Un mes después de la declaración de Giorgio Martelli, la Fiscalía comenzó a desentrañar cómo operó la pre-campaña de Michelle Bachelet con otros dos testimonios de alto voltaje: el del ex ministro Rodrigo Peñailillo y el del ex director del SII, Michel Jorrat. CIPER indagó en los círculos de ambos y confirmó que las presiones […]
Un mes después de la declaración de Giorgio Martelli, la Fiscalía comenzó a desentrañar cómo operó la pre-campaña de Michelle Bachelet con otros dos testimonios de alto voltaje: el del ex ministro Rodrigo Peñailillo y el del ex director del SII, Michel Jorrat. CIPER indagó en los círculos de ambos y confirmó que las presiones ejercidas por Peñailillo para impedir que se investigara a Soquimich (SQM) se sucedieron desde enero de este año en varios episodios que aquí se cuentan en detalle. También surgió el rol clave que tuvo Alberto Arenas en la pre-campaña y la fractura de Peñailillo con La Moneda.
La «muralla china» que se levantó para proteger a la Presidenta Michelle Bachelet de los efectos de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política, tiene una fisura. Se la hizo el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su declaración ante la Fiscalía el pasado miércoles 17 de junio. Desde el cambio de gabinete que desalojó a Peñailillo de La Moneda, el discurso del gobierno se ha centrado en que la Presidenta nunca supo de las gestiones para montar una pre-campaña con fondos ilegales en 2012; y que quienes articularon esa operación actuaron por cuenta propia. Ese escudo protector fue golpeado por Peñailillo cada vez que los fiscales le preguntaron si la Presidenta estuvo al tanto de los hechos que investiga el Ministerio Público. La respuesta no lo confirmó ni desmintió, y puso un manto de duda que encendió alarmas en el oficialismo.
La indagación que hizo CIPER en el entorno más estrecho de al menos tres de los protagonistas clave de esta arista del financiamiento político ilegal (Rodrigo Peñailillo, Giorgio Martelli y Michel Jorrat), indica que, en cada ocasión que los fiscales le preguntaron a Peñailillo por el conocimiento de la Presidenta Bachelet de actividades de pre-campaña realizadas en 2012, éste se limitó a responder que no hablaría de ese tema por recomendación de sus abogados. Nunca se salió de ese libreto.
La fórmula que ocupó Peñailillo -guardarse información por consejo de sus defensores- extiende el suspenso sobre quiénes decidieron y administraron la recaudación ilegal de fondos realizada en 2012, al tiempo que deja en evidencia el frío distanciamiento instalado entre La Moneda y el ex ministro.
La declaración de Rodrigo Peñailillo frente a los fiscales se suma a las que también prestaron el ex controlador de la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), Giorgio Martelli, y el ex director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat. Los tres son las principales piezas a las que ha tenido acceso el Ministerio Público, hasta ahora, para desentrañar cómo se organizó y se ejecutó la pre-campaña de Michelle Bachelet en 2012.
Michel Jorratt
Casi un mes pasó entre la primera declaración de Martelli (27 de mayo y que fue divulgada por TVN) y la que prestó Jorrat (25 de junio). Entre ambas, concurrió Peñailillo (17 de junio). La dos últimas aún se mantienen en reserva. CIPER buscó saber en el círculo más estrecho del ex ministro del Interior y del ex director del SII, el contenido de sus declaraciones. Y constató que fue Michel Jorrat quien aportó los más impactantes antecedentes sobre hasta qué punto la investigación del SII y el Ministerio Público -que entraba de lleno en los aportes ilícitos de SQM- provocaron el descontrol del ex ministro del Interior.
El segundo hecho que se desprende de la declaración que hizo Jorrat apunta a un protagonista hasta ahora solo tangencialmente nombrado en la estructura de la pre-campaña: Alberto Arenas, ex ministro de Hacienda. Es un hecho que Arenas también tendrá que declarar en los próximos días ante los fiscales.
