El siglo XXI presagiaba el ingreso definitivo a la sociedad de derechos y la realización plena de la dignidad humana, pero muchos resultados son contrarios a lo esperado. Las naciones abominaron la crueldad del holocausto nazi, llevaron a juicio en los tribunales de Nuremberg a los responsables y diseñadores de la solución final y a otros de menor poder, a los juicios de Auschwitz y para reparar víctimas la recién creada ONU cedió parte del territorio de Palestina al pueblo judío.
El sueño de un siglo XXI con más luces que sombras fue obstaculizado, hoy se libran más de 50 guerras, ha retornado la admiración por el fascismo y al menos una decena de naciones están bajo su control como Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Austria, Italia o Argentina, y el partido sionista judío es el feroz victimario del pueblo palestino que un día lo acogió.
Colombia esperaba un siglo XXI de la dignidad, luego que sus odios, tensiones y crueldades parecían abolidas con el pacto originario de la constitución del 91 creada para respetar derechos, eliminar discriminaciones y reconstruir el país con otras voces y presencias olvidadas, asediadas y despojadas. La entrada al presente de progreso, bienestar, visibilidad de culturas, territorios y riquezas llenaba de esperanzas. Sin embargo, las barreras vinieron de los partidos tradicionales que suscribieron el pacto, mataron en un avión al primer candidato presidencial postacuerdo (Pizarro). La tradición se proclamó “heredera” absoluta del poder y no ha parado de hacer lo que sea, para recuperar lo que creyeron haber cedido, o ´puesto en riesgo. Han actuado replicando la situación ocurrida con la firma del tratado de Versalles sobre los que Hitler levantó el nazismo.
La seguridad democrática afianzó un pensamiento de ultraderecha con envoltura de nacional-uribismo, con consejos comunitarios y estado de opinión, con la bandera de que “su” lucha, (la del líder), a semejanza del Furher debía tener un partido, un ejército (“su” ejército), una policía (“su” policía política, DAS), funcionarios atendiendo órdenes de “obediencia debida”, una sola voz (del líder) por encima de todo derecho y la regla común de todo vale para alcanzar la victoria. Masacres con 40 o 100 civiles asesinados cada día y otros selectivamente atacados, desapariciones forzadas, judicializaciones a civiles (falsas). Hubo un mapa de negación y miedo. La segunda década del siglo produjo la firma del acuerdo de paz jurídico-político, bloqueado rápidamente con acciones directas siguiendo el espíritu de la seguridad democrática, empeñada en todo momento en deslegitimar sus mecanismos de implementación y enfrentar entre sí a los actores firmantes.
Iniciada la tercera década el país apostó por un ejercicio de poder popular, un presidente de izquierda de amplio respaldo social y una agenda de poder por fuera del sistema tradicional, atiborrado de vínculos con mafias, paramilitares y redes de corrupción, que tratan de recomponerse con técnicas y alianza de poder atadas a la bandera de la seguridad, y al libreto de las libertades, como la de expresión y protesta, que siempre negaron como su antítesis y combatieron con nefastos resultados de horror, como la mutilación de los ojos de cien jóvenes, el asesinato de 50, violaciones y judicialización masiva de líderes, solo en la revuelta social previa al ejercicio de poder popular.
El camino a la sociedad de derechos fue minado, la constitución mancillada, modificada con 2 votos comprados, el pacto de paz enredado con telarañas jurídicas y al pueblo ahora se le quiere suplantar. La ultraderecha focaliza toda su energía en impedir la estabilidad y acción democrática del gobierno y en su estrategia acude a llamar a la resistencia, la protesta, ocupar las calles contra el gobierno. Lo destacable es que las élites acuden al derecho de resistencia que corresponde a los pueblos, nunca a los beneficiarios del poder. La resistencia es producto del pacto de derechos de 1789, en el que las élites acogieron para sí el derecho de propiedad y el pueblo el derecho de resistencia contra la opresión, dominación y explotación y en caso de tiranía a la rebelión.
Protesta, movilización popular, revuelta social y rebelión, no hacen parte de la esencia, ni programa político, ni social de las élites ahora llamadas “oposición”. Manipular este derecho para sacar a las calles a los sectores populares contra sí mismos, bien podría ser “perfidia” en su carácter jurídico y trampa o fraude en el social. El derecho de resistencia es la facultad de un pueblo para oponerse a un gobierno cuando este viola sus derechos humanos o actúa en contra de sus intereses fundamentales, lo que no ocurre con el gobierno que preside Gustavo Petro y así lo han ratificado la ONU, ONG, expertos, demócratas y víctimas. El derecho de resistencia surge cuando el gobierno abdica de su responsabilidad de proteger los derechos (Locke) y se apoya en la idea de que la soberanía reside en el pueblo, y de que el gobierno es un mandato concedido por ellos para garantizar el bienestar y la justicia, que es lo que hace y anuncia sin vacilación el actual gobierno en su lucha contra la corrupción, injusticia y violencias de la que son principales responsables quienes menosprecian al pueblo, pero lo llaman a ocupar las calles. El derecho de resistencia es un recurso legítimo para restaurar el orden justo y equitativo y en este caso han sido los hoy “opositores” son quienes a partir del todo vales pretenden impedir este orden justo de dignidad y bienestar.
Los “opositores” pactaron en 1991 respetar el estado de derecho, impedirse de ejecutar acciones o actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos expuestos en la declaración de 1948 incluido el de dejar gobernar a quien en democracia haya vencido. Sobre la protesta, es evidente que pueden ir a la calle, movilizarse, ahora que como nunca antes estarán protegidos por fuerzas armadas de estado, y seguros de que las prácticas utilizadas durante sus propios gobiernos no estarán para castigarlos, nadie acudirá a mutilaciones, asesinatos, desapariciones, vejámenes, ni falsas judicializaciones de sus líderes, expresidentes, exministros, inversionistas, congresistas y reservistas de la fuerza militar política o implicada en los falsos positivos de otros tiempos. La “oposición”, tiene en el Congreso su lugar para trabajar en democracia, asistir a las sesiones y debatir, poner argumentos y eliminar descalificaciones y vulgaridad. La democracia requiere menos odios para superar la barbarie del S. XX donde de cada 10 muertes 9 fueron civiles inocentes.
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