En un pequeño cuarto, en noche de plenilunio sureño, un viejo mapuche calentaba sus rugosas manos con el fiel mate. La mirada fija en la puerta, como esperando que alguien en cualquier momento irrumpiera en su nostalgia por aquella pálida joven de largos cabellos dorados que se le apareció de repente a orillas del lago, […]
En un pequeño cuarto, en noche de plenilunio sureño, un viejo mapuche calentaba sus rugosas manos con el fiel mate. La mirada fija en la puerta, como esperando que alguien en cualquier momento irrumpiera en su nostalgia por aquella pálida joven de largos cabellos dorados que se le apareció de repente a orillas del lago, y lo enamoró para siempre. Entre el humo y el silencio, no supe qué hacer cuando el anciano derramó una lágrima por aquel amor imposible que se hundió en las aguas del lago, porque era más pez que mujer.
Claro, porque todos los pueblos de la tierra buscan formas de representar la realidad enfrentando, muchas veces, a la fantasía con la razón, a la lógica con lo imaginario. Así surgen los mitos y las leyendas. Y Chile no es una excepción, por supuesto.
Uno de los mitos más arraigados en nuestra cultura política es que los militares nunca han intervenido en política y que son respetuosos de la institucionalidad. La historia chilena es pletórica de ejemplos que atestiguan lo contrario. De hecho, Chile nació como país y se constituyó como Estado-Nación con la participación activa de las fuerzas armadas. Y luego hubo dictaduras, alzamientos armados y, por cierto, numerosas masacres de trabajadores, campesinos, pobladores y mapuche donde tomaron parte los militares.
Entonces, las declaraciones del general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del ejército, que tanto revuelo han causado, no deben sorprendernos en absoluto, pues forman parte de un continuum histórico de actividad política. Pero sí deben preocuparnos porque demuestran, una vez más, el poder que aún poseen los militares en el marco de una transición eterna, de cuyo origen y perpetuación son responsables no sólo las fuerzas armadas y la derecha, sino que también los que negociaron con éstos: los dirigentes y partidos del actual gobierno.
VICTIMAS Y VICTIMARIOS
De esta transacción política son responsables todos los actores directamente involucrados, pero es inaceptable el planteamiento del almirante Miguel Angel Vergara, comandante en jefe de la Armada, cuando afirma que «el 11 de septiembre fue producto de una crisis institucional muy profunda en todo el país, donde tenemos responsabilidades compartidas, todos. Algunos directamente, otros indirectamente, sean de derecha, de izquierda o de centro». La impudicia del almirante al poner al mismo nivel a víctimas y victimarios constituye una afrenta, no sólo a las víctimas de la represión, sino que a todos aquellos que jamás tuvieron participación alguna en la eufemísticamente denominada «crisis institucional». Sin embargo, su aseveración tampoco constituye novedad, porque ésta siempre ha sido la hipótesis de trabajo de las fuerzas armadas y la derecha, idea que, por lo demás, ha sido aceptada e internalizada por sectores de la clase política concertacionista.
Entonces, las afirmaciones del general Cheyre deben entenderse como una reafirmación de una línea sostenida de injerencia política y no -como suele expresarse- de un distanciamiento del ejército de su supuesta profesionalización. Es en este marco que la acción de Cheyre adquiere su verdadero significado y peso específico, permitiéndonos, además, analizar sus cuatro componentes principales.
ACTORES POLITICOS UNIFORMADOS
En primer lugar, establece inequívocamente que los militares son actores políticos importantes y que, con meras declaraciones, pueden incidir en la agenda política nacional y, qué duda cabe, develar la fragilidad del proceso transicional y del sistema democrático que nos alberga. Es precisamente esto lo que impulsó al ministro del Interior, José Miguel Insulza, a manifestar, perplejo, que lo sucedido «no es lo más habitual en una democracia. Generalmente, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas no hablan de política». Pues bien, está claro que en Chile eso ya hace tiempo que ocurre y que, no obstante las pintorescas expresiones de Francisco Vidal, ministro secretario general de Gobierno, en cuanto a que «la sabiduría popular hay que usarla, y por lo tanto, pastelero a tus pasteles», no existen indicios de que los comandantes jefe cesen de hacer política.
