El 21 de diciembre de 2015, el director regional metropolitano de Gendarmería de Chile, envió al Subdirector operativo del penal Punta Peuco el Oficio Reservado N° 13.00.00. Oficio que detalla la logística del traslado e instalación de los reos del penal de Punta Peuco en su nueva residencia de reclusión, penal de Colina I. Considerando […]
El 21 de diciembre de 2015, el director regional metropolitano de Gendarmería de Chile, envió al Subdirector operativo del penal Punta Peuco el Oficio Reservado N° 13.00.00. Oficio que detalla la logística del traslado e instalación de los reos del penal de Punta Peuco en su nueva residencia de reclusión, penal de Colina I. Considerando el personal de apoyo para el momento del traslado, la revisión de las instalaciones a la llegada de los internos, empadronamiento con inventario de enseres. Para el traslado operativo se solicita disponibilidad de vehículos, ambulancias y médicos y para las acciones post traslado e instalación, comunicación a los familiares, chequeo de antecedentes administrativos y el envío de los respectivos oficios a las autoridades correspondientes informándoles de las nuevas instalaciones de estos reos.
Este traslado nunca se realizó y nunca se supo lo que sucedió, todo quedó en el más absoluto secreto y ocultismo de todos los sectores que podemos suponer participaron en los resultados y en el impulso de un nuevo movimiento tendiente al indulto, al perdonazo o a la ley de punto final. Así fue, que en medio del quehacer de las fiestas navideñas del año 2015, donde ni la prensa se percató de este hecho, el 28 de diciembre, la Presidenta de la República, a través de su Ministra de Justicia, decretó un permiso de salida a reos que los miembros del Consejo Técnico se pronuncien positivamente acerca de la postulación, considerando que el informe respectivo deberá dar cuenta, además, del «arrepentimiento del interno por los hechos cometidos.» Entendiendo, que el informe es favorable, cuando la unanimidad de los miembros del Consejo Técnico se pronuncie positivamente acerca de la postulación del interno al permiso de que se trate. Y deberán acreditar por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza. Para estos efectos se considerará la colaboración realizada en las causas en que actualmente se investigue, se juzgue o se haya juzgado al condenado, incluso cuando aquélla se hubiere prestado con posterioridad a la dictación de la respectiva sentencia condenatoria.
Este beneficio o Decreto 924, que Modifica el decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y le concede la posibilidad de acceder gradualmente a mayores espacios de libertad a través de los permisos de salida con el objetivo de lograr la reinserción del condenado, incluye a delitos graves que se entenderán que son: «Especialmente graves los delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.»
En estas condiciones quedamos el 28 de diciembre, día de los santos inocentes, que conmemora la masacre de niños ordenada por Herodes, en la intención de matar al mesías o liberador que nacía en esos días.
Pasaron las fiestas de fin de año y llegó el año 2016 con el silencio público de lo sucedido, hasta que el 22 de febrero el Decreto se publicó en el Diario Oficial y el 06 de marzo el sacerdote Fernando Montes, cercano a la Presidenta de la República da una entrevista en el Diario El Mercurio señalando que en Punta Peuco (penal especialmente acondicionado para alojar a violadores de derechos humanos), «no se aplica el régimen de beneficios y salidas que existe en otras cárceles, lo cual es bastante duro».
En la entrevista el sacerdote describió la experiencia que ha vivido visitando a estos reclusos, «Para una persona que sabe que Jesús se identifica también con los que están detenidos, me di cuenta de que con esa gente nadie quería ensuciarse las manos: ni en el Ejército, ni los políticos, ni la derecha, y, obviamente, los que habían sido víctimas tenían una terrible razón para rechazarlos (…) Como sacerdote, sin que eso signifique aprobar lo que hicieron, tengo que ser capaz de ser una instancia humana donde ellos puedan hablar, y no puedo dejar de reconocer que ellos, por bárbaros que hayan sido, tienen familia, tienen hijos», mencionó. «No quiero que eso se juzgue como que estoy perdonando, porque no me corresponde a mí, sino a las víctimas. Estoy claramente diciendo que esas personas tienen también que ser tratadas como seres humanos, que también tienen derechos. Y es en ese contexto donde hay un dato fundamental: una sociedad y un juez que castiga no pueden incurrir en acciones que se alejan de la civilización. Si tengo en la cárcel a una persona que está con Alzheimer, con una enfermedad terminal, que ni siquiera sabe dónde está preso, es una muestra de civilización tener en cuenta esa situación», argumentó al matutino. El religioso terminó añadiendo que «hay que ver las situaciones caso a caso, revisar a quien ha cumplido la mitad de la pena, y si se producen situaciones de enfermedad, de muerte de parientes, es razonable que haya excepciones que muchas de ellas están previstas por la ley «.
