Los funcionarios públicos chilenos se cansaron de ser tratados por el gobierno de la Presidenta Bachelet como trabajadores de segunda clase y en forma masiva, están ejerciendo con absoluta claridad su derecho a huelga. Impedidos de negociar colectivamente en fo rma efectiva debido a las leyes vigentes en Chile, se apoyan en su fuerza social […]
Los funcionarios públicos chilenos se cansaron de ser tratados por el gobierno de la Presidenta Bachelet como trabajadores de segunda clase y en forma masiva, están ejerciendo con absoluta claridad su derecho a huelga. Impedidos de negociar colectivamente en fo rma efectiva debido a las leyes vigentes en Chile, se apoyan en su fuerza social y la importancia de sus servicios en el aparato del Estado, para reivindicar su derecho a rechazar que se les cobre los platos rotos por la recesión y crisis internacional. La información mediática sobre su movilización en demanda de un 14.5% de reajuste – muy inferior a un aumento real de ese monto, pues implica la recuperación de un 9% ya perdido por la inflación del año pasado – destaca la molestia de algunos usuarios y las pérdidas económicas, sin explicar que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no tiene objetivamente otra forma de negociar, puesto que continúa vigente una legislación oprobiosa que lo impide.
El informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), dado a conocer en septiembre pasado, había abordado críticamente las restricciones al derecho a huelga que la Concertación ha mantenido vigentes hasta ahora. Conversamos en esa oportunidad con Nicolás Espejo Yaksic, abogado y master en derecho Internacional de los DDHH por la Universidad de Oxford, y director del Centro de Derechos Humanos de la UDP hasta comienzos de noviembre de este año, cuando fue reemplazado en el Centro por el profesor Jorge Contesse Singh. La Universidad de Oxford nombró al Profesor Nicolás Espejo Yaksic – quien confesó haber trabajado muchas veces a contrapelo de tendencias dentro de la UDP – como profesor visitante para el período 2009. Se propone crear más adelante una corporación que cuente con un equipo jurídico para la defensa de casos de derechos humanos.
¿Cuál es la visión que entrega el informe 2007 de la UDP sobre los derechos laborales?
«Nosotros constatamos que el derecho a huelga continúa reducido en la legislación chilena a la negociación del convenio colectivo; y persisten numerosas restricciones sobre su ejercicio, como por ejemplo el hecho de que se permite el reemplazo de los trabajadores. Según la OIT y la mayoría de la legislación comparada, también es legal una huelga que se hace para manifestar opiniones políticas o ir a huelga para referirse a demandas de justicia de otros gremios o sectores sociales. Este año, el principal derecho fundamental, el más potente para poder avanzar no sólo su causa individual sino la causa de todos, que es el derecho a la huelga, tiene restricciones altamente preocupantes desde el derecho internacional de ddhh. Hay una fuerte restricción normativa a la definición del derecho a huelga. En Chile sólo está definido por razones «egoístas», pero la huelga, en el derecho internacional en la OIT no se define exclusivamente sólo como eso, la mayoría de legislación comparada permite la huelga por otras razones y no las castiga. No sólo es restrictiva sobre cómo ejercerlo sino conceptualmente lo es en Chile.
Asimismo, nos preocupan las sentencias hostiles al derecho a la huelga emanadas de la Corte Suprema y la Contraloría, y que los medios de comunicación presenten un escenario agudizado de la conflictividad laboral aunque estadísticamente el promedio de huelgas legales e ilegales en 2007 (295 en total) fue similar al de los últimos años.»
En el capítulo del informe referido al derecho a huelga, elaborado por el profesor José Luis Ugarte, se critica la disposición incluida en la ley sobre Seguridad Interior del Estado y aplicada en tiempos de Pinochet, que establece como delito la huelga de los servicios públicos cuando «produzca alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública». El documento sostiene que actualmente esta norma legal busca criminalizar la disidencia política laboral. Recuerda asimismo que la Organización Internacional del Trabajo OIT y el Comité de Derechos Económicos y Sociales dependiente de Naciones Unidas han demandado del gobierno chileno la reforma legal del artículo 384 del Código del Trabajo que incluye actualmente el listado de «servicios esenciales de utilidad pública» a los cuales está impedido el derecho a huelga. La jurisprudencia de la OIT respecto de la posibilidad de restringir excepcionalmente el derecho a huelga, ha acuñado la expresión «servicios esenciales en sentido estricto del término», abandonando la idea inicial de «identificar servicios esenciales con sector público, y también la del mero perjuicio público por su vaguedad». La OIT ha sentenciado que por servicios esenciales debe entenderse «servicios cuya interrupción poría poner en peligro la vida, la seguridad, o la salud de la persona en parte o toda la población».
¿Concuerda usted con la afirmación de que vivimos una criminalización de la protesta social?
