Las proyecciones de calidad de vida para las nuevas generaciones, aquéllas que están en los últimos años de la educación superior o iniciando su vida laboral, no pueden ser peores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en octubre que este año terminará con más de 74 millones de jóvenes sin trabajo, una cifra que […]
Las proyecciones de calidad de vida para las nuevas generaciones, aquéllas que están en los últimos años de la educación superior o iniciando su vida laboral, no pueden ser peores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en octubre que este año terminará con más de 74 millones de jóvenes sin trabajo, una cifra que pese a ser menor que la de años posteriores a la crisis de 2008, se interpreta como un retroceso. Las estadísticas de desempleo juvenil, dice la OIT, han bajado porque muchos jóvenes se han rendido en su inútil búsqueda laboral.
Se sabe que estas cifras siempre esconden una realidad más profunda, que se extiende y amplifica a través del empleo precario y el trabajo infantil y juvenil. Si la OIT establece en poco más del 12 por ciento el nivel de cesantía juvenil, hay países, entre ellos Chile, en que estos guarismos doblan o triplican lo anunciado por el organismo internacional, que afirma «que propicia la aparición de trabajadores jóvenes víctimas, una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados y el aumento de trabajadores pobres en las naciones en desarrollo». Pero no sólo eso: también, a más largo plazo, y como consecuencia de los salarios bajos y las escasas oportunidades laborales, comenzará a gestarse desconfianza en el sistema político y económico.
No hace falta proyectar hacia el futuro este análisis de la OIT. La frustración, la rabia y la indignación ya están aquí. Son las reacciones naturales que han encendido los movimientos de protesta en todo el mundo. Los jóvenes chilenos, bien lo sabe hoy todo el país y el planeta, están a la vanguardia en este trance.
Desempleo juvenil
Podemos ver el caso de España, cuna de los «indignados», con una tasa de desempleo juvenil en torno al 40 por ciento. Aun cuando ésta es la tasa más alta de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, los promedios de las naciones desarrolladas no son bajos. La UE tiene una tasa de desempleo juvenil cercana al 25 por ciento, en tanto el promedio de la OCDE bordea el 20 por ciento.
Al observar el desempleo juvenil en Chile, es muy similar a la media de la OCDE, con una tasa superior al 22 por ciento entre los 15 y 19 años y de 17,3 por ciento entre los 19 y 25 años. Conocida es la metodología de estas encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, que no discriminan tipo de trabajo, relación contractual, horas trabajadas a la semana ni salario. Son otros los indicadores que entregan información sobre la calidad del trabajo.
Es en este pobre escenario laboral en el que actuarán los hoy estudiantes. Un panorama no sólo con alto nivel de desempleo, sino con bajos salarios, mínimas oportunidades de desarrollo profesional y casi nulas para armar una familia más o menos tradicional, como la que los medios y la publicidad promueven. Aun cuando las grandes cifras económicas establecen que el ingreso per cápita anual de los chilenos es de 15 mil dólares, las mismas estadísticas dicen también otras cosas. Como, por ejemplo, que es uno de los países más desiguales del mundo, lo que distorsiona cualquier estadística global.
Al desagregar los números se observa la realidad económica y social que convierte a Chile en el país con la peor distribución del ingreso en la OCDE. El Fondo Monetario Internacional proyecta un PIB para 2011 superior a los 270 mil millones de dólares, lo que equivale a un promedio por habitante de casi 16 mil dólares anuales, unos ocho millones de pesos anuales, o unos 600 mil pesos mensuales. La forma como se distribuye la riqueza en Chile nos lleva a otra realidad, más cerca de la pobreza que de estas cifras de abundancia. Lo sabemos muy bien por estadísticas de Mideplan: el 20 por ciento más rico absorbe cerca del 60 por ciento de la riqueza. Con este dato, el resto de la población se ha tenido que conformar -hasta ahora- con sólo el 40 por ciento restante. Por tanto, al calcular el ingreso promedio del 80 por ciento de la población menos rica tendremos que quitar un 60 por ciento de la riqueza. Si lo llevamos a ingresos mensuales, la renta promedio en Chile para el 80 por ciento de la población alcanza sólo a 240 mil pesos.
La educación superior, negocio y fábrica de desigualdades
Es a este escenario desigual y discontinuo al que ingresarán los futuros egresados de la educación superior. Pero lo harán cargando la mochila financiera que acumulan durante sus años de estudio. Antes de comenzar a trabajar, los jóvenes egresados deberán descontar el pago de un dividendo mensual. Su futuro está desde un inicio hipotecado. Un estudio del Banco Mundial señala que los estudiantes con Crédito con Aval del Estado (CAE) tendrán una deuda que será casi 180 por ciento mayor a sus futuros ingresos.
El estudio sobre la educación superior chilena que realizó el centro de estudios Cenda para la Confech ofrece información sobre este drama que bien vale revisar. Los estudiantes han comprendido que sobre estas bases económicas su futuro estará siempre condicionado a los créditos adquiridos. Cenda señala que la actual política económica educacional ha cargado sobre las familias aproximadamente dos tercios de los costos de la educación superior, y el Estado participa con cerca del diez por ciento. Al mismo tiempo, sólo una fracción de los estudiantes logra titularse oportunamente.
La matrícula en la educación superior ha evolucionado de tal manera que para 2011 se espera llegar al millón de matriculados en este nivel. La tasa de cobertura bruta ha crecido desde 16,9 por ciento en 1990 a 45,5 por ciento en 2009, lo cual significa que del total de jóvenes de entre 18 y 23 años casi la mitad está matriculado en una institución de educación superior, dice el informe. Sin embargo, «descargar la mayor parte del financiamiento de la educación superior sobre los futuros profesionales resulta ineficiente e injusto».
