El crimen que angustia a los directivos de Nestlé
A finales de noviembre pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre de 2005.
El fallo no tendría una relevancia mayúscula y sería apenas una condena más por el sistemático exterminio de sindicalistas en Colombia (asunto que preocupa en demasía a los congresistas demócratas de Estados Unidos y que, de cualquier manera, tiene en el limbo el futuro del TLC con ese país), de no ser porque, en criterio del juez José Nirio Sánchez, quien ordenó el crimen fue el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y porque, peor aún, existen indicios que comprometen a la multinacional Nestlé con el homicidio.
Por eso, en el fallo de 110 páginas, conocido por El Espectador, el juez ordenó investigar a los directivos de Nestlé-Cicolac para que se indague «su presunta injerencia en el asesinato del líder sindical y en atención a la solicitud que elevó Carlos Alberto Vélez en su condición de gerente de seguridad para América Latina» de la multinacional. Un panorama cenagoso e incómodo para la exitosa compañía, en tiempos en los que imperan verdades siniestras que asoman su cabeza y escandalizan a un país que reclama justicia mientras exorciza los demonios de la guerra paramilitar que silenciosamente se incrustó en los intereses del empresariado colombiano.
Génesis del crimen
A las 7:30 p.m. del 10 de septiembre de 2005, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sintrainal) Luciano Enrique Romero Molina fue abordado por los paramilitares José Antonio Ustariz Acuña y Jhonatan Contrera Puello y fue llevado a la finca Las Palmeras, a escasos pasos del Batallón La Popa de Valledupar. Allí se lo entregaron a Jimmy, comandante del Bloque Mártires de las Autodefensas, acusándolo de ser guerrillero del Eln. «Lo interrogaron y como no quiso hablar, Jimmy ordenó que lo mataran a cuchillo».
Su cadáver sería encontrado 13 horas después por las autoridades. Torturado. Con un pañuelo en la boca. Y 50 cuchilladas. Huella irrefutable de la sevicia de sus asesinos. El expediente, sin embargo, arrojaría luces más preocupantes aún. Romero Molina tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA debido a su lucha sindical, y el 29 y 30 de octubre de 2005 -mes y medio después del día en que lo asesinaron- iba a ser testigo estelar de la política trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizaría en Berna (Suiza).
Según el expediente, Romero denunciaría las presuntas violaciones de los derechos laborales de la multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia alternativa. De hecho, detalla el juez en su sentencia, otros sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares. La pregunta que plantea el histórico fallo es si la multinacional se valió de las autodefensas para perpetrar estos crímenes.
La lucha sindical de Luciano Romero se inició en 1990. Para noviembre de 2004 su nombre había estado tan expuesto que le tocó refugiarse en España durante cinco meses, en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Regresó a Valledupar y continuó enarbolando las banderas del sindicalismo en una región que dominaba a su antojo el Bloque Norte de los paramilitares. Pero fue ultimado atrozmente. Su muerte sumó además una estadística feroz: 21 miembros de Sintrainal han sido asesinados desde 1987. Es decir, uno por año.
«La importancia de este fallo radica en que clarifica que hubo móviles políticos para asesinarlo. Él era testigo en un tribunal internacional de hechos irregulares y de violación de derechos laborales a los trabajadores por parte de Nestlé. Lo mataron para evitar sus denuncias. Nestlé ha tenido como costumbre la presión ilegal contra los trabajadores a través de amenazas. Hay que investigar si esas amenazas y estos asesinatos se dieron por solicitud de Nestlé. Es muy grave», señaló Agustín Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
El Espectador consultó a las directivas de la multinacional para que fijaran su posición. A través de un comunicado fueron categóricos en rechazar cualquier vínculo con grupos ilegales (ver recuadro «comunicado»). Sin embargo, la orden del juzgado de investigar a las directivas de la compañía no deja de ser un episodio perturbador. Mucho más para una empresa que se ha caracterizado por su responsabilidad social. Nestlé, una de las principales compañías de alimentos y bebidas del mundo, que emplea a 265.000 personas en 481 fábricas situadas en 87 países, se enfrenta a una encrucijada sin precedentes: probarle a la justicia que nada tiene que ver con las Auc.
