Quince compañeros chilenos que lucharon contra la dictadura militar de Pinochet y sus resabios post dictatoriales en el siglo pasado expresaron en una declaración el deseo de que terminen los juicios de que son objeto y que se levanten los impedimentos legales que los transformaron en exiliados de la democracia y les coartan el derecho […]
Quince compañeros chilenos que lucharon contra la dictadura militar de Pinochet y sus resabios post dictatoriales en el siglo pasado expresaron en una declaración el deseo de que terminen los juicios de que son objeto y que se levanten los impedimentos legales que los transformaron en exiliados de la democracia y les coartan el derecho de decidir vivir en su país.
Los compañeros Galvarino Sergio Apablaza Guerra, Claudio Enrique Molina Donoso, Manuel Alejandro Santana Sosa, José César Rivera Ortíz, Luis Alberto Rivera Ortíz, Ramón Luis Reveco Sepúlveda, Jorge Escobar Díaz, Hugo Marchant, Carlos García, Héctor Figueroa, Héctor Maturana, Francisco Peña, Jorge Angulo, Arnaldo Arenas Bejas y Patricio Ortíz Montenegro son los firmantes de la declaración. Todos han enfrentado diferentes causas judiciales en nuestro país.
Sin duda los chilenos en situación similar son muchos más, no sólo por haber sido expulsados por el Gobierno de Aylwin a cumplir penas de extrañamiento (exilio) fuera del país, sino también los que lograron fugarse de las cárceles de la época.
Ellos con su lucha, reivindicaron el patriotismo y la dignidad de muchos chilenos pisoteados por los golpistas al derrocar a sangre y fuego al gobierno democrático de Salvador Allende.
Los que firman la declaración combatieron a un gobierno dictatorial que inventó una Constitución Política del Estado a su gusto y que asesinó y desapareció a miles de chilenos, cosa probada de sobra por nuestro actual sistema judicial.
La estrategia de los partidos y movimientos de izquierda chilenos era oponerse a la violencia de la derecha y los militares empleando todas las formas de lucha. Nuestros compañeros eran parte de esa política y lo hacían como militantes de izquierda. Quisiéramos que estos partidos presten atención al sentir de estos luchadores, tanta o más a la que dan al retiro de un partido de la negociación electoral, a que si el candidato Marcos Enríquez-Ominami les recuerda más a su padre biológico o a su padre adoptivo, o a que si la candidata Pamela Jiles se extralimitó o no en su última aparición pública.
Ellos fueron apresados durante la dictadura, salvajemente torturados por los órganos de seguridad del régimen militar y juzgados por fiscalías de los propios militares golpistas. Dieron una digna batalla como presos políticos, participaron en prolongadas huelgas de hambre, y cumplieron muchos años de cárcel en Chile. Eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del Partido Comunista, Partido Socialista, MAPU Lautaro y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La violencia del pueblo contra la dictadura de la que estos hermanos fueron partícipes contribuyó a botarla; eso no lo puede negar nadie. Pero debemos reconocer que la inteligencia de los negociadores para que saliera Pinochet de La Moneda muerto de la risa fue mucho más hábil, como lo reconocen los personeros del antiguo partido MAPU, hoy connotados lobbistas y ricos empresarios. Vale la pena hacer memoria para las nuevas generaciones que MAPU significaba Movimiento de Acción Popular Unitaria y que era una colectividad de izquierda.
La violencia siempre ha sido un arma de la derecha para controlar al pueblo. Hay miles de ejemplos en nuestra historia. Los que se consideran dueños de Chile no pueden perdonar la osadía de estos compañeros de haber utilizado todas las formas de lucha en contra el régimen de Pinochet y con ello haber contribuido también a la vuelta de la democracia en nuestra patria.
Estos hermanos son acusados de violentistas, pero la violencia sigue presente hoy en nuestra sociedad y no es responsabilidad de estos luchadores que reivindican su derecho a decidir donde vivir.
El abuso publicitario desmedido de los medios de comunicación incitándonos a comprar todo tipo de bienes para supuestamente vivir mejor, creando necesidades superfluas especialmente en nuestros jóvenes y niños, sabiendo los empresarios y publicistas que la gran mayoría de los chilenos no tiene el dinero para adquirirlos, puede ser interpretado también como una forma de violencia en contra de los más necesitados.
Qué decir de la violenta política de sueldos de los grandes empresarios contra sus trabajadores. Hasta los funcionarios públicos que trabajan para el Estado han debido bregar arduamente en grandes movilizaciones para conquistar o acercarse a los sueldos éticos, como bien los llama la Iglesia Católica chilena.
Los profesores, que han sido y son los formadores de niños y jóvenes chilenos, son violentamente reprimidos por exigir el pago de lo que les adeudan históricamente y por remuneraciones siquiera comparables con su noble y loable misión.
Cómo entender la violencia del Estado contra el pueblo mapuche, incomprensible para un chileno común y corriente que ve en los hermanos indígenas la principal riqueza ancestral de sabiduría de nuestro país.
La reciente muerte violenta del joven identificado por el gobierno como anarquista, Mauricio Morales Duarte, debería hacernos reflexionar ¿Por qué en el Chile de hoy, caracterizado por la presidenta como un excelente país, hay muchachos de nuestro pueblo, chilenos de carne y hueso como nosotros, que deciden transportar bombas, perdiendo la vida en el hecho?
El amarre de la dictadura de Pinochet al sistema electoral vigente que determina la exclusión de un sector de chilenos por decreto, es otra forma de violencia. La mayoría del pueblo en especial la juventud, debe trabajar de sol a sol para vivir dignamente. Solo puede observar lo electoral como la vitrina de una gran casa comercial, a la que debe ir cada cierto tiempo a comprar candidatos que por lo general salen fallados, no aceptando el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) este tipo de reclamaciones y no como una fuente de participación democrática.
Hoy, a través de esa vía y debido a los incumplimientos de la coalición gobernante que prometió justicia, igualdad y mejor distribución de las riquezas producidas por el trabajo de todos los chilenos (el incumplimiento de promesa también es una forma de abuso), corremos el peligro de que el revanchismo de la derecha conquiste el gobierno pero ya no con mano militar, sino electoralmente, con la habilidad de sus brillantes comandos empresariales, que conocen nuestras necesidades y costumbres, y en especial nuestra principal debilidad: la desunión popular y la falta de liderazgos.
La derecha que por naturaleza es violenta, tiene personeros o sus ideas en todas las esferas del Estado. Sólo les falta el gobierno y están cerca de lograrlo. Ya vivimos su revanchismo luego del golpe de Estado a la Unidad Popular en 1973. Ahora estarán de vuelta y como pueblo sabemos lo que eso podría significar.
Los firmantes de la declaración no son responsables de los males de la sociedad chilena como se les acusa.
Los juicios y el exilio forzoso de nuestros compañeros deben llegar a su fin. Al parecer, algunos perseguidos por la dictadura, los que quedan todavía en la Concertación gobernante y que antes de cada elección nos recuerdan lo mucho que sufrieron en esa época, se desquitan con estos hermanos. A lo mejor porque los nuestros querían una sociedad mejor que la que tenemos y eso puede ser un mal ejemplo para la juventud chilena.
Nos quedamos con la frase final de la declaración de los compañeros: «Nuestra moral y dignidad nos hacen plantear esto como una demanda, sin necesidad de solicitarlo como un acto de indulgencia».
Se ganaron el derecho de vivir en Chile en los combates contra la dictadura Pinochetista .
José Miguel Carrera – Construyamos un Chile Digno