Transcurridos tres meses del momento en que se produjo el fallido traslado de los presos de Punta Peuco al Recinto Penal de Alta Seguridad Colina 1, oscuro y secreto momento del que nadie se percató y nadie se da por enterado de lo que realmente sucedió aquella noche, el cura Montes aparece en escena dando el puntapié inicial a una discusión que tendrá que darse a nivel nacional y en todas las esferas que favorezcan el plan de liberación de los criminales de lesa humanidad condenados por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990.
Este sacerdote en su piadoso discurso se refiere a los presos que han cumplido la mitad de su pena, a los mayores de edad, a los enfermos y a los que tienen que visitar a sus familiares, separándolos por mayor a menor prioridad al indicar que hay que verlo caso a caso y que sin duda el piensa en el sufrimiento de las víctimas quienes son las que deben perdonar, pero, los criminales son personas que tienen que ser tratados como seres humanos porque también tienen familias y que además se ensuciaron las manos por quienes hoy los olvidaron y quienes fueron los que los mandaron a matar, refiriéndose a la derecha política y al ejército.
El primero en responder a este llamado piadoso y tendencioso, fue el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien declaró – «Yo soy un convencido de que la misericordia es para todos». «Yo creo que las sociedades, para poder evolucionar, tienen que saber cuál es la verdad, cómo ocurrieron las cosas, y tienen que saber perdonar», «Esta actitud de exigir ni perdón ni olvido, no sé, tiene mucho de slogan. Lo que puede servir es que se vea en los procesos cómo fueron las cosas y cómo están establecidas. Y si hay o no verdad por parte de los autores. Y hay. En los casos que he visto, ahí están confesos», «Me duele mucho lo que han sufrido los familiares de las víctimas, pero yo creo que las cosas tienen que tener su término. Ya tuvieron su término la gente ha sido condenada. Entonces no puede haber castigo permanente».
Fueron sorprendentes las opiniones de estos dos personajes y algo se vio venir cuando en la misma fecha, 23 de marzo, el Mercurio anuncia que el sacerdote jesuita Fernando Montes ha sido invitado por el senado a exponer sobre beneficios humanitarios para presos por DD HH.
Habiendo dejado atrás la navidad, fiesta en que los criminales esperaban pasar en Colina 1, pasado el verano y de vuelta al año laboral y de estudios, se sintieron las voces de un sacerdote que faltaba al evangelio y de un juez que faltaba a la justicia. Todos sabemos que el sacerdote debe asistir al reo, debe visitarlo, visitar a su familia, enseñarles la palabra de Dios, guiarlos hacia el buen camino buscando el arrepentimiento y la solicitud del perdón de ese pecador que ha matado sin piedad a gente inocente y ufana de haberlo hecho. La postura de Cristo y los cristianos ante la justicia penal ha sido históricamente cariñosa y atenta, ya lo dice el evangelista San Mateo, que el día del juicio final, nos dirán, «Venid venditos de mi Padre porque estaba preso y me visitasteis», o podemos citar a Pedro de León, jesuita que en 1616 entraba todos los día a la cárcel para atender a los internos y que asistió a más de trecientos condenados a muerte, mientras muy por el contrario este jesuita chileno nos está obligando a dejar en libertad a los criminales anteponiendo una necesidad de civilización que más bien es una imposición de impunidad, por sobre la necesidad de un castigo ejemplar para ejecutores de múltiples pecados mortales.
La otra voz llegó desde la altura de la Suprema Justicia, imponiéndonos desde su alta posición la misericordia, indicándonos equívocamente que quien imparte justicia también imparte misericordia, facultad o cualidad que sólo es propia de Dios y de personas que tienen la virtud de compadecerse de las miserias ajenas. Pero, todos también sabemos que la petición de misericordia debe ser hecha por quien ha ofendido o ha faltado a la justicia, del hombre o de Dios, y que para obtenerla esta debe ser fundamentada en la justicia, en términos teológicos la armonía entre la justicia y la misericordia de Dios dice «La Justicia y el derecho son el asiento de su trono; la Misericordia y la fidelidad, van delante de Ti», dicho en palabras de Santo Tomás de Aquino, «La Justicia de Dios es el orden en las cosas, adecuado a su Sabiduría» y «La Misericordia no anula la Justicia, sino que es como la plenitud de la Justicia».
Entendiendo todo esto respecto a la misericordia, lo que desde siempre hemos percibido en nuestra cultura como algo muy superior, quedamos con la sensación de haber recibido un veredicto supremo de Hugo Dolmestch, en el que además se nos ordena enterarnos o hacernos cargo de la verdad que está establecida en los procesos judiciales donde ellos están confesos, con lo que basta y no hay nada más que hacer, nos dice que a pesar de que damos pena (porque a él le duele mucho nuestro sufrimiento), tenemos que poner término a las cosas y aprender a perdonar.
