El homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en febrero de 1992, forma parte de una compleja trama que incluye otros casos judiciales, como la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos y la venta ilegal de armas a Croacia. El magistrado arremeterá esta semana con nuevos interrogatorios a ex agentes de inteligencia militar. […]
El homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en febrero de 1992, forma parte de una compleja trama que incluye otros casos judiciales, como la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos y la venta ilegal de armas a Croacia. El magistrado arremeterá esta semana con nuevos interrogatorios a ex agentes de inteligencia militar. ¿Se aproxima el final de la madeja?
Cuando este viernes 23 el ministro en visita Claudio Pavez, que tramita el proceso por la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, llegó hasta el hotel militar de Providencia, sabía que se encontraría con un duro entre los duros. Y así fue. Tuvo cara a cara, por primera vez desde que Huber fue encontrado muerto en febrero de 1992 en el lecho del río Maipo, al segundo hombre de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) de la época, el general (R) Víctor Lizárraga. La estrategia del magistrado era contrastar la versión entregada el martes 20 por su subordinado, el entonces jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sobre varios aspectos. El primero era saber cómo se dirigió el operativo de búsqueda de Huber en el Cajón del Maipo cuando desapareció en enero de 1992, en momentos en que arreciaba la investigación del entonces ministro Hernán Correa de la Cerda sobre la venta ilegal de armas a Croacia. No era para menos, porque apenas Huber se extravió, el BIE silenció a todos sus familiares para que no hablaran con Investigaciones ni menos mencionaran el nombre de Augusto Pinochet, quien estaba en esos días en su parcela de El Melocotón. Esta prohibición corrió también para los parientes de Pinochet. Pero Provis cometió un error estratégico en su testimonio ante Pavez respecto de otro episodio, relacionado con un viaje que hizo junto a Lizárraga a Linares, donde en marzo de 1992 estaba escondida Clina Polloni, la cuñada de Huber, junto al hijo de éste.
UN ERROR DETERMINANTE
Polloni declaró en el proceso que Provis amenazó al hijo de Huber, quien habría visto cómo su padre quemaba papeles relacionados con el tráfico de armas a Croacia. La mujer no tomó en cuenta a Provis, pero Lizárraga le ofreció ayuda sicológica para el menor, a través de un hermano suyo de profesión sicólogo, también ligado al Ejército. El error de Provis fue decir que llegó hasta Linares porque en esa ciudad había una médium que tenía información sobre el paradero de Huber, según confidenció una fuente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Si de lógica judicial se trata, es altamente probable que el ministro Pavez no haya creído ni un centímetro la versión de Provis. Tampoco la de Lizárraga, si es que éste confirmó esos dichos; así se configuraría un acuerdo tácito para entregar información al juez. Según los antecedentes obtenidos por La Nación, Lizárraga mantuvo las declaraciones que había entregado en ocasiones anteriores por oficio y desconoció cualquier vinculación con la muerte de Huber y con el caso Armas. Lizárraga está también relacionado con el caso de Tejas Verdes, que sustancia el ministro Alejandro Solís. Además, ocupó el cargo de jefe del Comité Asesor que tenía Pinochet, entre 1994 y 1998. Provis, en tanto, estuvo en la DINA y también en el CNI. Pero Pavez es un viejo sabueso. Desde su cargo de juez del crimen, fue el primero que aplicó una sanción a traficantes de animales a mediados de los ’90. También intervino la población La Legua combatiendo a los narcotraficantes y, desde principios de este año, es el magistrado que, junto a su colega Roberto Contreras, entrega las autorizaciones para que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) realice sus labores secretas. No es un aparecido y pretende llegar hasta el final con este caso que ya caratuló como homicidio, luego de interrogar a varios peritos criminalistas que confirmaron esa hipótesis.