En segundo lugar, refrenda la postura institucional de que en la génesis y materialización del golpe militar hubo responsabilidades múltiples, por ende -como señala el general Cheyre- «la deuda de los políticos con los militares no está saldada. Aquellos que provocaron las condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron a la acción a las FF.AA. y los observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido». Tal aseveración pareciera apuntar a la derecha, a la Democracia Cristiana y a Estados Unidos, principales co-responsables de la tragedia nacional incoada hace tres décadas. En esto, sin duda, tiene razón. Pero es una falta de respeto hacer la crítica extensiva a otros sectores políticos que apoyaron al gobierno de la Unidad Popular y que, posteriormente, fueron víctimas de la más brutal represión en la historia reciente. Asimismo, es vergonzoso que el ejército busque su auto-victimización al manifestar su comandante en jefe que «lo que me espanta es que en la sociedad no se halla logrado mirar con los ojos de hoy al ejército, y se le mire con los ojos de un período de excepción». Al general no le espantan los miles de torturados, las mujeres violadas, los desaparecidos, el terror que se enseñoreó en nuestro país por 17 años, terror del cual las fuerzas armadas fueron las responsables. No, a Cheyre sólo le preocupa que la sociedad acepte a su institución olvidando el pasado, porque ellos también desean reconvertirse de asesinos a soldados profesionales. Afortunadamente, el pueblo tiene memoria y no puede olvidar ni perdonar que haya millares de chilenos y chilenas que jamás tendrán la posibilidad de reconvertirse, pues ya no están con nosotros. Los asesinaron sin piedad en aquel «período de excepción», como lo denomina el ejército.
BUSCANDO LA IMPUNIDAD
En tercer lugar, el accionar del ejército tiene el claro propósito de buscar la impunidad ante las atrocidades cometidas en dictadura. No es la primera vez, y seguramente no será la última, que las fuerzas armadas intentan blanquear un período dramático de nuestra historia en términos políticos, pero también legales. No contentos con la existencia de una ley de amnistía espuria que protege a los violadores de los derechos humanos, se manifiestan ofendidos por la demora en los procesos judiciales que involucran a más de 500 militares. Para el general Cheyre el problema de los derechos humanos se reduce a meras estadísticas, de ahí que encuentre «preocupante que de 384 juicios, 370 estén entrampados. Diez en segunda instancia y uno en casación». Ni una sola palabra acerca de las víctimas de la represión, ni un gesto de arrepentimiento y menos aún de pedir perdón por aquellos que cayeron abatidos por la arrogancia, la furia y la inmisericordia de los militares que hoy -de acuerdo al ejército- sufren la agonía de la incertidumbre de procesos que se prolongan en el tiempo. En concreto, lo que busca el ejército es el término de los procesos para poner punto final al tema de los derechos humanos, dejando en claro, además, que no poseen información acerca de los detenidos desaparecidos. Porque si es que existe alguna deuda histórica en nuestro país, es la que tiene el ejército con la sociedad, al ocultar por décadas la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y, en particular, acerca del paradero de los desaparecidos. Ya se burlaron, una vez más, del dolor de los familiares y de todo el pueblo chileno cuando entregaron su primer informe sobre el tema de los desaparecidos, expresando que la mayoría de ellos había sido arrojado al mar y que, por lo tanto, eran inubicables. Posteriormente, se comprobó que incluso aquello era mentira. Ahora el general Juan Emilio Cheyre rubrica tal escarnio indicando que la deuda con la sociedad «no la vamos a poder saldar los militares, porque esa verdad no la tenemos y eso es un reconocimiento que ha sido hecho en todas partes. Hay personas que pueden tener información, y por mí que la hubieran entregado. Esa deuda es de las personas que tienen la información». Eso es lisa y llanamente lavarse las manos. Por lo mismo, los proyectos impulsados por el gobierno en el parlamento, que entre otras cosas incluyen reducciones de penas o inmunidad para miembros de los servicios de seguridad o fuerzas armadas que entreguen información, carecen de futuro legal. Amén de ser inmorales, puesto que benefician a criminales.
En cuarto lugar, no es casualidad que el ejército haya resuelto intervenir directamente en el debate político en el marco de las nuevas acusaciones en contra del general Pinochet, relacionadas con las millonarias cuentas bancarias descubiertas en Estados Unidos y, además, por el caso Operación Cóndor, la red organizada por los servicios de inteligencia de países del Cono Sur en la década de los setenta para reprimir a opositores. No es casualidad que el dictador enfrente una delicada situación judicial y que reciba gestos de apoyo en la forma de distractores por parte de su ejército, toda vez que en 1998 fue designado como comandante en jefe benemérito de la institución.
Por todo lo anterior, a los ilusos que aún existen, les llegó el momento de desmitificar la política, dejar de pensar que las fuerzas armadas son neutrales o apolíticas. Nunca lo han sido y nunca lo serán.