Las comunidades campesinas de una región del noroeste de Colombia fueron sometidas a un desalojo forzado para abrirle paso a una multinacional minera de Canadá, han denunciado en Bogotá fuentes de organizaciones locales. Más de 350 lugareños han abandonado sus terrenos desde el 1 de abril al recrudecerse la presión, y se han establecido en […]
Las comunidades campesinas de una región del noroeste de Colombia fueron sometidas a un desalojo forzado para abrirle paso a una multinacional minera de Canadá, han denunciado en Bogotá fuentes de organizaciones locales.
Más de 350 lugareños han abandonado sus terrenos desde el 1 de abril al recrudecerse la presión, y se han establecido en un «campamento humanitario» en Puerto Nuevo Ité, en el departamento de Antioquia, a más de 500 kilómetros de la capital colombiana.
El representante local de la Asociación de Campesinos del Valle del río Cimitarra (ACVC), Wilson Vega, ha declarado a la prensa en Bogotá que el éxodo ha sido presionado por tropas del Ejército Nacional y el nuevo grupo paramilitar Águilas Negras.
La crisis se ha generado por la entrega en concesión a la compañía Kedahda, filial en Colombia de la canadiense Anglo Gold Ashanti (AGA), de un territorio de más de 21.900 hectáreas , rico en oro, que los lugareños extraen de forma artesanal, ha explicado Vega.
«El Estado quiere sacarnos, echarnos del territorio a como dé lugar», ha asegurado el portavoz de la ACVC, quien ha viajado a Bogotá con un grupo de desplazados.
Vega ha declarado que desde mediados del año pasado han sido asesinados en la región 12 campesinos y cuatro más están desaparecidos, hechos de los que ha culpado a militares y a paramilitares.
Algunos de ellos fueron presentados por el Ejército como «guerrilleros muertos en combate», ha denunciado Vega, quien ha advertido de que todas las víctimas eran líderes comunitarios reconocidos.
Ha denunciado que unos hombres que circulan por la zona han amenazado a la población diciendo que tienen una lista de 23 personas que deben ser asesinadas.
El portavoz de la ACVC ha afirmado que los informes más recientes que recibieron de la región muestran que los paramilitares están incendiando los domicilios de los campesinos que se refugiaron en Nuevo Puerto Ité, de los cuales 109 tienen menos de nueve años de edad y, de éstos, 10 son bebés.
El responsable de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), Braulio Gracia, ha advertido que la campaña de desalojo ha incluido un bloqueo económico.
Crisis humanitaria
El bloqueo, ha dicho Gracia, les impide a las familias campesinas, muchas de ellas numerosas, llevar a sus predios rurales los víveres suficientes ante la dificultad de desplazarse de forma frecuente a los centros de comercio.
Le líder campesino ha asegurado que la situación es de crisis humanitaria y por ello «no nos vamos a mover del campamento».
El Observatorio Internacional de Paz y varias organizaciones no gubernamentales (ONG) del país realizarán del 12 al 15 de este mes un misión de verificación a la zona .
Según informes de algunas ONG, Kedahda, con su casa matriz, han presentado al Gobierno colombiano 2.114 solicitudes de concesiones mineras que sólo en la región del desalojo y el departamento vecino de Bolívar superan los 2,3 millones de hectáreas.