Tras nueve meses de pandemia, con los servicios sanitarios otra vez al borde del colapso sin que se haya tomado medida significativa alguna – que no sea el confinamiento – para enfrentar una situación absolutamente previsible, y mientas las expectativas vitales se derrumban en los barrios obreros y para decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, tenemos el derecho de afirmar que la estrategia del gobierno central, y de todos los gobiernos autonómicos, se dirige a utilizar todo tipo de instrumentos de control social y de represión contra previsibles revueltas populares.
La respuesta a la crisis: una gigantesca destrucción de capital al servicio de la oligarquía financiera y de las multinacionales de la energía
Aún no sabemos de dónde surgió el virus, pero sí sabemos que antes de que apareciera ya estaban encendidas todas las alarmas del estallido de una gran crisis y de que la situación social era explosiva en muchos países. En el caso del reino de España, «siendo un país rico, vive en situación de pobreza generalizada» afirmaba a principios de 2020 el Relator de la ONU para la Pobreza[1].
Como en todas las crisis capitalistas, y esta es de gigantescas proporciones, la destrucción de capital sigue su curso arrasador barriendo de la escena masivamente pequeñas y medianas empresas[2]. También como ocurre en las crisis, los bancos aceleran los procesos de concentración aderezados con la compra a precio de saldo de lo poco que queda de banca pública con la complicidad directa del Gobierno, como fue el caso de Bankia y con los correspondientes despidos masivos, al tiempo que se constituyen en administradores del crédito procedente de la UE.
En un escenario de empobrecimiento masivo y de hundimiento del modelo económico del turismo y del ladrillo, cuando urge abordar la reconstrucción productiva desde posiciones de soberanía, la UE ha decidido que las prioridades son la transición energética hacia una energía más verde y la digitalización. Esas son las condiciones para acceder a los 760.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, es decir, para asegurar a los bancos y a las multinacionales el control de esa ingente cantidad de dinero, negando cualquier soberanía. Todo ello cuando se está destruyendo el poco tejido industrial que queda y no es la contaminación ambiental el principal problema y cuando la digitalización – en manos del capital – servirá para intensificar la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, mientras millones de personas se enfrentan a la destrucción masiva de sus condiciones de vida los bancos y las multinacionales, sobre todo las eléctricas y las de la energía se preparan para recibir una lluvia de millones.
A nadie se le oculta que la rápida extensión de la miseria es preludio de grandes explosiones sociales. También es evidente que el Gobierno asiste impasible al desastre que se vislumbra sin adoptar las mínimas medidas para enfrentarlo.
Un cataclismo para la clase obrera y para los sectores populares frente al que no se han tomado las medidas más imprescindibles
El estupor de los primeros meses ante las duras consecuencias de la epidemia ha dado paso a la constatación del hecho innegable – excepto para quienes se tapan no sólo la boca, sino el cerebro – de que, mientras se multiplican los informes que revelan la causalidad esencialmente social de la pandemia, ni el gobierno «progresista», ni los gobiernos autonómicos han adoptado medidas perentorias imprescindibles, aunque tenían la capacidad legal de hacerlo.
Ni me sitúo en teorías conspiratorias, ni hablo de medidas revolucionarias.
He aquí algunos datos.
1º. En el ámbito sanitario, el gobierno central y los autonómicos:
- No han intervenido recursos – personal e instalaciones – de la sanidad privada, ni de la industria farmacéutica, ni de las empresas fabricantes de material necesario como respiradores, equipo de protección individual o mascarillas para ponerlos al servicio de las necesidades más acuciantes de la población. Las requisas, intervenciones y ocupaciones de empresas privadas estaban previstas en los artículos 8 y 13 del R.D. de estado de alarma del mes de marzo[3] y ninguna de ellas ni se adoptó entonces, ni nadie habla de ellas ahora, cuando según ellos mismos dicen, nos encaminamos al colapso sanitario
- Cuando desde el inicio de la pandemia se hablaba de enormes carencias de personal en la sanidad, no han tomado medida alguna, ¡en 9 meses! para convocar ofertas públicas de empleo con condiciones laborales dignas. Estas convocatorias deberían servir para incentivar el regreso de las decenas de miles de profesionales sanitarios que emigraron tras encadenar años de contratos basura o para evitar, como está sucediendo, la cascada de bajas por depresión o estrés en una sanidad pública sobresaturada.
- No han extendido de facto el derecho a la atención sanitaria a las personas inmigrantes sin papeles que siguen – a pesar de acumular todos los factores de riesgo social – sin tener acceso a la tarjeta sanitaria.
