La paz está en peligro. Esa fue la expresión utilizada por Pablo Catatumbo, dirigente del nuevo partido político FARC, en un foro en la Universidad Nacional, en el cual se discutía la transición política de las FARC-EP y el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz. La masacre de 15 campesinos en el […]
La paz está en peligro. Esa fue la expresión utilizada por Pablo Catatumbo, dirigente del nuevo partido político FARC, en un foro en la Universidad Nacional, en el cual se discutía la transición política de las FARC-EP y el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz. La masacre de 15 campesinos en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) que se oponían a la erradicación forzada de los cultivos de coca y exigían la construcción participativa de un programa de sustitución voluntaria, tal como se establece en el Acuerdo Final, y en el decreto ley que crea los PNIS y el PISDA, es una de las expresiones más dolorosas e indignantes que dan cuenta de la alerta señalada.
El dolor que nos embarga, ante este crimen cometido por las fuerzas armadas del Estado colombiano, nos impulsa a proponer una serie de discusiones, que, aunque se han venido construyendo en diferentes espacios sociales, aún no logran tomar la fuerza vital que se requiere para salvar la Paz.
El balance del proceso de implementación resulta a todas luces desalentador y expresa el anquilosamiento de las clases dominantes, que encuentran en una efectiva implementación de lo acordado una amenaza a sus privilegios afianzados por los órdenes de Guerra. Las clases dominantes colombianas, que como bien las caracterizó Antonio García,
(…) las clases ricas -o más estrictamente, las oligarquías que se forman dentro de esas clases- no arriesgan ni juegan sus intereses económicos ni sus privilegios sociales, poniéndolos en manos de otras clases que, no teniendo sus intereses ni privilegios, constituyen «el poder de la mayoría». La estrategia de las clases ricas se ha orientado, en los últimos años, hacia este objetivo: neutralizar o desbaratar «el poder de la mayoría» por medio de la coerción psicológica, de la corrupción o de la fuerza. La coerción se realiza por medio de una propaganda impulsada por todos los resortes de la vida social y que opera sobre la psicología primaria y desarmada de un hombre sin factores culturales de resistencia. La corrupción y la fuerza son recursos estratégicos que el mundo ha tenido la oportunidad de conocer a través del capitalismo liberal o del capitalismo totalitario .
Y es justamente, el temor a la paz y al fortalecimiento del «poder de la mayoría», el que permite explicar los múltiples obstáculos que la tecnocracia del gobierno, la clase política representante de esas oligarquías, los dirigentes del poder judicial, y por supuesto las estructuras paramilitares, le han impuesto a la implementación de lo acordado.
El balance normativo de la implementación es a todas luces problemático:
– Los desarrollos en el punto rural son insuficientes, y en algunos casos han pretendido recortar lo Acordado. Quizá una de los elementos más problemáticos es la reticencia del gobierno a reconocer el criterio de focalización hacia las comunidades rurales más pobres y los pequeños propietarios o trabajadores agrícolas sin tierras.
– Frente a Participación política, la discusión en Congreso ha limitado el alcance de la reforma política y pretende restar nivel de representatividad a las circunscripciones especiales transitorias de paz con la prohibición del voto a los electores inscritos en las cabeceras municipales. Y finalmente, la ley de participación ciudadana y reformas normativas para el tratamiento de protesta y movilización no se han podido tramitar con celeridad y la amplitud deseada.
– La reincorporación económica y social no ha avanzado, y se advierte una intención gubernamental de individualizar el proceso en contravía del carácter comunitario que define la organización de este grupo social. El gobierno concentró sus esfuerzos en que las FARC-EP hiciera la dejación de las armas. Y olvidó su responsabilidad en generar condiciones de vida digna para la reincorporación. La negación a la formalización en la entrega de tierras es una expresión de esta actitud. Más alarmante resulta la imposibilidad de garantizar la vida de los y las guerrilleras. El asesinato de algunos de ellos y el abandono que debió hacer el grupo de Gallo (Córdoba) de su espacio territorial de capacitación y reincorporación, ante la amenaza paramilitar, advierten de esta situación.
– Mención especial requiere el análisis de la reincorporación política. Pese a que las FARC-EP hicieron su transición a la vida legal democrática y constituyeron su partido político Fuerza Alternativa Revolucionara del Común. La clase dirigente se niega a reconocer su carácter político de actor legal democrático y en el marco de la discusión de la ley estatutaria de JEP quieren imposibilitar su participación en el proceso electoral del 2018.
– La sustitución voluntaria y concertada quizá es una de las situaciones más dramáticas, tal como quedó reflejado de manera dolorosa, el pasado 5 de octubre. Las comunidades han denunciado una agresiva política de erradicación forzada y han llamado al Estado y las autoridades departamentales al cumplimiento de los establecido en el decreto ley 896 de 2017.
– El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, advierte de una segunda renegociación, tal como se ha hecho manifiesto con las posiciones del Fiscal y de Cambio Radical frente a la discusión de la ley estatutaria de la JEP. Develando realmente, el temor de una diversidad de actores económicos y políticos que promovieron la guerra a que se sepa la verdad.
– El presupuesto definido por el gobierno para financiar el Plan Marco de Implementación, resulta insuficiente para avanzar en una materialización efectiva de lo acordado. La cifra de los 129.5 billones contrastan con diversas estimaciones que han realizado centros de estudios y entidades, en las cuales se hablan de cifras que oscilan entre 200-400 billones de pesos.
Así las cosas, el balance es alarmante. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano, así como los anuncios desde diferentes actores políticos sobre la necesidad de «Revisar lo acordado» y en el peor de los casos de «hacer trizas el acuerdo», advierte frente a la incapacidad, o mejor aún la reticencia, de las clases dominantes a construir los mínimos para una democracia liberal. Esta posición retardataria denota como lo señalan las valiosas reflexiones de Pablo González Casanova, Mario Arrubla Yepes, Diego Montaña Cuéllar, Ruy Mauro Marini, entre otros, sobre el carácter colonialista y dependentista de estas clases dirigentes.
El peligro en que está la paz, requiere de la vitalidad del movimiento popular, de las organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas, urbanas, ambientalistas, LGTBI, de mujeres, de comunicación, afrodescendientes, indígenas, entre otras que se la han jugado históricamente por la construcción de un mundo justo. Hacer resurgir esta vitalidad es dignificar la lucha de esos 15 valientes que murieron en Tumaco a manos de las fuerzas represivas del Estado.
Carolina Jiménez Martín. Docente del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional. Investigadora del centro de pensamiento y diálogo político.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.