Fue asesinado en un retén militar el indígena Edwin Legarda, esposo de la dirigente Aída Quilcué, líder de las recientes «Mingas de Resistencia Indígena», movilizaciones y marchas masivas que pusieron en aprietos hace poco al gobierno del presidente Álvaro Uribe. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, ha reconocido la responsabilidad del Ejército en este «error». Las comunidades indígenas sostienen que se trató de un atentado contra la consejera Quilcué.
Miembros del Ejército le dispararon a Edwin Legarda cuando se dirigía hacia Popayán, departamento del Cauca, al sur occidente del país, para recoger a su esposa, la Consejera Mayor Aída Marina Quilcué Vivas, quien regresaba de participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El vehículo que conducía el señor Legarda estaba adscrito al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y era el vehículo de movilización permanente de la líder indígena. Algunas fuentes informan que en el vehículo también se desplazaba una enfermera del Hospital Nivel 1 de Belalcázar, quien también resultó lesionada en el hecho.
Daniel Piñacué, gobernador indígena Páez, dijo que en el sitio había un retén militar y que no se explica por qué razón dispararon contra el automotor, debidamente identificado.
Un atentado contra la consejera
«Ese era un atentado contra la consejera», señaló Ernesto Perafán, abogado del CRIC, quien describe lo sucedido: «El Ejército le disparó desde varios ángulos, desde los dos lados tiene impactos el carro. Él recibió varios balazos, en el pecho, en la pierna, y alcanzó a salir, fue un tramo hacia arriba, pero el Ejército no lo auxilió, sino que empezó a dejar vainillas y cosas en el piso, y cuando llegamos acá con el comandante del batallón, dicen que desde el carro les habían disparado. Versión que ya están desmintiendo y aceptan que fueron ellos quienes le dispararon al carro de la consejera, pero igual esa fue la versión inicial».
El comandante de la Tercera División, Justo Eliseo Peña, quien se dirigió a la zona en un helicóptero, dijo que «todo fue un error cuando un grupo de soldados campesinos realizaba un retén». El oficial sostuvo que el carro no se detuvo, sino que siguió su marcha hasta el municipio de Totoró.
La versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, porque ese era el vehículo en el que ella solía movilizarse. Como el vehículo tiene vidrios semipolarizados, no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no.
«Se trata de una represalia contra la minga indígena», agregó el abogado Perafán. «Este hecho se suma a la decisión de dictar orden de captura contra los coordinadores de la guardia.»
Necesidad de justicia
Los soldados que participaron en el retén, desde el cual se disparó al vehículo, estarían retenidos en la zona rural del municipio de Totoró, por la guardia indígena y la comunidad.
«Si la justicia penal militar no dicta orden de captura contra los soldados involucrados, la guardia indígena los va a capturar, porque el hecho se produjo en territorio de la comunidad», dijo también Ernesto Perafán.
El Ministerio de Defensa reconoció en un comunicado que miembros del Ejército dispararon contra Legarda, indicando que no hay claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.
«Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre como ocurrieron los hechos», dice el comunicado.
El Ministerio anunció una investigación interna, en cabeza del Comandante de la III División y del Inspector General de las Fuerzas Militares, y pidió a Fiscalía y Procuraduría enviar una comisión especial a la zona para que adelante las investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria.
La líder Aída Quilcué iba a participar hoy justamente en una reunión de directivos de los cabildos indígenas.
Totoró sin Salvador… de Bahía.
Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco «Pachito» Santos Calderón salía victorioso en Salvador de Bahía, sosteniendo que en el documento de UNASUR «hay una mención explícita de rechazo a cualquier tipo de grupo ilegal armado que trate de subvertir el orden, sea de donde sea y venga de donde venga; vemos que es un avance y un paso muy importante»; la pregunta, ante la evidencia de los hechos y la sucesiva violación de los Derechos Humanos por parte del estado colombiano, es si no hará falta la suscripción de otro articulito, que también rechace y condene el terrorismo de estado que practica el gobierno colombiano.
O es que entonces qué es esa feria de sangre de los infaustos «falsos positivos», el asesinato del interlocutor que piensa diferente y lo dice, las cifras inverosímiles de sindicalistas asesinados, o la persecución despiadada a las minorías, y su aniquilación, como en este caso, claro está, «por error». ¿O es que este es el orden que se quiere y el que no hay que subvertir?
La sangre vertida hoy por este indígena en un camino pantanoso y perdido de uno de los tantos sitios que se llaman Totoró, en Colombia, tiene que llamar la atención. No pueden valer menos los muertos del estado, que son los indios, que son los pobres, que son los olvidados, que los de las FARC o los del ELN. Hechos como este no son un simple avatar. Una casualidad tras otra dejan de ser casualidades, para ser cualquier otra cosa. Una estrategia deplorable, por ejemplo.