En la actualidad y ante estos hechos, la pregunta que cabía y cabe hacerse es: ¿Qué pasó desde la oscuridad de esa noche que no se realizó el traslado hasta los días de estas disidentes palabras de credos y principios?
Lo cierto es que no alcanzábamos a reponernos del asombro y la sospecha que nos producían estas dos inesperadas opiniones públicas, cuando el Senado y El Mercurio anunciaron que la Comisión de DD.HH. conocería la propuesta del padre Montes ya que sus dichos habían despertado el interés de los legisladores y había que profundizar en estas, difundidas en el matutino, la senadora Lily Pérez San Martín aseguró que «junto a los senadores Manuel Antonio Matta y Manuel José Osandón decidimos invitar al padre Montes porque queremos conocer más detalles de su punto de vista». Y respecto a la posibilidad de aplicar arresto domiciliario, particularmente en el caso de condenas a los derechos humanos, la legisladora reconoció que «existen muchas visiones con diversos matices que generan pasiones, por eso mismo queremos abrir el debate y entender su concepto de castigo civilizado».
Con estas palabras la senadora derechista y sus correligionarios pavimentaron el camino de esta cruzada de liberación de criminales de la dictadura y desde esa fecha, 19 de marzo, al 9 de mayo, fecha en que se reunieron en el Congreso, transcurrieron 51 días, durante los cuales tampoco sabemos que sucedió ni que lobby hubo de por medio para que dicho día estuvieran presentes los Senadores Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier, Manuel Ossandón, Alejandro García Huidobro, Baldo Prokurica y la Senadora Lily Pérez. Junto a los invitados de la Multigremial del Personal en Retiro de las FF.AA, Carabineros e Investigaciones de Chile, su Secretario General, Hernán Pedreros y el Director Jurídico, Eduardo Catalán. De la ONG CREN (Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos, organización de ayuda y apoyo humanitario de ex miembros de las FFAA»), el Abogado y Asesor Legal, Raúl Meza. Del Ministerio de Justicia, Unidad de Derechos Humanos, la Abogada Nadia Silhi. De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, Matías Meza-Lopehandia. De la Corporación Maternitas, la Asesora Patricia Gonnelle. Los Asesores del Senador Manuel José Ossandón, Alberto Jara y José Huerta. La Asesora del Senador Manuel Antonio Matta, Francesca Andreani. Los Asesores del Senador Alejandro Navarro, Fabián Luengo y Guillermo Rioseco. El Asesor de la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Pablo Morales. La Asesora del Senador Baldo Prokurica, la Abogada Carmen Castañaza. El Asesor de la Senadora Lily Pérez, Eduardo Faúndez y el Asesor de Prensa del Senador Juan Pablo Letelier, José Fuentes. Todos allí reunidos, ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, atentos al Sacerdote Fernando Montes quien dio a conocer su propuesta para que reos condenados, mayores de edad o enfermos terminales, cumplan presidio domiciliario. Se escuchó la presentación del cura y se intercambiaron opiniones. Se acordó oficiar a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Salud, a la Corte Suprema y a Gendarmería, solicitando antecedentes.
No se supo más de esta reunión ni de porqué hubo tanto auditorio, sin que estuviésemos nosotros, los querellantes, o representantes nuestros, lo que si se supo a través del cura Montes en El Mercurio, el 16 de mayo, siete días después, fue que los senadores habían decidido visitar Punta peuco y otras cárceles, lo que él valoró y ante lo cual indicó en la prensa que «El país se sana si tiene humanidad». «A mí me parece muy bueno que la autoridad conozca la situación de nuestros detenidos, no sólo en Punta Peuco, para evitar que haya situaciones en extremo inhumanas», manifestó, «O sea, el castigo merecido hay que cumplirlo, pero hay situaciones donde la civilización y la humanidad nos pide que tengamos cuidado», todo esto bajo el concepto que básicamente ocupa el sacerdote, «aunque esté preso y haya cometido los crímenes, es un ser humano y tiene que ser tratado como tal». Las cárceles a visitar, según habrían indicado los parlamentarios miembros de la comisión, serían la ex Penitenciaría, la cárcel de Copiapó y la polémica Punta Peuco.
