El cisne negro

 «Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla

Victor Hugo

La teoría del «Cisne negro» se debe al matemático y financista libanés Nassim Taleb y la define como aquellos eventos que se presentan de manera súbita y sorpresiva, causan un gran impacto, pero que pese a todo se pudieron prever. Estamos hablando de situaciones que rara vez se presentan y cuando se dan es de manera muy esporádica, incluso una vez en la vida; pero, aunque la probabilidad de su ocurrencia sea remota no se descarta del todo. De ello se sigue que «vivimos en un mundo que no entendemos muy bien y tomamos decisiones con base en lo que sabemos, cuando deberíamos aprender a tomar decisiones con base en lo que no sabemos«. Este es el caso, por ejemplo del grave accidente nuclear de Fukushima en el Japón, el cual se produjo pese a todas las previsiones que se tomaron después de los dos anteriores en Hamsbur y Chernóbil. También se han considerado cisnes negros por parte de los analistas el derrame de crudo en el Golfo de México en 2010, el ataque a las Torres gemelas en Nueva York va a hacer una década o la crisis financiera global reciente.

El telón de fondo

Pues bien, las devastadoras consecuencias del cambio climático pueden clasificar en la categoría de «cisne negro», ya que, como lo plantea el profeta de la incertidumbre, como es considerado Taleb, son imprevisibles y catastróficas. El principal causante del desorden climático, según el Panel de expertos de las Naciones Unidas, «con un 90% de probabilidad, son las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre». Como lo sostiene el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2006 – 2007 «el cambio climático amenaza con desencadenar reveses sin precedente en el Desarrollo humano» por situaciones extremas de sequía y/o inundaciones, amén de otros fenómenos no menos traumáticos y devastadores como son los ciclones, los huracanes, así como los cambios abruptos de la meteorología. Estos, además de recurrentes, son cada vez más frecuentes, intensos y duraderos. Los fenómenos del «Niño» y de la «Niña» dificultan los pronósticos del clima; cada vez es más frecuente que llueva en verano y haga verano en invierno. Y como lo afirma Green Peace «Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza… nunca» los desafueros que se cometen contra ella. Y lo sentenció Galileo, hace muchísimos años: «Con toda justicia, la naturaleza se venga a veces de la ingratitud de los que la han maltratado durante mucho tiempo». La humanidad toda está cosechando de lo que sembró.

Este es el trágico telón de fondo de la más grave tragedia invernal a la que se haya visto abocada Colombia en toda su historia, luego de la segunda ola invernal el número de damnificados supera ya los 3 millones; más de 400 muertes, 521 heridos y 78 desaparecidos es el saldo trágico hasta el momento. Como siempre ocurre en este tipo de siniestros los pobres han sido los que han llevado la peor parte, entre otras cosas por su mayor vulnerabilidad frente a los mismos. Como lo afirma Unni Krishman, Coordinador Internacional de Respuesta ante Emergencias de la organización humanitaria internacional Plan «por supuesto que sabemos quienes serán los más afectados por estos desastres. Son siempre los más pobres. La mayoría de los países en desarrollo carecen de infraestructuras y viviendas para resistir los terremotos o incendios, por ejemplo. Por último, son siempre los grupos vulnerables como los niños y las niñas los que sufren la peor parte de estos desastres».

Con el agua al cuello

Más de mil municipios se han visto afectados en 28 de los 32 departamentos del país cuyos habitantes están literalmente con el agua al cuello. Más de un millón de hectáreas de tierras de vocación agrícola están totalmente anegadas; como lo informó el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, más de 200 mil hectáreas de cultivos transitorios y permanentes fueron prácticamente arrasadas. De acuerdo con las cifras de ANALAC la producción láctea se ha visto reducida en un 50% y según el Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie, más de 85 mil cabezas de ganado están en inminente peligro de muerte a consecuencia de las inundaciones. Más de trescientas mil viviendas han resultado averiadas, de las cuales más de setenta mil deberán ser reubicadas; ello además de plantear un serio problema habitacional afecta enormemente la fuente de ingreso de muchas familias que trabajaban «por cuenta propia» desde sus viviendas y ahora lo han perdido todo. Además, la infraestructura vial del país que de por sí era deficiente y de baja calidad antes de esta tragedia que asola al país, ahora es un verdadero desastre. Para el asueto de Semana Santa siete carreteras nacionales y 30 vías secundarias y terciarias fueron cerradas, entre tanto en otras doscientas se tuvo que restringir el tránsito por ellas. Es decir, ¡el sistema vial colapsó!

