Perplejos, de verdad, y sin dramatizar, nos hemos quedado luego de leer el comunicado del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, publicado en el portal de rebelion.org, a pesar de reconocer y alentar la excelente y necesaria labor de este colectivo, que ha venido trabajando en uno de los aspectos fundamentales en la humanización del […]
Perplejos, de verdad, y sin dramatizar, nos hemos quedado luego de leer el comunicado del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, publicado en el portal de rebelion.org, a pesar de reconocer y alentar la excelente y necesaria labor de este colectivo, que ha venido trabajando en uno de los aspectos fundamentales en la humanización del conflicto colombiano, como es la liberación de los prisioneros de guerra y demás personas retenidas y secuestradas.
Desde hace ya bastantes años y quizás, con el comienzo de las desmovilizaciones de las organizaciones guerrilleras, se ha venido destacando, como una constate, en el discurso público, de algunos integrantes de colectivos de defensores de Derechos Humanos, de ONGs, de sindicatos o, simplemente, de profesionales de la vida política, el uso de una plantilla notoriamente pre-escrita: las alusiones de rechazo a las organizaciones guerrilleras. Pero tales rechazos y diferencias no nacen, necesariamente, de ideas confrontadas desde principios y códigos éticos. Por el contrario, se producen justo en aquellos momentos en los que dichos personajes necesitan demostrar que, verdaderamente, juegan con las reglas que imponen la democracia o la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, como prefiere definirla el diccionario de la RAE.
Es entonces, justo en el momento en que estos personajes se sienten confrontados y presionados por los mejores representantes de este sistema político (dígase Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, etc.), cuando hay que recurrir al manual del buen burócrata y hacer lo que hay que hacer, es decir, dejar claro que se acogen a los paradigmas y reglas de «hacer política». Y nada más fácil de conseguir, basta con declararse abiertamente anti-guerrilla; ofrecerse como mediador entre gobierno y rebeldes; declarar que, a pesar de haber participado de la lucha armada, nunca cometieron «delitos de sangre»; posteriormente, escribir un libro, que bien se podría titular algo así como: Mis años en la guerra, o quizás, Pepito y la Nueva Izquierda Colombiana. En fin, una trabajo sencillo.
Pero -volviendo al caso de hoy- Colombianos y Colombianas por la Paz, acudiendo a la cita impuesta desde las esferas de poder y de forma no sólo apresurada, sino también descontextualizada y trasluciendo que están presionados por los continuos señalamientos, emitieron un comunicado de rechazo por el asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuellar : «Colombianos y Colombianas por la Paz rechazamos de manera enfática el secuestro y el asesinato del Gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuellar, y acompañamos en el dolor a su familia y a la del Patrullero Javier Simón García Gutiérrez, quien murió en el atentado».
Está bastante claro que, en este comunicado, el protocolo impuesto se centra en rechazar, primero que todo, el asesinato del gobernador y, por no dejar, se dice que se acompaña en el dolor a la familia del policía muerto.
Pues sí, así de condicionado y jerarquizado se puede percibir el pronunciamiento del colectivo. Está claro, el detonante es el asesinato de este oscuro personaje, Cuellar, untado y sofrito en los más turbios asuntos del imperio paramilitar en el departamento del Caquetá, además de tener una causa abierta ante la fiscalía y no precisamente por alguna infracción mientras conducía su vehículo.
Para quiénes creemos que la agenda humanitaria debe estar totalmente alejada de la agenda política (y así debe quedar claro para todos: las organizaciones guerrilleras, el gobierno y las políticos de izquierda que ven en este carro una oportunidad de oro para figurar) además de que los acuerdos y compromisos humanitarios pueden ser un buen comienzo para sentar bases de confianza entre las partes, esto se nos presenta como una bofetada más, pues recordamos el olvido en el que han caído el reclamo por la mejora de las condiciones de los presos políticos encerrados en condiciones insalubres, inhumanas y de constantes torturas mentales y físicas. Y que, por las mismas razones, el reclamo de estas garantías queda relegado a la trastienda de cualquier intervención pública. Todo para que no sea un motivo más para ser señalado.
