El comando de la Séptima División del Ejército Nacional miente en su comunicado del 24 de noviembre, frente a los hechos ocurridos contra campesinos y campesinas en el sur de Córdoba, ya que soldados de su batallón dispararon a campesinos y campesinas beneficiarios del PNIS.
El 24 de noviembre en horas de la mañana, en la vereda Altos del Cristal del municipio San José de Uré, soldados adscritos a la Séptima División del Ejército Nacional en acción militar coordinada desde la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles violaron el Derecho Internacional Humanitario atacando campesinos y campesinas, sujetos de derecho constitucional tutelados por la carta magna y distinguidos por el protocolo II y el articulo tercer común; son varios los videos que dan cuenta de las ráfagas de disparos con armas de largo alcance que son lanzadas contra la humanidad de los campesinos y campesinas que a todas luces no estaban armados y no son parte del conflicto armado como accionantes.
En uso de la beligerancia, por tanto no se pueden considerar hostiles o posibles titulares de riesgo contra los uniformados que desde luego son sujetos armados y representan un riesgo para la población civil en ese momento y bajo la práctica de esa conducta denigrante de quienes ostentan el poder para brindar seguridad y mantener las libertades y el orden nacional.
Es un absurdo que el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional se pronuncie criminalizando a los campesinos y campesinas, beneficiarios del PNIS que en su justa reclamación y reivindicación de derechos han hecho protesta social en el marco de las erradicaciones forzadas de los cultivos de hoja de coca que son parte del programa de sustitución que a su favor necesitan para que el estado cumpla su palabra en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Rechazamos y condenamos lo expresado en el comunicado emitido por el Ejército Nacional, que desde luego no es más que una salida en falso frente a las violaciones al DIH que contuvieron en su arremetida contra el pueblo campesino. Esta es una muestra más de la irracional manera en que el gobierno del presidente Iván Duque con las fuerzas militares pretende gobernar el país.
Por tanto es preciso dejar claro públicamente que lo ocurrido por parte de los campesinos y campesinas protestantes es una acción legitima del campesinado organizado, que nada tiene que ver con grupos armados organizados como lo ha querido hacer ver la Séptima División del Ejército Nacional, en tanto que ningún grupo o actor ilegal está forzando u obligándonos a defender nuestra dignidad y luchar por nuestra soberanía alimentaria y buen vivir; lo hemos dicho en espacios institucionales, lo hemos dicho en paros y movilizaciones en las calles, lo diremos en el monte en medio de las erradicaciones forzadas a las que nos hemos opuesto, nos oponemos y nos opondremos siempre.
Es menester señalar que la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el municipio San José de Uré ha emitido, en el marco del «pos acuerdo» los siguientes Informes de Riesgo y Alertas Tempranas:
1. 25 de agosto de 2016: INFORME DE RIESGO Nº 030-16A.I., DE INMINENCIA.
2. 30 de marzo de 2017: INFORME DE RIESGO N° 010-17 A.I.
3. 23 de febrero de 2018: ALERTA TEMPRANA N° 023-1 DE INMINENCIA.
4. 28 de febrero de 2018: ALERTA TEMPRANA N° 026-18.
5. 10 de septiembre de 2018: ALERTA TEMPRANA N° 071-18 DE INMINENCIA.
6. Agosto de 2019: INFORME DE SEGUIMIENTO ALERTA TEMPRANA 026 -18
Dejando claro en cada una de estas seis acciones requisitorias la contextualización y caracterización del riesgo, al tiempo que se ha recomendado el que hacer. Nada de lo alertado por la Defensoría del Pueblo ha sido atendido cabalmente.
Ante esto hacemos un llamado urgente al señor Procurador nacional Fernando Carrillo
para que haga valer la:
• Directiva 001 del 2019 sobre el «cumplimiento de las normas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas y líderes sociales en el nivel territorial».
• Directiva 007 del 2019 sobre los «lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción, y defensa de los Derechos del Campesinado».
• Directiva 002 del 2017 sobre los «lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera».
Del mismo modo que al doctor Fabio Espitia para que en su calidad de Fiscal General.
(E) apertura una investigación sobre el caso en particular, pretendiendo con ello se surta la individualización de los actores que cometieron los actos señalados y se tramite el ejercicio penal por la justicia ordinaria y no la penal militar, en donde perecen la mayoría de los casos, como fue el asesinato del campesino Luis Eduardo Garay acribillado por la espalda por miembros del Ejército Nacional el 24 de diciembre del 2018.
Por último, le hacemos un llamado al señor comandante del Ejército Nacional de Colombia: General Nicacio De Jesús Martínez Espinel para que reflexione en la manera como están victimizando a los campesinos y campesinas del país. Colombia, especialmente el sur de Córdoba ha sufrido el derramamiento de sangre y las múltiples acciones violentas cometidas por grupos armados legales y legales; no es posible que un tiempo de «pos-conflicto» se esté buscando vestir de hostiles a quienes solo labramos el campo y nos resistimos a salir de nuestros territorios porque nos pertenecen desde la colonia.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24896