Julia Chuñil es mujer, mapuche y campesina, y tenía 72 años cuando desapareció. Su vida y su historia hasta el 8 de noviembre de 2024 están marcadas por la violencia racista, de género y la violencia de clase, a la que se sumó en los últimos años la violencia extractivista. Ahora la suerte de la defensora de bosques y aguas de su territorio ancestral, depende de una justicia patriarcal.
Ninguna filtración del reservado proceso que se lleva a cabo en la Región de Los Ríos por la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil el 8 de noviembre de 2024, alude al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter. Según la querella presentada por la Fundación Escazú, él era sindicado por la familia de Julia Chuñil como uno de los sospechosos, ya que en reiteradas ocasiones había amenazado a su madre para que abandonara el predio. “Si me pasa algo, ya saben quien fue”, advirtió la dirigente a su familia en un enmarañado contexto en que Morstadt habría comentado la inutilidad de que Julia acudiera a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, o a la Fiscalía de Los Lagos, pues como empresario, él tenía amistad con personas de esas entidades.
Se ignora si el Ministerio Público ha investigado ciertas filtraciones producidas cuando el fiscal Carlos Maldonado abandonó el caso para irse de vacaciones, traspasando la causa a la fiscal Claudia Baeza (de Los Lagos) y prolongando el secreto de la causa. Esta misma fiscal, la primera semana de la desaparición de la dirigente mapuche, condicionó la audiencia solicitada por sus hijos, a que se presentaran con un abogado, lo cual retrasó las diligencias de búsqueda.
Según información de la CONADI obtenida por transparencia por esta periodista, el empresario Morststadt, dueño legal de la tierra recuperada por Julia Chuñil, debe a CONADI toda la suma del valor del predio reivindicado como tierra ancestral. El territorio, denominado legalmente Reserva Cora 1 A de la Parcelación del fundo Los Ciruelos, integró extensos latifundios expropiados por la Reforma Agraria en esa región en favor de campesinos mapuche, en tiempos del gobierno del Presidente Allende. Luego del golpe de Estado civil – militar volvió a ser propiedad de diversos latifundistas y ex colonos. CONADI compró esa tierra a Morstadt Anwandter, de familia de ex colonos, en 2013.
Iván Catalino Carilao Ñanco, director (S) de CONADI sostuvo: “En respuesta a su requerimiento, informo que el Sr. Juan Morstadt Andwanter no ha realizado la devolución del pago adeudado, ni de manera parcial.” En esa respuesta oficial, Folio N°AI002T0013894, indica que la Corporación inició dos causas por la morosidad, sin resultado alguno: Rol C-226-2013 (Juzgado de Letras de Los Lagos) y Rol C-4166-2017 (Segundo Juzgado Civil de Temuco). Continúa señalando que a ello se agregan “dos causas penales en curso, gestionadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados”. No fue posible obtener más información dado que los roles figuran como causas reservadas. La respuesta del Consejo de Defensa del Estado está pendiente.
La oscura trama CONADI-EMPRESARIO
El año 2011 CONADI pagó a Morstadt un total de $1.114.250.00 por 843 hectáreas correspondientes a la Reserva Cora N°1 A, que entregó a la comunidad mapuche Blanco Lepin, de Lautaro (región de La Araucanía) como señalamos en artículo publicado por Resumen el 14/12 de 2024.
El 2013, esa comunidad devolvió la tierra y demandó a CONADI y al empresario por incumplimiento de las condiciones pactadas: el predio no se cercó, lo que era un requisito obligatorio para la compra, entre otros puntos críticos, y no contaba con derechos de agua (pues Morstadt los conservó para sí).
El año 2014 CONADI, mediante un acta, reconoció a la recién constituida comunidad Putreguel cuya presidenta es Julia Chuñil.
En 2015, ella y su comunidad ocuparon el predio abandonado por la comunidad Blanco Lepin que era totalmente externa a ese territorio. En ese marco la presidenta de la comunidad comenzó a ejercer en forma activa el cuidado del bosque nativo y las aguas que pasan por ese territorio.
En junio de 2017, la Corte Suprema zanjó el juicio ya citado, reafirmando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y ordenando a Juan Carlos Morstadt Anwandter devolver a CONADI la totalidad de la suma por el predio en cuestión, que volvía a sus manos. CONADI nunca informó a la comunidad Putraguel del fallo de la Corte Suprema.
En 2018 comenzaron las amenazas del empresario conminando a todos los miembros de la comunidad a abandonar esas tierras.
En 2022, Morstadt Anwandter inscribió nuevamente en el conservador de Bienes Raíces de Los Lagos el terreno, fraccionado a nombre de la Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Collilelfu de la que forma parte, sin pagar a CONADI su deuda. Comenzó con intentos de talar el bosque nativo.
¿Inocentes, sospechosos o sicarios?