Además, tal como lo reveló CIPER en un reportaje publicado el 8 de mayo pasado (vea «Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII«), Michel Jorrat confirmó que en una de las reuniones que se hicieron para intentar parar la investigación que llevaba a cabo el SII sobre los aportes ilegales de Soquimich, participó como representante del Ministerio del Interior el abogado Samuel Donoso, quien a su vez actuaba como defensor de los intereses de SQM, la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Jorrat relató a los fiscales que el 9 de enero pasado fue citado a una reunión en dependencias del piso 11 del Ministerio de Hacienda. A la cita concurrió también el abogado Samuel Donoso, quien representó a Ponce Lerou en su querella contra la corredora Moneda en el caso Cascadas y que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir que la contabilidad de SQM llegara a manos del Ministerio Público.
Samuel Donoso
Lo grave es que en esa reunión en el Ministerio de Hacienda nadie le mencionó a Jorrat los vínculos de Donoso con SQM. Es más, le fue presentado como asesor del entonces ministro Peñailillo. Donoso intentó convencer a Michel Jorrat de que el SII debía desistirse de las acciones judiciales que había iniciado contra empresas que pagaron boletas y facturas falsas, como ocurría con SQM, porque a su juicio esas faltas no constituían delitos tributarios y bastaba con que fuesen rectificadas por la vía administrativa.
Lo que pasó después de esa cita, demuestra que Jorrat no fue receptivo al lobby de Donoso, quien fue interpelado duramente en esa misma reunión por el entonces subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. La investigación siguió adelante.
El que Donoso (ex presidente del Tribunal Supremo del PPD) estuviera sentado en una reunión oficial del gobierno para analizar la crisis provocada por la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, muestra el peso de la influencia que ha ejercido SQM en el mundo político. Un dato a tener en cuenta ahora que la empresa enfrenta el riesgo de perder la concesión estatal que le permite explotar el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de litio, negocio al que accedió gracias a un contrato que le reporta amplios beneficios y que se firmó durante el gobierno de Eduardo Frei (vea el reportaje de CIPER «El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou«).
LOS TRES NIVELES DE LA PRE-CAMPAÑA
Analizadas en conjunto, las declaraciones de Peñailillo, Martelli y Jorrat, permiten establecer que la pre-campaña de 2012 operó en tres niveles. El primero fue el relacionado con la obtención de los dineros para alimentar el sistema, aportados por SQM y el Grupo Angelini, entre otras empresas que están bajo el microscopio del Ministerio Público. Esta función estuvo a cargo de Jorge Rosenblut, quien recién renunció a la presidencia de Enersis debido, precisamente, a su rol de recaudador de estos fondos ilegales (vea el reportaje de CIPER «Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli«). Rosemblut ya fue citado a declarar como imputado por la Fiscalía.
El segundo nivel se encargó de la administración de los recursos. Esa labor la desempeñó Giorgio Martelli. Lo hizo a través de su sociedad AyN, la que en 2012 contrató y pagó a personas que habrían realizado informes, estudios y minutas que Martelli supuestamente vendía a las empresas que aportaron el financiamiento. Al año siguiente, cuando partió oficialmente la campaña, esas mismas personas fueron integradas al comando y, posteriormente, asumieron puestos en el gobierno.
Jorge Rosenblut
En el tercer nivel es donde aparecen Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. El primero se encargó del área que desarrolló estudios sobre temas económicos y el segundo de los informes políticos. Una división del trabajo que continuó cuando en 2013 ambos tomaron las riendas del comando electoral y del programa de gobierno de Michelle Bachelet.
Martelli declaró ante el Ministerio Público que fue Peñailillo el que determinó quiénes debían ser contratados por AyN y cuánto se les pagaría. Pero el ex ministro del Interior, al declarar ante la Fiscalía, intentó matizar lo anterior y sostuvo que él solo «sugería» los nombres y los montos. Deslindando responsabilidades con Martelli, también dijo que no tuvo relación con la creación de AyN.
