Después de un año de acercamientos con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dijo hoy que está interesada en pactar un cese bilateral al fuego y las hostilidades, pero no planteó fechas. Aunque el gobierno aún no ha respondido públicamente a la oferta del ELN, la […]
Después de un año de acercamientos con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dijo hoy que está interesada en pactar un cese bilateral al fuego y las hostilidades, pero no planteó fechas.
Aunque el gobierno aún no ha respondido públicamente a la oferta del ELN, la cesación de hostilidades ha sido una de las exigencias del presidente Uribe para iniciar formalmente un proceso de paz con ese grupo.
El ELN fue creado a mediados de los años 60, tiene unos 3.000 hombres en armas y es la segunda guerrilla del país, después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Mantenemos la disposición de acordar un cese al fuego y a las hostilidades bilateral con el gobierno y en este contexto aflore la verdad sobre la Patria y los dolores sean tratados con dignidad y de cara a todos los colombianos», dice un comunicado firmado por el comando central del ELN.
Propone Comisión de la Verdad
El grupo también propuso la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes cometidos por los paramilitares de derecha que están en proceso de paz con el gobierno-, así como la legalización del consumo de drogas ilícitas, como una forma de desmontar el narcotráfico en Colombia.
«Es la mejor oportunidad para que la verdad sobre el genocidio y la corrupción, que agobian a Colombia, salga a flote de una vez por todas, y con ella se abra paso a la justicia y reparación que reclaman las mayorías del país. Que se conforme una Comisión Especial de Verdad a quienes los paramilitares informen los hechos y secretos que el país debe conocer», dice el documento.
En otro de sus apartes, el documento del ELN incluye un punto que según analistas consultados por la BBC podría dificultar la concreción de acuerdos con el gobierno: la extradición.
«Los problemas de Colombia somos capaces de resolverlos los colombianos, en tal sentido la justicia colombiana debe asumir de manera soberana el juzgamiento de los nacionales de acuerdo a nuestra legislación, por ello debe rechazarse la extradición de colombianos, para ser juzgados en otros países», señala el documento del ELN.
El comunicado se conoce después de que el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, le pidieron al ELN que avanzara en sus definiciones hacia la paz.
Secuestrados
Hace una semana Restrepo reveló que el ELN tiene en su poder a 54 secuestrados.
Según el funcionario, por la libertad de cada uno de los rehenes el grupo guerrillero pide, en promedio, US$ 1 millón.
Después de la última ronda de acercamientos que se realizó en La Habana a finales de octubre pasado, se esperaba que antes de finalizar 2006 el gobierno y el ELN pudieran avanzar en una cesación de hostilidades, que le ponga fin a prácticas como el secuestro y el minado de zonas rurales.
Aunque después de esa ronda el grupo prometió, como gesto de paz, desminar el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, esa promesa sigue sin concretarse.
De acuerdo con la Vicepresidencia de la República, el ELN es responsable de al menos una cuarta parte de los 9.831 incidentes y accidentes con minas antipersonales que han ocurrido en los últimos 16 años en Colombia y que han afectado a más de 5.600 personas.
«Ritmos y tiempos alterados»
La BBC habló con dos expertos que han seguido los acercamientos entre el gobierno y el ELN.
Se trata de Antonio Sanguino, quien hizo parte de esa guerrilla hasta principios de los años 90 y quien actualmente dirige la corporación Nuevo Arco Iris, y del profesor Jaime Zuluaga, miembro de una comisión de la sociedad civil que acompaña el proceso.
Sanguino cree que «estamos dentro del marco de los tiempos que se habían establecido entre las partes para darle curso a este proceso de acercamientos y a una eventual negociación».
Sin embargo, admite que los ritmos y los tiempos previstos se han alterado por el escándalo generado por la vinculación de congresistas, políticos y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe con grupos paramilitares de derecha.
«Falta de paciencia»
El director de Nuevo Arco Iris estima que «al gobierno le falta un poco de paciencia y por supuesto al ELN le falta un poco más de ritmo para que este proceso de negociación avance».
«Me parece que esto se supera una vez las partes se encuentren de nuevo y puedan acordar un cronograma», agrega.
Zuluaga considera que las partes avanzaron significativamente cuando acordaron que dos elementos fundamentales en un proceso de negociación son la participación de la sociedad civil y la creación de un ambiente favorable para la paz.
Sin embargo, reconoce que «el secuestro es un crimen atroz» y dice que es una señal negativa que lanza el movimiento armado en medio de las aproximaciones.
¿Nuevo proceso?
«Estos son procesos complejos y lentos, y mucho más en una situación como la colombiana, que se desenvuelve en un contexto político particularmente complejo como el de los últimos meses», añade Zuluaga.
Entre tanto, desde Medellín un grupo de garantes del proceso presentó este lunes una «hoja de ruta», donde plantea que la cesación de hostilidades pueda comenzar el próximo primero de enero y que sea renovada periódicamente.
Si se inician las negociaciones con el ELN, este sería el segundo proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe, que desde mediados de 2003 emprendió otro con los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).