El presidente Álvaro Uribe ha anunciado que pretende borrar de la Constitución, el delito político. Su argumento se basa en, 1º) que en una democracia como la colombiana no debe existir el delito político; 2º) cuando hay lucha armada, no hay delito político sino terrorismo. (El Colombiano, 19 de Mayo). La estrategia consiste en anunciar […]
El presidente Álvaro Uribe ha anunciado que pretende borrar de la Constitución, el delito político. Su argumento se basa en, 1º) que en una democracia como la colombiana no debe existir el delito político; 2º) cuando hay lucha armada, no hay delito político sino terrorismo. (El Colombiano, 19 de Mayo). La estrategia consiste en anunciar la eliminación del delito político, y preparar la «mente de los colombianos para este debate» mientras se apuran los diálogos y acuerdos con los paramilitares. La idea consiste en otorgarles a éstos el estatus de delincuentes políticos, paraque se beneficien de las inmunidades y bondades jurídicas plasmadas en la Constitución, como en el artículo 35, donde se dice que la extradición no se puede aplicar en casos de delitos políticos, o el 150 donde se afirma que el Congreso puede otorgar, por mayoría de votos, amnistía e indulto a quienes hayan cometido delitos políticos. Es decir, el objetivo de Uribe con la nueva estrategia macabra, es hacer
del lobo cordero. Al parecer, quiere poner a prueba los brillantes consejos de algunos expertos mundiales que se pasean por el país cobrando miles de dólares. Uno de ellos, Fernando Savater, filósofo español de derecha, argumenta que los delitos políticos no caben en una «democracia profunda», en referencia, seguramente, a Europa. Democracia profunda que está imponiendo, no importa que sea por medio del accionar asesino del paramilitarismo o el autoritarismo de la política de «seguridad democrática», el presidente que aspira a la reelección.
Ésta jugada política de Uribe y sus ministros busca, por un lado, ganar adeptos y votos para la reelección presidencial. Por el otro, continuar su ofensiva mediática e ideológica de negar que en el país hay un conflicto armado y que las guerrillas son rebeldes. Y, finalmente, concederles estatus político a sus aliados paramilitares, los que él mismo inspiró en los 90s, para que sean éstos los que se beneficien de una herramienta extrajurídica, histórica, como es el delito político.
La intensión es, por medio de la propaganda mediática de los Medios de Alienación Masiva (M.A.M), convertir en delincuentes comunes a las guerrillas (verdaderos delincuentes políticos), y en delincuentes políticos a los paramilitares (aliados del estado en la lucha contrainsurgente). Ahora bien, miremos con menos afán que los acuerdos de Ralito y la reelección presidencial, la nueva jugada política del mejor alumno de G.W. Bush.
Introducción
El delito político está ligado al desarrollo histórico de los pueblos y sus luchas. En la mayoría de las constituciones, desde la Revolución Francesa, ha sido consagrado. Pero toda Constitución, hasta la más perfecta, es un texto que cambia(n) de acuerdo a como cambie y evolucione la misma sociedad, de acuerdo a como el soberano mismo asuma (el poder) lo que es su razón de ser. Desde el punto de vista de sus móviles, el delito político se diferencia del delito común en que el sujeto(s) que lo lleva acabo, está guiado por una concepción filosófica nueva de la vida, del mundo y de la sociedad, distinta de la del Estado que confronta. Y quien(es) para materializar su ideal, conseguir sus objetivos políticos, utiliza(n) métodos que no son aceptados por quienes gobiernan. Clase, monarca, tirano o dictador. El delincuente político busca, según Jiménez de Asúa (profesor de Derecho Penal y diplomático de la República española durante la Guerra Civil) mejorar las formas políticas y la
s condiciones de vida de las mayorías, por lo tanto no es un ser peligroso para la sociedad. El delincuente político está guiado por una concepción ideológica, inspirado en principios morales, éticos y altruistas en su meta de construir una sociedad nueva, así para ello tenga que romper con esquemas, statu quo, a costa de ser considerado un delincuente o morir en el intento.