- Los gobiernos autonómicos, con la complicidad del gobierno central, han hecho posible que toda la financiación adicional que se dispuso para la sanidad acabara en manos de empresas privadas (Ribera Salud, Indra, Telefónica, Pascual, etc), mediante la subcontratación de servicios diversos.
2º En el ámbito social, el gobierno central:
- Aprobó una medida estrella, el Ingreso Mínimo Vital, cuya inoperancia da idea de lo ocurrido en otros sectores. Tras superar un laberinto burocrático, tarea casi imposible para la inmensa mayoría de las personas solicitantes, más del 60% de cerca de un millón de solicitudes, han sido rechazadas [4].
- No se han paralizado los desahucios. Mas de un millón ejecutados desde 2008[5], y en plena pandemia asiste impasible al drama humano cotidiano de dejar a las personas con menos recursos en calle5. En el Estado español se produce un suicidio cada 2,5 horas[6], buena parte de ellos por causas relacionadas con el desempleo y los desahucios[7]. Mientras, según cifras oficiales, hay 3,5 millones de viviendas vacías, con un importante porcentaje en poder de los bancos que promueven los desahucios.
- El 30 de septiembre vencía la moratoria relativa al pago de hipotecas, de alquileres y suministros de agua, luz y electricidad contemplada en anteriores decretos[8]. El nuevo decreto de estado de alarma de 25 de octubre no la ha renovado; es decir, los bancos y las grandes multinacionales del agua, la luz y la electricidad tienen vía libre otorgada por el gobierno que «no deja atrás a nadie» para ejecutar nuevos desahucios y para cortar los suministros de bienes indispensables para la supervivencia a quienes de ahogan en la pobreza y en la enfermedad. El pago sólo se aplazó a partir de marzo y ahora llegan los recibos de golpe.
- No ha reforzado el sistema educativo, ni para garantizar las más elementales medidas de seguridad, ni para permitir que el alumnado de los barrios obreros – afectados por cuarentenas sucesivas – pueda seguir las clases telemáticamente.
- Tras más de 27.000 muertes de personas mayores no se han incautado las residencias privadas convertidas en auténticos «morideros» por obra de una voracidad empresarial que ha actuado y sigue actuando en connivencia con la pasividad de las administraciones. El clamor popular reclamando al Gobierno una Ley que regule el sector no ha tenido resultados[9].
- Nada se ha hecho para mejorar la situación de miseria de las personas pensionistas, sobre todo de las mujeres, que además, en muchos casos, resultan ser quienes financian a sus familias. Más de seis millones de personas cobran pensiones inferiores a los 950 euros mensuales. El dato brutal es que mientras el número global de pensiones ha aumentado, desde enero a octubre de 2020 el número de pensiones mínimas ha sufrido una importantísima disminución, exactamente 49.646. Esta cifra casi multiplica por 10 el descenso sufrido por este grupo en 2019, que fue de 9.195 personas. Sin duda, este dato refleja, una vez más, que la vulnerabilidad ante la Covid no es la edad, sino la pobreza.
- No ha adoptado medida alguna que obligara a gobiernos autonómicos y municipales a la mejora del transporte público en las grandes ciudades para evitar las aglomeraciones (en Madrid la frecuencia de paso de trenes en el metro en hora punta llega a ser superior a los 10 minutos) que son, obviamente, los mejores caldos de cultivo para la transmisión del Covid 19. Las condiciones en las que se realiza el transporte desde los barrios obreros, en los que se acumulan todos los factores de riesgo, al puesto de trabajo donde reina el patrón y la seguridad se supedita al beneficio, hacen que las medidas preconizadas para evitar contagios parezcan una broma macabra.
Y mientras, los medios de comunicación dedican más del 80% de su tiempo a extender el miedo a la pandemia
Radios, periódicos y televisiones vomitan a todas horas datos y más datos, la mayoría incomprensibles y carentes del mínimo rigor, aderezados con análisis de tertulianos y de supuestos expertos, todos en la misma dirección. El resultado es la creación de sentimientos de pánico, de miedo a tener la mínima relación social y de inseguridad ante todo lo que suponga salir de casa, que colonizan las cabezas de millones de personas. Todo ello sin que en tan largas horas dedicadas al tema se informe de la situación en Cuba, en Vietnam o en China, países en los que la pandemia está controlada yen los que la población ha vuelto a sus relaciones sociales habituales.
Dado que todos los grandes medios de comunicación son propiedad, directa o indirectamente, de las mismas multinacionales y bancos que gestionan la crisis a su mayor beneficio, caben pocas dudas acerca de que la creación de un estado de miedo generalizado y de preconización del aislamiento social es el ambiente más propicio para conjurar lo que más temen: que la clase obrera y los sectores populares den un puñetazo en el tablero.
