“La paz es solo la condición primaria para poder volcar, consecuentemente, los colosales caudales de energía y recursos necesarios para que toda la humanidad, y no solo una parte de ella, pueda vivir en forma honorable, decente y decorosa” Fidel Castro
Existen cuatro elementos que marcan el momento político: pandemia, crisis económica, derechos humanos y plebiscito. De ellos, dos tienen un nivel de permanencia y contienen aspectos geopolíticos a los cuales el país simplemente se acomoda. La epidemia nos llegó y la manejamos de la peor manera: 10.299 muertos hablan por sí mismos. El desgaste económico del modelo chileno, venía dando señales preocupantes, desde antes del 2008. Frente a esa dificultad, la del 2008, tuvo herramientas para poder sobrellevarla de mejor manera que otros países de la región. No obstante, no se crecía del modo esperado. Había estancamiento. Hoy, los millones de cesantes, las ollas comunes, la desigualdad arrastrada, sometida a la invisibilización tecnocrática por décadas, se presenta ante nuestras narices en su versión más descarnada.
El Senador Navarro, manifestó hace unas semanas que uno de los temas que le ha conmovido en el último tiempo, es la urgencia por defender los Derechos Humanos en democracia. La situación de los presos políticos mapuches, los detenidos por la rebelión del 18 de octubre, los muertos y mutilados son una herida imposible de sanar, sin tomar las medidas necesarias. Las manifestaciones racistas encubiertas desde el Estado, concretamente por sus organismos de seguridad al no actuar ante delitos graves y evidentes, generan un clima de profunda desazón. Más preocupante aun, cuando estos modos de operar, se repiten en el continente: Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y ahora el gobierno chileno, sumándose a esta especie de operación racista regional.
El rechazo generalizado de la sociedad chilena a la acción deleznable, no se condice con la actuación de los órganos estatales. Existen nombres, imágenes repartidas en toda la red, convocatorias violentas grabadas y difundidas, sin que existan detenidos, acciones legales concretas por parte de los organismos competentes que dependen del Ministro del Interior. Como, nos tienen acostumbrados, los camioneros actúan cual matones de barrio y se presenta un proyecto de ley de suma urgencia, para ellos. Ojalá, tuvieran esa premura, con la defensa y promoción de los derechos de los pueblos originarios, de los niñ@s y jóvenes violentados física y sexualmente en el contexto de la rebelión social de octubre. A principios de agosto, La Corte Suprema de Justicia Colombiana, ordenó la detención del ex-presidente Álvaro Uribe, se le acusa de fraude y soborno, con la intensión de ocultar vínculos con grupos paramilitares y de ultraderecha, acusados de delitos de lesa humanidad, contra sus pueblos originarios y comunidades rurales. Téngase presente, la relación que tuvo el actual detenido, con ciertos sectores del mundo privado en la Araucanía [1].
Un conflicto ancestral, como el que se vive en el sur de Chile, no puede ser tratado desde una mirada represiva, puramente occidental, colonizadora y judicializada. Necesita mayor amplitud, requiere de diversos actores que aporten al entendimiento, a la construcción de confianzas resquebrajadas. Los chilenos se han manifestado a favor de las demandas del pueblo mapuche, en contra de la represión y de los actos racistas. No es prudente, desoír lo que la ciudadanía solicita de diversas maneras.
Fidel Castro, no solo se quedó en palabras, ejecutó esfuerzos muy concretos, destinados a facilitar un acuerdo de paz, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. El convenio, fue una alegría para el continente, se firmó el 26 de septiembre del 2016. Lamentablemente, bajo la administración del Presidente Duque, las condiciones de dicho pacto se han puesto en peligro, debido al asesinato a goteras de los ex–guerrilleros y dirigentes sociales de ese país. Cuánta falta hacen líderes de esa envergadura, capaces de ofrecer sus fortalezas en pos de logros superiores.
En tanto, nos enteramos de los problemas presupuestarios que afectarían al plebiscito, según el presidente del SERVEL [2]. El trabajo en solitario, sin consultar a la ciudadanía está pasando la cuenta -y de ese modo la institución, se pone al servicio de quienes a toda costa quieren impedir que los ciudadanos decidan. El referéndum es fundamental, para conservar la amistad cívica, resolviendo en las urnas las diferencias que cruzan a la sociedad chilena. Se hace urgente, abrir los caminos de la nueva constitución, del nuevo trato. Las oposiciones, las organizaciones sociales y el pueblo organizado, no pueden vacilar en el derecho a decidir su destino. La paz, la estabilidad futura dependen de ello.