Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno de Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la crisis del sector salud. El […]
Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno de Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la crisis del sector salud.
El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Malagón, ha declarado que esos decretos «representan un atentado contra la medicina y la profesión, agresión que nunca se había registrado ni en esta ni en ninguna otra democracia».
Dejó claro el médico Malagón que la Academia Nacional de Medicina ha manifestado en diferentes ocasiones su protesta frente a las medidas, «por lo que representa una creciente desprofesionalización de la medicina, que se encuentra amparada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial». Los decretos expedidos significan la abolición del componente más importante: «La autonomía del profesional de la salud». Igualmente destaca que: «las guías o estándares no pueden ser camisa de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio racional para determinar qué es lo mejor para el paciente». «Igualmente la Academia de Medicina no puede ser motivo de sanciones y que estas representan una afrenta que la profesión médica no puede aceptar».
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) manifestó su rechazo urgente a los decretos emitidos en el marco de la emergencia social, a través de un comunicado expedido el domingo. El presidente de la ACSC, Javier Pérez, expresó que «los decretos atentan contra el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, vulnerando su autonomía del ejercicio de los profesionales de la salud, y ponen en peligro la seguridad y la calidad de la atención médica».
A su vez, la directora de ACOPER, Luz Victoria Salazar, una de las asociaciones para pacientes de alto costo, expresó que la declaratoria de emergencia y los decretos «pasaron de ser una esperanza para la vida de los pacientes que depende o puede llegar a depender de un procedimiento o medicamento no POS, un atentado dirigido desde el Estado contra sus ciudadanos.
El pronunciamiento de la doctora Salazar fue hecho en un comunicado, en el que expresó su indignación ante la medida que evalúa los Estados Financieros de los pacientes que requieren servicios no POS. Según la directora, esta medida cuestiona las necesidades del paciente y el principio de equidad que tienen todas las personas de ser atendidas.
Este conflicto en el sector médico colombiano muestra la política agresiva y autoritaria del gobierno del presidente Uribe Vélez que atropella las reglas médicas establecidas en Colombia en garantía de un buen servicio médico para los pacientes.
La profundidad del conflicto creado por el presiente Uribe Vélez en los hechos que estamos denunciando, muestran la agresión gubernamental misma contra la práctica de la medicina en Colombia, como un nuevo agravante de la ola de crímenes que se cometen diariamente en todo el territorio nacional, contra la población común y corriente, grupos indígenas y raciales, jóvenes y niños escolares de familias indígenas y muchos otros casos, que por censura de la propia prensa nacional no son divulgados para poner al descubierto la profundidad de la crisis a que está llegando el régimen dictatorial colombiano del presidente Uribe Vélez.
Al pie de las anteriores informaciones, el periódico El Universal, de febrero 2 de los corrientes, denunció según confesó y aceptó el propio presidente Uribe Vélez, «el bombardeo de un avión de la Fuerza Aérea sobre territorio indígena de la comunidad Embera Katío en el resguardo Urada Jiguamiandó en Alto de Guayabal, Chocó, y en la cual resultaron heridos 6 personas, entre los que se encuentran dos menores de edad, un bebé de 6 meses y otro de 20 días de nacido». El presidente reconoció que aún no ha sido notificado de esa acción pero dijo que las Fuerzas Aéreas Armadas Colombianas son muy cuidadosas. El común de la gente se pregunta: ¿y los heridos y demás víctimas de la violencia oficial qué?
Contrariamente a lo dicho por el presidente, lo que se ha venido registrando en Colombia es una creciente expansión de los asesinatos de indígenas y otros grupos raciales por las fuerzas armadas colombianas en las zonas de población indígenas y otras comunidades de origen africano junto a los de colombianos comunes y corrientes. El susto y el temor a las agresiones armadas de las fuerzas gubernamentales, ha venido llenando de terror el territorio nacional donde habitan esas poblaciones. Es parte esencial del estado de pavor, represión y miedo en que viven esas organizaciones raciales, sin poder obtener garantías serias y reales a sus vidas. La represión a las poblaciones indígenas y a los grupos étnicos que llegaron de África, está ocupando cada vez más páginas en la estrechez y pequeñeces y limitación de la gran prensa colombiana sobre esos sucesos, para ocultarlos.
– Fuente: http://www.argenpress.info/2010/02/colombia-decreto-de-emergencia-social.html