El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa declara admisible una reclamación colectiva contra España y pide medidas inmediatas a autoridades españolas ante “el grave impacto negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes” de la Cañada Real Galiana.
“Medidas inmediatas” para resolver el problema de luz en la Cañada Real Galiana. Es lo que pide el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa –ente paneuropeo que reúne a 47 países, no dependiente de la UE–, tras declarar admisible una reclamación colectiva contra España y pide medidas inmediatas a autoridades españolas ante los riesgos para la salud de las personas.
Así, el comité pide de forma inmediata “adoptar todas las medidas posibles a fin de evitar lesiones graves e irreparables a la integridad de las personas que habitan en la villa Cañada Real Galiana que no cuentan con un adecuado acceso a la energía eléctrica y por lo tanto se encuentran expuestas a riesgos para la vida y la integridad física y moral; garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción, en particular teniendo en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluidos niños, personas con discapacidad, personas con problemas médicos, personas de origen extranjero, personas mayores y romaníes)”.
Además, reclama “ofrecer un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no sea posible [el acceso a la luz], para garantizar de forma segura el acceso a la electricidad y la calefacción; velar por que todas las autoridades públicas pertinentes conozcan esta decisión e informar al comité antes del 15 de diciembre de 2022 de las medidas previstas para aplicarla”.
La reclamación fue registrada el 2 de marzo de 2022. Las organizaciones que demandantes –Defensa de los Niños Internacional (DCI), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo– alegan que los cortes de luz, iniciados en octubre de 2020 y que aún continúan, afectan a partes del barrio de la Cañada Real Galiana, en Madrid, y tienen “un grave impacto negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños, lo que constituye una violación de varias disposiciones de la Carta Social de Derechos”.
Por ejemplo, los relativos al derecho a la protección de la salud; el derecho de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad; el derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica; el derecho de los niños y jóvenes a la protección social, jurídica y económica; y otros muchos más.
Las organizaciones solicitaban además al Comité de Derechos Sociales que indique medidas inmediatas al Gobierno. Y el comité ha decidido declarar admisible la denuncia por unanimidad el pasado 19 de octubre de 2022 y, así mismo, que era necesario indicar medidas inmediatas al Gobierno.
“El comité finalmente toma nota de que existe una falta de energía eléctrica desde hace mucho tiempo en partes del barrio Cañada Real Galiana, que ha afectado la vida de al menos 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños, así como miembros de otros diferentes grupos vulnerables, incluidas personas mayores, personas con discapacidad, personas con problemas médicos, personas de origen extranjero y romaníes”, dice la resolución, y añade: “El comité considera que la falta prolongada y recurrente de electricidad ha tenido un efecto negativo muy grave en las condiciones de vida de la población afectada por la queja, especialmente en lo que respecta a la vivienda, la calefacción y la salud de la población afectada. Recuerda que ‘las condiciones de vida son un claro agravante y, muy probablemente, la causa raíz de (…) la enfermedad’ y que los habitantes de la villa Cañada Real Galiana que se encuentren total o parcialmente privados de energía eléctrica corren el riesgo de sufrir un daño grave e irreparable en su vida por la falta de acceso a la energía eléctrica”.
La resolución alerta de que “esto es particularmente cierto dada la proximidad del invierno 2022-2023 y el riesgo persistente de condiciones climáticas adversas que pueden agravar aún más la situación de la población. En estas condiciones, el comité considera necesario indicar medidas inmediatas”.
Las autoridades españolas deberían suministrar al comité información antes del 15 de diciembre. A partir de ahí, se fijará un plazo a las organizaciones que han presentado la reclamación para que aporten observaciones adicionales a la respuesta del gobierno. El proceso terminará con una decisión sobre el fondo, es decir, si se han producido violaciones de la Carta Social Europea.
¿Son vinculantes las decisiones del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa? “En la medida en que se refieran a disposiciones legales vinculantes y sean adoptadas por un órgano de control establecido por tratados vinculantes”, dice el Consejo de Europa, “las decisiones y conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales deben ser respetadas por los Estados interesados, incluso si no son directamente aplicables en los ordenamientos jurídicos nacionales. En todo caso, es posible basarse en las decisiones y la jurisprudencia del comité ante los tribunales nacionales”.
¿Y son vinculantes las medidas inmediatas decididas por el comité? “Desde la perspectiva del derecho internacional”, explica el Consejo de Europa, “los Estados vinculados a la Carta y sus protocolos deben respetar y aplicar las decisiones del Comité de Derechos Sociales. Si bien no existe un mecanismo para obligar a los Estados a implementar medidas inmediatas, las decisiones deben aplicarse de buena fe. Además, debe ser posible emplear las decisiones y la jurisprudencia del comité ante los tribunales nacionales”.
Véase el documento del Consejo de Europa http://cc-206-2022-dadmissandimmed-en.pdf