Desde la antigua Roma, se consideró como delito político decapitar, quemar o destruir la estatua del emperador, irrespetar las imágenes imperiales, hasta esculpir una estatua de mayor altura que las dedicadas al César. Al crimen de majestatis, como se le conocía, se le fueron agregando otras formas como la sedición contra la seguridad pública, siempre y cuando se demostrara que detrás de ésta había una intención dolosa. Carlomagno (742 – 814), el rey y emperador de los francos, quien durante treinta años pretendió someter a las tribus germánicas de los sajones, estableció la pena de muerte contra todos los que se rebelaran contra el emperador o contra el cristianismo. Adorar otro Dios que no fuera el cristiano y comer carne los días de vigilia eran delitos que se castigaban con la pena capital. También las Partidas, ofensas contra la autoridad y la persona del monarca, eran consideradas delitos políticos.
Durante la Revolución Francesa (1789), las nuevas concepciones en torno al Estado, el Derecho y el diseño de la Nación Moderna quedan contempladas en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que aprobó la Asamblea nacional constituyente. LA Revolución con este texto de connotaciones históricas para los derechos de los pueblos (tercer Estado General), abolió no sólo los privilegios del clero (primer Estado General) y de la nobleza (segundo Estado) ligados al Antiguo Régimen feudal, sino, al mismo Estado Monárquico Absolutista. «El Estado soy yo», del Rey Luis XIV, pasaba así a los archivos de la historia. Pero en él (texto), se reconoce también la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia y se estableció la separación de poderes. Luego de la insurrección del 14 de Julio y la toma de La Bastilla, símbolo de opresión de los Borbones, el tercer Estado General (pueblo) acudió a Versalles para apoyar la Asamblea y presionar la aprobación de la que
sería la primera constitución de la Revolución Francesa. Luis XVI, el último Rey de los franceses, no tuvo más remedio que ratificarla el 5 de Octubre de 1789. No era conciente en ese momento que estaba firmando su propia condena a la guillotina por el delito de traición. Fue condenado a morir en ella el 21 de Enero de 1793.
La Revolución Francesa aunque no introduce cambios relevantes en la definición del delito político (a los contrarrevolucionarios se les despojó de todo derecho, inclusive el de la defensa y los procesos que desarrollaron para sancionar delitos políticos, se volvieron discrecionales, los jueces no tenían otro límite que su conciencia), establece en el segundo de los diecisiete artículos aprobados por la Asamblea Nacional en 1789, lo siguiente:
«La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión».
Imperialismo y resistencia armada de los pueblos
Históricamente el imperialismo ha sido y es causa, nunca efecto, de la resistencia de los pueblos. Ésta, la resistencia de los pueblos, es siempre efecto de la razón política de aquel. El derecho a la rebelión o resistencia contra todo tipo de opresión, ha sido y es la respuesta única y válida de los pueblos. Está consagrada desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, Revolución Francesa, hasta la mayoría de los textos constitucionales del mundo.
En la historia de los pueblos latinoamericanos, el imperialismo, desde el español, francés, pasando por el inglés hasta el estadounidense, ha sido causante y agresor, impuesto una forma de ser de la política, la economía, el derecho, la cultura y la vida de los pueblos. Él ha sido siempre el del primer atentado… y por este solo primer atentado, la culpa de los crímenes y las desgracias que han seguido, debe recaer sobre los primeros infractores. «Manifiesto a las naciones del mundo sobre la guerra a muerte» S. Bolívar. Febrero 24 de 1814
Después de los tres siglos de la ilegítima usurpación que ejerció España sobre las colonias latinoamericanas, desde los primeros días del siglo XIX con la presencia expansiva e impositiva del coloso del norte, ha corrido ya un siglo de ilegítima usurpación ejercida por el imperialismo estadounidense. Una suma simple. Cuatro siglos atentando contra la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos que han querido serlo, pero no podido ser aún. Por eso los pueblos se afanan hoy en conquistar la segunda y definitiva independencia. En esa lucha, por ese magno objetivo están los pueblos del continente hoy. Unos más avezados que otros, marchan, lento pero seguro, hacia allá.