Pero, ni el cura Montes ni El Mercurio, dijeron en esa ocasión que en ese intermedio de días ya se habían presentado en el senado dos proyectos de Leyes de Libertad Condicional, complementados los dos con el fin de lograr el objetivo de liberar a los genocidas. El 11 de mayo los Senadores Francisco Chahuán, Andrés Allamand y José García, todos del derechista partido Renovación Nacional, presentaron el Proyecto 10671-07, sin urgencia, que modifica el artículo 4° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados, a fin de que la Fiscalía Judicial respectiva sea oída en los casos que indica. Y el mismo día, el 11 de mayo los Senadores Pedro Araya- independiente, Alfonso De Urresti-Partido Socialista, Alberto Espina-Renovación Nacional, Felipe Harboe-PPD y el Senador Hernán Larraín-UDI, presentaron el Proyecto de Ley Boletín 10665-07, con suma urgencia, que Modifica la ley N°20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales.
Tampoco se mencionó en El Mercurio, ni el cura lo dijo, ya que debería haber estado informado, que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado ese mismo día dieciséis tenía una audiencia concedida por el Excmo. Presidente de la Corte Suprema, Ministro Hugo Dolmetsch, audiencia en la que se trató dos temas, el Sename y el respeto de los derechos humanos en las cárceles con enfermos terminales que cumplen condenas en recintos penitenciarios. Asistieron los Senadores Alejandro Navarro-Partido Movimiento Amplio Social MAS, Juan Pablo Letelier-Partido Socialista, Senador Manuel Antonio Matta-Demócrata Cristiano y el Senador Baldo Prokurica-Renovación Nacional. Como invitada estuvo la Ministra Encargada de la Unidad de Apoyo a los Tribunales de Familia, Rosa María Maggi. A estas alturas de las acciones de esta ofensiva de la impunidad en Chile, ya no estaban solos los partidos de derecha y las organizaciones de militares en retiro que luchan por sus llamados «presos políticos» o «héroes que salvaron al país de ser una nueva Cuba».
A estas alturas de la tramitación de una serie de Proyectos de Leyes que saldrían del Senado estaban involucrados algunos senadores de partidos de izquierda, incluyendo entre ellos al hijo de Orlando Letelier, asesinado en un atentado en Estados Unidos, crimen ordenado por Augusto Pinochet.
En medio de esta frenética reacción del Senado a la propuesta del cura, cabe preguntarse qué gesto o acción concreta ha realizado el Congreso en contra de la impunidad en estos años, y nos encontramos con que el 17 de junio de 2014, dos años antes de esta serie de coordinadas acciones para liberar a los genocidas, un Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados fue presentado a la Presidenta de la República, solicitándole que instruyera a su Ministro de Justicia para que procediera a realizar las gestiones para cerrar el centro de Prisión Preventiva y cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco y, por tanto, despojara a éstos reos de su rango y sueldo, retirando además sus fotografías e imágenes de los cuarteles militares y de todos esos lugares donde puedan encontrarse y en donde el estado incumba dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19 N°2 de la Constitución política de la República, esto es, el principio de Igualdad Ante la Ley. Este Proyecto de ley fue presentado por los Diputados Felipe Letelier Norambuena – Partido por la Democracia, Alejandra Sepúlveda – Independiente, José Pérez – Radical Social Demócrata, Fernando Meza – Radical Social Demócrata, Manuel Monsalve – Socialista, Claudio Arriagada – Democracia Cristiana, Giorgio Jackson – Revolución Democrática, Marco Antonio Núñez – Partido por la Democracia, Gabriel Boric – Independiente e Iván Fuentes – Independiente. Adhirieron los Diputados Juan Luis Castro – Socialista, Denise Pascal Allende – Socialista y Rodrigo González – Partido por la Democracia.
Este Proyecto fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y el 5 agosto de 2014 el Diputado Letelier Norambuena, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quien se reunió con José Antonio Gómez, Ministro de Justicia de entonces, se manifestó satisfecho con la conversación, y dijo que «ha quedado claro que en este tema tenemos un lenguaje y un ánimo muy parecido con el Ejecutivo». «Esta decisión es algo que debe tomarse porque miles de chilenos esperan que estos reos cumplan sus condenas como lo hace el resto de los compatriotas, es decir, sin privilegios, aunque salvaguardando siempre sus derechos y seguridad». Por último, el diputado Letelier adelantó que estaba elaborando una nueva propuesta que apuntaba a terminar con que se llame a estos reos por el rango que tenían cuando estaban en servicio activo. «No se puede seguir llamando, coronel, general o el grado que sea a un criminal que está detenido por violación a los derechos humanos, ya que ese derecho, a nuestro juicio, lo han perdido», concluyó.
Todos estos antecedentes están en la Cámara y en la prensa nacional, y nos hace pensar en la posibilidad que esto haya sido un factor que influyó en la determinación de cerrar Punta Peuco esa noche del 21 de diciembre de 2015, y de nuevo caemos en la incógnita de por qué «el pan se quemó en la puerta del horno» o estando absolutamente todo dispuesto para el traslado, no se realizó y se suspendió justo en el momento en que este comenzaba, el 21 de diciembre, fecha en que conmemoramos la gran masacre obrera de la Escuela Santa María de Iquique, lo que también nos recuerda la mala costumbre que tiene el Estado chileno de masacrar al pueblo trabajador y velar por la impunidad del crimen cometido.
