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Lagos y sus guiños a la impunidad

El dedo que indulta

Fuentes: Punto Final

El Presidente Lagos sólo puede indultar a reos rematados. Esa es una limitación seria. Como apenas 46 uniformados han sido condenados a firme por violaciones a los derechos humanos, y 24 ya están libres debido a que sus penas fueron muy bajas, las señales presidenciales apuntan también al poder judicial, donde 372 uniformados procesados esperan […]


El Presidente Lagos sólo puede indultar a reos rematados. Esa es una limitación seria. Como apenas 46 uniformados han sido condenados a firme por violaciones a los derechos humanos, y 24 ya están libres debido a que sus penas fueron muy bajas, las señales presidenciales apuntan también al poder judicial, donde 372 uniformados procesados esperan sentencia.  El indulto a Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del atroz asesinato del dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez, fue calificado por el primer mandatario como «una señal potente». En realidad, el presidente ha   reforzado la tesis de la amnistía, de la mano con su patrocinio al nuevo ministro de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, cuyo desempeño lo inclina hacia la impunidad. La Suprema ya amnistió al ex coronel de Ejército  Joaquín Rivera González,  a quien la Corte de Apelaciones de Temuco había condenado a 10 años por la  desaparición de los jóvenes Luis Cotal y Ricardo Rioseco, de Angol,  y aplicó  la amnistía a la cúpula de la DINA en el juicio por la desaparición de la periodista Diana Aron.

 

El mensaje es claro en cuanto al destino de los  procesados por causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Según el informe 2005 de  FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), 64 de estos ex uniformados estaban encargados reos en más de un proceso. Uno de los reos  es  Augusto Pinochet, cuyo desafuero por la Operación Colombo ha ido quedando en la nebulosa, opacado por las querellas por fraude y corrupción. La periodista Patricia Verdugo y el ex preso político y académico Pedro Alejandro Matta entregaron a la Corte Suprema 2300 firmas de chilenos, recolectadas en el país y el exterior, exigiendo al máximo tribunal asumir que el ex dictador está en perfectas condiciones de enfrentar un juicio, como quedó demostrado por su pronunciamiento público en defensa de sus familiares. En la misiva, cuyas firmas encabezan los escritores Isabel Allende, Luis Sepúlveda y Ariel Dorfman,  se sostiene que Pinochet ha desafiado a los jueces a atreverse a enjuiciarlo a él.

 

Ex uniformados reos rematados

Hasta ahora, han cumplido o están cumpliendo sentencia por violaciones a los derechos humanos, 20 ex miembros del Ejército,  23 ex carabineros y 3 civiles. Entre los primeros están los implicados en el homicidio de Tucapel Jiménez: tres ex generales de ejército, Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Hald y Hernán Ramírez Rurange cumplen penas remitidas, de apenas 800 días, además del general Arturo Ramsés Sgolia (9 años), los coroneles Víctor Pinto Pérez y Francisco Ferrer Lima (8 años cada uno),  el mayor Carlos Herrera Jiménez (perpetua por este crimen y el de Alegría), y un suboficial, Miguel Letelier Verdugo.Todos ellos pertenecieron a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). El restante es el reo indultado por Lagos, Contreras Donaire. La Corte Suprema había confirmado estas sentencias recién en marzo del año pasado.

 

Por el homicidio del carpintero Juan Alegría, cumple condena en Punta Peuco el ex mayor Alvaro Corbalán, condenado a perpetua junto a Carlos Herrera;  Armando Cabrera (suboficial) y Osvaldo Pincetti (civil).  El Mercurio sostiene que serán los próximos indultados.

 

En Punta Peuco, por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino,  degollados en 1985, cumplen prisión perpetua los ex miembros de Carabineros, coronel Guillermo González Betancourt, cabo Alejandro Sáez y los suboficiales Claudio Salazar y Juan Fuentes, así como el civil Miguel Estay Reino (el Fanta). El capitán Patricio Zamora Rodríguez cumple pena de 15 años por esos delitos. Ellos son también candidatos mercuriales al indulto. Ya cumplieron su pena de 5 años el coronel Julio Michea y el mayor Manuel Muñoz.  

 

Finalmente, por el secuestro calificado de Miguel Angel Sandoval cumplen pena desde enero de 2005 en el penal Cordillera, el ex director de la DINA Manuel Contreras, y los miembros de su personal directivo: dos brigadieres de Ejército, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, un coronel de Ejército (Marcelo Morén Brito) y uno de Carabineros (Gerardo Godoy).

 

En Chile, la dictadura militar es responsable de 2.905 víctimas, según los registros oficiales elaborados entre 1992 y 1994 por la Comisión Nacional de Reparación, luego denominada Corporación de Reparación y Reconciliación.  De los caídos en esos años, 1.720 fueron muertos o ejecutados en diferentes circunstancias, y 1.185 permanecen desaparecidos. Hasta ahora, sólo en un caso de desaparición (Miguel Angel Sandoval Rodríguez) los responsables están en una cárcel. La justicia tardó 29 años. Y ha habido sentencia únicamente para 18 de los 1.720 casos de ejecutados..

 

Crímenes atroces y penas mínimas

La mayoría de los asesinatos permanecen impunes, con la excepción de aquellos que por sus características atroces alcanzaron connotación internacional como el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, por el que Contreras y el ex coronel Pedro Espinoza cumplieron breves condenas. Otros casos fueron las muertes por tortura del transportista demócratacristiano Mario Fernández (los condenados fueron Carlos Herrera Jiménez, a diez años, y el suboficial Armando Cabrera, a 6), y del joven Carlos Godoy Echegoyen (fue condenado el ex capitán de carabineros Héctor Díaz Andersen, a 3 años y 1 día, ya cumplidos).También el caso de Rodrigo Rojas Denegri, quemado vivo en una protesta, que significó para el capitán de Ejército Pedro Fernández Dittus una pena de 600 días, ya cumplida.

 

Procesos en trámite

Entre las condenas de primera instancia más importantes de 2005, está la del ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, a presidio perpetuo por la Operación Albania, pronunciada a comienzos de 2005. Continúan en trámite procesos como el del General Carlos Prats González, el periodista José Carrasco, Caravana de la Muerte, calle Conferencia, la Operación Cóndor y Colombo, etc .Según cifras de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) 184 de los procesados en todos los casos eran miembros del ejército y 111 de carabineros.

 

De los 131 muertos por represión en las protestas (cifras de Comisión Rettig), sólo hay 2 ex uniformados condenados, un carabinero y un suboficial de ejército, ambos a 300 días de presidio con pena remitida.

 

La moneda de cambio

Por otra parte, las señales de La Moneda se emiten en diversas frecuencias. El ministro de Justicia de Lagos, Luis Bates, ejerce actualmente como docente de la Universidad de Desarrollo (controlada por la UDI), a las órdenes de su decano, Pablo Rodríguez Grez, defensor del ex dictador Pinochet y de los principales represores. En Internet, hasta el día de la asunción de Ballesteros a la Suprema, se vio a un sonriente Ministro Bates junto a Pablo Rodríguez,  en el portal de la universidad privada de la UDI.  La foto desapareció del portal el día que el Senado ratificó la designación de Ballesteros.

¿Cuál fue la moneda de cambio por el indulto y por el nombramiento de un juez que representa un retroceso en la lenta recuperación del poder judicial para la democracia?  Aunque las negociaciones secretas  parecían ser una característica de los inicios de la transición, los sucesos de las últimas semanas han devuelto al país a esa práctica que tan nefastas consecuencias ha tenido para la democracia.