Ante semejante tragedia, el Presidente Santos se vio precisado a declarar la emergencia económica, social y ambiental para enfrentarla. En su alocución por todos los medios para anunciarlo planteó que «podríamos decir que la naturaleza se ha ensañado con nosotros, pero no sería justo. Porque la naturaleza no hace otra cosa que devolver el inmenso daño producido por la desidia de muchos países que no han querido controlar sus emisiones contaminantes«. Hizo hincapié en que «el cambio climático es una realidad irreversible -que ya no podemos detener pero sí mitigar-, y a nosotros, como país afectado, nos corresponde aprender a vivir con él, y superar sus dificultades.» Pero, soltó en su disertación una frase desafortunada cuando dijo de forma arrogante que «el Libertador Simón Bolívar, ante las ruinas del terremoto de Caracas de 1812, exclamó: Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella, y haremos que nos obedezca». Y al término de su alocución fue mucho más incisivo al espetar que «es el momento de demostrar de qué estamos hechos los colombianos». Con el paso de los días y ante la magnitud de la problemática planteada bajó el tono y en una actitud más acorde con su condición de jefe de Estado le pidió humildemente «a Dios en este Viernes Santo que nos ayude a sobrellevar este invierno, esta tragedia, y que podamos enfrentar este viacrucis con templanza y con fe». Y no es para menos, dado que, como lo advierte el Director del IDEAM Ricardo Lozano: «la ´niña´ no ha dejado de impactar al país, es como un huracán completo que entra y se queda por meses».

El chivo expiatorio

Compartimos con la experta y consultora Juanita López que «hay que dejar de satanizar las lluvias. Si bien estas han aumentado, la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales proviene de otros frentes». Colombia, dada su posición geográfica y su fisiografía, es de por sí muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Según cifras de las Naciones Unidas el 80% de la población colombiana está asentada en las estribaciones de las tres cordilleras que la surcan, las cuales son zonas de alto riesgo sismológico y deslizamientos o en las costas Pacífica y caribe, las cuales están muy expuestas a los riesgos del aumento del nivel del mar, a los frecuentes huracanes y tsunamis. De allí que, según la misma fuente, Colombia ocupe el tercer lugar en el mundo en mortalidad por desastres naturales. Pero, es que además de la propensión al acaecimiento de tales eventos se suma la improvidencia e imprevisión, cuando no la improvisación, tanto por parte del Gobierno como también de los distintos estamentos ciudadanos.

Como lo señala con mucha propiedad el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, «la pérdida de los páramos, la deforestación del bosque alto andino, la destrucción de los humedales han hecho que se altere la regulación del ciclo de agua de una forma extraordinaria». Ahora bien, «los humedales tienen varias funciones. Una de ellas es la de servir de amortiguador en época de invierno. Cuando se presenta un caudal muy fuerte en los ríos, los humedales reciben el agua y la albergan. Cuando viene la época de sequía, sirven de alimentador porque devuelven parte del agua a los ríos y éstos aumentan así sus caudales». De este modo, cuando se desecan las ciénagas, se acaba «con un elemento regulador del ciclo hídrico y, desde luego, el día que haya un invierno como el de ahora, los ríos reclaman su ciénaga y vuelven a tomar su lugar». A ello se viene a sumar la más bárbara deforestación del país, la cual ha cobrado más de 3 millones de hectáreas en la última década (10 veces el territorio del Departamento del Atlántico), de allí se sigue la erosión del suelo y de esta la sedimentación, la cual termina colmatando los lechos de ríos, lagunas y ciénagas, además de los bancos de arena que afectan el acceso a los puertos sobre el Caribe estropeando su operatividad hasta donde la arrastra el Río Magdalena.

