígenas y afrodescendientes que han prevalecido por medio de complejos procesos culturales adaptativos y que tienen el derecho a seguir ocupando los territorios que heredaron de sus ancestros y que, como lo más preciado, quieren legar a sus descendientes. Esta misma preocupación la expresamos en relación con los hermanos campesinos e indígenas ecuatorianos, donde también se sienten los efectos de una política que amenaza con extenderse a la región andina en su conjunto.
Consecuentemente con lo anterior, y en defensa de las comunidades ancestrales, de sus saberes y territorios, exigimos que se suspendan las fumigaciones aéreas con herbicidas en todo el territorio nacional y que de acuerdo a la legislación nacional éstas no se inicien en los ecosistemas frágiles del Chocó Biogeográfico y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Apelando a la fuerza moral de nuestros argumentos recomendamos se convoque a las comunidades locales y actores sociales, científicos y de cooperación internacional interesados a la búsqueda de las soluciones pacíficas que la inteligencia y el sentido de humanidad reclaman y demandan.
En acuerdo con el presente firman,
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe
CENSAT Agua Viva
Open Society Institute
Anaité Vargas, Grupo de Monitoreo de los impactos del Plan Colombia en el Ecuador
Alexis Ponce, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador
Grupo Defensa Parques
Tomás León Sicard, Instituto Estudios Ambientales-Universidad Nacional de Colombia
Catalian Toro Perez docente Universidad Javeriana, Universidad del Valle
Corporación Ambiental KONTIKI
WOLA
Grupo SEMILLAS
Comité pour les droits humains «Daniel Gillard»
Corporacion Mingafondo