EL FRENTE ORIENTAL
Pavez sabe que, para reducir el número de posibilidades tácticas en su investigación, debe abarcar, como si fuera un pulpo, una serie de indagatorias paralelas que se relacionan con la muerte de Huber. Las pistas se las entregaron dos oficiales de Ejército en retiro. El primero fue el capitán Pedro Araya, condenado a cinco años de prisión en el proceso del caso armas. Araya declaró que, antes de efectuar la operación comercial, hubo una reunión del alto mando del Ejército donde se discutió desde qué unidades militares se sacarían los pertrechos. En esa operación participaron, según Araya, los entonces generales Richard Quass, director de Operaciones del Ejército; el jefe de Material de Guerra, general Florencio Tejos; el comandante de Institutos Militares, general Jaime Concha; el comandante en jefe de la II División de Ejército, general Guido Riquelme; el director de Famae, general Guillermo Letelier Skinner, y el general Carlos Krumm, director de Logística del Ejército. Estas declaraciones abrieron una caja de Pandora que el general (R) Carlos Krumm, cuando fue interrogado por Pavez, no pudo eludir: reconoció su participación en la reunión y aseguró que Pinochet fue quien dio la orden para efectuar la venta de armas a Croacia. Ambos «detalles» abrieron dos nuevos flancos para el ministro. El primero se resolvió pidiendo a la justicia militar las copias del expediente del caso armas tramitado por Sexta Fiscalía Militar de Santiago y que será apelado el próximo 27 de septiembre en la Corte Marcial por el CDE, donde solicitará que se reabra el caso y se designe un ministro en visita civil de este tribunal castrense.
«AYUDA HUMANITARIA»
Este proceso judicial se refiere a la venta ilegal de armas a paramilitares croatas en 1991, en momentos álgidos de la guerra de los Balcanes, cuando había embargo. Todo habría pasado inadvertido si el cargamento bélico, caratulado como «ayuda humanitaria», no hubiera sido descubierto en Budapest. Era diciembre de 1991. En enero del 92, Huber, entonces encargado de las compras de armamento en el exterior para el Ejército chileno, fue arraigado por el ministro Hernán Correa de la Cerda y citado a declarar. Huber le dijo al magistrado que nada tenía que ver en los pormenores ilícitos de la venta y que su superior, el general Carlos Krumm, le ordenó traspasar a Famae al sargento (R) Ramón Pérez para que ayudara al capitán Araya en la exportación de los pertrechos militares. A su vez, Araya inquirió detalles a Huber sobre cómo realizar la exportación y sobre qué papeles se necesitaban en aduanas. Huber aseguró que ninguno de los documentos que se usaron en la operación comercial provino del Departamento de Adquisiciones en el Exterior, que él dirigía. Dijo además que la única persona que podía dar cuenta del origen era el jefe de Material de Guerra, general Florencio Tejos, el mismo que concurrió a la reunión del alto mando para hacer posible la venta ilícita de armamento. «Él puede decir de qué unidad viene ese material», declaró Huber. FALTA EL MÓVIL El ministro Pavez tiene claro que la muerte de Huber está relacionada con este proceso judicial. Sin embargo, debe encontrar el motivo por el cual fue asesinado. Falta el móvil, y es allí donde aparece el segundo acápite que el juez cree haber encontrado para seguir armando la telaraña. Con esta línea de investigación, Pavez solicitó piezas específicas del expediente por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, que tramita el ministro Alejandro Madrid Crohare en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pavez sabe que en este último expediente hay una investigación realizada por el detective de confianza del juez Madrid, Nelson Jofré Cabello, sobre los vínculos comerciales de algunos agentes de la DINE que estuvieron de una u otra manera relacionados con Huber y Berríos. La indagatoria fue hecha por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac) y se realizó para saber si los agentes que sacaron de Chile al químico ex agente de la DINA con destino a Uruguay, donde fue asesinado, pudieron haber recibido premios en dinero por la operación. En el proceso de Berríos se dan varios elementos similares en tiempo y circunstancia con la muerte de Huber. Fue sacado de Chile por la Unidad Especial de la DINE. Sabía demasiado sobre el caso Letelier, que se tramitaba a principios de los ’90, porque había trabajado fabricando gas sarín junto a Michael Townley en la casa que la DINA tenía en Lo Curro. Berríos, además, estaba vinculado con grupos de narcotraficantes y con agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Era un sujeto peligroso para el Ejército de aquellos años.