«Sí. Hay una tendencia por parte del Estado de Chile de reducir la protesta de los trabajadores, los secundarios, u otros, a actos de delincuencia o hechos irracionales. Esto se aprecia en la retórica de los funcionarios de gobierno o en la autorización general dada a carabineros para acercarse al tema desde una perspectiva policial. También observamos una aquiescencia a mantener un altamente criticado e ilegal sistema de justicia militar que determina las sanciones contra policías denunciados y personas que participan en la protesta.»
¿Coincide con el Informe evacuado por el Relator de la Comisión Interamericana de DDHH Florentín Meléndez sobre personas en prisión luego de su visita a Chile en septiembre?
«Totalmente. Junto con celebrar el avance en la construcción de nuevas cárceles y la dictación de la ley penal adolescente, ese informe es bastante drástico en señalar que observa patrones sistemáticos de violencia, tortura y uso excesivo de la fuerza. El informe da cuenta de condiciones de hacinamiento «no vistas en ningún otro país de Latinoamérica». Nosotros concordamos que estos problemas son estructurales dado el constante crecimiento de la población penitenciaria, que de 22000 aumentó a más de 45.000 personas privadas de libertad entre 1995 y 2007, con un promedio anual de 6,5%. Observamos una contradicción entre la política criminal (la llamada agenda corta contra la delincuencia) que puede estimular la privación de libertad de muchas personas, relacionada sólo con el tema de la seguridad, y el sistema penitenciario, que va por el carril de las concesiones.»
Un artículo publicado en La Nación el pasado 4 de agosto, denuncia prácticas de torturas como parte de la formación de los gendarmes. ¿Conoce el caso?
«No tengo los datos para referime a eso, pero es efectivo que hay prácticas sistemáticas de violencia, tortura y castigo al interior de gendarmería y SENAME. Se requiere una reforma en cuanto a la capacitación, el tipo de personal, y los sistemas de control administrativo y judiciales que permitan responder rápidamente a este tipo de denuncias. Nos llama la atención la negación del Estado y del Ministerio de justicia frente a estas prácticas. Permanecen en un silencio impresentable. El informe del Relator debe ser visto como una oportunidad para reconocerlo y pasar a una reforma integral de gendarmería y Sename, cuyo personal debe tener formación en ddhh para ser garante de los derechos.»
¿Cuáles aspectos deberían ser abordados por una política penitenciaria?
«El Estado de Chile tiene una muy mala política penitenciaria porque cuando la tiene no suele tener por objeto central la prevención, el respeto a los privados de libertad, su reinserción, su rehabilitación. Llega tarde y mal. El relator llama la atención sobre la inexistencia de jueces de ejecución de penas. El momento más brutal es cuando el individuo ya fue detenido. El sistema penal debe preocuparse de cómo se cumpla su pena, tarea que están cumpliendo en forma notable algunos jueces de garantía (a veces amonestados por ello) y también la fiscal de la Corte Suprema, Mönica Maldonado.»
¿Cuál es la situación de los adolescentes presos?
«Su situación es particularmente crítica porque en general los centros dependientes del Sename tienen deficiencias estructurales enormes en calidad y en los regímenes a que los adolescentes están expuestos. No existen instituciones especiales ni hay personal, capacitación y medios que aseguren el impulso de la rehabilitación que la ley penal adolescente establece.»
¿Y su visión de cómo enfrenta el Estado las demandas mapuche?
«El Estado está exhibiendo serios problemas de coordinación entre las distintas políticas aplicables al pueblo mapuche que hará menos probable el logro de una solución política de largo plazo por parte del asesor presidencial. Si el problema mapuche es complejo, la respuesta también debería serlo. Por una parte hay ciertos avances como es la política ‘Reconocer’ para avanzar en la inclusión y participación política efectiva, la compra de tierras, etc, pero surgen dudas serias sobre la coherencia entre estas políticas y la persecución policial.
En las declaraciones de personeros de gobierno como Pérez Yoma, Vidal, o Harboe, uno advierte que su prioridad es cumplir con otorgar orden y seguridad a la zona, más que dar una respuesta más amplia, sin perjuicio de que todos tengan la protección de la ley. No se escucha la voz del asesor presidencial y se olvida la
deuda histórica con el pueblo mapuche, reconocida en el informe del «Nuevo Trato» elaborado durante el gobierno de Lagos. No se puede caer en el juego de aplicar la ley antiterrorista….ni hacer un cheque en blanco a policías o fiscalías para reprimir.
En el caso de Elena Varela, que nosotros llevamos ante la Comisión Interamericana de DDHH se la investiga por actos que están vinculados con la causa indígena aunque se diga inicialmente otra cosa.. Nosotros hemos denunciado las irregularidades ante la Comisión Interamericana de DDHH, que ahora le solicitó información al gobierno de Chile sobre las razones que tuvo para incautar su material audiovisual.»
¿Qué plantea sobre el AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) en salud de acuerdo a la ley vigente?