Delito político y resistencia (armada)
En Colombia la derecha trasnochada, a contra pelo de la tendencia democrática y de izquierda que recorre el continente – desde Argentina, Uruguay, pasando por Bolivia y Ecuador, donde los movimientos campesino e indígena junto a obreros y estudiantes empiezan a decidir quién y para qué se gobierna, hasta Venezuela, donde el pueblo vive y participa del avance democrático, la recuperación de la soberanía, pasando de ser un pueblo pasivo e invisivilizado por décadas, a ser el protagonista y sujeto central de la revolución que adelanta el gobierno Bolivariano de Hugo Chávez – quiere acabar de imponer el modelo de estado, economía y justicia que a través de una avasalladora campaña ideológica terminaron imponiendo dos sabuesos de la derecha mundial: Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 80s. La llamada «seguridad democrática», Plan Patriota, lucha antiterrorista del gobierno actual, no es más que la continuidad de aquella tendencia reaccionaria mundial. Esa corriente de pensam
iento ha adquirido nuevos ribetes durante la presidencia de GW Bush. Los ataques del 11-S, sin lugar a dudas, le dieron el mejor pretexto a la derecha mundial para dar un nuevo impulso a su campaña de expansión imperialista por el globo. Sin embargo, lo que pretende ahora la derecha anacrónica colombiana, es borrar o sacar de la constitución el delito político, queriendo darle continuación a la tendencia derechista global, que en Colombia tiene un defensor a ultranza: Alvaro Uribe y su séquito de títeres.
Delito político, constituyentes y guerras civiles en Colombia
La historia de Colombia, como historia de luchas de clases, en la mayoría de los casos se ha desenvuelto a través de guerras civiles. Esto no significa para nada que hayamos estado viviendo bajo un designio maléfico. Tampoco es una condición propia de «nuestra raza», como muchas veces han pretendido enseñarlo algunos.
Los referendos, asambleas constituyentes y plebiscitos han sido a lo largo de la historia colombiana, herramientas políticas utilizadas por la oligarquía cada vez que las condiciones socioeconómicas y políticas exigían cambios en las estructuras jurídicas y políticas de la naciente república. La utilización de dichos instrumentos políticos, ha servido para la legitimación del poder político; imponer una reforma constitucional; decretar la muerte de la anterior como la constitución centralista que impuso Rafael Nuñez en 1.886 contra la federalista (Rionegro 1.863); declarar la muerte política de la oposición; restablecer consensos en la clase dominante para el ejercicio del poder (Frente Nacional) como fue el caso del plebiscito de 1.957 luego de la guerra civil, llamada «Violencia» (1.948 – 1.964) tras el asesinato el 9 de abril de 1.948 de Jorge Eliecer Gaitán; o para buscar la «paz» y democratización de la sociedad (Constitución 1991); y finalmente, para cumplir los acuerdo
s adquiridos con el imperialismo Norteamericano en la guerra «antiterrorista», las imposiciones fondo monetaristas y el Plan Colombia (hoy llamado Plan Patriota). Todo lo cual, tiene como telón de fondo la lucha por el poder político y económico. La lucha entre intereses de clase antagónicos, nos ha llevado a que la guerra civil, a falta de acuerdos políticos, consensos y establecimiento de un estado (democrático) social de derecho, haya sido uno de los principales medios para obtenerlo. Guerras civiles que han cortado como bisturí en lo profundo del tejido social a lo largo de la historia republicana, causado horrendas tragedias y continuos baños de sangre en el pueblo colombiano, y que parece que acechara generación tras generación.