El miedo y la creación de una psicosis de guerra – las ruedas de prensa con militares y guardias civiles servían directamente a ese objetivo – son el mejor instrumento para disciplinar a las masas y para neutralizar, mediante la criminalización, cualquier desobediencia o resistencia.
Si a ello le añadimos el discurso que desde el gobierno «progresista» se extiende a los sectores populares proclives a la movilización a través de sus alguaciles políticos y sindicales subvencionados, de que no se debe criticar al PSOE, ni a Podemos, porque peor es que venga la derecha, el control social está garantizado. Las únicas movilizaciones admisibles son aquellas dirigidas contra los gobiernos del PP.
Ese es el servicio fundamental que presta al capital, Podemos y en general la auto-proclamada izquierda institucional: controlar el estallido de la revuelta social cuando en enero los ERTEs acaben y comience la cascada de empresas en bancarrota.
Y la función ha empezado. Ante las brutales cargas policiales contra la juventud vallecana, con varias personas heridas y detenidas, que exhibía su conciencia de clase frente a la segregación impuesta a los barrios obreros gritando «menos policía y más sanidad», la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, con fuerte presencia de Podemos e IU, envió e lsiguiente twit: En Vallecas se han producido disturbios en los que las asociaciones de vecinos no tienen nada que ver».
En los últimos días las movilizaciones de jóvenes ocurridas en varias ciudades se han sancionado desde Podemos atribuyéndolas a la extrema derecha o a posiciones negacionistas, adelantando la criminalización de la protesta y, precisamente, la utilización de la alarma al servicio del control social. Todo ello en un intento de ocultar la evidencia de que en momentos en los que la miseria y la desesperación invaden a millones, es precisamente la supuesta izquierda institucional, débil y cobarde, la que alimenta el fascismo.
La lucha de clases no se confina
Desde todas las instancias del poder, desde los aparatos represivos a los medios de comunicación, se preparan para hacer frente a rebeliones sociales que sin duda van a producirse.
Cuando el hambre y la desesperación se extienden sin que, como he argumentado, los gobiernos adopten siquiera las medidas más elementales para paliarlas, no se puede caer en el juego de quienes pretenden confinar la resistencia y la movilización social, por la vía de la criminalización.
Es preciso que desde posiciones de independencia de clase se desenmascare la complicidad del gobierno «progresista» y de sus agentes políticos y sindicales con la estrategia de la oligarquía nacional y europea, mientras deja sumirse en la miseria y la desesperación a millones de personas de la clase obrera y pequeños y medianos empresarios condenados a la ruina más absoluta.
En este momento no son suficientes críticas abstractas al capitalismo o a las clases dominantes. Dos líneas de trabajo, íntimamente conectadas, deben regir la acción dirigida a enfrentar lúcidamente el cataclismo que se avecina.
Por un lado es necesario «identificar cuál es el elemento que más «destroza» a siniestro y hasta a diestro; cuál es el elemento sobre el que se puede acumular más fuerza en contra y que, además, sea un pivote sobre el que descansa todo el sistema; es decir, aquel elemento que, si logramos desprendernos de él, habremos dado pasos de gigante para acabar con el capitalismo. Este no es otro que el capital financiero, al que urge expropiar de nuestras vidas y contra el que hoy entran en contradicción la mayoría de sectores populares»[10].
Es de gran importancia que frente al poder de la banca, que objetivamente aniquila no sólo a la clase obrera, sino a pequeños y medianos empresarios, se pueda construir una alianza que impida que este sector alimente las filas del fascismo.
Por otro lado, es decisivo que se activen de manera unitaria espacios de organización y de movilización, creando desde la base estructuras de poder popular, de defensa intransigente de la vida en todas sus facetas y de preparación para el duro periodo de confrontación de clase que cada vez está más cerca.
NOTAS
[1] https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
[2] https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/pymes-destruccion-empleo-despidos_0_1408959747.html
[3] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
[4] https://confilegal.com/20201027-el-laberinto-del-ingreso-minimo-vital-mas-del-60-de-las-solicitudes-son-rechazadas/
[5] https://afectadosporlahipoteca.com/2020/01/28/desde-2008-se-han-producido-1-002-000-desahucios/
[6]https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5006
[7] https://www.elsaltodiario.com/vivienda/relacion-suicidios-desahucios
[8] https://elderecho.com/la-prorroga-la-moratoria-hipotecaria-alquiler-prohibicion-cortes-suministro-vence-miercoles
[9] https://marearesidencias.org/
[10] https://redroja.net/articulos/informe-politico-octubre-2020/