Han sido varios los proyectos ingresados al Parlamento con la intención de modificar la ley 20.000 y en particular la cuestión del consumo de cannabis sativa, y más allá de la orientación específica de cada uno de ellos, todos comparten el mismo diagnóstico en cuanto al fracaso de la actual política de drogas en la […]
Han sido varios los proyectos ingresados al Parlamento con la intención de modificar la ley 20.000 y en particular la cuestión del consumo de cannabis sativa, y más allá de la orientación específica de cada uno de ellos, todos comparten el mismo diagnóstico en cuanto al fracaso de la actual política de drogas en la consecución de los dos objetivos que le dieron origen: disminuir el consumo y reducir el narcotráfico. El prohibicionismo, como lógica de erradicación, dio paso a una política de criminalización de los usuarios de la sustancia, arrastrándolos a un mercado desregulado en constante expansión toda vez que es monopólico en el abastecimiento de un consumo que es tolerado por la ley. Así, la simple prohibición resulta más criminógena y dañina socialmente, generando una situación de desinformación en la sociedad, estigmatización y abandono a los consumidores y degradación en la acción del Estado en el uso de recursos no al mejoramiento de la oferta sanitaria y la educación sino a una política ineficientemente represiva.
El reconocimiento de que el modelo actual ha fallado es el punto de partida más o menos consensuado de quienes se interesan por este tema -o al menos, de los que en realidad buscan reducir el narcotráfico con medios efectivos-, y ello se verifica en innumerables encuentros y diálogos empujados por políticos, organizaciones sociales o instituciones científicas que asumen la necesidad imperiosa de que la regulación del consumo y abastecimiento de cannabis esté en manos de la sociedad organizada y no del narcotráfico, que la política de drogas se base en la evidencia científica, el respeto de los derechos humanos y la asistencia y orientación sanitaria.
Hoy en día, es un hecho de la causa que la tolerancia hacia el consumo ha aumentado, sobre todo entre los jóvenes chilenos que hacia el 2012 lideraban el ranking latinoamericano; esto se ratifica en el Sondeo sobre Drogas y Legalización de Marihuana preparado en octubre por el Instituto de Sociología de la PUC a petición del Instituto Nacional de la Juventud, en donde se afirma que la percepción de daño para la salud del consumo de cannabis es del 32%, a diferencia del alcohol con un 60% y el tabaco con un 83%, éstas últimas drogas legales.
En cuanto al trabajo hecho por el Estado en materia de prevención, un 60% de los entrevistados declara que ha sido malo o pésimo contraponiéndose a un 13% que opina lo contrario, lo que se confirma en que el 81% esté de acuerdo con la frase «hoy en día es más fácil conseguir marihuana que hace 10 años«.
El aumento sostenido del consumo y la tolerancia hacia éste entre los jóvenes de nuestro país se da en circunstancias en que el abastecimiento de cannabis sigue siendo el mismo, a cargo de un mercado monopólico y desregulado, dejando en evidencia que al costo de su expansión y los terribles efectos sociales que ha provocado, el único que ha ganado en los últimos años ha sido el narcotraficante.
A mi parecer, la contradicción de éstos resultados son las expectativas frente a las modificaciones legales que actualmente están en curso en la Cámara, pues si bien arriba de un 60% de los jóvenes está de acuerdo con la despenalización del cultivo de marihuana, una cifra parecida afirma que nuestra sociedad no está preparada para un cambio de esa naturaleza. En este sentido, considero que la normalización del consumo a la que varias organizaciones sociales se han abocado los últimos años ha mellado fuerte entre los más jóvenes, no obstante el desafío urgente al que abre paso es que esa fuerza se transforme en expectativas sobre el cambio legal necesario, que no se quede en una cuestión de libertad individual, sino que evolucione a la necesidad de una política de reducción de daños para contrarrestar el narcotráfico que tanto golpea a las poblaciones de este país.
No se trata de promover el consumo de cannabis entre los más jóvenes, sino de avanzar contra el narcotráfico con medios efectivos y entregar la seguridad a los usuarios terapéuticos y recreativos de que marihuana no significa narcotráfico, pero que así como está la ley, lo propicia y más aún cuando la prevención en los jóvenes no es tan prioritaria como la criminalización hacia ellos. Ergo, debemos centrar el cambio legal en la estrategia contra el narcotráfico, que el conocimiento sobre el trámite legislativo y las indicaciones que se han presentado a este respecto sean más conocidas y compartidas por la ciudadanía, y así podamos entre todos resolver a quién en realidad ha ayudado el prohibicionismo respecto a la marihuana, pues este debate está lejos de beneficiar sólo a los consumidores.
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