La Asamblea Nacional Constituyente del 91: avances democráticos
Teniendo en cuenta el carácter excluyente del plebiscito del 57, por el cual solo liberales y conservadores usufructúan el poder económico y político, durante los años 60s las luchas de los campesinos por la tierra, el surgimiento de fuertes movimientos estudiantiles y obreros se extiende por el campo y las ciudades haciendo que la lucha revolucionaria por el poder se incrementara. Buscaban romper la hegemonía del bloque dominante en el poder. En esta coyuntura la Revolución cubana y las luchas populares en el continente tuvieron una gran influencia para que surgieran organizaciones revolucionarias armadas en Colombia.
Tras décadas de lucha, y dentro del contexto del avance de la corriente de derecha que anunció el fin de la Guerra Fría, de la «historia» y de las ideologías, unos grupos aceptan dialogar con representantes de la burguesía en los 80s. Surgieron así, por acuerdo político, los diálogos de «paz» en 1984 entre la insurgencia y Belisario Betancurt que dieron origen a movimientos políticos de oposición como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar. A mediados de la década del 80, los movimientos y partidos revolucionarios lanzaron la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de establecer una verdadera apertura democrática que le permitiera a la oposición armada participar en la lucha por el poder político por canales legales y constitucionales. Propuesta que lanzó el Frente Popular a través de su vocero Oscar William Calvo, asesinado en noviembre de 1.985 por agentes del gobierno. Movimientos políticos que fueron completamente exterminados, su
s dirigentes liquidados y la mayoría de sus miembros asesinados en una modalidad muy conocida en Colombia, como fue la guerra sucia. Utilizando asesinos a sueldo (sicarios) para que mataran opositores políticos. Para citar un ejemplo, a la Unión Patriótica le asesinaron más de 4.000 de sus miembros. Un genocidio político, como muchos lo han llamado. Así se frustraba otro intento por una verdadera salida negociada al largo conflicto que vive el país.
Pero el M-19, el EPL y otros grupos pequeños llegan a acuerdos de desmovilización y abandono de la lucha armada a cambio de una amnistía para los combatientes, la reinserción a la vida pública y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (1991) amplia, democrática y representativa. Quienes participaron como delegados ante ésta, la concibieron como un espacio de debate democrático que sacaría al país de la profunda crisis social y enfrentamiento armado en que se encontraba. Bajo estas circunstancias, surgía la Nueva Constitución del 91. Otras organizaciones revolucionarias armadas como las FARC y el ELN, la consideraron excluyente al dejar por fuera fuerzas políticas y organizaciones militares que han sido actores fundamentales en la lucha por el poder, y por tanto se abstuvieron de participar en esta constituyente. Pues la consideraron como un nuevo engaño y farsa de la burguesía colombiana que ahora encontraba aliados en un par de organizaciones (M-19 y EPL) que
abandonaron no solo la lucha armada sino la lucha revolucionaria y fueron cooptados por la burguesía. El caso del EPL (Esperanza Paz y Libertad) ilustra bien lo que pasó con esta constituyente. En lugar de esperanza, desilusión, en lugar de paz, el país continúa en guerra, y en lugar de libertad, existe hoy un régimen autoritario que solo ve en la guerra la solución. En resumen podría decirse que la Nueva Constitución que se aprueba en el 91, en teoría, es democrática. Y esos avances democráticos, como el delito político, el derecho de los pueblos a la resistencia, el reconocimiento del conflicto armado y al opositor político, condiciones básicas para buscarle una salida política negociada al conflicto, los quiere también eliminar de la carta constitucional y de la mente del público, Álvaro Uribe. Es la nueva jugada macabra de éste gobierno que hay que impedir. Y lo podríamos evitar, los colombianos, cuando en las próximas elecciones nos abstengamos de votar un presidente qu
e nos acerca, cada vez más, a los brazos de una nueva guerra civil.
Olafo Montalban
Escritor y ensayista independiente
Mayo 30 de 2005