El 13 de octubre, se presentó uno de los ataques civiles contra la protesta social como parte de las expresiones del nuevo paramilitarismo en Colombia. Según el reportaje de Periferia Prensa Alternativa y la nota periodística de Colombia Informa, personas armadas con cuchillos, palos, pistolas, botellas y piedras, persiguieron al grupo de manifestantes del municipio de Confines hasta San Gil, amenazando de muerte y violación, estigmatizando como “guerrilleros” y “petristas” a sus víctimas, conformados por campesinxs, estudiantes universitarios, mujeres y extranjerxs que apoyan a las comunidades de Nuestra América.
No fue un hecho aislado, por el contrario, es producto de un contexto socio-cultural e institucional que prepara contingencias estatales contra la protesta social y las expresiones organizadas de las comunidades que denuncian el régimen político y el modelo económico capitalista. Buscando consolidar una población reaccionaria, violenta y patriarcal, que legitime y defienda el modelo de vida de los ricos, así no lleguen a entrar a esa clase social, alejando así el anhelo de la paz con justicia social que otra parte de las comunidades exigen y construyen en sus territorios.
Cultura paraca en el barrio y la vereda
Bordieu explica que el habitus, son los principios que rigen nuestro actuar y las representaciones del mundo, siendo duraderos y transferibles (2007). También se resalta en los habitus, que los fines realizados se convierten en supuestos objetivos futuros a alcanzar, terminando en una práctica de vivir girando en circulo. Así que, prácticas/representaciones y fines del pasado disfrazados de futuro, nos ayudan a entender mejor las nuevas expresiones paramilitares en las ciudades y municipios de Colombia.
La institucionalidad, representada en la policía nacional y alcaldías-gobernaciones, promueve el habitus de “defender” un tipo de orden y seguridad, a partir de la organización de grupos civiles que sean fuente de información sobre crímenes, ayuden a resolver conflictos entre vecinos y estén en estado de alerta en su comunidad por si se presenta algún problema que “altere el orden público”, teniendo línea directa de comunicación con la policía, siendo esta la coordinadora de estos grupos civiles, conocidos como frentes de seguridad. Además, las alcaldías y gobernaciones, crean secretarías o contratan personal en las secretarías encargadas de la convivencia y seguridad, para apoyar a la policía nacional en el territorio, con las mismas funciones descritas anteriormente.
Así es como, en Medellín se creó la secretaría de seguridad, con personal contratado; en Santander se promueven los frentes de seguridad bajo el actual gobernador, el exmilitar Juvenal Díaz; en Bogotá, desde la alcaldía mayor se está formalizando la figura de gestores del orden; en Ibagué, se cuenta desde la alcaldía municipal con la figura de gestores de convivencia, al mando de la secretaría de seguridad y convivencia (dirigida también por un ex policía). Estos son algunos ejemplos, de la institucionalización de una forma de vivir y entender el mundo, alrededor de la “seguridad y el orden” que en las protestas de Aquí en Lucha o en las marchas de solidaridad por Palestina del 07 de octubre, se sintetiza su actuar paramilitar.
¿Cuál es la seguridad y el orden que buscan defender y promover?
El Equipo Jurídico Pueblos, publicó una denuncia el pasado 29 de octubre, donde caracteriza el actuar paramilitar de los grupos civiles, coordinados por la policía nacional y las autoridades civiles: “contrainsurgente, anti-comunista, patriarcal y discriminatorio, el cual se evidencia a través de discursos de odio que llaman al exterminio de quienes consideran “enemigos” de la seguridad y el orden.”(1). Ese discurso de odio y prácticas violentas, revelan el carácter contrainsurgente que estos grupos sociales apropian bajo la coordinación de la policía y autoridades civiles (que hicieron parte de las fuerzas militares), cuya doctrina del enemigo interno, expuesta por el padre jesuita Javier Giraldo (2), siguen reproduciendo actualmente.
El tipo de orden y estado de seguridad que estos grupos sociales, es aquel que representan presidentes como Donal Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni, o personalidades como María Corina Machado o el mismo Álvaro Uribe. En cuyos dos mandatos (y el tercero a través del expresidente Iván Duque), se consolidó el paramilitarismo como referente social, económico y político entre las comunidades, teniendo como nueva etapa en su evolución, las expresiones actuales que se intentan analizar en este artículo.
Se podría afirmar, al igual que el Equipo Jurídico Pueblos y otras organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, que los frentes de seguridad y las figuras municipales que implementan las alcaldías mencionadas arriba, son la expresión criolla del fascismo que asciende a nivel mundial, como parte del conflicto entre los modelos multipolar y unipolar de administración de la vida en el planeta (3).
Volviendo a los objetivos del habitus, no se expone una intención de avanzar en mejorar las condiciones de vida de las personas en quienes conforman las nuevas expresiones de paramilitarismo institucional. El cuidar el barrio de los ladrones, tener alarmas que avisen al cuadrante por si hay personas sospechosas, y como en el caso de Confines, Santander, cuya rabia reaccionaria buscaba defender las haciendas y negocios de terratenientes locales, no son una alternativa que resuelva estructuralmente la pobreza, los feminicidios, el abandono estatal en educación, salud, alimentación y otros derechos que tienen en pobreza y miseria al 60% de la población colombiana, actualmente, según estadísticas del DANE, en su informe anual del 2024 (4).
Patinando en el pasado
Exigir y trabajar por “mayor seguridad” o para defender “el orden”, es reproducir el habitus paramilitar y contrainsurgente. Que se traduce en un estado de control social, a través de las violencias, para que los sectores pudientes puedan mantener sus privilegios, negocios y dominación sobre el resto de las comunidades, así como la favorabilidad a las multinacionales para que sus megaproyectos no tengan ningún obstáculo social, político ni jurídico. La muerte o el sometimiento violento, son las principales armas de este estilo de vida.
Con este tema, se evidencia que el Estado colombiano gira en circulo, no avanza ni quiere hacerlo. Avanzar aquí significa transformaciones estructurales para que la pobreza y miseria desaparezcan de la vida de las personas, y por el contrario, se desarrollen plenamente las facultades humanas que tenemos; sin embargo, el retroceso estatal se agudiza cuando emplea nuevas formas de control social, incorporando a una parte de la población a que use la “violencia legitima del Estado” en sus manos, robusteciendo su aparato represivo y de inteligencia.
Con este estado de cosas, ¿vale la pena seguir buscando formas de disputarse el control del Estado vigente? O, por el contrario, ¿se asoma la necesidad de transformar el Estado vigente, a través de focos de poder popular autónomo e independiente?
Notas:
2- https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf
3- https://thetricontinental.org/es/dossier-desconexion-y-multipolaridad-america-latina/
4- https://www.sur.org.co/el-65-de-la-poblacion-colombiana-es-pobre-y-vulnerable-una-buena-noticia/
Bourdieu, P, (2007). El sentido práctico. Ediciones Siglo XXI.
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