El nuevo gobierno del presidente Uribe Vélez anda muy mal: el desbarajuste nacional en las más diversas actividades se ha apoderado de la república: los crímenes y asesinatos de personas por paramilitares que disparan a la cabeza, se extienden a lo largo y ancho del país; se descubren tremendas situaciones sociales como la muerte por […]
El nuevo gobierno del presidente Uribe Vélez anda muy mal: el desbarajuste nacional en las más diversas actividades se ha apoderado de la república: los crímenes y asesinatos de personas por paramilitares que disparan a la cabeza, se extienden a lo largo y ancho del país; se descubren tremendas situaciones sociales como la muerte por hambre de decenas de niños negros e indígenas en el Chocó. El representante de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Juan Pablo Corlazzoli, protesta porque en el proyecto de ley del gobierno de Uribe Vélez, llamado ley de desarrollo rural, se establece indiscriminadamente que quien haya ocupado cinco años un terreno se hace acreedor a su propiedad. Dice el funcionario de las Naciones Unidas que esa decisión es: «cohonestar que las apropiaciones indebidas de tierras por los paramilitares quedarán legitimadas». Es decir, Uribe y su bancada parlamentaria le hacen trampa al país calladamente, dándole a los paramilitares la oportunidad de recibir la propiedad de las tierras que robaron a los campesinos y colombianos. Ese mismo funcionario internacional propone que la multa impuesta a la empresa bananera gringa Chiquita Brand, por los Estados Unidos, se destine a las víctimas de los crímenes paramilitares para fortalecer el Fondo de reparación a esas víctimas. Como la maquinaria Uribista en el Congreso no va atender ese llamado, es urgentemente necesario que los campesinos y fuerzas democráticas de Colombia exijan con vehemencia y vigor esa decisión por parte del gobierno y de su maquinaria en el Congreso de la Republica.
Otro hecho espeluznante del régimen de Uribe Vélez es que por andar en la represión contra el pueblo y especialmente contra los campesinos, ha abandonado deberes constitucionales y humanísticos esénciales, como es elevar las condiciones de vida de nuestros campesinos para que sobrevivan humanamente. Pero en el departamento del Chocó acaba de descubrirse por la Defensoría del Pueblo que en el mes de marzo han fallecido doce niños y tres adultos como consecuencia del hambre, diarreas y deshidratación aguda, al tiempo que quedaron nueve niños más en estado grave de salud por desnutrición y porque no encontraron ayuda medica y social gubernamental. El mismo funcionario agregó, en un llamado al gobierno de Uribe Vélez: «es preocupante la negligencia de la salud, allí no se adelantan campañas de prevención y asistencia medica». La cifra de niños muertos por hambre se elevó a 49.
Pero la muerte de niños campesinos no es solo en la región afrocolombiana del Chocó. Según El Universal de Sincelejo (26-marzo), hace quince días fue divulgada la denuncia de los indígenas de la etnia Yukpas, en la Serranía del Perijá (Cesar), donde veinte niños murieron por desnutrición desde diciembre del 2006 hasta hoy. El Defensor del Pueblo de ese departamento, Agustín Flores, confirmó esa versión y dijo que: «es vergonzoso que a estas alturas de la vida nuestros niños estén muriendo por el problema de desnutrición».
Pero el gobierno de Uribe no se percata de eso, empeñado en la represión política y dejando que los paramilitares sigan cometiendo crímenes de toda especie a lo largo y ancho del país. Los colombianos no tenemos opción distinta de la de unirnos para sustituir el gobierno pronorteamericano del señor Uribe por un régimen democrático que garantice las libertades y la acción social del Estado para comenzar a poner fin al hambre y a la miseria que soporta nuestro pueblo.