El Gobierno responde que será suficiente con aclarar las directrices de la actuación de la Policía y fomentar las inspecciones
El Consejo de Europa urgió el martes a las autoridades españolas a «revisar» el marco actual y el funcionamiento de la protección contra el maltrato de detenidos, tras concluir después de la visita de una delegación en diciembre de 2005 a este país que los arrestados carecían de la protección adecuada contra esa forma de abuso.
En concreto, recomienda en un informe difundido hoy reiterar a través de «declaraciones formales al más alto nivel político» que el Estado español tendrá «tolerancia cero» hacia «cualquier forma de maltrato» y propone que todas las prisiones que reciban detenidos introduzcan un registro con todas las heridas que se hayan advertido en el examen médico de admisión y que incluya cualquier información sobre el posible origen de estas lesiones.
En este sentido, documenta cuatro casos de maltrato a detenidos, uno de los cuales llegó a perder la conciencia «durante segundos o minutos» tras ser golpeado en la cabeza por los policías de paisano que le detuvieron y le trasladaron a la comisaría de San Blas (Madrid), donde volvió a ser golpeado en la cabeza mientras permanecía de rodillas y maniatado.
El informe, fruto de la visita de una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Maltrato y Castigo a España entre los 12 y 19 de diciembre de 2005, insta a garantizar que el detenido ha comprendido que tiene derecho a un abogado de forma gratuita, así como a un «rápido» acceso a este servicio.
El Comité lamenta que este acceso se limita, en general, a la «presencia pasiva» del abogado durante la declaración y posterior firma de ésta por parte del detenido.
También reclama al Gobierno que retire la enmienda presentada a un artículo de la Ley Orgánica 5/2000 sobre los derechos de los menores detenidos con la que se podría rechazar el derecho de acceso a un letrado hasta después de que el detenido haya hecho una declaración formal.
Aboga por otra parte por que los detenidos sean siempre llevados antes de 72 horas físicamente ante el juez que debe decidir si debe seguir detenido o no ya que, bajo el punto de vista del Comité, uno de los objetivos de la vista es que el magistrado «vigile el trato recibido» por el detenido.
Asimismo, reiteró una de las recomendaciones ya expresadas en anteriores informes, que se garantice a las personas que pasen la noche en comisaría un colchón y sábanas limpias donde dormir.
Respuesta del gobierno
En su respuesta al Comité, el Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, subraya que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son «plenamente conscientes» de su deber de «respetar los derechos que la Constitución y el resto del sistema legal ofrecen a los detenidos» y «conocen las consecuencias que puede acarrear ignorar» estas garantías.
No obstante, dice compartir la necesidad de «reforzar los mecanismos que garanticen la rapidez y eficacia» del derecho de acceso a un abogado.
En este sentido, considera que con «medidas para reforzar la coordinación» entre la Policía y los colegios de abogados, unido a la clarificación de las directrices sobre la actuación de la Policía y la promoción de las inspecciones el Ejecutivo cumplirá con las exigencias del Comité para prevenir el maltrato durante la estancia de los detenidos en dependencias policiales.
Por otra parte, explica que en el caso del detenido que perdió la conciencia momentáneamente tras recibir varios golpes en la cabeza por agentes de policía, precisa que la víctima, que estaba robando en un bar en el momento de ser arrestado, opuso «fuerte resistencia» a las autoridades.
Con respecto a la recomendación del registro de heridas de los detenidos que ingresen en prisión, el Gobierno considera que el actual sistema «proporciona suficientes garantías para detectar y vigilar las heridas que pudieran haber sido provocadas por maltratos durante el periodo de detención».
Según el sistema actual, cuando el examen médico detecta algún daño del interno informa a la dirección del centro, quien se encarga de aportar la información sobre el posible origen de las lesiones al tribunal que ordenó el ingreso en prisión.
La Secretaría de Estado de Seguridad no responde a la petición del Comité de retirar la enmienda que afecta a los derechos de los menores no detenidos argumentando que no ha partido de ella esta iniciativa.
Más información
También el martes, la web del Comité Europeo para la prevención de la Tortura (CPT) publicó los informes correspondientes a las visitas realizadas por el Comité al Estado español en 2003 y 2005, así como las respuestas del Gobierno español a dichos informes.
Estos informes pueden verse en: http://www.cpt.coe.int/en/states/esp.htm