Peñailillo, además, trató de restarle importancia política a la gestión de la sociedad de Martelli, al afirmar que la comercialización de informes a través de AyN solo tuvo por objeto dar estabilidad laboral a un grupo de personas que había quedado sin trabajo tras la derrota electoral de la Concertación en 2009. Esta descafeinada versión sobre los fines de AyN chocó con la declaración que Michel Jorrat prestó la semana pasada ante los fiscales. El ex director del SII aportó numerosos y detallados antecedentes sobre cómo Peñailillo se desvivió por frenar la investigación tributaria que terminó destapando los fondos que SQM aportó a la sociedad creada por Martelli.
Jorrat confirmó ante los fiscales lo que ya había revelado CIPER: fue presionado por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que el SII no investigara a SQM ni entregara la contabilidad de esa empresa al Ministerio Público. La declaración de Jorrat, además, muestra el nivel de desesperación en el que cayó Peñailillo cuando comprendió que SQM no podría esquivar la investigación judicial. Para entonces, Peñailillo ya sabía que su intento de influir en la investigación chocaba con una dura pared en el Ministerio Público. Por eso, se concentró en buscar a cómo diera lugar que Impuestos Internos no le entregara la contabilidad de SQM a los fiscales, la principal prueba que acreditaría los pagos hechos por SQM a la empresa de Martelli.
En su testimonio, Jorrat también aportó datos que ensombrecen el futuro judicial del ex ministro Alberto Arenas y de algunos de sus colaboradores. Las presiones de Peñailillo le fueron comunicadas por la jefa de gabinete del entonces ministro Arenas, Andrea Palma. Ella fue también quien lo citó a la reunión con el abogado Samuel Donoso. Además, Jorrat entregó antecedentes que indican que Arenas podía decidir contrataciones y honorarios a pagar por la sociedad AyN.
LA HISTORIA QUE SALPICA A ARENAS
Michel Jorrat le cobró a AyN un millón de pesos líquidos mensuales entre enero de 2012 y marzo de 2013. A cambio, emitió 14 boletas de honorarios. Los informes que redactó para esa sociedad los entregó por correo electrónico a Alberto Arenas, con copia a Fidel Miranda, un colaborador histórico del ex titular de Hacienda. Estos informes finalmente fueron la materia prima principal del proyecto de reforma tributaria que impulsó Arenas en el primer año de este gobierno.
Alberto Arenas fue parte del círculo que determinaba quién debía ser contratado por AyN y a cuánto ascenderían sus honorarios. Un rol que fue confirmado por el ex director del SII quien aseguró que fue el ex ministro de Hacienda quien le pidió trabajar en el proyecto de reforma tributaria y que fue el propio Arenas quien le fijó el monto que se le pagaría.
Alberto Arenas
Lo que más complica el futuro procesal de Arenas es que Jorrat, para respaldar su testimonio y entregar las evidencias de que él efectivamente hizo los trabajos por las cuales se le pagó, es que entregó a los fiscales no solo las copias de los estudios que confeccionó y de sus boletas, sino también de los correos que intercambió con el ex ministro de Hacienda y Fidel Miranda. También autorizó a los fiscales a revisar sus cuentas bancarias. Un acceso que Rodrigo Peñailillo no concedió aunque dijo que lo analizaría con sus abogados.
El ex director del SII relató que su vínculo con el grupo comenzó a tejerse en diciembre de 2011, cuando Alberto Arenas lo citó a la oficina que ocupaba en la Universidad de Chile y le dijo que estaba trabajando en el programa del futuro gobierno y que requería una propuesta de reforma tributaria. Le pidió que trabajara media jornada para este propósito, pero al final acordaron de 10% a 20% de jornada, debido a compromisos anteriores de Jorrat. Arenas le informó que al equipo se unirían Fidel Miranda, que se encargaría de las coordinaciones, y Jorge Rodríguez Cabello, experto en temas de educación. Con el mismo Arenas acordó el pago de $1 millón mensual líquido.
