Duras críticas de diversas organizaciones indígenas ha recibido el gobierno de Michelle Bachelet luego de anunciar su postulación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Consejo Nacional Aymara denuncia que el estado chileno estaría muy por debajo de los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Mapuches, por su […]
Duras críticas de diversas organizaciones indígenas ha recibido el gobierno de Michelle Bachelet luego de anunciar su postulación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Consejo Nacional Aymara denuncia que el estado chileno estaría muy por debajo de los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Mapuches, por su parte, recuerdan las deudas pendientes de su administración.
Chile mantiene una impresentable situación de violación a los Derechos Humanos a los Pueblos Originarios en Chile. Así lo ha dado a conocer recientemente el Consejo Nacional Aymara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se postula el estado chileno. «Chile esta muy por debajo de lo que significa respetar los derechos humanos, especialmente acerca de las observaciones en materia de justicia, tierra, desarrollo y más aún en materia legislativa, todas ellas basadas en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Comité de los Derechos Del Niño (CDN), Comité de Derechos Humanos (CDH)», señala en una de sus misivas la organización indígena.
Similar posición ha adoptado la Comunidad Mapuche/Huilliche «Pepiukëlen», a través de su werkén – vocero Francisco Vera Millaquén quien ha señalado que «Chile no califica hoy para formar parte del consejo de DD.HH. en la ONU. Principalmente porque los gobiernos de la Concertación no han cumplido estos derechos en el propio país. Para nosotros los Mapuche Huilliche tiene doble sentido, primero porque no se han respetado los DD.HH de los pueblos originarios, y en segundo lugar porque no se han respetado las Recomendaciones del Relator especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen ni de los distintos Comités en cuanto a estos temas», señala el werkén.
Casos denunciados ante la CIDH
Cabe mencionar que la Comunidad Pepiukelén tiene representado un caso grave de violación de derechos humanos a causa de los efectos de una empresa pesquera ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hecho que se agrega a otros que se están tramitando en esa instancia, entre ellos, el caso del dirigente Víctor Ancalaf quien fuera condenado arbitrariamente por Ley antiterrorista a 5 años y 1 día de cárcel.
También por Ley antiterrorista, el de Poluco Pidenco que involucra a varios dirigentes Mapuche por una «quema de plantaciones» en juicio irregular y que fueron condenados a 10 años de cárcel y a una millonaria indemnización en favor de la empresa Forestal Mininco. Asimismo, lo ocurrido con los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Noria, quienes fueron condenados en su oportunidad a 5 años y 1 día por «amenazas de incendio terrorista», son algunos de los casos que cuestionan actualmente al estado en esta instancia internacional relativas a la situación de los presos políticos Mapuche, desproporcionalidad de penas, vicios procesales y aplicación de leyes especiales descontextualizadas e impropias.
En los últimos años, diversos comités de las Naciones Unidas y el propio relator Rodolfo Stavenhagen han dado sus recomendaciones al estado chileno las que no han sido acatadas ni cumplidas. Uno de los últimos casos fue el acogido por el Comité para la eliminación de la discriminación racial quien le ha comunicado al estado chileno oficialmente por la situación de racismo socio ambiental que se vive en la región de la Araucanía y que enfrentan comunidades Mapuche a causa de basurales y de plantas químicas de aguas servidas.
También en este año, el Comité de Derechos Humanos (CDH), y del Comité de Derechos del Niño (CDN)- que vigilan el cumplimiento de los Pactos internacionales de Derechos Humanos han dado a conocer sus Recomendaciones al Estado de Chile, expresando su especial preocupación y alerta frente a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile, recomendando una serie de medidas las que no han sido atendidas. A estas se agregan las recomendaciones anteriores del Comité por los derechos económicos sociales y culturales (DESC) y del comité contra la tortura.