«Lo central es que las garantía universales explícitas que se prometieron, los mínimos sanitarios que el Estado se comprometió a cubrir, no son verdaderamente universales porque discriminan por edad, sexo o región. Es efectivo que los Estados tienen problemas de recursos, pero si se hacen restricciones deben aplicarse por sobre los mínimos y afectar a todos por igual.
Hay falta de claridad de porqué algunos pueden acceder a un tratamiento y otros no. Por ejemplo, hay patologías explicadas en el informe que afectan a la mujer y no tienen cobertura completa en todo Chile.»
¿Qué señalamientos hace el informe respecto de otros temas de DDHH?
«Criticamos la inexistencia de un Defensor del Pueblo, que defienda efectivamente los derechos humanos. Consideramos además impresentable la vigencia de la justicia militar pese a la sentencia dictada en el caso Palamara por la Corte Interamericana, caso en que el proyecto de ley de gobierno incumple con la sentencia. Requerimos una reforma legal y explícita al tema de la amnistía, porque hay jueces que pueden recurrir a ella en casos que son imprescriptibles de acuerdo al derecho internacional.»
¿Y sobre la libertad de expresión?
«Nos preocupa la altísima concentración de la propiedad de los medios, agudizada en el caso de las radios. En general de parte de los reguladores del mercado no hay sensibilidad en cuanto al pluralismo de la información. Se ve como una prestación más entre privados y no hay interés de garantizarlo. Con respecto al avisaje público echamos de menos reglas más fuertes y sofisticadas para minimizar el impacto que puedan tener en esa concentración. Hay estudios que muestran la existencia de un subsidio público a los que menos lo necesitan.»
¿Qué sostiene el informe sobre las denuncias ambientales en el sector de Rinconada de Maipú?
«Vimos en ese caso un ejemplo claro de la concentración de efectos adversos de costos ambientales en una comunidad modesta: extracción de áridos, basurales, desechos, falta de pavimentación y descarga de residuos. Siempre se habla de los impactos en la naturaleza pero se oculta lo que ocurre con las comunidades, por ejemplo en Arica (los niños afectados de contaminación por plomo) o lo que viven los niños de Pudahuel, que no respiran el mismo aire que en La Dehesa. Eso debería tomarse en cuenta para ver la idoneidad de un proyecto, o recibir protección por parte de un tribunal. Queriamos visibilizar este punto de la injusticia ambiental.»
¿Cómo evalúa el informe la posición de los políticos en temas de derechos humanos?
«Nos preocupa el uso discrecional del discurso de los ddhh. Si bien la UDI sigue justificando con la amnistía la impunidad de quienes han cometido los delitos más graves, la Concertación no parece considerar un problema la tortura cuando tiene que verificar casos de tortura de adolescentes privados de libertad o cuando ejerce la represión por la protesta social. Por eso creemos importante que se legisle sobre el Defensor Público. * Preocupa el rol del Consejo de Defensa del Estado que pide la prescripción penal y civil de ciertos casos, y los fallos en que las cortes han declarado la prescripción, una tendencia que debe revertirse. Las convenciones obligan a los Estados no sólo a no violar los derechos sino también a adecuar todo su aparato a esa obligación. Creo que la Concertación perdió la oportunidad de liderar ese proceso de transformación en que las instituciones del Estado de Chile tengan como mérito central la protección de los derechos de las personas.»
¿Saben los jueces chilenos de derecho internacional de ddhh?
«Hay una ignorancia estructural en Chile. En las facultades de derecho en general, somos pocos los que trabajamos el tema. La mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional evidencian una cierta hostilidad y/o desconocimiento de ello, y la clase política tampoco es versada. Los abogados y jueces conocen poco de doctrina de derecho internacional.** Sin embargo los jueces de garantía – los más criticados – incorporan los estándares de ddhh y en general conservan los derechos de las personas que están puestas frente a la violencia del Estado. Si a uno no le gusta eso, entonces no le gusta la democracia, que en un estado de derecho y no un circo romano.»
¿Por qué se hace este informe?
«Hemos trabajado esto incluso en contra de tendencias dentro de la Universidad.
Lo hacemos para decir lo que el Estado aprende a callar, en un país con una gran ausencia de instituciones que hagan crítica frontal en materia de derechos humanos. En otros países la sociedad civil tiene muchos recursos y estructura para ello, pero aquí no es así.»
* El proyecto de creación del Defensor Público (Ombudsman), pendiente desde 2003, fue rechazado el 12 de noviembre en la Cámara. Los votos en contra de la UDI impidieron el quorum necesario.
** El ministro en visita Víctor Montiglio acaba de absolver al ex general de Ejército Arellano Stark por los crímenes de los que él mismo lo responsabilizó en el caso Caravana de la Muerte, fundamentando su decisión en el actual estado de salud (Alzheimer) que le impediría cumplir la sentencia.