Quizás que fuerzas se ejercieron para anular este atisbo de justicia y cumplimiento de promesas de candidatura del gobierno de turno, que pudo haber significado que siete días más tarde este gobierno emitiera el Decreto 924 del Ministerio de Justicia, con beneficios de salidas para los genocidas de Punta Peuco.
En este recuento cronológico de los hechos que van y vienen en la acción de la impunidad en Chile, habíamos quedado en el 16 de mayo de 2016, en la aparición del cura Montes en El Mercurio, alegrándose de la respuesta que el Senado estaba haciendo a su llamado, y enfatizando que «Hay delitos comunes que pueden prescribir, que se pueden amnistiar, pero finalmente el castigo no puede ser fuera de la civilización. No podemos volver a la ley de la selva y la inhumanidad, aunque esté preso en Punta Peuco», y no dijo que ese mismo día se estaban presentando Proyectos de Leyes en favor de la libertad condicional orientada a los criminales de lesa humanidad, siendo ese momento y ese día el comienzo de la ofensiva legislativa que desde el Congreso buscaría el avance sistemático hacia la libertad de los condenados por violaciones a los derechos humanos y el punto final a la justicia, impidiendo el castigo a los culpables.
Antes que pasara un mes de esto, el 8 de junio fueron presentados tres nuevos proyectos, el 10740-07, que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas, de los Senadores Lily Pérez-Amplitud, Manuel Ossandón-RN y Eugenio Tuma-Partido por la Democracia PPD. El Proyecto de Acuerdo 1888-12, que solicitan a la Presidenta de la República que adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables, sin discriminación de ningún de tipo. De los Senadores Jacqueline Van Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI, Andrés Allamand-RN, Juan Coloma-UDI, Francisco Chahuán-RN, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro García Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente, Hernán Larraín-UDI, Manuel Matta-PDC, Iván Moreira-UDI, Manuel Ossandón-RN, Víctor Pérez Varela-UDI, Jorge Pizarro-PDC, Baldo Prokurica-RN, Eugenio Tuma-PDC, y Andrés Zaldívar-PDC. Y el Proyecto 1886-12, con suma urgencia, que solicita a la Presidenta que, envíe al Congreso Nacional, para su aprobación y ratificación, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De los Senadores Pedro Araya-Independiente, Carlos Bianchi-Independiente, Francisco Chahuán-RN, Juan Coloma-UDI, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro García Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente, Hernán Larraín-UDI, Iván Moreira-UDI, Manuel Ossandón-RN, Víctor Pérez-UDI, Baldo Prokurica-RN, Rabindranath Quinteros-PS, Fulvio Rossi-PS, Jacqueline Van Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI y Patricio Walker-PDC.
En estos tres Proyectos se abordaron aspectos muy sensibles del sentimiento humano hacia los ancianos condenados a prisión que estén gravemente enfermos, luego se apela al derecho penal humanitario a condenados que sin ser ancianos específicamente, estén aquejados de enfermedades graves e incurables, detallando que es sin distinción alguna del tipo de reo, detalle que va dirigido especialmente a los reos de Punta Peuco, y se concluye con la petición a la Presidencia de la República, del envío con suma urgencia del Convenio de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su aprobación y ratificación, todo esto sin considerar, obviamente, los derechos de los miles de ancianos que sin ser delincuentes ni criminales han trabajado toda su vida y desde hace años están protestando en las calles del país para obtener mejores condiciones de vida, que sólo conseguirán con una jubilación justa, dejando de pagar la salud con el descuento que se les hace desde sus pensiones y consiguiendo la gratuidad en el transporte público.
En ese momento ya eran cinco Proyectos de Ley destinados a la protección de ancianos delincuentes y criminales, que si se van a sus casas, los que tienen casas y familias, refiriéndonos a esos reos ancianos que son de extracción popular y de familias de alta vulnerabilidad, lo más probable es que sus cuidadores no tengan recursos ni siquiera para comprarles pañales ya que son de alto costo y como tiene que haber gente destinada al cuidado de estos ancianos moribundos lo coherente desde el punto de vista de la justicia y los derechos humanitarios de estos reos sería habilitar un espacio penitenciario como asilo de ancianos para toda la población penal del país inhabilitada por razones de edad avanzada y enfermedades terminales, algo así podría ser lo más lógico y humano si estuviesen verdaderamente preocupados de los reos ancianos que están muy enfermos y tienen condenas perpetuas o les quedan muchos años por cumplir. Pero nadie pensó en ellos, porque el cura Montes visita sólo a los reos de Punta Peuco y sólo tiene relaciones sociales con los «camaradas» asociados en organizaciones de estos reos criminales de lesa humanidad, no así, conoce ni se relaciona con las organizaciones delictuales que pueden haber detrás de los reos pobres, tampoco estos reos pobres le importan al Presidente de la Corte Suprema cuando proclama la misericordia como un veredicto que va acompañado de la obligación del perdón de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, por lo antiguo del crimen y la falta de bondad de nuestra parte al habernos encerrado en posiciones que han pasado a ser eslóganes irreales, tales como «ni perdón ni olvido», «justicia y verdad, no a la impunidad». Claro está que al Presidente de la Suprema se le olvidó mencionar una de nuestras más antiguas consignas, «Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida con el criminal».
