Además de ser un defensor de derechos humanos, era un antioqueño raizal que sabía que la muerte acechaba a La Granja, su pueblo, y El Aro, pero el Gobernador no lo oyó
Desde su infancia en la década del 40 en el municipio de La Granja, José María Valle le vio los ojos a la pobreza y el sufrimiento de los campesinos del nororiente de Antioquia. La había vivido con su familia de diez hermanos, quienes trabajaban la tierra para comer. Las limitaciones los expulsaron a Medellín a buscar suerte. Su papá Jesús y su mamá María consiguieron pagarle el colegio a Jesús María, el más avispado de los hijos, con la venta de la parcela que tenían en el corregimiento La Granja de Ituango donde había nacido en 1943. Con el cartón de bachiller del Liceo de Antioquia ingresó a la Universidad de Antioquia a estudiar derecho, cuando el movimiento estudiantil era un hervidero de ideas y discusiones políticas entre los nacientes grupos de izquierda y los partidos tradicionales. Empezó a ejercer en una modesta oficina que tomó en arriendo en el edificio Colón, en la misma donde fueron buscarlo para matarlo.
Cuando vio entrar a sus dos asesinos a su oficina en el cuarto piso del edificio Colón en la calle Ayacucho, en pleno centro de Medellín, miró a su secretaria Nelly Moncada, y le dijo con un gesto de resignación: «Tranquila que ya nada podemos hacer. Deje que las cosas pasen». La secretaria vio los dos fogonazos en la cabeza y otro en el pecho. Los sicarios finalmente lo habían logrado: asesinar al presidente del Comité por los derechos humanos de Antioquia. Había corrido la misma suerte que su amigo y maestro Héctor Abad Gómez, de Leonardo Betancur, de Luis Felipe Vélez, todos miembros del Comité por los derechos de Antioquia.
Valle quería hacer política. Llegó a ser diputado de la Asamblea Departamental en 1972 con el Partido Conservador, y profesor de Ética Profesional, Derecho Procesal y Probatorio Penal en las universidades de Antioquia, Medellín y la Pontificia Bolivariana. Fue el primer presidente de la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín, pero lo suyo era la defensa de los más vulnerables que en un país en conflicto como Colombia se confundían con los luchadores por los derechos de la gente. En 1978 entró a formar parte del Comité por la Defensa de Derechos Humanos seccional Antioquia. Su voz sonaba fuerte. Una década después asumió la dirección con firmeza sin dejarse amedrentar por el asesinato de su maestro, decidido a convertirlo en una tribuna de denuncia de abusos y atropellos en una Colombia degrada por la guerra en la que los grupos ilegales, guerrilla, paramilitares y los narcotraficantes ganaban terreno.
Su talante y sus convicciones le pusieron al frente a un poderoso contradictor: el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, elegido en octubre de 1994. Uribe había hecho del tema de la seguridad en Antioquia una bandera con una nueva herramienta que quería llevar a los límites: las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada -Convivir-. Una herramienta legal que permitía la organización de civiles y creada a finales del gobierno de César Gaviria con Rafael Pardo en el Ministerio de Defensa, reglamentado por Ernesto Samper para defenderse de la violencia creciente en el campo. El agua empezaba a salirse de su cauce.
Tanto Uribe como las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de los hermanos Castaño, que se asentaban en Antioquia y tomaban control del departamento, le pusieron el ojo a la recién creada herramienta. El bajo Cauca e Ituango en particular, la tierra de Jesús María Valle que había recorrido, caminado y querido, no escapaba de la dinámica de violencia que se disparaba exponencialmente. Valle no dudó en solicitarle una cita al gobernador en su despacho.
En los primeros meses de 1996 le advirtió al Gobernador que Fuerzas paramilitares planeaban ataques al corregimiento de La Granja, el municipio donde había crecido y donde actuaban los frentes 5, 36 y 18 de la guerrilla de las Farc. Valle tuvo conocimiento de los acuerdos que Carlos Castaño tenía con el Ejército para irse contra pobladores, señalados de colaboradores de la guerrilla. El Gobernador no lo escuchó. Por el contrario, Uribe Vélez dio declaraciones radiales para descalificar a Valle y señalarlo de haberse especializado en criticar a las Fuerzas Armadas. Seis meses después, en junio del mismo año, fueron asesinados en La Granja Graciela Arboleda, Jairo De Jesús Sepúlveda Arias, William De Jesús Villa García y Héctor Hernán Correa.
El 20 de noviembre de ese mismo año la advertencia se repitió. El presidente del Comité de derechos humanos de Antioquia se comunicó con el Gobernador y le hizo saber del plan paramilitar contra otro corregimiento, El Aro. Uribe hizo caso omiso. Pero Jesús María Valle no se quedó callado. Unos meses después, el 25 de agosto de 1997, aprovechó los diez años de la muerte de Héctor Abad Gómez para denunciar públicamente lo que ocurría en Ituango: «Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el Gobernador Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país». Firmó su sentencia de muerte.
Al final del año, en octubre de 1997, los paramilitares de Castaño asesinaron 15 lugareños. Fueron 21 días de horror y muerte en un corregimiento que Valle conocía como la palma de su mano. Valle recordó su advertencia al Gobernador y la negligencia a la hora de actuar. Un comportamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en la sentencia del 1 de julio de 2006 en la que responsabilizó al Estado, y en este caso hizo explícita la «negligencia y omisión» de la gobernación de Antioquia en las masacres de La Granja y El Aro.
La suerte del defensor estaba echada. Empezaron las llamadas, los sufragios, las amenazas. Y el 27 de febrero de 1998 sicarios del grupo La Terraza cumplían la orden de Carlos Castaño. Un asesinato que pesa sobre el expresidente Álvaro Uribe y que la Corte Suprema de justicia está decidida a que no quede en el olvido.