Reacciones de Bachelet
La Presidenta de Chile Michelle Bachellet en un rápido intento de revertir este tipo de cuestionamientos, prometió recientemente ante la Asamblea general de las Naciones Unidas que trabajará por la construcción de una democracia más sólida y respetuosa de los derechos humanos, así se dio a conocer por las agencias. El llamamiento se inscribe en la estrategia chilena por alcanzar uno de los tres sillones latinoamericanos del Consejo de DDHH de la ONU, para el período 2008-2010, donde compite con Venezuela (retirado), Brasil y Argentina.
Sobre lo mismo, saludó la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, anticipándose a las críticas de organismos internacionales que acusan a Chile de dar un trato injusto al pueblo mapuche, publicó INFOBAE. Chile, aún no ha sido capaz de ratificar instrumentos básicos del derecho internacional indígena como el convenio de la OIT número 169 y mantiene una legislación local añeja y descontextualizada sin reconocer siquiera la existencia de «Pueblos originarios» y sus derechos colectivos.
Contrario a esta versión, el Estado de Chile no solo ha desconocido y transgredido el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático el atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros a encarcelamiento en condiciones inhumanas, son algunas de las situaciones verificadas por organismos internacionales.
Un caso emblemático y que ha quedado en la absoluta impunidad, es la del joven Mapuche Alex Lemún Saavedra, que con 17 años de edad fue asesinado cobardemente con un disparo en la cabeza por un funcionario oficial de Carabineros de Chile (quien continúa en sus funciones y fue ascendido en su cargo), al interior de un predio de la empresa forestal Mininco, falleciendo días después de una triste agonía a fines del 2002, cuyo caso fue llevado por la Fiscalía Militar, encontrándose en primera instancia ‘responsable’ a sus autores por ejercer violencia innecesaria, sin embargo, finalmente, la Corte Marcial dejó libre de todo cargo a sus responsables, quedando en absoluta impunidad.
Es importante señalar que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ha indicado que Chile debe modificar la competencia de la justicia militar en casos que involucre derechos de civiles ante la falta de un debido proceso (Caso Palamara, 2005). Sin embargo, el estado no ha acatado este fallo y números casos de violencia y abuso policiaco en contra de civiles e incluso de asesinato han quedado en la impunidad.
Esta y varias otras situaciones, han sido motivos de gran preocupación por parte de diferentes organizaciones. En ese contexto, las acciones de defensa y protección del territorio por parte de los mapuche ha generado a su vez una reacción represiva y persecutoria por parte del estado chileno, que ha desplegado sistemáticamente su fuerza policial y judicial para disolver lo que se ha considerado como la legítima protesta de los mapuche. Cientos de mapuches han sido investigados por distintos hechos relacionados con el conflicto territorial, y varias decenas han sido juzgados por leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y antiterrorista, aplicadas mayoritariamente por el gobierno anterior de Ricardo Lagos, por conductas que no revisten las características propias de los delitos contemplados en ellas. Los mapuche actualmente encarcelados por estas causas se consideran prisioneros políticos.
Recientes testimonios de testigos e inclusos informes oficiales, indican que numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuche para realizar detenciones, los que continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños(as) y ancianos(as)……. ‘A los niños les han amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente’, señala textualmente en parte el Informe elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte hace algunos años y que por primera vez -de parte de un organismo público- reconoce y deja en evidencia el escenario de terror que viven a diario cientos de familias mapuche, hostigadas por la policía chilena.
Uno de los últimos violentos allanamientos provocados por Fuerzas especiales de carabineros, dentro del gobierno de la actual presidenta Michelle Bachellet, es el que se viene realizando por enésima vez en Temucuicui, zona rural en las cercanías de la localidad de Ercilla, comunidad hostigada permanentemente por la represión policiaca en búsqueda de comuneros no habidos ante la «justicia», considerados también ‘clandestinos’ o ‘prófugos de la justicia’, como le llama el poder represivo, en el marco de conflictos territoriales, reivindicaciones y protesta social de la comunidad.