El 4 de enero de 2012, según la versión de Jorrat, se realizó la primera reunión de trabajo en dependencias de la Universidad de Chile, a la que asistieron Arenas, Miranda y Rodríguez. Le pidieron un diagnóstico del sistema tributario chileno y se definió una lista de los informes que debía entregar a futuro. En principió el trabajo se programó hasta agosto de 2012, pero finalmente se extendió hasta marzo de 2013.
Fue el 29 de enero de 2012 cuando Jorrat supo de la existencia de la sociedad AyN. Ese día recibió un correo de Arenas, con copia a Miranda y Rodríguez, en el que venían los datos de AyN y se le explicaba que esa era la empresa a la que debía emitir las boletas y con la cual, además, firmaría contrato.
Casi un mes y medio más tarde Jorrat se cruzó por primera vez con Giorgio Martelli. El 11 de marzo recibió un correo de Martelli, al que no conocía. Debían reunirse para firmar el contrato y efectuar los pagos de enero y febrero, porque a esas alturas ya había entregado informes. Se juntaron en un café de Providencia para suscribir el contrato y, según la versión que Jorrat entregó a los fiscales, nunca más volvieron a verse.
Jorrat firmó tres contratos con AyN: uno abarcó de enero a julio de 2012; el segundo, de agosto a diciembre del mismo año y un tercero, de enero a marzo de 2013. En todo ese periodo jamás le entregó informes a Giorgio Martelli y tampoco a Rodrigo Peñailillo, a quien asegura que conoció recién en julio de 2013 en el comando de la campaña presidencial. Los informes los entregó a Arenas.
Respecto del origen de los recursos con los que le pagaban sus estudios, Michel Jorrat sostuvo que nunca supo de dónde venía el financiamiento. También señaló que no sabía si Bachelet estaba al tanto de que los informes y estudios realizados para AyN serían usados en su candidatura.
Sobre el uso que Arenas le dio a sus informes, Jorrat relató que el 2 de agosto de 2012 recibió un correo del ex ministro de Hacienda: le pedía una de sus minutas para participar en una comisión legislativa donde se discutiría la reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera. Y sí sabe que el 70% del contenido de los estudios que hizo para AyN fue recogido en el proyecto de reforma tributaria que presentó Arenas, ya como ministro, en 2014.
LAS PRESIONES PARA NO TOCAR A SQM
En abril de 2013, una vez finalizado su último contrato con AyN, Alberto Arenas invitó a Michel Jorrat a participar en la Comisión de Reforma Tributaria, la que integraría junto a Andrea Repetto, Óscar Landerretche y Ricardo Lagos Weber. En esa instancia su aporte fue ad honorem y se basó en los informes que ya había hecho.
En la segunda semana de marzo de 2014, cuando el segundo gobierno de Bachelet recién se había instalado, Arenas le ofreció la dirección del SII. Poco después de su designación, Jorrat nombró como subdirector jurídico a Cristián Vargas, quien hasta ese momento era jefe del Departamento de Técnicas Tributarias de la Subdirección Normativa.
Los problemas comenzaron en noviembre de 2014. Michel Jorrat recordó que ese mes la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, le informó que el ministro Peñailillo estaba muy preocupado porque el SII investigaba a SQM. Jorrat aseguró que hasta ese momento él desconocía la vinculación de SQM con las pesquisas del financiamiento político ilegal, pues el subdirector Vargas manejaba la indagatoria con total autonomía.
El 10 de noviembre pasado, Andrea Palma llamó a Jorrat para comunicarle que Peñailillo quería saber por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios. Michel Jorrat no sabía quién era Tatiana Aránguiz y tuvo que preguntarle al subdirector Vargas por qué estaba citada al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet): Aránguiz había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM.
