Con el destacado titular del diario El Tiempo de Bogotá en primera página hace pocos meses, «Desplazados en el país se redujeron a la mitad», el desprevenido lector, extranjero o nacional, no puede menos que aplaudir los ingentes esfuerzos del gobierno del presidente Uribe, vislumbrando de paso que este resultado no es otra cosa que […]
Con el destacado titular del diario El Tiempo de Bogotá en primera página hace pocos meses, «Desplazados en el país se redujeron a la mitad», el desprevenido lector, extranjero o nacional, no puede menos que aplaudir los ingentes esfuerzos del gobierno del presidente Uribe, vislumbrando de paso que este resultado no es otra cosa que la «Seguridad Democrática» dando frutos. Pero como estos mismos lectores seguramente no se tomaron el trabajo de leer la letra menuda de la noticia, ni de investigar a fondo en esa o en otras fuentes, es precisamente a ellos a quienes dirijo estas pocas líneas, haciendo por sacarlos del error en el que pudo hacerlos caer esa ya manida trampa mediática en donde en el titular comúnmente campean el sesgo y la inclinación ideológica del medio.
Pues, bien, veamos. Todo lo que viene ocurriendo en este país en materia de injusticias, desequilibrio social y un orden público desbordado e incontrolable, nos duele profundamente. Nos duelen las fosas comunes, los secuestros, las torturas y desapariciones y los embates de la naturaleza, pero en lo que a mí respecta, no hay nada que pueda causar mayor aflicción y cólera, y al que pueda verle un más alto contenido de iniquidad, que al drama de los desplazados.
Sabemos, y lo sabemos muy bien constatándolo a diario, del manejo despreocupado, un tanto displicente, o en todo caso «relajado» que se le ha dado a esta catástrofe brutal. Y no es requisito imprescindible tomar como fuente de información de este fenómeno la valerosa preocupación de la Corte Constitucional, quien luego de una sonora sentencia, denunció un «estado de cosas inconstitucional», llevando a su presidente a expresar que «no se le podía seguir tomando el pelo a los desplazados por la violencia, cuyas necesidades no han sido atendidas por el gobierno», y al magistrado Manuel José Cepeda a decir que «es espeluznante la impunidad en el delito de desplazamiento, porque se debe garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición». No. Es que el espectro del desplazamiento interno forzado de los más de 3 millones de colombianos se siente y se vive en todos los rincones de nuestra patria. Sin requerir nuestro «desplazamiento» hacia áreas especialmente sensibles, bástenos un recorrido por las grandes ciudades, para constatar que apiñados por montones en los semáforos, o hacinados en barrios periféricos casi todos ellos de invasión, su tragedia diaria nos está enrostrando y reclamando por la más descarada y perversa de las vergüenzas nacionales.
Pero como asuntos de tanta magnitud y consternación histórica demandan extremo cuidado en su juicio, es inevitable echar mano de estudios que ofrezcan plena confiabilidad de ésta que fue mencionada no hace mucho como «la peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental». Y la oportunidad es precisa cuando se retoma, como lo hacemos ahora, el informe de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (Acnur) denominado «Tendencias globales 2006» que, simplificando, resalta que 3 de los 13 millones de desplazados que reconoció en todo el mundo son colombianos. Es decir, que este 23% del total que Colombia «ostenta», nos colocó como uno de los países más indolentes del planeta.
Es necesario, además, en el intento por diseccionar este engendro y verlo como corresponde desde una óptica globalizada, advertir que contamos con más «refugiados internos» o «desplazados» que Irak, Pakistán, Sudán y Afganistán, sólo siendo superados por Uganda, Darfur y la República Democrática del Congo, según la misma declaración.
En este punto cabe señalar que mientras Acnur o La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, se reafirman en la cifra de los 3 millones, para el actual gobierno la cifra alcanza, si acaso, 1,5 millones.
Lo inconcebible es que para nadie es un secreto que el origen de esta movilidad creciente y en veces masiva de sectores campesinos hacia los centros urbanos no es otro que, como dice el periodista Fredy Muñoz Altamiranda, «el desequilibrio en la distribución del ingreso, el aumento del latifundismo a expensas de la acción armada del paramilitarismo, la desaparición paulatina del estado de derecho, la precarización laboral y la corrupción administrativa». E igualmente, tampoco es un secreto que la impunidad, como en toda clase de delitos, abona el terreno para el crecimiento delincuencial. Entre 2004 y 2006, la Fiscalía inició 6.500 procesos relacionados a los desplazamientos y apenas 32 casos llegaron a los tribunales, y según un resumen de Colprensa, de los casos que llegan a la Fiscalía sólo el 0,49 por ciento llega a juzgados penales, de estos el 40 por ciento se convierten en sentencias, es decir, que la justicia penal con los desplazados alcanza el 0,002 por ciento de efectividad, y en ese mismo periodo se han registrado 83 asesinatos de personas desplazadas, se produjeron 200 mil desplazamientos por año y de 600 mil desarraigados, sólo en 13 casos se han dado sentencias condenatorias.
Y es que el propio representante de la Acnur, Roberto Mignone, en la reciente lectura desde Medellín de un balance actualizado -motivo de mención triunfalista en la primera página del diario colombo-español-, decía que se trataba el actual de un «un panorama de luces y sombras», advirtiendo la persistencia de la impunidad «pues solamente van 13 personas procesadas por desplazamiento, mientras que las víctimas de este crimen en tres años suman 619 mil».
Últimamente, y como consecuencia de variadas lecturas sobre nuestra historia continental, he venido reflexionando sobre lo inconcebible que es que, mientras la mayoría de los conflictos civiles y los gobiernos de facto en Latinoamérica han venido siendo, mal que bien superados, las fallas estructurales de estos mismos Estados y sus instituciones, estuvieran no extirpando, sino nutriendo las causas que ocasionan que las gentes humildes de diversas naciones se vean constreñidas a un éxodo marcado por la negación al más elemental respeto a sus derechos humanos, tornándolos en extraños en su propia tierra, y todos ellos, los «desarraigados internos», condenados sin esperanza a una vida de zozobra y miseria sin otro destino que el de una vil extinción a corto o mediano plazo muy parecida al genocidio, pero esta vez por la criminal omisión de quienes pudieron impedirlo.
CODHES, una seria y acreditada ONG en nuestro país, refiriéndose a su propia labor, describe así el crudo contexto de su razón de ser: «Los indicadores, las estadísticas son por excelencia datos fríos que, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando registran dramas humanos como el que implica la huida intempestiva de quienes buscan protección y seguridad, de quienes van de un lugar a otro, como si fueran parias, en silencio, ocultando su tragedia, como si hubieran sido descertificados en su propia patria».
Ningún colombiano tiene derecho a decir o a sentirse que vive en paz, o con la conciencia tranquila. Y mucho menos, a vanagloriarse de estar apropiadamente gobernado y bajo el cobijo de unas instituciones sólidas y respetables, así esté amparado por la comodidad y el privilegio de no ser uno más de aquellos infelices.
Aquí, en todo caso, todos somos responsables de esta «hecatombe», pero en grado sumo, el establecimiento y la clase política con cualquiera de los gobiernos que estos dos, ricos y politiqueros confabulados, nos han venido imponiendo.
Y, naturalmente, también nosotros, la sociedad civil en pleno, debemos responder por todo ello.
*Escritor colombiano
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