Pasaron seis días y se presentaron dos nuevos proyectos, el 10.745-07, sin urgencia, que «Modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores», de los senadores Chahuán (RN), Moreira (UDI) y Prokurica (RN). Y el Proyecto Boletín 10746-07, sin urgencia, que «Modifica el artículo 86 del Código Penal, con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal».
Con esto ya se terminó de redondear el concepto y la idea, abarcando la libertad condicional de reos adultos mayores, condición de edad que tienen todos los criminales de lesa humanidad que hemos logrado llevar a la cárcel después de largos años e interminables procesos judiciales en los que hemos tenido grandes obstáculos para avanzar, que han ido desde la mentira infraganti de los acusados a la falta de convicción de la justicia, pasando por el hecho trascendental de que el estado nunca ha tenido un rol protagónico en la demanda de justicia al no haber sido el querellante oficial en los juicios que debieron haberse entablado en contra de los agentes que cometieron estos graves crímenes en contra de la humanidad. Crímenes que no tan solo nos afectan a nosotros como familiares, sino, son una ofensa para la justicia universal, y si hay algo que pueda remediar de alguna forma esta falta, es el castigo efectivo, aun cuando los ofensores sean ancianos, puesto que, por razones de impunidad y encubrimiento pudieron gozar de premios y grandes privilegios durante todos los años posteriores al crimen cometido, y si la justicia llega a estas alturas de la vida podemos elegir entre dos reflexiones lógicas que surgen de esta situación: «La justicia tarda, pero llega» o «Cuando la justicia tarda demasiado en llegar, ya no es justicia».
Si no fuera por las querellas puestas por los familiares de las víctimas Pinochet no hubiese sido detenido y juzgado en Londres y si no fuese por las querellas interpuestas por familiares de las víctimas Pinochet no hubiese sido desaforado de su cargo vitalicio de Senador, momentos en los cuales el estado chileno y el gobierno de turno hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger al dictador genocida, por el solo hecho de tener acuerdos en la transición a la democracia que pasaban por la impunidad, lo que fue denominado como «Justicia en la medida de lo posible», medida que siempre la ha puesto el Estado y los gobiernos de turno de esta transición que es eterna, ya que no puede haber democracia sobre una base tan sólida de impunidad y encubrimiento, dos ingredientes que han sido el caldo de cultivo de la corrupción que hoy día corroe a la sociedad chilena.
Esta corrupción es la que permite hacer un lobby en el Congreso para que se elaboren tal cantidad de proyectos en tan poco tiempo, con la participación de sectores políticos antagónicos a tal punto que unos, los precursores de la libertad de los criminales, son el sector político e ideológico de la dictadura, quienes elaboraron los planes económicos, el desmantelamiento de los bienes del Estado y fueron partícipes intelectuales y encubridores de los crímenes masivos. El otro sector antagónico que participa de estos proyectos de liberación de los genocidas son militantes del partido político del Presidente Allende, sector del que sólo podemos esperar una acción activa en la discusión de estos proyectos, y que velen honestamente por los intereses de los reos ancianos procurando lograr para ellos una atención adecuada según lo exigen los principios elementales de humanidad que se debe existir en los penales, respetando las normas internacionales y las normas mínimas de ética y moral para el trato de reclusos que están desvalidos, sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos y deben cumplir con sus condenas. Y si como opción única se acuerda darles la libertad condicional a todos, por las razones que exponen los proyectos, entonces que se excluya de dicho beneficio a los genocidas y criminales de lesa humanidad. Es lo que esperamos de quienes fueron elegidos para legislar por la Verdad y la Justicia.
El viernes 24 de Junio, a las 13 horas, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, junto a sus respectivas agrupaciones se reunieron frente a la Moneda protestar por esta situación y a exigir al gobierno de Michelle Bachelet respuesta a las peticiones hechas por las dos agrupaciones por el cierre de Punta Peuco, peticiones que no tan solo se hicieron durante el año 2015, sino es que vienen desde el mismo momento en que ella asumió en marzo de 2014 como presidenta, ya que fue una promesa de campaña.
