Así, de proseguir los abusos y el descontrolado afán de lucro de quienes detentan el poder económico, escenario propicio para el desarrollo del crimen organizado, el vasto movimiento social que apoyó las movilizaciones estudiantiles de este año podría transformarse en el próximo otoño en un maremoto social de impredecibles consecuencias. Resulta evidente que los aparentes controles económicos y financieros no han funcionado desde el retorno de la democracia en 1990 y que, en el actual gobierno de la derecha, los delincuentes de colleras y Cartier creen haber conseguido patente de corsario para acometer sin pudor en contra de los ciudadanos, transformados por la propaganda y el marketing en esclavos ansiosos de consumo.
Hace casi cuatro años, en el prólogo del libro Conexiones mafiosas. El crimen organizado a las puertas de Chile , la abogada y académica Clara Szczaranski afirmó: «Cada vez son más numerosos en el mundo los casos de empresas lícitas que utilizan procedimientos ilícitos para optimizar sus ganancias o disfrazar sus pérdidas, como adulteración de balances, administración desleal de patrimonios ajenos, infracción de los deberes de garante y, en general, abuso del derecho y fraude a la ley, especialmente mediante la utilización de apariencia lícita de los instrumentos legales, económicos y financieros. Es así como, por necesidad, se instala en la cultura de negocios y administración de los Estados modernos un concepto avanzado de investigación económica dirigido a la investigación patrimonial y a los nexos societarios».
Y agregaba la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor: «Pese a la actualidad y gravedad del asunto, pese al efectivo ‘cambio de la cuestión criminal’, la sensibilidad y reacción sociales frente a la globalización del crimen y a los nexos de éste con los distintos poderes no están a la altura de la magnitud del problema. Esa insuficiente percepción no ha determinado, en muchos países, entre los que nos contamos, cambios sustantivos en las políticas públicas afectando seriamente las posibilidades de tutela y de garantía del interés social, en beneficio de unos pocos. Por lo demás, de políticas públicas para el fenómeno criminal no se puede siquiera hablar, pues la reacción al delito en países como el nuestro no pasa de ser un inconexo y emocional aumento de penas o una reactiva y desarticulada creación de tipos penales, que no incluye, en sus fundamentos, un análisis acabado del fenómeno ilícito específico ni integral que se busca enfrentar».
La Polar y los coludidos
La jueza María Verónica Orozco dictó prisión preventiva contra Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, tres de los más importantes ex ejecutivos de la multitienda La Polar, a quienes acusó de formar parte de un grupo que estaba «perfectamente organizado para montar una máquina destinada a defraudar al mercado». La magistrada dijo en su resolución que aún no existe información suficiente para acusarlos de lavado de activos (lavado de dinero), pero insistió en que cometieron delitos reiterados que afectaron a muchas personas pobres. Varios de los abogados querellantes, en tanto, calificaron a los ex ejecutivos de La Polar como «mafiosos» y compararon su proceder con el de los jefes de los cárteles del narcotráfico, asegurando, además, que aportarán nuevos antecedentes para comprobar el lavado de activos y la conformación de una asociación ilícita dedicada a estafar a casi un millón de personas a través de repactaciones unilaterales de deudas en los últimos años.
El abogado Tomás Fabres, de la Fundación Chile Ciudadano, afirmó que la formalización y prisión preventiva de los ex ejecutivos de La Polar sólo cautela los intereses de los inversionistas, e insistió en que faltan los delitos que afectaron a la gente más modesta. «Urge -dijo Fabres- que el Ministerio Público destine esfuerzos equivalentes para proteger de la delincuencia a las personas modestas». Los abogados querellantes esperan que en las próximas semanas se formalicen acusaciones contra muchas otras personas, integrantes del directorio y de los diversos niveles ejecutivos de la compañía, quienes conformaron la presunta asociación ilícita.
La formalización de las acusaciones en contra de los ex gerentes de La Polar coincidió con un sorpresivo allanamiento efectuado el 14 de diciembre a las oficinas centrales de las cuatro principales cadenas de supermercados -Jumbo (Cencosud), Líder (Wallmart), Unimarc (SMU) y Tottus (Falabella)- ordenado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y practicado por investigadores de ese organismo junto a funcionarios del OS-9 de Carabineros. En las diligencias se incautaron computadores y documentos, requeridos en las pesquisas sobre una posible colusión entre los supermercadistas para fijar los precios de las carnes y artículos de limpieza. La orden para el procedimiento fue firmada por el subfiscal nacional económico, Jaime Barahona, luego que el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal Phillipi, se inhabilitara debido a que su hermano Cristóbal Irarrázabal es gerente general de Tottus.
La decisión de investigar las posibles colusiones entre los supermercados surgió de las pesquisas que la FNE efectuó durante el primer semestre de este año por eventuales delitos similares entre los principales productores de pollos en el país, las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, y la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA).
Mercados sospechosos
Los funcionarios de la FNE extendieron también sus sospechas hacia los mercados de las carnes y detergentes, incluyendo toda la cadena de producción, distribución y ventas. Hace poco más de un mes, funcionarios de la FNE se reunieron con ese propósito con los representantes de Fedecarne, el gremio que agrupa a los productores de carne.
La investigación de la industria avícola se prolongó varios meses y tuvo, como la actual sobre los supermercados, carácter de reservada. Pero los allanamientos de oficinas y las incautaciones de documentos nunca trascendieron a la prensa, como en esta ocasión.
