Podría ser errónea la identificación de todos los cuerpos de detenidos desaparecidos hallados hace 15 años en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Una semana después que el Servicio Médico Legal (SML) y el juez Carlos Gajardo convocaran -el 19 de abril- a los familiares de las víctimas para informarles que hubo error […]
Podría ser errónea la identificación de todos los cuerpos de detenidos desaparecidos hallados hace 15 años en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Una semana después que el Servicio Médico Legal (SML) y el juez Carlos Gajardo convocaran -el 19 de abril- a los familiares de las víctimas para informarles que hubo error en la identificación de los restos de 48 de las 90 personas halladas en 1991, hoy ni siquiera existe certidumbre de que los 42 cadáveres restantes estén correctamente identificados, ni tampoco que todos los 48 tengan errores. El SML efectuó comparaciones de ADN mitocondrial de 90 restos con ADN de los familiares vivos de las víctimas, concluyendo que en 48 casos no existió correspondencia en el Acido Desoxirribonucleico.
El caos surgió después que el magistrado Gajardo, quien está a cargo del caso del Patio 29, descalificara el martes 25 el informe emitido el miércoles anterior por el servicio forense. ‘Yo no puedo descalificar el primer peritaje sobre la base de lo que me dice el segundo. Tengo que escuchar a quienes participaron en el primero y quienes participaron en el segundo. [No hay] nada definitivo, absolutamente nada definitivo’, dijo. En buen castellano, significa que algunos cuerpos podrían estar ‘bien identificados’ y otros no, pero ¿cuáles?
La presidenta Michelle Bachelet comisionó a la asistente social María Luisa Sepúlveda para que aclare la compleja situación y sus primeras palabras también relativizaron el informe basado en el ADN mitocondrial, al afirmar que las pruebas de ADN mitocondrial efectuadas por el Servicio ‘no es concluyente’. Añadió que ‘hay que estudiar otros antecedentes del proceso para que el tribunal determine si con esa única prueba se determina que no es la persona que está identificada’.
Ahora deberá hacerse de nuevo todo el trabajo de más de una década. Se efectuarán nuevos peritajes antropológicos forenses, se traerá a Chile a peritos internacionales expertos en identificación, se realizarán contramuestras con ADN nuclear en el extranjero y se apoyará a los familiares. ‘Es mi decisión desarrollar un programa especial con el fin de saber exactamente la situación de las personas encontradas en el patio 29’, dijo Bachelet. ‘Por eso, he nombrado a una representante especial que va a responder ante mí, que lleve a delante y garantice tanto el apoyo a los familiares como el fortalecimiento y el desarrollo del Servicio Médico Legal», afirmó la Presidenta.
Líos cruzados
El trasfondo de la crisis de credibilidad más grave del servicio público forense está cruzado por una serie de conflictos secundarios: el Servicio ocultó a los jueces un informe pericial sobre una muestra de 27 cráneos evacuado en 2002 por la Universidad de Glasgow, mientras el director del servicio, Oscar Vargas, afirma que los magistrados, quienes tienen la última palabra en una identificación por razones jurídicas, decidieron por su cuenta ‘quién era quien’, sin soporte científico, todo esto ante la condescendencia de autoridades políticas ansiosas por una solución rápida. Existen también rivalidades entre las autoridades actuales y anteriores del SML. Los barones de la clase política recibieron un inesperado festín para toda suerte de cuestionamientos y exigencias de ‘responsabilidad política’ ante las cámaras de televisión, mientras el telón del fondo es el dolor impotente de los familiares que desean haya sanciones administrativas y judiciales, pero sobre todo que se identifique bien a sus seres queridos que perdieron por segunda vez.
Pero las consecuencias legales son también complejas, con implicancias jurídicas y económicas. Si no hay cadáveres, no hubo asesinato, sino secuestro. Los culpables que fueron procesados en innumerables juicios podrían quedar en el limbo por largo tiempo. Los familiares que cobraron indemnizaciones podrían tener problemas de otra naturaleza y quienes aún no perciben la reparación del Estado deberán seguir esperando. Y sobre estos aspectos, la comisionada Sepúlveda hizo una declaración críptica, un tanto extraña: ‘Eso no vamos a poder resolverlo en el caso particular mientras no se establezca por vía judicial que esa identidad no corresponde. En este minuto ese proceso no ha llegado […] Hoy día [esas personas] están oficialmente muertas, hasta que la justicia diga lo contrario’. Pero si esas personas no están muertas ‘oficialmente’, la justicia jamás lograr lo contrario, es decir, revivirlas.