NUEVAS COINCIDENCIAS
Berríos, en todo caso, no fue el único agente involucrado en violaciones de los derechos humanos sacado del país en la llamada «Operación Silencio». Esta maquinaria para obstruir la justicia había comenzado en abril de 1991 con la salida del entonces capitán Luis Arturo Sanhueza Ross (Ramiro Droguett o «El Güiro»), vinculado a la muerte del dirigente del MIR Jécar Neghme, entre otros casos. Le siguió Carlos Herrera Jiménez, el autor material de la muerte de Tucapel Jiménez en septiembre del mismo año. Y en octubre, Berríos. La lógica que sigue el ministro Pavez es que Huber, al conocer mayores detalles -por ahora desconocidos- de la operación de armas a Croacia, pudo haber temido por su vida y querido salir del país, o bien la DINE planificó sacarlo, como en los casos anteriores. Aquí surgen nuevas coincidencias. Por ejemplo, la empresa de aduanas que operó con Famae para trasladar las armas fuera de Chile fue Main Cargo. Aparentemente, desde que estalló este caso a principios de los ’90, se pensaba que su dueño era Sergio Pollmann Muller, quien fue recientemente absuelto por la justicia militar. Sin embargo, en los registros de Dicom aparece su esposa, Marianne Cheyre Stevenson. La mujer es, a su vez, hermana de Juan Carlos Cheyre, dueño del restaurant Les Assassins, donde se reunía Eugenio Berríos a principios de los ’90 con prestamistas, narcotraficantes y ex agentes de la DINA. Los hermanos tienen una relación de parentesco lejana con el actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
LOS ÚLTIMOS DÍAS
Otra de las aristas que maneja el magistrado también se relaciona con los últimos días de Huber antes de morir. El asesinado coronel debía realizar un viaje a Israel para acreditar la compra del sistema de lanzacohetes múltiple LAR, desarrollado por ese país. Y debía hacerlo junto a otro militar que también trabajó cerca de Pinochet a principios de los ’70 y que ya ha declarado en algunos casos de derechos humanos, según dijo una fuente judicial. Este diario conoce su identidad y su grado militar mucho antes de que Pavez asumiera este caso, pero se la reserva mientras continúen las diligencias judiciales que debe realizar el juez. En todo caso, su declaración ya consta en el proceso, dijeron fuentes del CDE. Este último oficial en retiro se relaciona, a la vez, con Lizárraga, ya que éste estaba en Israel al momento de la desaparición de Huber y viajó de inmediato a Chile, según consta en la hoja de Policía Internacional donde se detallan sus entradas y salidas del país, de acuerdo a una fuente consultada en Interpol. De allí que se vincule con otro testimonio, esta vez del compañero de labores de Huber cuando éste era jefe del Complejo Químico del Ejército en Talagante: el coronel (R) Francisco Schafausser. Schafausser entregó en 2003 una teoría sobre el caso en el proceso: que los asesinos de Huber podrían ser agentes secretos chilenos «residentes» en el exterior. Sin embargo, el magistrado, la última vez que lo interrogó, tuvo la impresión de que venía al proceso a buscar información más que a entregarla. En otras palabras, no se sabe para quién trabaja. A esa percepción se unió la presentación que hizo el CDE de San Miguel solicitando protección policial para la abogada María Inés Horvitz y para Eugenio Palacios Labbé. La razón de la petición se funda en que la noche del lunes 12 de septiembre, mientras Palacios Labbé veía en su hogar el programa «Enigma», de TVN, sobre el caso Huber, Schafausser le llamó por teléfono diciendo: «Desde ahora ni usted ni yo podremos dormir tranquilos». Esto fue interpretado como una amenaza velada, lo que derivó en que el Departamento de Inteligencia Electrónica de Investigaciones debió realizar un «barrido» a los celulares de la familia de Huber, como también a la casa de su viuda, Adriana Polloni. Esta semana el ministro Pavez, siguiendo la lógica jerárquica en el caso armas, a su vez relacionado con la muerte de Huber, debiera interrogar al general (R) Guillermo Letelier Skinner, quien a principios de los ’90 era el jefe de Famae. Letelier aparece también relacionado con las millonarias cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs y otras entidades financieras en Estados Unidos y Europa. Por esta razón, el pago que se hizo por las armas ilegales a Croacia a principios de los ’90 bien puede tener una comisión escondida, tal como sucedió con los tanques Leopard y la compra de los Mirage para la Fuerza Aérea, entre otros, que terminaron en los bolsillos del ex dictador. Huber sabía demasiado, pero no vivió para contarlo.