La lucha de clases en Colombia no ha desaparecido ni se ha atenuado bajo el gobierno progresista. Lo que ha cambiado es su forma de aparición, su modo de inscripción en la realidad social y política y, sobre todo, el lugar desde el cual puede ser observada sin caer en simplificaciones. No se presenta ya como confrontación abierta entre sujetos claramente delimitados, ni como choque frontal entre proyectos que se excluyen mutuamente, sino como una trama densa de disputas que atraviesan el Estado, lo estructuran y lo desbordan al mismo tiempo. En este sentido, el error más persistente en la lectura de la coyuntura consiste en interpretar los conflictos como simples diferencias políticas, desacuerdos institucionales o fallas de gestión, cuando en realidad expresan la forma concreta que adopta hoy la lucha de clases en una formación social atravesada por profundas mediaciones.
Partir de esta afirmación implica asumir una consecuencia teórica que no puede ser eludida. El Estado no es el escenario donde la lucha de clases ocurre, sino una de sus formas de organización. En la medida en que condensa relaciones de fuerza entre clases, tal como lo planteó Poulantzas, el Estado no se limita a reflejar esas relaciones, sino que las estabiliza, las jerarquiza y las traduce en dispositivos institucionales que hacen posible su reproducción. Esto significa que cada política pública, cada decisión judicial, cada negociación territorial, lejos de ser un acto técnico o administrativo, constituye un punto de materialización de una correlación de fuerzas históricamente determinada. El Estado, en este sentido, no es una herramienta que se toma ni un aparato que se ocupa. Es una estructura atravesada por luchas que no se resuelven en su interior, pero que tampoco pueden ser comprendidas al margen de él.
Desde este ángulo, el gobierno progresista no puede ser interpretado como una instancia externa que interviene sobre el Estado para transformarlo desde fuera, sino como una forma específica en la que esas relaciones de fuerza se reorganizan en su interior. Las paradojas que he trabajado hasta ahora y que sirven de base a esta reflexión no son anomalías del proceso ni desviaciones de un curso que debería haber sido distinto. Constituyen su lógica misma. La tensión entre reformas redistributivas y continuidad del modelo económico, entre negociación del conflicto armado y persistencia de la violencia, entre discurso transformador y prácticas de administración del orden, no expresa una inconsistencia política sino la forma concreta en que el Estado capitalista procesa, incorpora y limita las demandas que lo atraviesan.
La lucha de clases como disputa por la reproducción social
La primera dimensión en la que esta dinámica se hace visible es la de la reproducción social. Las reformas impulsadas por el gobierno en materia de salud, pensiones y tributación han sido presentadas como intentos de corregir desigualdades estructurales y ampliar derechos históricamente restringidos. Sin embargo, su desarrollo concreto permite observar con mayor precisión la naturaleza de la disputa. Estas reformas no se despliegan sobre un terreno neutro, sino en el interior de un modelo de acumulación que mantiene rasgos fundamentales del orden neoliberal, entre ellos la centralidad del capital financiero, la dependencia de economías extractivas y la inserción subordinada en el mercado mundial.
En este contexto, el conflicto en torno a la reforma del sistema de salud o del régimen pensional no puede ser reducido a un debate técnico sobre eficiencia, cobertura o sostenibilidad fiscal. Se trata de una confrontación entre formas distintas de organizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Por un lado, sectores del capital que han convertido la intermediación en servicios sociales en un espacio privilegiado de acumulación, articulando lógicas financieras con necesidades básicas de la población. Por otro, sectores sociales que buscan desmercantilizar parcialmente esos ámbitos y garantizar condiciones de acceso menos dependientes de la capacidad de pago. El Estado no resuelve esta contradicción, ni siquiera la equilibra en un sentido abstracto. La organiza de manera tal que su resolución no altere las condiciones generales de reproducción del sistema.
