Si 80 campesinos del Catatumbo en Colombia no hubieran ido «en comisión» hasta el batallón militar a exigir que les devolvieran a su compañero Dimar, su crimen hubiera sido uno de los tantos miles que quedan en la absoluta impunidad. Pero el gesto elementalmente solidario, aunque peligroso, permitió descubrir in fraganti cómo los militares tenían […]
Si 80 campesinos del Catatumbo en Colombia no hubieran ido «en comisión» hasta el batallón militar a exigir que les devolvieran a su compañero Dimar, su crimen hubiera sido uno de los tantos miles que quedan en la absoluta impunidad.
Pero el gesto elementalmente solidario, aunque peligroso, permitió descubrir in fraganti cómo los militares tenían preparada la fosa para hacer desaparecer el cuerpo del campesino, que había sido miliciano, que había pactado una paz que no alcanzó a disfrutar, y que en teoría sería una persona protegida por dichos Acuerdos con verificación internacional.
Si el general Villegas, con mando en 4000 militares en la zona, no hubiera pedido perdón por los hechos, contradiciendo y dejando en evidencia al ministro de defensa, el caso de Dimar habría sido otro de los miles de desapariciones forzadas que sufre la población colombiana.
Si el cuerpo «descubierto» de Dimar no presentara tan abominables signos de tortura, ensañamiento, mutilación genital, y violación, tal vez podría haberse dado curso a la cobarde respuesta del gobierno en boca de su poderoso ministro de defensa que con descaro mintió adjudicando la versión de que Dimar murió en medio de un forcejeo.
Si la Comisión de Paz del Senado no hubiera visitado de inmediato la región del Catatumbo y a la comunidad de la vereda Campo Alegre, tal vez no hubiera llegado nunca a la conclusión de que la muerte de Dimar fue una ejecución extrajudicial causada por un integrante del Ejército «en acción no misional, no ordenada y fuera de la ley» y que evidencias como la fosa hallada y los testimonios de la comunidad sugieren que existió intención de ocultamiento y desaparición del cadáver con complicidad de terceros.
«El asesinato de Dimar Torres a manos del Ejército Nacional constituye un crimen de Estado contra la paz, a la Fiscalía le corresponde establecer con prontitud las responsabilidades penales tanto intelectuales como materiales de estos hechos gravísimos contra la paz de Colombia» ha declarado uno de los senadores.
Senadores y responsables políticos que debieran incentivar las investigaciones para averiguar cuántas más fosas comunes y no comunes hay en el Catatumbo. Cuántas son las personas desaparecidas, cuántas ejecuciones extrajudiciales (en uno de cuyos señalamientos está el propio general Villegas) corresponden a esta y otras regiones macabramente torturadas por la guerra que no termina en Colombia, como mostró ayer viernes en sede parlamentaria asturiana el Informe de la XV delegación asturiana de verificación a los DDHH en Colombia.
Fuente original: http://www.pachakuti.org/spip.