Desde ese viernes de junio en adelante, todos los viernes los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, se reúnen a las 13 horas, en Morandé con Alameda, con lienzos y consignas que piden el cierre de Punta Peuco y el término de beneficios para los criminales de lesa humanidad. En septiembre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, junto a otros familiares de la organización, llegó al Palacio de La Moneda para dejar una carta a la Mandataria Michelle Bachelet para exigirle el cumplimiento de sus promesas en materia de DD.HH. declarando a la prensa que la jefa de Estado «no ha estado a la altura y le ha hecho un irrespeto a la agrupación a nivel nacional, porque aquí a Santiago vinieron las agrupaciones del sur y del norte de Chile y en presencia de ellas se comprometió el 14 de julio de 2014 a entregarle una respuesta a todas las demandas que tenemos». «Sin embargo, hasta la fecha, nunca nos respondió ni la agenda corta ni la agenda larga», añadió, mencionando entre sus peticiones el cierre del penal de Punta Peuco, la derogación de la ley de amnistía, la creación de una ley de degradación a los miembros de FF.AA. condenados por delitos de lesa humanidad, entre otras medidas. «Es hora de que su gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y asuma las demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted comprometió al país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad, justicia y memoria», concluye la misiva que la agrupación dejó en la sede de Gobierno.
Por su parte, Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que «no hay voluntad política para avanzar en la clausura del penal», enfatizando que «los criminales deben ir a una cárcel común» y que los familiares vemos con preocupación el hecho de que «los tribunales de justicia acogen recursos que buscan entregar la libertad a violadores de derechos humanos». Esto, refiriéndose a que en este periodo de tramitación de los proyectos de libertad condicional que se están viendo en el Congreso, los criminales han presentado solicitudes de libertad a los Tribunales y estos recursos han sido acogidos.
Las dos dirigentes interpretan a todas las agrupaciones y familiares del país, que tenemos muy claro que el Penal Punta Peuco es en sí y en su origen un acto de complicidad y encubrimiento de parte del Estado con los criminales, ya que cuando la Corte Suprema, en el año 1995 condenó a los generales de ejército Manuel Contreras y Pedro Espinoza, como autores del homicidio cometido en Washington, en contra del ex canciller Orlando Letelier, Ministro de Defensa de Salvador Allende, exiliado en EE.UU., y de su ayudante estadounidense, Ronni Moffitt, El 21 de septiembre de 1976, estos se negaron a ir a la cárcel, determinación que fue apoyada por el dictador Augusto Pinochet y su ejército, del que aún era Comandante en Jefe y en el que albergaba a gran cantidad de violadores de los derechos humanos, entonces el Presidente de la República de la época, Eduardo Frei, hijo del Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la dictadura, mandó a construir esta cárcel, de la misma forma que en Colombia se le construyó una cárcel especial al narco traficante Pablo Escobar por la debilidad del Estado ante él. Violentando el principio de la igualdad ante la ley, el gobierno de Frei puso de manifiesto su debilidad ante la dictadura que seguía funcionando bajo el mando militar de Pinochet y los acuerdos de impunidad que se habían contraído, disminuyendo de esta forma la pena al transformarla en una simple limitación de libertad con comodidades tales como quinchos de asados, piscina, canchas de tenis, micro ondas, televisores, computadores, refrigeradores, baños particulares en cada habitación y visitas ilimitadas.
Siendo este el origen de este recinto penal especial, y habiéndose construido un segundo recinto de estas mismas características y para los mismos fines, durante el gobierno del PPD, Ricardo Lagos, llamado Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, más conocido como Penal Cordillera , resulta incomprensible que sean obra de gobiernos opositores a la dictadura y que durante su periodo presidencial, el militante de Renovación Nacional Sebastián Piñera, político de derecha que fue parte del círculo cercano y beneficiado económicamente por Pinochet, haya decretado el cierre de este segundo penal y haya trasladado a los diez reclusos que allí estaban al Penal Punta Peuco.
Estas acciones de proteccionismo e impunidad hacia los criminales, ejercidas de parte de los gobiernos de la concertación o nueva mayoría, son agraviantes e inmorales, tanto para los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, como para sus familiares y para toda la comunidad nacional que nos vemos inhabilitados para actuar, sometidos a esta impunidad instalada institucionalmente. Esta es la realidad que estamos viviendo en Chile respecto al Penal Punta Peuco, la impunidad y el último espaldarazo que el Estado intenta darles a los criminales de lesa humanidad, absolviéndolos del castigo que por la insistencia y perseverancia de los familiares ha llegado. Demasiado tarde, ya han muerto una gran cantidad de madres y padres, ya no están muchas viudas, han muerto hijos y hermanos de las víctimas, todas personas que esperaban la justicia y la recuperación de la honra de sus familiares asesinados en circunstancias tan cobardes.