La resistencia institucional que han encontrado estas reformas permite observar con claridad este proceso. Las decisiones judiciales que suspenden o limitan la implementación de políticas, las reinterpretaciones normativas que restringen su alcance, las negociaciones parlamentarias que las diluyen, no pueden ser entendidas únicamente como expresión de un sistema de pesos y contrapesos. Constituyen la forma en que determinadas fracciones del bloque en el poder logran inscribir sus intereses en la estructura estatal. La lucha de clases se traduce aquí en conflicto jurídico, en disputa por la legalidad, en interpretación de normas que aparecen como universales pero que están atravesadas por intereses específicos.
La idea de un gobierno de izquierda que avanza linealmente en la ampliación de derechos se encuentra con un límite que no es coyuntural. Las reformas que buscan modificar aspectos de la distribución social chocan con un Estado cuya estructura ha sido configurada para garantizar la reproducción de determinadas relaciones de propiedad y de acumulación. Esta tensión da lugar a lo que en elaboraciones anteriores he conceptualizado como progresismo regresivo. No se trata de una traición ni de una desviación, sino de una forma de gestión en la que la inclusión social se produce sin alterar de manera sustantiva las condiciones que generan exclusión.
La lucha de clases como gestión del conflicto armado
Una segunda dimensión en la que la lucha de clases se manifiesta con particular intensidad es la del conflicto armado y su gestión. La política de paz total ha sido presentada como un intento de cerrar un ciclo histórico de violencia mediante la negociación con actores armados diversos. Sin embargo, su desarrollo pone en evidencia que el conflicto no puede ser reducido a un problema de voluntad política ni a una cuestión de diálogo entre partes enfrentadas. El conflicto armado en Colombia está profundamente imbricado con formas de acumulación, con disputas por el control territorial y con economías que combinan lo legal y lo ilegal de manera estructural.
En este sentido, la paz no puede ser entendida como simple ausencia de confrontación armada. Implica una reconfiguración del poder en territorios donde el Estado ha tenido una presencia fragmentaria y donde actores armados han desempeñado funciones de regulación social, control económico y administración de la vida cotidiana. Las negociaciones con grupos armados, las estrategias de sometimiento, las operaciones militares que continúan desarrollándose, forman parte de un mismo proceso en el que se combinan mecanismos de cooperación y dispositivos de coerción. La lucha de clases se expresa aquí como disputa por el territorio, por el control de recursos y por la capacidad de imponer normas que organizan la vida social.
El recrudecimiento reciente de la violencia en regiones específicas del país, lejos de ser un simple retroceso o una anomalía del proceso, revela la persistencia de las condiciones que hacen posible el conflicto. La expansión de economías ilegales, la fragmentación de actores armados y la incapacidad del Estado para monopolizar de manera efectiva la violencia muestran los límites de una estrategia que intenta transformar el conflicto sin modificar las estructuras que lo sostienen. La paz se convierte así en un proceso de reorganización del orden más que en su superación, en una forma de administración de la conflictividad que no logra desarticular sus causas profundas.
La lucha de clases como disputa hegemónica
Una tercera dimensión, menos visible pero no menos decisiva, es la disputa por la hegemonía. La lucha de clases no se libra únicamente en el plano de la producción o de la violencia organizada. Se despliega también como una lucha por el sentido, por la definición de los problemas y por la delimitación de lo posible. En el caso colombiano, esta disputa se hace evidente en la construcción de narrativas sobre seguridad, gobernabilidad y crisis. Los discursos que enfatizan el deterioro del orden público, que presentan las reformas como amenazas a la estabilidad o que describen al gobierno como incapaz de gestionar el país, no son simplemente opiniones. Constituyen intervenciones en una lucha por la dirección política de la sociedad.
La centralidad que ha adquirido en las últimas semanas el tema de la seguridad ilustra este proceso. La insistencia en la necesidad de respuestas más duras, la deslegitimación de estrategias de negociación y la construcción de un clima de incertidumbre contribuyen a reconfigurar el campo de lo políticamente aceptable. La hegemonía no se impone únicamente desde el aparato estatal, pero el Estado juega un papel decisivo en su articulación. Define marcos de interpretación, establece prioridades y legitima determinadas formas de intervención. La lucha de clases se manifiesta aquí como disputa por la construcción de sentido común, por la capacidad de definir qué es un problema y qué soluciones son legítimas.
