Por primera vez el estado colombiano ha reconocido ante un órgano internacional su responsabilidad directa en el homicidio de un miembro de la Unión Patriótica. Este reconocimiento incluye no sólo el hecho de haber omitido el deber de proteger la vida del senador de la República Manuel Cepeda, sino también que sus agentes lo asesinaron […]
Por primera vez el estado colombiano ha reconocido ante un órgano internacional su responsabilidad directa en el homicidio de un miembro de la Unión Patriótica. Este reconocimiento incluye no sólo el hecho de haber omitido el deber de proteger la vida del senador de la República Manuel Cepeda, sino también que sus agentes lo asesinaron y que sus derechos políticos fundamentales fueron violados. Sin duda es un paso adelante. Esta aceptación internacional de responsabilidad comienza a develar la tenebrosa historia de la acción criminal ejecutada por sectores del Estado contra los opositores políticos durante décadas. Asimismo, abre la puerta para que los más de 5.000 casos que conforman el genocidio contra la UP sean reconocidos como parte de una estrategia estatal de exterminio, para que se repare a miles de familiares y sobrevivientes, y se produzcan medidas de restitución política, dado que dos candidatos presidenciales y 102 representantes de esa colectividad (entre los que se cuentan 8 parlamentarios, 70 concejales y 11 alcaldes) fueron elegidos y luego asesinados.
Al hacer su reconocimiento, el Gobierno nos propuso pactar una solución amistosa, que hemos decidido no aceptar. Durante años el Estado dilató una conciliación al tiempo que altos funcionarios continuaron justificando ante la sociedad el genocidio contra la UP. A esto se suma que la verdad en este caso es aún incompleta. Además de ser responsable por acción y omisión, el Estado debe reconocer que sus agentes actuaron en complicidad con los paramilitares y que existió el plan de exterminio ‘Golpe de Gracia’ diseñado por altos mandos militares. Hemos afirmado que se deben investigar los indicios que apuntan a la responsabilidad de los generales Ramón Emilio Gil Bermúdez y Harold Bedoya en diversas actuaciones que contribuyeron a generar un clima propicio para el asesinato. De igual forma, que se debe vincular a la investigación al jefe paramilitar Vicente Castaño y que es necesario dilucidar las identidades de los integrantes del Grupo de los Ocho, que aparecen como quienes daban órdenes para que los militares y paramilitares ejecutaran homicidios políticos. Queremos que todos estos aspectos de la responsabilidad intelectual sean examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La aceptación de la responsabilidad estatal no ha sido fruto de un acto de generosidad. Las decisiones judiciales logradas después de años de meticulosa reconstrucción de los hechos han ido creando un acervo probatorio que ha dejado establecido el origen de los autores del crimen. Para llegar a este punto hemos afrontado la persecución constante. Varias personas inocentes fueron encarceladas, se intentó destruir las pruebas, se desapareció a dos familiares del testigo principal, se nos forzó al exilio. Ahora se apela a la difamación para obstaculizar la búsqueda de la justicia internacional. Entre las injurias lanzadas se ha querido asociar la justificación de este asesinato con la existencia de un frente guerrillero que lleva el nombre Manuel Cepeda.
Sobre este punto quiero dejar claramente sentada mi posición. He condenado en múltiples oportunidades las acciones en las que grupos guerrilleros atentan contra la vida y la dignidad de las personas, y en particular, el secuestro convertido en industria de comercio con seres humanos. Con esa misma verticalidad condeno las acciones que realiza el mal llamado frente ‘Manuel Cepeda’, que han costado la vida de civiles en atentados dinamiteros. Una sociedad justa y democrática, como la que quería mi padre, no se construye a punta de atentados indiscriminados contra la población civil.