El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable al indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque dicho informe no sea vinculante. Más allá de este caso concreto, lo que sería deseable para la salud democrática del país es una reflexión pública sobre la percepción de imparcialidad de la Justicia española.
Para una parte importante de la ciudadanía, la composición y la cultura predominantes en la judicatura siguen reflejando inercias heredadas de la dictadura. Como ocurrió en otros ámbitos de la Administración, la transición de la dictadura a la democracia no supuso una renovación profunda de las estructuras judiciales, lo que alimenta la impresión de que persisten sesgos ideológicos, especialmente en los magistrados de los altos tribunales.
La coincidencia de criterios entre sectores conservadores de la política y algunas resoluciones judiciales refuerza esa percepción. El caso del rapero Pablo Hasél es paradirmático: aun admitiendo que la libertad de expresión tiene límites legales, gran parte de la población observa sin esfuerzos un fuerte contraste entre las condenas impuestas al artista y la tolerancia hacia descalificaciones e insultos de extrema dureza dirigidos al presidente del Gobierno, tanto en la calle como en las propias instituciones.
La consecuencia es un creciente deterioro de la confianza pública. Para millones de españoles, la Justicia no aparece como un poder plenamente neutral, sino como una institución que muestra distinta severidad según la posición política de los afectados. Esa percepción se extiende también a la forma en que se investigan y juzgan los casos de corrupción.
Sea o no exacta, la pérdida de credibilidad constituye un problema grave para cualquier democracia. Porque la fortaleza de la Justicia no depende únicamente de su independencia real, sino también de la confianza que inspire en la ciudadanía.
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