A comienzos de diciembre, la FNE presentó un requerimiento ante el Ministerio Público para que se investigue a los productores de pollos y a la APA. El fiscal nacional, Sabas Cha-huán, a su vez, instruyó al jefe metropolitano, Alejandro Ayala, para que la Fiscalía Metropolitana Oriente designara a Francisco Jacir Manterola como fiscal adjunto para dilucidar si existió o no delito entre las productoras de pollos. El requerimiento de la FNE acusó a las principales empresas avícolas de «celebrar y ejecutar un acuerdo entre competidores en el mercado de producción y comercialización de la carne de pollo, consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional».
Varios de los máximos representantes del empresariado nacional reaccionaron de inmediato ante la filtración a la prensa de las investigaciones de la FNE sobre los supermercados, apuntando sus sospechas hacia el gobierno, cuyo principal discurso en los últimos meses ha sido «la defensa del consumidor». Carlos Jorquiera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, habló de una «provocada escandalera de prensa», mientras el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Lorenzo Constans, manifestó su temor de que se puedan producir «prejuicios» en contra de las empresas bajo sospecha. Ambos empresarios, además, pidieron que las diligencias se efectúen «privadamente».
El ministro de Economía, Pablo Longueira, principal promotor de la nueva doctrina gubernamental de la defensa del consumidor, negó que hubiese habido imprudencia de parte del Ejecutivo y sostuvo que fue «inevitable» el conocimiento público de la confiscación de computadores en los supermercados. Longueira nada dijo sobre los posibles malos ratos que en los próximos meses podrían enfrentar el actual ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne y el ministro de Educación, Felipe Bulnes. El primero, ex gerente general de Cencosud y el segundo, ex asesor jurídico del mismo conglomerado que encabeza Horst Paulmann.
RECUADRO
La concentración económica
Numerosos expertos coinciden en que lo ocurrido con La Polar, los supermercados, los pollos, las farmacias, los buses interregionales, las líneas aéreas, las cervezas y otros rubros es un síntoma claro de que la economía chilena está enferma. La principal causante de los males es la creciente concentración económica que se observa en casi todos los principales rubros productivos y de servicios, situación que fue tolerada por los gobiernos de la Concertación y más ahora, por la administración de la Coalición por el Cambio que dirige el presidente Sebastián Piñera.
A continuación un panorama de la concentración del mercado en 24 rubros elegidos por PF. Los datos corresponden a los años 2009 y 2010.
• AFPs: Provida 40%, Habitat 25,6%, Capital 21,1%, Cuprum 9,7%.
• Banda ancha: Entre Telefónica y VTR se reparten el 82% del mercado.
• Cerveza: CCU 86,2%, otros 13,8%.
• Cigarrillos: Compañía Chilena de Tabacos 97%, Philip Morris 1,5%,
Tanasa 1,5%.
• Colocaciones bancarias: Banco Santander 20,3%, Banco de Chile
19%, BancoEstado 15,7%, BCI 12,9%, Corpbanca 7,3%.
• Combustibles: Copec 63,6%, Shell 14,7%, Terpel 9,2%,
Petrobras 9,1%.
• Distribución eléctrica: Grupo CGE 31%, Chilectra 29,2%, EMEL 11,7%.
• Exportaciones forestales: Grupo Angelini 44,2%, Grupo Matte 30,4%.
• Farmacias: Cruz Verde 40%, Fasa 30%, Salcobrand 25%.
• Fertilizantes: SQMC-Anagra 33,8%, Copeval 12,3%, Coagra 8,8%.
• Fósforos: Compañía Chilena de Fósforos 92,9%.
• Gas: Lipigas 37%, Abastible 36%, Gasco 27%.
• Isapres: Banmédica 22,2%, Consalud 21,9%, Cruz Blanca 20%,
Colmena Golden Cross 17%.
• Leche fluida: Soprole 25,6%, Colún 20,9%, Nestlé 19,6%,
Watts 11,6%.
• Pesca de jurel: SPK-San José 37%, Camanchaca 12,8%,
FoodCorp 9,8%, El Golfo 8,5%.
• Pisco: Entre Capel y el Consorcio Pisquero de Chile (Grupo Luksic)
se reparten el 95% del mercado.
• Radioemisoras: Iberoamérica Radio 30%, Grupo Dial 15%,
Grupo Bezanilla 10%,
Compañía Chilena de Comunicaciones 5%, Grupo Horizonte 5%.
• Retail : Falabella 45%, Cencosud-París 29%, otros 26%.
• Sanitarias: Agbar 42,7%, OTPP 36,3%, Grupo Santander 8,6%.
• Supermercados: DyS 34%, Cencosud 31,1%, SMU 19%, Tottus 6,4%.
• Telefonía fija: Telefónica 56,3%; VTR 18%, Entel 5,4%.
• Telefonía móvil: Movistar 41,7%, Entel PCS 37,5%, Claro 20,7%.
• Televisión pagada: VTR-Telefónica 51,9%,
Telefónica multimedia 17,1%, Telmex 13,5%, DirecTV 8,7%.
• Tráfico aéreo (carga nacional): LAN 86,4%, SKY 9%,
Aerolínea Principal 4,6%.
• Tráfico aéreo (pasajeros): LAN 78,8%, SKY 17,8%,
Aerolínea Principal 2,8%.
• Viñas: Concha y Toro 21,1%, San Pedro-Tarapacá 8,4%, Cono Sur 6,5%,
Santa Rita 3,9%, Maipo 3,4%
Publicado en «Punto Final», edición Nº 749, 23 de diciembre, 2011
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