Asimismo, se pierde la perspectiva misma de los combatientes (quienes hay que recordar, también son personas protegidas por el DIH), que afrontan otra gran carga de la descomposición de la guerra: torturas, retenciones prolongadas, extradiciones bajo delitos infundados, ejecuciones extrajudiciales, dificultad para acceder a la atención sanitaria, periodos prolongados de incomunicación con sus familiares, juicios amañados y sin garantías para ellos mismos o para sus familiares y defensores, etc.
Todo esto para demostrar que vuelve a ganar la lógica del poderoso, la lógica de una razón suprema del Estado representado en sus funcionarios, sean unos bandidos, o no. Vuelve a ganar Uribe, al lograr poner en el centro de las sensibilidades a un tipo como Cuellar y no a las decenas de soldados de las Fuerzas Armadas colombianas que han caído combatiendo en los últimos meses y, por qué no, del mismo policía, Javier García: muerto mientras intentaba ganarse la vida como policía, en un país que no ofrece ninguna oportunidad, por el contrario, te las birla todas desde la más temprana edad, muerto mientras cuidaba la vida y los intereses de una clase social y política que se ha empañado en hacer una guerra con la sangre de los más pobres. Esta sería una perspectiva menos práctica a los intereses de muchos, pero más humanizante y aleccionadora.
Por otra parte, y continuando con el texto del colectivo de Colombianos y Colombianas por la Paz (que dice: «Exigimos que las FARC EP se pronuncien dejándole claro a la opinión pública si fueron los responsables de este crimen…«) podemos dar otra muestra de lo retórico e inoficioso de dicho pronunciamiento, porque, hasta donde tengo memoria, las organizaciones guerrilleras actuales siempre se han pronunciado frente a este tipo de hechos, bien para justificar sus posiciones, bien para contradecir la primera teoría contada sobre los hechos. Todo esto con independencia de que estemos o no de acuerdo con sus planteamientos. Además, hay que recordar que los tiempos de las comunicaciones en el monte son diferentes de los tiempos empleados en las ciudades. En definitiva, nos gustaría saber si, para los redactores del comunicado, hay alguna duda de que tal hecho no tendría ningún tipo de pronunciamiento por parte de la guerrilla de las FARC-EP.
Sólo una cosa más. Y partiendo de la premisa de que fueran las FARC-EP los responsables de todo este desbarajuste, esto nos lleva a recordar los hechos que se esgrimieron públicamente como justificantes para el fin de los diálogos del paz de San Vicente de Caguán: el secuestro de la avioneta en la que viajaban el senador Eduardo Gechen Turbay y su hijo.
Ahora estaríamos, entonces, frente a otro hecho, que, sin duda alguna para la organización guerrillera, tendría un componente político: Luis Francisco Cuellar.
Esto nos llevaría a la necesaria reflexión de cuáles son las acciones legítimas para el quehacer de la violencia revolucionaria. ¿Pueden las organizaciones guerrilleras normalizar y conseguir el reconocimiento para sus tribunales?
Además, nos tiene que hacer entender que los acuerdos y los compromisos humanitarios no pueden estar supeditados a los golpes que las partes enfrentadas en el conflicto puedan propinarse mutuamente. Las FARC-EP así lo entendieron, y después del asesinato de Raúl Reyes, no amenazaron con cerrarse en banda y renunciar al logro de unos acuerdos humanitarios.
Tenemos que recordar que la perspectiva es mucho más amplia y que el acuerdo de intercambio humanitario es sólo uno de los componentes de la humanización del conflicto colombiano y podría servir más bien como un inicio para construir confianza entre las partes.
Mientras tanto, Luis Francisco Cuellar, entrará en la historia oficial como un gran patriota de cuenta de lo que ha sido un acto de perfidia que no dignifica ninguna causa.