A Jorrat le sorprendió que el ministro del Interior estuviera tan bien informado de las acciones del SII relacionadas con SQM. De hecho, sostuvo que muchas veces se enteró de que la Didet investigaba asuntos relacionados con SQM por informaciones que le eran transmitidas por Andrea Palma y que provenían del entonces ministro del Interior. Pero aclaró que nunca lo llamó ni Peñailillo ni Arenas para hacer consultas, pues siempre fue Palma la correa transmisora.
Rodrigo Peñailillo
El 9 de enero de este añó la preocupación inicial de Peñailillo se convirtió en ira. Ese día el SII interpuso una querella contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI) y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por ilícitos que incluían una boleta falsa emitida a SQM. Junto con esa acción judicial, Impuestos Internos pidió incautar la contabilidad de SQM del periodo 2009-2014. Apenas unas horas después de presentada la querella lo llamó la jefa de gabinete del ministro Arenas para manifestarle a Jorrat que Peñailillo se había enfurecido por las diligencias que pidió el SII, porque con ello prácticamente se obligaba a la Fiscalía a abrir la investigación de SQM.
En la tarde de ese mismo 9 de enero, Andrea Palma citó a Michel Jorrat a una reunión al Ministerio de Hacienda. Esa fue la cita en la que apareció sorpresivamente el abogado Samuel Donoso. Junto a Jorrat concurrió también el subdirector Vargas. La reunión se realizó en un ambiente tenso, porque Donoso fue prepotente y criticó de manera dura el actuar del SII. A lo que el subdirector del SII replicó en términos aun más duros. Pocos días después Jorrat supo que Donoso era abogado de SQM y que Vargas le comentó que le parecía impropio todo lo sucedido en dicha reunión.
Días más tarde Andrea Palma le comunicó a Jorrat que Peñailillo había ordenado que el SII paralizara sus acciones. El ex director de Impuestos Internos sostuvo que con la jefa de gabinete de Arenas comentaron lo absurdo de esta instrucción, por lo que él entendió que ella no se estaba prestando para presionarlo, sino que solo le contaba cómo estaban sucediendo las cosas.
El siguiente round tuvo lugar en marzo pasado, cuando el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, presentó al Tribunal Constitucional un requerimiento para impedir que la Fiscalía accediera a la contabilidad del periodo 2009-2014 que la propia empresa había entregado al SII. Contesse fue representado por el abogado Samuel Donoso, el mismo que se había reunido con Jorrat en el Ministerio de Hacienda y que le fue presentado como asesor de Peñailillo.
Fue nuevamente Andrea Palma quien le transmitió a Jorrat que el ministro del Interior, aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso que interpuso Donoso, quería que el SII concurriera a la sede de esa empresa con camiones si era necesario para sacar toda la información contable de SQM. El objetivo era que la Fiscalía no pudiese encontrar esos antecedentes. Michel Jorrat aseguró que él y Andrea Palma no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la ocurrencia de la Peñailillo, pues el SII no concurre con camiones a revisar la contabilidad de las empresas y los documentos ahora se guardan en formatos electrónicos.
Cuando en esos días se supo que la Fiscalía ya había solicitado al SII la información contable entregada por SQM, Peñailillo le transmitió a Jorrat, también por intermedio de Andrea Palma, la idea de que Impuestos Internos entablara un juicio de contienda de competencia para no entregar esa documentación. Y también que estudiara si la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el recurso impedía al SII entregar a la Fiscalía la contabilidad de SQM. Jorrat consultó a los abogados del SII, quienes le indicaron que no había impedimento, por lo que entregó los documentos al Ministerio Público.
Finalmente, la misma jefa de gabinete del ministro de Hacienda le entregó a Jorrat la minuta atribuida al abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, donde se explica la tesis de que las boletas o facturas ideológicamente falsas -como las usadas en el financiamiento político ilegal- no constituyen delito tributario.
Escobar, cuyo estudio jurídico defiende a ejecutivos del Grupo Penta y al controlador de SQM Julio Ponce Lerou (además del principal ejecutivo de La Polar), ha argumentado públicamente que este tipo de irregularidades debe ser rectificada por la vía administrativa y no dar origen a juicios.