Según El Ciudadano (edición de 16 de marzo de 2025), fueron indagados en el proceso José y Segundo Huenulaf, vecinos de Julia Chuñil, ex trabajadores de Juan Carlos Morstadt Anwandter. En la demanda presentada por Fundación Escazú, se señala a los Huenulaf como responsables de haber cortado un camino en perjuicio de Julia Chuñil, tarea por la que ese empresario les habría pagado una suma de dinero. Se relata en la querella que el empresario presionaba a la dirigenta porque era “la única que faltaba” en acceder a sus requerimientos.
El reportaje relata que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE de Carabineros) realizó una excavación el 19 de diciembre de 2024 en el predio de Segundo Huenulaf, a más de un mes de la desaparición de la dirigente mapuche. En una fosa de un metro y medio de largo, encontraron enterrado un ternero muerto, envuelto en un plástico, lo que llamó la atención pues en el predio había diseminados otros restos de animales, sin enterrar. Segundo Huenulaf declaró a El Ciudadano: “Decían que yo tenía a la Sra. Julia enterrada debajo de ese ternero, pero ellos fueron a excavar ahí después, y no fue así, no encontraron nada.” Y por teléfono, su hijo José agregó, “Si se dijera lo que realmente se tiene que decir, no me estarían llamando a mí”.
Las filtraciones del proceso publicadas por la TV y radios que callaban y censuraban el caso, apuntan ahora a una integrante de la familia cuya casa ha sido allanada en 7 oportunidades, en forma violenta. Desde el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil y los diversos grupos activados por el caso, el apoyo a la familia ha sido total.
Expresa Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura: “Creo que aquí hay una inclinación de responsabilizar a una familia de la desaparición de su madre. Todos sabemos que quienes tienen a un familiar desaparecido viven un proceso parecido al de la tortura. Se está sometiendo a ese flagelo hace más de cuatro meses a hijos, yernos, nueras y nietos, a toda una familia. Eso les hace daño, porque ellos no saben qué pasó, no hay un cuerpo del delito, tienen esperanzas, y la investigación es secreta. Está habiendo un amedrentamiento no sólo a la familia sino a quienes luchen mañana y a todas las personas que sean defensoras del agua y los bosques. Escazú ya lo planteó en su informe del 2024 sobre la situación de los defensores medioambientales. Registra ese informe que el 91,3% de los casos de violencia física estuvieron vinculados al sector forestal, siendo las regiones de Biobío y Los Lagos las más afectadas. “
Secretos de fiscales
El secreto da pábulo a una fundada desconfianza en las fiscalías en general. En casos que han generado conmoción pública con posibles responsables “de cuello y corbata”, los fiscales de la zona sur suelen optar por el silencio para encubrir el escaso empeño puesto en investigar a esos sospechosos. De hecho en el proceso contra los responsables de la desaparición y posible secuestro de Julia Chuñil, la Fundación Escazú presentó una querella para hacer valer su derecho a conocer la carpeta investigativa.
Justamente hace pocos días, la Corte Suprema ordenó a la Fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, cuya jurisdicción lleva el caso de Julia Chuñil, terminar con el secreto que rodea la investigación de otro caso: el secuestro del niño Tomás, asesinado en 2021 en Caripilún, sector rural de la comuna de Arauco. No hay resultados. Esquivel mantuvo en secreto la investigación y sólo ahora el defensor público del abuelo, un familiar que desean inculpar, podrá conocer las acusaciones. Todo ello pese a que la Fiscalía de Biobío había cerrado en 2023 la causa por homicidio contra el abuelo por falta de pruebas. La madre del niño, Estefanía Gutiérrez, sigue clamando por justicia y nunca creyó en la culpabilidad del perseguido por las fiscalías, que ya lleva 4 años como imputado por abandono y sería juzgado en mayo en Biobío.
En noviembre de 2023 Tatiana Esquivel había asumido ese caso en reemplazo de la fiscal Marcela Cartagena (Biobío) la cual sólo quedó con la arista de “abandono”. La Corte Suprema rechazó en mayo de 2023 la solicitud de remoción de Cartagena solicitada por un grupo de diputados. A más de 4 años del horroroso crimen, reina la impunidad.
Justicia patriarcal
Julia Chuñil es mujer, mapuche y campesina, y tenía 72 años cuando desapareció. Su vida y su historia hasta el 8 de noviembre de 2024 están marcadas por la violencia racista, de género y la violencia de clase, a la que se sumó en los últimos años la violencia extractivista. Ahora la suerte de la defensora de bosques y aguas de su territorio ancestral, depende de una justicia patriarcal.
¿Marcarán acaso una diferencia dos fiscales mujeres, Claudia Baeza y Tatiana Esquivel, y empezarán a oír ellas el clamor de una familia trabajadora? ¿Dónde está la perspectiva de género en este proceso? El informe Escazú 2024 señala que la mayor parte de las afectadas por la violencia forestal son mujeres.
¿Escogerán las fiscales el camino de inculpar a sicarios o irán tras los verdaderos responsables?
¿Sabremos algún día Dónde Está Julia Chuñil?
Las respuestas vendrán en los días próximos, con la anunciada apertura de la carpeta investigativa.