El problema de las inundaciones y sus estragos no es un asunto nuevo, sólo que ahora ha adquirido características dantescas y ha causado daños sin precedentes; además, su impacto ha sido más general y generalizado, así en el campo como en la ciudad. Hasta urbanizaciones exclusivas se han visto inundadas por las riadas y en no pocos casos han dado al traste con las mismas. Ello nos lo explica muy bien el ex ministro Rodríguez, indicando que en nuestro país «estamos siguiendo un patrón de urbanización llamada por los norteamericanos ciudad dispersa. Hay dos tipos de ciudades que se pueden construir: en forma de huevo frito, es decir, que tienen la yema en el centro; ahí está la ciudad y el resto es naturaleza. Y las ciudades tipo huevo perico, extendida hacia fuera. Nosotros estamos yendo hacia este tipo de urbanización, con el deterioro ambiental consiguiente». Como nos lo muestra un reciente informe especial de la revista Semana, aquí mismo en las goteras de Bogotá, en las propias narices tanto de la administración distrital como del Gobierno Central, las cuales se hacen los de la vista gorda, en los cerros orientales, en la vía a la Calera, se vienen construyendo mansiones de US $5 millones en zonas vedadas para ello por la Ley, pues corresponden a terrenos de reserva forestal, pasándosela por la faja. Enfatiza en que «allí tienen casas y lotes presidentes de compañías, altos ejecutivos del sector financiero y otros personajes vinculados al jet set».

Como se puede colegir de las consideraciones anteriores el problema es muy complejo y no se puede eludir la responsabilidad con el simple expediente de endilgarle a otro u otros la responsabilidad. No se trata de buscar chivos expiatorios o cabezas de turco en donde colgar los propios fracasos; ello, además de simplista es desorientador y paralizante. En medio de esta hecatombe se le ha dedicado más tiempo a buscar culpables que a buscar soluciones. Coincido con el ex ministro Rodríguez en que «la teoría de que las CAR son las culpables de todo y que si se modifican se acabarán los problemas ambientales, es absolutamente ridícula». El problema es estructural; no se trata de eximir de la cuota de responsabilidad que les cabe a las corporaciones, pero lo que está fallando es la institucionalidad. Empezando por el hecho de que las corporaciones autónomas, empezando por Cormagdalena, no son o por lo menos no deben ser ruedas sueltas, ellas hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), del cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT) es la rectora. No se puede entonces buscar la paja en el ojo ajeno sin antes percatarse de la viga que tiene en el propio. Además, el primer cuestionamiento es hacia el anterior gobierno que con el prurito de la supuesta reducción del gasto fusionó el Ministerio de Ambiente con Vivienda y Desarrollo, que no siempre van de la mano. Con ello se desperfiló la política ambiental en desmedro de la misma y propició una política depredadora en el país; Colombia que se preciaba de tener una de las legislaciones más avanzadas en materia ambiental ha venido retrocediendo en los últimos años. Cómo andaremos de mal que la Embajadora de Holanda Marion Kappeyne van de Coppello, país este que es el mayor aportante de recursos de cooperación internacionales al Ministerio del ramo, manifestó recientemente que, «como están las cosas, su país retiraría la ayuda que le entrega a esa cartera» y fue enfática al afirmar que «el Gobierno no le presta al medio ambiente la atención que se merece«. Es muy diciente que mientras en 1998 se le asignó al sector ambiental el 0.76% del Presupuesto General de la Nación, en el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 presentado por el Gobierno Nacional a la consideración del Congreso de la República, a duras penas le asignaban el 0.26%. De no haber sido por la emergencia que se precipitó lo ambiental habría seguido siendo invisibilizado a la hora de definir las prioridades en el gasto y en la inversión pública.