PRESIONES POR MARTELLI Y NOVOA
El pasado 11 de mayo el SII se querelló contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. Por ambos, Jorrat enfrentó problemas. En el caso de Novoa, dijo que fue presionado por la UDI. Según relató a la Fiscalía, el 4 de mayo recibió en audiencia al senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió la reunión supuestamente para aclarar dudas sobre el proyecto de modernización del SII. En realidad, Coloma dedicó la cita a quejarse de un supuesto trato arbitrario del SII en la investigación a Novoa. El senador intentó entregarle una minuta que describía las eventuales arbitrariedades, pero Jorrat ya la tenía: se la había pasado días antes la jefa de gabinete de Alberto Arenas, Andrea Palma.
Jorrat afirmó que Coloma le manifestó que si el SII se querellaba contra Novoa, la UDI iba a contraatacar, pero no le detalló en qué consistiría esa ofensiva.
En relación a Martelli, el problema fue mucho más grave y generó un profundo quiebre entre Jorrat y el subdirector Vargas, episodio que al hacerse público terminó sellando la salida de Jorrat del SII.
Giorgio Martelli
El 3 de mayo pasado, Jorrat recibió el primer informe que le envió Cristián Vargas sobre la situación de Giorgio Martelli y de la contadora Clara Benzan (DC), ambos involucrados en los aportes ilícitos que SQM entregó a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009. Vargas deseaba presentar una querella contra Martelli el jueves 7 de mayo, a la que se anexaría otra contra Jovino Novoa.
Jorrat le pidió a Vargas que primero le tomara declaración a Martelli, lo que fue interpretado por el subdirector del SII, en el contexto de presiones que venían desde el Ministerio del Interior, como una «dilación» innecesaria. Fue en esos precisos momentos que se supo, además, que internamente en el SII le habían aceptado a Jovino Novoa realizar una rectificación por impuestos no pagados. El beneficio se le concedió a Novoa a pesar de que en el sistema aparecía una anotación que lo impedía porque estaba bajo investigación. ¿Quién fue el responsable de esa violación a las normas del SII? Hasta ahora no se sabe. Jorrat ordenó hacer una investigación cuyo resultado aún se desconoce.
La tensión que se vivía al interior de Impuestos Internos era la de una caldera a punto de explotar. Y así fue. Porque Vargas no estuvo dispuesto a hacerse responsable de retrasar la querella contra Martelli y le pidió a Jorrat que le revocara la facultad de ejercer las acciones penales del SII. Esa facultad es privativa del director de Impuestos Internos, pero por años estuvo delegada en el subdirector jurídico.
Ese quiebre entre Jorrat y Vargas, gatillado por las presiones que ejerció el entonces ministro Peñailillo y las reuniones realizadas en Hacienda con abogados de SQM, fueron publicadas el viernes 8 de mayo por CIPER. Dos días antes la Presidenta Bachelet había anunciado un cambio de gabinete. Y tres días después, el lunes 11, tanto Peñailillo como Arenas dejaron de ser ministros.
La investigación a los ilícitos de SQM siguió adelante. Hoy están en la fila para ser interrogados por la Fiscalía Jorge Rosenblut, Alberto Arenas y otros miembros de la G-90, el grupo del PPD que lideraba Rodrigo Peñailillo y que integraron el equipo pagado de la pre-campaña. Y las esquirlas no dejan de expandirse. Porque también afectan a José Tomás Guzmán, el hombre que negoció con Rosenblut los aportes ilícitos del Grupo Angelini a la sociedad AyN.
El rumbo que ha tomado la investigación del Ministerio Público -a la que ahora se agregó los pagos ilícitos de Corpesca- así como los nombres que figuran en la lista de los involucrados son la prueba más clara de que la desesperación que determinó los pasos de Rodrigo Peñailillo desde enero de este año, tenía fundamento.