Las protestas en el sector agrario, que hemos visto estallar este invierno, responden a varias causas concomitantes:
Por un lado, hay un malestar acumulado del sector que proviene de la mala gestión macroeconómica de los problemas agrícolas, que abarca:
- la presión del mercado sobre los productores a través de los intermediarios, para derivar la plusvalía agraria hacia la capitalización financiera, y la exportación de capitales a través de la especulación sobre los precios,
- la insuficiencia de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que remunera a los grandes latifundios frente a los pequeños agricultores, favoreciendo la descapitalización agraria y el subdesarrollo de las regiones deprimidas,
- la dependencia de las grandes transnacionales de la alimentación que imponen a los productores los métodos de cultivo, obligándoles a comprar los insumos necesarios para una agricultura rentable según criterios ajenos a los intereses campesinos y las costumbres tradicionales sostenibles ecológicamente,
- la intuición de que esa política agraria europea –y por tanto española- está orientada a arruinar a los pequeños productores en favor de la promoción del gran latifundio y las empresas transnacionales de la alimentación.
- la conciencia difusa de una crisis ecológica cada vez más grave para la que no se tienen paliativos eficaces en el actual orden económico, y que provoca cambios climáticos y desastres ambientales afectando la economía rural.
Por otro lado, es evidente que la derecha ha comenzado una movilización en la calle para presionar al gobierno de coalición, que dispone de una mayoría muy precaria en el sistema político parlamentario. Eso explica que las movilizaciones agrarias hayan contado con un fuerte componente de derecha radicalizada y dispuesta a usar la confrontación violenta, como se ha visto en la manifestación de Don Benito frente a la FEVAL, aprovechando la visita del ministro de agricultura.
En tercer lugar, la falta de una política agraria por parte del PSOE, dominante en la coalición de gobierno, que defienda un modelo agrícola de futuro sostenible apoyándose en los pequeños productores y las asociaciones cooperativas. La subordinación de la política del estado español y de la UE a los intereses de la oligarquía agraria y las empresas transnacionales que controlan el mercado de la alimentación está en sintonía con la hegemonía del capital financiero en las sociedades liberales. En Europa y América, el dominio cada vez más intenso de la producción agraria por las empresas transnacionales goza del apoyo de las políticas públicas, sometido a las presiones de los grupos empresariales y financieros que tienen medios para imponer aquellas decisiones que favorecen su crecimiento y expansión.
Se trata de una confluencia de sectores sociales que tienen intereses contrapuestos, y que solamente están unidos por su enfrentamiento al gobierno de coalición, aunque por motivos completamente diversos. Por un lado, la situación del pequeño propietario agrícola responde al fenómeno de la pauperización de la ‘clase media baja’ -por utilizar la terminología sociológica del liberalismo-, que despierta fuertes resistencias y deriva fácilmente hacia posiciones radicales de derecha, ante la falta de una solución progresista en el actual marco de relaciones sociales. Pero no es un fenómeno exclusivo del sector agrario. La ruina de los autónomos y pequeños propietarios de empresas comerciales e industriales, un proceso evidente e imparable dentro de la actual crisis económica, y genera movimientos sociales impredecibles dentro del marco de la sociología liberal.
Por otro lado, puede observarse un proceso paralelo de derechización entre numerosos sectores de trabajadores cualificados europeos y americanos, pertenecientes a la capa social que Lenin denominaba ‘aristocracia obrera’ en su análisis del imperialismo, que se han considerados a sí mismos ‘clase media’ y se ven abocados a la pérdida de sus fuentes de ingreso por la crisis capitalista. Un fenómeno con dimensión europea y mundial, que repite una experiencia histórica ya conocida en el siglo XX con consecuencias trágicas. Son grandes las posibilidades de que esa situación provoque fuertes contestaciones sociales de carácter extremista.
Es cierto que en el Estado español la movilización social desde el 2011 ha conseguido sostener una izquierda política con cierta capacidad de resistencia. Pero los recientes la movilización del campesinado es una seria advertencia de que no es posible confiar en que se podrá mantener lo que se ha conseguido. Es necesario clarificar la actual situación y la participación en el gobierno de coalición por parte de la izquierda parlamentaria de UP (Unidas Podemos) no ayuda a ello. La participación de los parlamentarios de UP en las manifestaciones campesinas es un factor positivo que ayuda a desmontar el aprovechamiento de la movilización por la derecha. Falta por traducir esa participación en políticas prácticas que permitan encontrar soluciones efectivas para el sector, avanzando hacia una agricultura sostenible dentro de la soberanía alimentaria.
La proletarización de las ‘clases medias’ –pequeños propietarios y trabajadores cualificados- puede traer de momento una coyuntura política muy difícil para la izquierda, pero a la larga debe favorecer las posiciones progresistas, críticas con el capitalismo, si es posible construir un programa coherente para la construcción de una sociedad alternativa, ecosocialista y democrática. Lo urgente y lo necesario es construir ese programa progresista que nos permita avizorar un futuro sostenible y justo. Por eso saludamos la iniciativa de la Asociación 25 de marzo para convocar el I Congreso de Reforma Agraria, y llamamos a los sectores agrarios movilizados a participar en este importante evento para diseñar la política agraria que nos permita avizorar un futuro esperanzador para la humanidad.