Si queremos que Colombia sea «mucho mejor después de esta tragedia invernal», como lo planteó el Presidente Santos, además de restablecer el Ministerio del Ambiente se debe introducir serios ajustes en las políticas públicas, de tal suerte que el desarrollo sostenible prescrito en la Constitución deje de ser letra muerta. Ello amerita reformas de muy amplio espectro, las cuales pasan por el SINA, que debe robustecerse y fortalecerse y debe comprometer al Gobierno todo, el cual debe agenciar una política ambiental integral y de muy amplio espectro, de tal forma que la sostenibilidad deje de ser un simple membrete para convertirse en un eje transversal de las políticas públicas. No hay que perder de vista que el ecosistema es la infraestructura de la infraestructura. Así mismo se debe propender por una gestión integral del riesgo; para ello es indispensable una reingeniería del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, la cual debe contar con más y mejores instrumentos. Como reza el adagio popular, es mejor prevenir que curar o lamentar; dicho en palabras de Oxfam «un dólar en prevención puede ahorrar siete dólares de desastre». Y lo corrobora Unni Krishman: «Lo que sabemos de nuestra experiencia es que por cada dólar invertido se pueden salvar mil…esto requiere un compromiso de largo plazo. La reducción del riesgo de desastres y la respuesta a los mismos no es una carrera de velocidad cien metros. Se trata de una carrera de maratón…Quizá no podemos evitar que suceda un desastre, pero podemos muy bien evitar que un desastre se convierta en una crisis humanitaria…».  

Por un ojo de la cara  

Y esto le va a costar un ojo de la cara al país; como lo señala el Presidente Santos «las necesidades desbordan nuestra capacidad económica», sobre todo si se pretende, como lo anunció el Presidente Santos que «Colombia tendrá que ser mucho mejor después de esta tragedia invernal». El Gobierno Nacional ha dispuesto acometer su plan de acción en tres fases claramente diferenciadas: la primera prioridad es la asistencia humanitaria a los damnificados, la segunda la rehabilitación de la infraestructura y las viviendas y la tercera y última será la reconstrucción. Se estima que la primera fase demandará recursos por $4.4 billones, aproximadamente, al tiempo que la segunda y tercera fase requerirá una suma no inferior a los $26 billones. A guisa de ejemplo, la sola reubicación y reparación de viviendas tendrán un costo de $2.2 billones. Para arbitrar tales recursos el Gobierno Nacional ha echado mano de varias fuentes de financiación, destacándose entre ellas el mayor recaudo tributario por $3.3 billones entre 2011 y 2014, $2 billones provenientes del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), la reasignación de $1 billón del presupuesto de la vigencia 2010 y cerca de $1 billón de recursos remanentes del FOREC. El Gobierno Nacional aspira a completar dichos recursos con la enredadera de la venta de un 10% adicional de su participación en la estatal ECOPETROL. De todos modos, este mayor gasto no estaba previsto y ha obligado al Gobierno Central a revisar y ajustar la proyección de su déficit fiscal, la cual pasó este año de 3.7% del PIB a 4.1%.

La desastrada infraestructura  

Definitivamente lo más costoso de esta ímproba tarea es la recuperación de la desastrada infraestructura vial, la cual demandará ingentes recursos, sobre todo si tenemos en cuenta el enorme rezago que acusaba aún antes de este insuceso. Es tan grande el rezago que, de acuerdo con la Agenda de competitividad de la ANDI, que «en algunos indicadores como el tamaño de la red vial arterial pavimentada por habitante, se encuentra incluso por debajo de países de ingresos más bajos como Bolivia o Ecuador«. Es bien sabido que esta es el mayor cuello de botella que enfrenta el país para avanzar en competitividad, basta con señalar que «Colombia tiene hoy alrededor de 1.000 kilómetros de dobles calzadas (Chile tiene 2.431); 17.400 kilómetros de vías en la red primaria, de los cuales sólo el 46% es calificada como logísticamente aceptable para que fluya el comercio exterior, lo que quiere decir, que más del 54% de la actual infraestructura disponible, no puede ser usada para el desarrollo y aprovechamiento del comercio«. Tan «sólo el 10% del total de la red vial está pavimentada, porcentaje inferior al promedio de América Latina. La densidad por área de carreteras pavimentadas es de 14.6%, mientras el promedio latinoamericano y del Caribe asciende a 36%«. ¡Este cuadro tan patético ya es un desastre!

