Desde Colombia llega la denuncia de la Corporación Jurídica «Humanidad Vigente», así como las múltiples denuncias de las comunidades conmocionadas porque el ejército continúa la ola de asesinatos en Arauca (Colombia). Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto son las nuevas víctimas en el departamento de Arauca. En un operativo que realizaron el 5 […]
Desde Colombia llega la denuncia de la Corporación Jurídica «Humanidad Vigente», así como las múltiples denuncias de las comunidades conmocionadas porque el ejército continúa la ola de asesinatos en Arauca (Colombia). Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto son las nuevas víctimas en el departamento de Arauca.
En un operativo que realizaron el 5 de Agosto (antes de ayer) en la mañana, los militares adscritos al Batallón Revéis Pizarro asesinaron a Alirio Martínez quien ocupaba el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ADUC, a Leonel Goyeneche quien era miembro de la Junta directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores-CUT Arauca.
También a Jorge Prieto quien pertenecía a la Junta directiva de la Asociación Nacional de trabajadores/as hospitalarios de Colombia-ANTHOC y a la de la CUT.
En el mismo operativo, han sido detenidos los también líderes Samuel Morales, Presidente de la CUT, y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca-ASEDAR.
Estos líderes han sido voceros de las comunidades araucanas en las numerosas movilizaciones, marchas, paros cívicos a los que se han visto avocadas ante el abandono estatal y el accionar militar y paramilitar contra los pobladores araucanos y que ha cobrado numerosas vidas.
Son y eran valientes luchadores contra la ola neoliberal y por un mundo mejor.
Asimismo han asumido decididamente la denuncia permanente y efectiva de graves violaciones a derechos humanos como el bombardeo contra Santo Domingo, Arauca, en 1998.
Los hechos se presentaron en la vereda de Caño Seco, municipio de Saravena (departamento de Arauca).
El Grupo Mecanizado Revéis Pizarro informó haber «dado de baja» a tres personas y de la captura de las otras dos, posteriormente el «Ejército Nacional asegura que los tres líderes atacaron una unidad militar que intentaba rescatar un secuestrado y a ello obedeció la respuesta militar, así mismo aseguran haber incautado armas y municiones». También señalan los militares que han asumido la investigación del crimen.
Las ONG’s de derechos humanos declaran ante esta actitud del Estado:
«Nos preocupa enormemente esta versión así como competencia de la jurisdicción penal militar para adelantar la investigación, puesto que son ya múltiples los casos en Colombia y especialmente en Arauca, en los que autoridades militares manipulan las pruebas para ocultar su responsabilidad e inculpar a las víctimas.»
Por lo señalado anteriormente, se le solicita a la comunidad internacional, movimientos sociales, prensa alternativa que denuncien activamente lo antes posible, la situación de dictadura que vive el pueblo colombiano, que el régimen asesino no sea mas llamado «democracia», y la presión internacional se ejerza sobre él en aras de hacer cesar este genocidio y la larga LISTA de ejecuciones extrajudiciales que conoce el pueblo colombiano, en el más absoluto silencio internacional.
Exigir urgentemente una Comisión de verificación -integrada de organizaciones de DDHH y veeduría internacional- que ahora mismo viaje a Arauca, en este caso, pero que se constituya un accionar sistemático para actuar en los múltiples casos de violaciones que el régimen cometerá porque así es su política represiva y genocida de gobierno. Urge verificar estos hechos y evitar que se manipulen u oculten pruebas y garantizar una investigación eficaz.
Para detener la impunidad y así frenar la continuidad del genocidio se solicita una amplia acción de los Movimientos sociales e informativos internacionales. Una presión de estos movimientos sobre sus gobiernos para que rompan relaciones con un Estado genocida.
El vicepresidente Santos Calderón avala este nuevo crimen del Ejército colombiano al aseverar ante la multinacional de las comunicaciones CARACOL, que los tres asesinados «salieron corriendo y disparando».
Pero la realidad es que las tres víctimas gozaban, además del aprecio de la comunidad, de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, denuncia Humanidad Vigente.
Enviar cartas de condena y apoyos de movimientos a [email protected]