Pero quedamos nosotros, los familiares que exigimos el cierre de Punta Peuco, el término de la impunidad y el término del apoyo que el Estado y el Ejército le siguen dando a los genocidas y criminales, exigimos como familiares y como ciudadanos, porque resulta vergonzoso vivir y ser parte de un país que protege a sus propios asesinos o a quienes cometieron delitos especialmente graves, como son, «delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado», especificación que extensamente indica el Decreto Penitenciario de la Presidenta Bachelet, que muy por el contrario de excluirlos de beneficios, les otorga permisos de salidas a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial del día 22 de febrero de 2016.
Esta es la verdad de los derechos humanos en Chile, esta es la verdad sobre el encubrimiento, la injusticia, la mentira y el olvido del honor y la dignidad de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que finalmente es la dignidad y honra de un pueblo que luchó por un ideal y fue aplastado por un opositor que a falta de la razón ocupó la fuerza y el crimen, y hoy ocupa las vías institucionales para cerrarnos el camino, cerrarnos este último tramo de este camino en busca de la justicia, poniéndonos obstáculos que son barricadas de leyes, decretos y peticiones religiosas- jurídicas que vienen de verdaderos encapuchados que se tapan tras togas y estolas para detener la justicia y la verdad.
Por esto nos reunimos todos los viernes para exigir el cierre de Punta Peuco y el fin de beneficios para los criminales de lesa humanidad, y digo nos reunimos porque detrás de ese grupo de familiares estamos todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, todos los que hemos presentado querellas judiciales y los que no lo han hecho, y desde un rincón del dolor vemos que en Chile la Verdad y la Justicia se transan y se negocian, por unos pesos más, por unos puestos o quizás por qué chantaje, y que si no está el dictador, están los otros representantes de toda esta barbarie, con quienes hay negocios de por medio, irregularidades, estafas y cohechos.
Esta es la realidad de los procesos judiciales en contra de los crímenes cometidos en dictadura en Chile, querellas que son de absoluta responsabilidad de nosotros los familiares y no de los gobiernos que nos sentenciaron desde un comienzo de este periodo de democracia continuista de la estructura dictatorial, a soportar los obstáculos que significan la «justicia en la medida de lo posible», y que en la práctica a significado, en la medida que no afectemos en nada a los criminales.
Por esta razón, por estos obstáculos y medidas es que hemos llegado tan tarde a cerrar las causas, cuando ellos y nosotros estamos ancianos, cuando ellos y nosotros hemos muerto o cuando ellos y nosotros tenemos enfermedades terminales de vejez. Pero hay diferencias entre ellos y nosotros: Ellos se olvidaron de lo que hicieron, ellos niegan lo que hicieron, ellos fueron premiados por lo que hicieron y luego, cuando proclaman sus actos ante el mundo por intermedio de sus medios de publicación y organizaciones ilícitas de camaradas de armas, dicen que lo hicieron para salvar a Chile del marxismo y para no ser una nueva Cuba, que son héroes por haber matado y que lo volverían a hacer.
Nosotros no nos olvidamos de lo sucedido, ni de nuestros muertos, nosotros tenemos evidencias que los inculpan ante la justicia y el mundo. Nosotros hemos vivido largos años de desigualdad ante la ley y sin derecho a la justicia a pesar de haber convicción de que tenemos la razón en nuestras acusaciones, lo que ha significado un castigo permanente de parte de ellos los criminales, y de parte del Estado hacia nosotros, los familiares y querellantes de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. Nosotros queremos castigo, porque en justicia corresponde y para que nunca más en Chile vuelva a suceder tal atrocidad.
En conclusión, sólo nos queda esperar que el gobierno rompa su silencio, cierre el Penal de Punta Peuco y los criminales sean llevados a la Cárcel de Alta Seguridad Colina 1, donde haya cupo para los condenados que irán ingresando en la medida en que vayamos cerrando los procesos pendientes relacionados con los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990. De lo contrario, tendremos que ir a la Corte Penal Internacional por esta ofensa y agravio que se comete en contra de nosotros en nuestro país, lo que de hecho, ofende y agravia a toda la humanidad al aplicarse una amnistía o indulto vedado al darle beneficios especiales a criminales de lesa humanidad. Sin dejar de considerar que Chile no ha procesado, no ha investigado ni ha condenado estos crímenes, faltando a su obligación y que por el contrario, sólo lo hemos hecho los familiares de las víctimas y hemos tenido obstáculos puestos por el Estado que ha tomado como opción la impunidad.
Angélica Palleras N. es hermana de Adolfo Palleras Norambuena. Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte – Copiapó.
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