Según los estudios del Consejo Privado de Competitividad la falta de infraestructura genera un sobre arancel que oscila entre el 16% y 18%, que es probablemente el costo más significativo para la industria. Ello por sí sólo nos saca del mercado; de allí nuestra insistencia en que debemos estar más preocupado por ampliar y mejorar la infraestructura vial, de transporte, portuaria y logística que en andar afanados firmando TLC por doquier a la topa tolondra, dada la notoria desventaja que significa no contar una infraestructura a la altura del reto que ello plantea. Esto, para no hablar de la precaria red férrea con que contamos. El país tiene un portafolio de proyectos de 2.000 kilómetros de vía férrea, sin embargo, a la fecha no operan sino un poco más de 400 kilómetros y, lo que es peor, sin conexiones. Y de contera el avance en transporte intermodal es nulo, pese a contar con la gran arteria fluvial del río Cauca, el río Magdalena y sus afluentes. Por ello, nos parece muy puesta en razón lo que aconseja al respecto el Presidente de Fedegan: «ojalá el acuerdo comercial se apruebe en un par de años. Competir en las actuales circunstancias con mercados tan exigentes como el de los Estados Unidos y la Unión Europea, es una utopía». Y si se empecinan en buscar su ratificación, que por lo menos que propongan una moratoria de su entrada en vigencia de 2 a 4 años mientras el país se repone de esta adversidad.  

Con o sin TLC esta sigue siendo una asignatura pendiente, de la cual sólo se acuerda el Gobierno cuando se habla de él. Ahora, una vez más, ante la pregonada inminencia de la ratificación de los TLC firmados con los EEUU y la UE, el Ministro de Transporte Germán Cardona anuncia inversiones del orden de los $99.5 billones entre 2011 y 2021, de los cuales se invertirían $29.5 billones en este cuatrienio. «Le llegó la hora a la infraestructura» aseguró el Ministro Cardona. Situaciones como estas son las que ponen en tela de juicio la pretensión del Gobierno de imponer la camisa de fuerza al gasto público mediante el Proyecto de acto legislativo a través del cual se busca establecer la sostenibilidad fiscal como principio constitucional. En esta misma dirección va el proyecto de ley encaminado a establecer la Regla fiscal a manera de férula, lo cual haría inflexible el gasto. Como afirma el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, «estamos hablando de grandes inversiones que se necesitan, el Ministro del Transporte ha dicho que se requieren 100 billones de pesos para reconstruir la infraestructura averiada. La estrategia de ahorrar automáticamente a través de una Regla fiscal va a tener que esperar». Eso sí, el país no puede seguir consintiendo y tolerando ni la chambonería ni la corrupción que se ha enseñoreado de este sector. Y, como lo aconseja el experto Juan Pablo Ruíz Soto, «es importante que revisemos el diseño de las vías, considerando con seriedad el impacto climático sobre la infraestructura. El diseño de puentes, cunetas y taludes debe ajustarse a los efectos que genera el cambio climático, pues las lluvias torrenciales serán más frecuentes y los caudales aumentarán de manera significativa» .

Y no es sólo por la emergencia invernal; es que un país con el atraso de Colombia en múltiples frentes no se puede dar el lujo de esterilizar tan cuantiosos recursos como los que se espera recibir merced al boom del sector minero – energético. Con toda razón advierte el Senador Roy Barreras que «no es la hora de ahorrar, sino de invertir en la reconstrucción del país, en infraestructura y en vivienda». Claro que el Ministro Echeverry, que presume ser más ortodoxo que los ortodoxos se mantiene en sus trece y les respondió que «Si no ahorramos no habrá quien controle la tasa de cambio», como si esta dependiera sólo del control del gasto. Mientras tanto, por ejemplo, se opone con pies y manos al control de capitales, como lo está haciendo Brasil, Perú y Chile y como lo aconseja hasta el propio FMI que hasta hace poco era tan renuente a medidas como esta. El Ministro, como aquel buen escritor y mejor orador Carlista, Vásquez de Mella, prefiere «estar en el error, pero eso sí, firme»! Hasta cuando se seguirá en la estéril «búsqueda del Santo Grial», como denomina William Vickrey esta obsesión, buscando corregir los desequilibrios fiscales a toda costa.

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