El escándalo jurídico con Venezuela

El Heraldo de Barranquilla (15.01.05) se pronunció contra el secuestro y captura en Venezuela de un guerrillero colombiano mediante soborno a miembros del Ejército y la Policía de ese país. Fueron acciones conducidas por el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y otros funcionarios. Dijo ese periódico que «fue un paso en falso del señor Ministro de la Defensa el salir (…) con la exculpatoria tesis del pago de recompensas como sistema válido para capturar guerrilleros, sin importar dónde ni a quién. Más desafortunada fue la invitación de nuestro vicepresidente para que el país fuera inundado de ‘cazarecompensas’ con el fin de capturar a la cúpula de las Farc».

Maria Jimena Duzán señaló en El Tiempo que «Uribe gobierna este país con la obsesión implacable de un administrador de fincas y la paciencia de un domador de caballos», es decir, con el espíritu retardatario de un latifundista colombiano. Salud Hernández-Mora denunció que el afán presidencial de convertir a Venezuela en un santuario de supuestos revolucionarios suramericanos «no es razón suficiente para que el gobierno colombiano mienta, soborne, mande secuestrar y pisotee a su vecino (…) y sobornar nada menos que a policías de un país amigo con el que se habían recuperado canales de colaboración económicos y políticos (…) (Uribe) actúa como si se creyera Bush, sin estar al frente de un Imperio, y olvida que algunos sectores europeos y norteamericanos lo perciben como un ultraderechista latino dispuesto a violar derechos fundamentales» (El Tiempo, 15.01.05).

Mientras el embajador gringo, señor Wood, apoya la acción de Uribe, Semana (No.1185) pide a éste «reconsiderar este tipo de aventuras extraterritoriales».

El Tiempo, otros medios de comunicación y la ultraderecha del país tratan de engañar a la Nación invocando falso patriotismo para encubrir el hecho de que el Gobierno pagó a miembros de las fuerzas armadas de una nación vecina por la captura clandestina de subversivos. El aspirante presidencial Juan Manuel Santos llegó al extremo de pedir imitar la conducta criminal de Bush en Iraq. ¿Qué dirían si hubiera sido al revés: que Venezuela u otro país sobornara a miembros de la Policía y del Ejército colombianos para la captura y entrega de personas acusadas de delitos políticos en sus países? Todos habrían pedido inmediata ruptura de relaciones y la convocatoria de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para que condenaran el hecho. Esa doble moral causa grave daño a Colombia y al derecho internacional e interamericano. El ministro Jorge Alberto Uribe debió ser destituido de inmediato. El vicepresidente Francisco Santos debió renunciar por pedir la presencia en Colombia de «todos los caza recompensas del mundo», es decir, de los criminales de la tierra, como aliados del país.

El gobierno Uribe quebrantó el pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas (Art.9.1), que prohíbe la «detención o prisión arbitraria» de personas, que sólo puede hacerse «con arreglo al procedimiento establecido en la ley». También la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que «nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados». De igual modo, fueron violados los «principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención» adoptados por Naciones Unidas mediante resolución 43/103 de diciembre 9 de 1998.

Este es el más grave daño político, moral y jurídico hecho a Colombia en muchos años. Es lo que hacía Pinochet: mandó a matar al general Prats y a Orlando Letelier.