Así las cosas, la Fiscalía deberá iniciar un nuevo expediente. Esta vez para desentrañar si hubo o no manos del empresariado en el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina. Y también para establecer la participación de Jorge 40 en la decisión de ejecutar al reconocido dirigente. Este semanario consultó con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, quienes al parecer no tienen un criterio uniforme sobre si el desmovilizado jefe paramilitar podría perder los beneficios de la ley por cuenta de este homicidio.
Para algunos fiscales, luego de la expedición de La ley de Justicia y Paz, en julio de 2005, los paramilitares no podían cometer más delitos si querían ser incluidos en la lista de beneficiarios de la norma. En este caso, Rodrigo Tovar podría quedar excluido de las bondades procesales de la ley. No obstante, otros fiscales manejan la teoría de que es a partir del momento de la desmovilización cuando se ven obligados a abandonar su accionar delictivo. De cualquier manera, sostuvo uno de los fiscales consultados, será el magistrado de Justicia y Paz el que tendrá la última palabra.
Una discusión que comienza a ambientarse precisamente en tiempos en los que el Gobierno lanza la inusitada propuesta de adelantar juicios colectivos a los jefes paramilitares. Iniciativa que, de entrada, ya empieza a causarles dolores de estómago a muchos defensores de derechos humanos (ver recuadro «juicios colectivos…»). Por ahora, lo cierto es que una de las multinacionales más prósperas del país, Nestlé, tiene el desafío de comprobarle a la justicia su inocencia.
¿Juicios colectivos o impunidad colectiva?
Desde mucho antes de entrar en vigencia, la Ley de Justicia y Paz ya era duramente criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y ahora, dos años y medio después de entrar en funcionamiento, una nueva señal de alerta pone la norma en el ojo del huracán. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, soltó una polémica propuesta que fue discutida el viernes pasado en el Consejo Superior de Política Criminal y que busca, en cortas palabras, agilizar el proceso judicial en contra de los paramilitares desmovilizados cobijados por los beneficios procesales de esta ley.
La propuesta reza: «Teniendo en cuenta que esta clase de organizaciones delictivas operaban en bloque, pero bajo un mando responsable, considera el Gobierno que se podría llevar a cabo una investigación y juzgamiento conjunto». De esta forma, dice el Ejecutivo, los más de 3.000 ex paramilitares que se han acogido a la ley podrían ser juzgados en un solo proceso y junto a los demás integrantes que hacían parte de los bloques en los que militaron. A esto se suma la insistencia de que los testaferros de varios de los ‘paras’ en prisión puedan ser absueltos de todo cargo si entregan sus ilícitos bienes al Fondo Nacional de Reparación.
El asunto es tan peliagudo que distintas ONG ya pusieron el grito en el cielo y aseguraron que esta iniciativa podría beneficiar a los jefes de las autodefensas, pues librarían a la mayoría de sus familiares de líos judiciales. De acuerdo con las penas contempladas en la ley, la mayor condena no superaría los ocho años. Si se tiene en cuenta que el tiempo de su pena empezó a correr desde la instalación de la mesa de diálogos en la antigua zona de concentración en Santa Fe de Ralito (Córdoba), su permanencia en la cárcel podría terminar en no más de dos años.
Muchas ONG coinciden en que esta nueva jugada no es más que un obstáculo a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la demostración de la incapacidad del Gobierno y los entes judiciales para procesar a los jefes ‘paras’. Varios de estos defensores de derechos humanos se preguntan si esto será, más que un juicio colectivo, una impunidad colectiva. Sin duda, una nueva controversia político-jurídica se abre camino, dejando a su paso múltiples preguntas por responder, pero una en especial: ¿Cuándo se producirán las primeras condenas?