Considerando las matrículas, «el gasto para cada uno de los 872.849 alumnos de educación superior promedió 2,7 millones de pesos el 2009. Los 576.600 estudiantes universitarios presentaron un gasto individual promedio anual de 3,7 millones de pesos por alumno, cifra que en el caso de los 189.069 que estudian en los instituto profesionales se reduce a 1,1 millones de pesos».
Visto desde el funcionamiento total del CAE, «un 58 por ciento de los beneficiarios se encuentran en universidades, 29 por ciento en institutos profesionales y 13 por ciento en centros de formación técnica. En cuanto al monto colocado, las universidades han recibido el 70 por ciento (134.852 millones de pesos) de las transferencias, 23 por ciento los institutos profesionales (43.846 millones) y 8 los centros de formación técnica (14.900 millones), todas cifras de 2009. Eso da un total de 193.875 millones de pesos como monto colocado en las instituciones de educación superior. Para 2010 esa cifra llegó a 293.529 millones».
El monto promedio de los créditos contratados el año 2010 fue de 1,46 millones de pesos por alumno: el endeudamiento total de un alumno que cursa una carrera de cinco años será de 7,3 millones de pesos y más de 10 millones si estudia siete años. Esta última cifra sube y puede duplicarse en el caso de alumnos de carreras largas y caras, como medicina, por ejemplo.
Teniendo en cuenta el mercado laboral, su informalidad, inestabilidad y el deprimido nivel de remuneraciones promedio, los futuros profesionales no ganarán lo suficiente para solventar estos dividendos. Es decir, «hay un castigo que se acarreará por gran parte de la vida laboral para aquellos que contrataron créditos, quienes en su mayoría provienen de sectores medios y populares».
Jubilación e indigencia
Si la educación condicionará a los jóvenes en su vida adulta y laboral, ésta, que será inestable e informal en muchos casos, determinará su vejez. Lo que ha venido sucediendo con las generaciones de trabajadores y con los actuales jubilados tenderá a agudizarse: las crisis son cada vez más frecuentes y profundas. El sistema privado de pensiones, diseñado por los oficiantes neoliberales durante la dictadura para conseguir fondos para las empresas en vías de privatización, ha sido y será una maldición para los trabajadores, que no sólo no cuentan con recursos para ahorrar sino que los ahorrados los pierden, cada vez que una crisis golpea los casinos bursátiles.
El valor de los Fondos de Pensiones, según informa la Superintendencia del rubro, alcanzó a 132.660 millones de dólares al 30 de septiembre de 2011. Pero si comparamos esta cifra con el ahorro de los trabajadores acumulado en junio del mismo año, observamos una pérdida de 20.348 millones de dólares, o una merma del 15 por ciento del fondo. Una persona que tenía en su cuenta 30 millones de pesos en junio, hoy tiene sólo 25,5 millones. Pero si sus ahorros hubieran estado en el fondo A, que apuesta todo a las variaciones de la Bolsa, sus pérdidas hubieran sido mayores.
El discurso oficial ha sido el mismo que se usó durante la crisis de 2008, que llevó a enormes pérdidas en los Fondos de Pensiones. Aun cuando desde entonces a la mitad de 2011 hubo ganancias, hoy nuevamente los trabajadores están enfrentando grandes recortes. Los administradores y los mismos funcionarios de gobierno argumentan con lo que siempre han argumentado: el mercado resuelve. «No mueva su dinero», han dicho y repiten mientras se evaporan los ahorros.
El actual retroceso, es necesario recordar, se une a otros anteriores, que derivan de la estructura propia del sistema. La reciente caída de los fondos sólo ahonda la carencia de los trabajadores. Cenda hace un cálculo, con montos de 2006. Según lo demuestra la estimación de una AFP, «una mujer que ha cotizado sin pausa a partir de 1981 por la remuneración tope imponible de 60 UF, puede aspirar, al cumplir 60 años, a una pensión de aproximadamente 460.000 pesos al mes. De haber permanecido en el sistema antiguo, dicha mujer habría jubilado con la pensión pública tope, que actualmente es sobre 880.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el daño previsional inferido por el cambio al sistema de AFP es considerable. Si este es el caso de una persona que ha cotizado sin pausas y por el tope -menos del uno por ciento de los afiliados se encuentra en esta situación-, es fácil imaginar cuál es el daño de quienes han cotizado por montos inferiores y con lagunas».
Otros estudios con vigencia, han concluido que un 20,3 por ciento de los afiliados cotizan menos del diez por ciento de las veces, y sólo un 11,4 cotiza el 100 por ciento de las veces. Los promedios de densidad de cotización son de 41,4 por ciento para los afiliados en general, lo que sube a 43,8 en el caso de los hombres y baja al 38,2 en las mujeres. Aplicados estos porcentajes sobre los doce meses del año, resulta que el promedio de los afiliados cotiza 4,96 meses por año, lo que sube a 5,25 en el caso de los hombres y baja a 4,54 meses en el caso de las mujeres.
La errática participación en las cotizaciones conduce a unas magras cuentas individuales. Sólo un 3,6 por ciento de los afiliados tienen más de 50 millones en sus cuentas, en tanto el promedio de los fondos acumulados es de 3.353.000 pesos para los afiliados en general, de 4.183.000 para los afiliados de sexo masculino y de 2.246.000 para las afiliadas de sexo femenino.
Con estos datos, es claro que la movilización social que recorre el país no sólo apunta a cambiar el sistema educacional. Es necesario apuntar a todo el sistema instalado durante la dictadura y reforzado durante los veinte años de la Concertación.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 745, 28 de octubre, 2011
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