El affaire de la morgue puso en la picota a los últimos ministros de justicia, el independiente Luis Bates Hidalgo, en el gobierno de Ricardo Lagos; y el radical José Antonio Gómez y la DC Soledad Alvear, en la administración de Eduardo Frei. También están cuestionados los procedimientos del sistema público de medicina forense.
El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez denunció que «graves irregularidades» condujeron al error de identificación y demandó la designación de un ministro [de corte] en visita que investigue el error. El ministerio de Justicia designó a una fiscal que comenzó a trabajar. La Cámara de Diputados se apresta a constituir una comisión investigadora para establecer ‘responsabilidades políticas’, una figura que la gente común poco entiende en qué consiste.
El ex tanatólogo del Servicio Médico Legal Luis Ravanal dijo que ‘derechamente aquí hubo una política de ocultar la verdad, de detenerla en forma permanente, […] no solamente con la negación de la información a los tribunales de Justicia, sino también con la exoneración de funcionarios’. El facultativo presentó al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, antecedentes relacionados con esas supuestas irregularidades, entre las que se encuentra una carta del 26 de noviembre de 2001 en la que varios médicos de la Unidad de Tanatología advirtieron deficiencias en el registro de los restos encontrados.
‘No existía ningún tipo de control, y registro específico por osamentas, con excepción de los registros provenientes de la Unidad de Identificación a partir del 22 de noviembre del mismo año’, afirmó Ravanal. Agregó que existen datos relacionados con la ausencia de instrumental necesario y adecuado para la realización de peritajes en restos humanos y denunció mal manejo de fondos en el SML.
«Responsabilidades políticas»
Es un error centrarse en buscar responsables cuando se trata de buscar la verdad, dijo Enrique París, hijo del médico del mismo nombre que se encuentra entre los 48 restos cuya identidad fue cuestionada. La abogada de derechos humanos Pamela Pereira, a quien le correspondió abrir el Patio 29 como abogada querellante, en representación del obispo Sergio Valech y cuyo padre es detenido desaparecido, dijo que alertó al presidente Ricardo Lagos en 2005 sobre las irregularidades en las identificaciones. Añadió que el entonces primer mandatario se mostró conmovido, porque entre las víctimas se encuentra su amigo Enrique París padre. La abogada la pidió la destitución del director del SML y del ministro Bates. Cuenta que Lagos dijo: ‘Lo voy a ver’…, ‘tengo que verlo’, pero no hizo nada. ‘Al final, los presidentes también están limitados por las realidades del poder, aún en cuestiones humanas que los afectan’, aseguró Pereira en el vespertino La Segunda del martes.
El ex ministro de Justicia y actual senador radical José Antonio Gómez dijo estar ‘abierto a colaborar y no voy a eludir responsabilidades políticas’. Y añadió: ‘Hay que tener cautela en la difusión de versiones sobre la identidad de los cuerpos… el ADB mitocondrial no es 100% seguro’. El ministro jubilado Juan Guzmán, quien adquirió notoriedad por ser el primer juez que procesó a Augusto Pinochet, causó revuelo el año pasado cuando dijo que haber sido presionado desde la oficina Gómez para suavizar su trato judicial al ex dictador.
Soledad Alvear, actual senadora DC y también ex ministra de la misma cartera, dijo que ‘es delicado que se haya señalado categóricamente, antes de que se realicen los contraperitajes, que un número determinado de cuerpos no corresponde’. También aseguró que ‘no ocultamos ninguna información…, me siento tranquila’.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) focalizó las responsabilidades políticas en los ex ministros de Justicia Bates y Gómez porque ‘no tomaron medidas’, además responsabilizó al equipo que identificó y a los directores del SML y a otras autoridades en torno a no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo’.
Pizarro agregó que los familiares tienen conciencia de las dificultades para identificar osamentas, pero señaló que aún persistiría el error si el juez Sergio Muñoz no hubiera pedido la exhumación en marzo de 2005. Cuando Muñoz ascendió a la Corte Suprema fue sustituido en el caso por Carlos Gajardo. La dirigente protestó por la errática conducta del gobierno de Lagos, que toleró la mala identificación y a la vez indultó al principal asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre otros gestos que pudieron desembocar en un abortado proyecto de punto final, muy poco antes de concluir su mandato.
La vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, dijo que ‘siempre hay responsabilidades políticas cuando una institución del Estado comete errores tan grandes’ y recordó que al ministro Bates le señalaron la necesidad de que se regularizaran los procedimientos y se tomaran las medidas que correspondía tomar. ‘Sin embargo, no hubo ninguna reacción’.
