Ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, fue presentado el caso de la defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Boris Ernesto Rojas Quijano, Alejandra Méndez Molano, Cesar Andrés Barrera Téllez, Juan Camilo Pulido Rivero, Lina Vanessa Jiménez y Lizeth Johana Rodríguez Zarate y Cristian Sandoval, capturados en […]
Ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, fue presentado el caso de la defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Boris Ernesto Rojas Quijano, Alejandra Méndez Molano, Cesar Andrés Barrera Téllez, Juan Camilo Pulido Rivero, Lina Vanessa Jiménez y Lizeth Johana Rodríguez Zarate y Cristian Sandoval, capturados en 24 junio de 2017, bajo cargos de homicidio con fines terroristas, terrorismo y concierto para delinquir, entre otros hechos, por los ocurridos el mismo mes y año en el Centro Comercial Andino de Bogotá, en los que murieron tres mujeres y 9 personas resultaron heridas.
Los abogados defensores y organizaciones que suscribieron la solicitud, alegan que se ha concretado una detención arbitraria, por la grave violación de la presunción de inocencia perpetrada por autoridades del orden nacional y distrital, así como por delegados de la Fiscalía, quienes ante los medios masivos de comunicación han dado por sentada la responsabilidad penal de los acusados, sin que los mismo hayan sido oídos y vencidos en un juicio justo.
Argumentan igualmente que la filtración de supuestas pruebas de cargo a la prensa y la difusión permanente de información no controvertida en el contexto adversarial del proceso judicial, dando lugar a especulaciones encaminadas a mostrar a las y los detenidos como culpables de los cargos por los que fueron acusados, ha generado un juicio paralelo que pone en alto riesgo la independencia judicial.
A su vez, denuncian que mientras se desarrollaron las audiencias preliminares, a través de los medios de comunicación se lanzaron mensajes de presión hacia los jueces, que pudo incidir en la decisión final de imponer medida de aseguramiento contra los jóvenes capturados.
El caso sería analizado en las próximas sesiones del Grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, en agosto del presente año.
Sobre este tema dialogamos con Natalia Trujillo Nova, defensora de derechos humanos privada de su libertad en la Reclusión de Mujeres de Bogotá
EJP- ¿Porque considera que el caso debe ser analizado por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias?
El Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas concibió la creación del grupo de trabajo sobre detención arbitraria – GDA, como un mecanismo para detectar los casos de detenciones que vulneran los principios internacionales, pero sobre todo la Declaración universal de derechos humanos.
La declaración surge como consecuencia de un periodo histórico el que se ultrajó la humanidad; de modo que se hace necesario la protección a los derechos humanos.
Independientemente del régimen o gobierno de turno, la libertad, la justicia, la paz – como pilares de la dignidad humana – y la igualdad de derechos para todas y todos deben ser respetados por los Estados. Y eso justamente lo que se está vulnerando en nuestro caso.
Estoy privada de la libertad, y siento que mi dignidad ha sido ultrajada junto con la de mi familia, siendo sometida a juicio político a través de los medios de comunicación en los que me tildan de «terrorista», de ser un «peligro para la sociedad» e incluso de celebrar la tragedia que tuvo lugar el 17 de junio de 2017 en el Centro Comercial Andino de Bogotá.
Por este tipo declaraciones y condena anticipada proferida a la opinión pública, por altos mandatarios del Estado y los medios de comunicación, mi familia tuvo que cambiar de domicilio, pues han sido objeto de seguimientos y señalamientos que ponen en riesgo su vida. En la URI (Unidad de reacción inmediata) en la que estuve recluida la primera semana; nos vimos en la necesidad de dialogar con otras personas detenidas para evitar que nos hicieran daños, pues se realizaban comentarios de odio hacia nosotros/as tildándonos de asesinos. Todo lo anterior, sin contar las innumerables requisas y tratos indignantes dados por algunos miembros de la fuerza pública.
¿No es esto indigno? Ante esta situación, no me cabe duda de la afectación al principio de presunción de inocencia, sobre mi y las demás personas involucradas en el proceso y el juicio de imparcialidad de los jueces de la República.
En ese sentido, considero que el caso debe ser analizado por no contar con las garantías propias del debido proceso, tales como lo es la presunción de inocencia de los acusados y la imparcialidad de los jueces.
EJP- ¿ Qué expectativas tienen frente a la solicitud elevada al GDA?
Que el grupo de trabajo emita una opinión y respectivas recomendaciones al gobierno
colombiano, que apunten a reclamar mi libertad y a garantizar un juicio justo enmarcado en la normativa nacional e internacional de derechos humanos.
Es fácil identificar la presión ejercida por el ejecutivo a diferentes entidades para dar resultados por los sucesos del Centro comercial Andino y también el tinte político que ha tenido el caso. Nótese que desde la ocurrencia de este hecho, un sector político de «oposición» al mandato de Santos, lo ha aprovechado para cuestionar no sólo su política de seguridad sino incluso los diálogos de paz adelantados en su período presidencial.
Es como si ya estuviéramos condenados, así que un pronunciamiento del GDA puede equilibrar la balanza y así poder tener un juicio justo, libre de intereses y en consecuencia, que los operadores judiciales puedan fallar conforme a su criterio y las pruebas que se presenten, con la tranquilidad de que no serán sometidos a reproches mediáticos o a futuros procesos disciplinarios o penales, tal y como ya pasó.
EJP- ¿Cómo cree que puede incidir una posible declaración de arbitrariedad de esta detención, en materia de garantías judiciales en Colombia?
Creo que la incidencia depende del ímpetu con el que las y los defensores de derechos humanos colombianos exijamos al aparato judicial, al legislativo y al ejecutivo que respete las garantías judiciales de las y los ciudadanos sometidos a procesos penales. Esto es, que presionemos que el pronunciamiento de un organismo internacional, no sea tratado como una mera opinión de éste, sino que por el contrario sea precedente que surta efectos jurídico-políticos en nuestro país.
Colombia atraviesa por un momento histórico que requiere compromiso y respeto por los derechos humanos de todos y todas. ¿Si no es ahora, cuando?