La proximidad de un nuevo ciclo electoral intensifica esta disputa. Las diferentes fuerzas políticas buscan capitalizar el descontento, redefinir alianzas y posicionar narrativas que orienten el comportamiento de los votantes. El gobierno progresista se encuentra en una posición compleja, en la que debe sostener un proyecto que enfrenta resistencias estructurales mientras intenta disputar el sentido de su propia acción. La lucha de clases aparece entonces como lucha por la interpretación de la realidad, como confrontación entre formas distintas de nombrar y comprender el presente.
La lucha de clases dentro del propio gobierno
Existe, sin embargo, una dimensión adicional y que remite a las tensiones internas del propio gobierno. La izquierda en el poder no constituye un bloque homogéneo, en su interior convergen proyectos, intereses y estrategias que no siempre son compatibles. Algunas de estas orientaciones buscan ampliar derechos y transformar relaciones de poder. Otras se orientan a garantizar la estabilidad del sistema mediante ajustes parciales que no alteren sus fundamentos. Esta heterogeneidad no es un defecto del proceso. Es la expresión de la forma en que el Estado organiza la unidad de fuerzas que no son idénticas, pero que deben articularse para gobernar.
Las modificaciones en el alcance de las reformas, las alianzas con sectores tradicionales y las decisiones económicas que responden a condicionamientos estructurales no pueden ser leídas únicamente como concesiones tácticas. Expresan la manera en que el Estado impone límites a la acción política, al tiempo que habilita determinados márgenes de intervención. El gobierno aparece así como resultado de la lucha de clases y como uno de sus mecanismos de contención. Esta doble condición no es transitoria ni excepcional, si no que es constitutiva de la forma estatal en el capitalismo.
Comprender esta dinámica exige abandonar las lecturas que reducen el problema a la oposición entre un gobierno que intenta transformar y unas élites que se resisten. La relación es más compleja. El Estado no es un campo vacío en el que se enfrentan actores externos, es una estructura que organiza esas confrontaciones bajo formas que tienden a reproducir el orden existente. Esto no significa que la transformación sea imposible, significa que no puede ser pensada como un proceso lineal ni como el resultado directo de la voluntad política.
La lucha de clases en Colombia, en el momento actual, se manifiesta entonces como una serie de procesos articulados que atraviesan la reproducción social, la gestión del conflicto armado, la construcción de hegemonía y las tensiones internas de la izquierda. Estos procesos no son independientes. Se inscriben en una dinámica en la que el Estado desempeña un papel central como organizador de las relaciones de poder. Pensar esta dinámica implica reconocer que el problema político fundamental no se agota en la disputa por el gobierno, sino que remite a las condiciones estructurales que hacen posible ese gobierno y que delimitan su campo de acción.
En este punto, la pregunta por la transformación adquiere un sentido distinto. No se trata únicamente de modificar políticas o de ampliar derechos dentro de los márgenes existentes. Se trata de intervenir sobre las relaciones de fuerza que el Estado condensa y reproduce. Esto implica una articulación entre la acción estatal y la acción social que no puede ser sustituida por ninguna de ellas por separado. Implica también reconocer que el Estado, en tanto forma histórica de organización del poder, no puede ser simplemente utilizado sin ser transformado.
La potencia de este enfoque no reside en ofrecer respuestas inmediatas ni en proponer soluciones acabadas. Reside en permitir una comprensión más precisa de la realidad, en desplazar el análisis desde la superficie de los fenómenos hacia las estructuras que los producen. En la medida en que la lucha de clases se hace menos visible, su comprensión exige un esfuerzo mayor. No basta con identificar conflictos. Es necesario reconstruir las formas en que esos conflictos se organizan, se desplazan y se inscriben en la realidad social. Solo a partir de esta reconstrucción es posible pensar la política más allá de la gestión del presente y abrir la pregunta por las condiciones de una transformación que no se limite a administrar las tensiones existentes, sino que apunte a modificarlas en su raíz.
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