Nomina de las 48 víctimas
Entre las 48 víctimas que estarían mal identificadas se encuentran los médicos Enrique París y Carlos Paredes, colaboradores de Salvador Allende apresados en La Moneda la misma mañana del golpe, el 11 de septiembre de 1973. Un caso que se hizo emblemático fue el de Fernando Olivares Mori, por el documental «Fernando ha vuelto», de Silvio Caiozzi, obra de 1998 que registra el regreso de sus restos supuestos al hogar familiar y su emotivo velatorio y sepultación. El film de 31 minutos exalta el trabajo de los tanatólogos hoy cuestionados.
En la lista aparecen también los periodistas Ernesto Traubmann Riegelhaupt, comunista, nacido en Checoslovaquia, capturado cuando trataba de hacer funcionar un sistema de radio, y Sergio Contreras Contreras, periodista socialista, detenido en La Moneda. (Ver sus historias en Morir es la Noticia, http://shop.logos.it/users/carmona/html/ii.html).
Precisamente, el 20 de abril, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le dobló la mano al ministro Juan Fuentes Belmar al revocar la prescripción aplicada a nueve inculpados de efectuar exhumaciones ilegales de víctimas de La Moneda sepultadas secretamente en el Regimiento de Peldehue y trasladadas al Patio 29 en 1978. El hallazgo del Patio 29 ocurrió en 1991.
La corte invocó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad y resolvió que «el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados». Además, estableció que la remoción de los cuerpos fue el último eslabón de una cadena de acciones que se inició con la detención de un grupo de personas en La Moneda.
El magistrado Fuentes investigó las detenciones ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda en una causa sobre la llamada operación «Retiro de televisores», que desenterró cuerpos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país. Fuentes consideró que exhumar los cuerpos de los prisioneros de La Moneda y sacarlos de Peldehue para arrojarlos al mar desde helicópteros o volver a enterrarlos en otros lugares, no podía ser considerado un delito de lesa humanidad sino una simple infracción al Código Sanitario.
Según la apreciación de Fuentes, las exhumaciones sólo fueron «un delito de exhumación ilegal tipificado y sancionado en el Código Penal con pena de reclusión menor en grado mínimo (61 días a un año) y multa de diez UTM», equivalentes a unos 300 dólares. El magistrado había absuelto al ex jefe del Comando de Aviación del Ejército, general retirado José Darrigrandi, y a los militares retirados Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz. Los tribunales chilenos ventilan todos los días causas de derechos humanos por crímenes acontecidos hace más de 30 años.
Las 48 víctimas que estarían mal identificadas, según el informe de ADN Mitocondrial del Servicio Médico Legal, son las siguientes:
1.- Albornoz Prado Hernán
2.- Albornoz Prado Juan
3.- Avilés Jofré Oscar
4.- Carreño Calderón José
5.- Cádiz Molina Luis
6.- Castro Maldonado José
7.- Castro Zamorano Manuel
8.- Cofré Martínez Germán
9.- Contreras Contreras Sergio
10.- Dávila García Luis
11.- Del Canto Rodríguez José
12.- Duque Orellana Patricio
13.- Fernández Pavez Sergio
14.- Fonseca Faúndez Carlos
15.- Freire Medina José
16.- Gallegos Gallegos Juan
17.- Gutiérrez Ayala Daniel
18.- Gutiérrez Rivas Luis
19.- Guzmán Altamirano Carlos
20.- Jiménez Cortés Luis
21.- Largo Vera Luis
22.- Lazo Maldonado Luis
23.- Marambio Araya Oscar
24.- Maturana Valderrama Samuel
25.- Montero Montero Enrique
26.- Muñoz Bizama José
27.- Muñoz Contreras José
28.- Muñoz Muñoz Raúl
29.- Muñoz Peñaloza Mario
30.- Olivares Mori Fernando
31.- Paredes Barrientos Eduardo
32.- París Roa Enrique
33.- Pavez Henríquez Jorge
34.- Pérez Godoy Pedro
35.- Pincheira Núñez Héctor
36.- Ramírez Ramírez José
37.- Reyes Avila Carlos
38.- Rodríguez Lazo Daniel
39.- Rodríguez Riquelme Luis
40.- Serrano Galaz Roberto
41.- Sobarzo Sepúlveda José
42.- Sotelo Ojeda Jaime
43.- Toledo Garay Enrique
44.- Traubmann Riegelhaupt Ernesto
45.- Utreras Beltrán Juan
46.- Vargas Barrientos Pedro
47.- Zárate Alarcón Pedro
48.- Zúñiga Aguilera Francisco